Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Fecha
2009-08-26
Categoría
Comunicado
Denuncia del Frente 59 Resistencia Guajira del Bloque Martín Caballero
DENUNCIA DEL FRENTE 59 RESISTENCIA GUAJIRA DEL BLOQUE MARTÍN CABALLERO DE LAS FARC-EP
Montañas de Colombia, agosto de 2009
DENUNCIA: El 59 Frente Resistencia Guajira de las FARC-EP, denuncia y condena los actos de guerra sucia y tierra arrasada que unidades del ejército estatal uribista han desatado a lo largo y ancho de la costa Caribe colombiana generando desolación, muerte, desplazamientos forzado y zozobra, sobre todo en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta.
La criminalidad de las Fuerzas Armadas del gobierno fascista del narco-presidente ÁLVARO URIBE VÉLEZ primero asolaron la región en conjunto con sus paramilitares y ahora continúan de diversas maneras, ya como Águilas Negras o descaradamente con su propia mano destrozando la vida de los indígenas y los pocos campesinos humildes que aún quedan en las zonas rurales.
El ejército en sus operativos terribles, además del terror que implican los bombardeos y ametrallamientos indiscriminados, asesinatos, apresamientos, torturas, desapariciones y amenazas, han utilizado otros corruptos métodos que incluyen presiones y chantajes para que los pobladores del campo se vinculen o “colaboren” con las redes de soplones (sapos) que eufemísticamente llevan el nombre de “Redes de Informantes y Cooperantes”. Se oferta incluso dinero en efectivo por delaciones, en sumas que van desde 100.000 pesos en adelante, sucediendo que muchos de los que luego se presentan a cobrar también son asesinados.
En los Achotes, Minguéo, Palomino, Perico Aguao, Marquetalia y otros puntos de las áreas rurales, como sobre la Carretera Troncal del Caribe, y sobre sitios pertenecientes a Riohacha y otros municipios serraneros del departamento de la Guajira, los crímenes del estado son pan de cada día.
Y En las regiones indígenas, además, es práctica cotidiana retener los poquísimos recursos y alimentos de sobrevivencia que entregan algunas instituciones gubernamentales y no gubernamentales, para con ello -aprovechando la situación de hambre que el mismo ejército ha generado destruyendo cultivos y cementaras-, obligar a sus destinatarios a actuar según convenga a las tropas del gobierno a cambio de los productos.
Ocurren estas infamias en poblaciones como Cheberonguí, Ablelly, Bunkwímake, Pueblo Sopa, Manzanares, Jumallita, Sabana Culebra, el Copey, Taminaka, Don Diego, La campana, Yunkwámero, El 20, Santa Rosa, San Miguel, Estaquín, Makotama, Seiyua, La Bodega, San Pedro, Pueblo Viejo, San Antonio, San Francisco, Ulímaka, Mamarongo, La Bonkwana, Suriwaka, Abingüe, Isuama, Cherúa, El Cerro, Guamaka, San José, Chendukwa, La Laguna, Machetiáo, Bolanguí, Las Cuevas…, entre otros muchos pueblos que están en territorios de comunidades Arhuacas, Coguis, Kankwamas y Wiwas. Es esta la realidad del llamado “Plan de reconciliación de la Política de Seguridad Democrática” desplegado por el gobierno genocida en la Sierra Nevada, el cual incluye la humillación y sometimiento de la mayoría de las autoridades indígenas y mamos tradicionales, la destrucción de sus casas y kankurwas o templos sagrados, el saqueo descarado del oro y otros materiales utilizados en los sitios de tributo o pagamento a la madre tierra; el robo de café, bastimentos, aves de corral, cerdos, ganado y todo tipo de bienes entre los que se cuentan las mochilas artesanales que elaboran los hermanos indígenas.
En el colmo de la degradación, los efectivos militares y paramilitares que deambulan con ellos como perros de presa, han violado mujeres y niñas contando con la indolencia y el cinismo de los jefes de las patrullas que actúan “sin dios ni ley”. En la zona de Taminaka y Don Diego, donde el ejército colombiano ha instalado una base militar de prolongada permanencia y se ha detectado la presencia de efectivos militares gringos, es frecuente la entrada y salida de helicópteros de doble hélice que llevan carga hacia el puerto de Santa Marta.
Los indígenas de la región han denunciado el saqueó de los sitios de donde ellos extraen el oro y piedras preciosas con los que hacen sus rituales de tributo para sus dioses. Igual procedimiento se desenvuelve en la base militar montada para controlar el área de La Bonkwana, Mamarongo, San Francisco, Makotama, Taminaka y Las Tres lagunas, del Guatapurí.
En varios de los puntos donde es constante la presencia del ejército 17 mujeres indígenas han sido violadas por los efectivos militares. De ellas, 3 han sido asesinadas en el acto de la violación y 6 más fueron infectadas con enfermedades venéreas. De ellas, 3 ya han fallecido como consecuencia de su deterioro en la salud.
La barbarie de este feroz ejército de ocupación que ha tomado como su enemigo al conjunto pleno de la población. Detalladamente las violaciones se han producido en los siguientes lugares: En Jumallita 3, en el Copey 2, en Taminaka 5, en Yunkwámero 4, en la Campana 1, en Chendukwa 2. Los efectivos militares abordan a las mujeres en los caminos y hasta en sus propias casas. Como si fuera poco, práctica común es la realización de actos sexuales con los animales domésticos (burras, yeguas y mulas) de los indígenas, en su propia presencia para humillarlos y desmoralizarlos. Muchos de estos animales han sido robados y llevados a las instalaciones de las bases militares.
Hechos de perfidia que se complementan con la contaminación de aguas y la diseminación de desperdicios o basuras que sobran de las comidas de campaña, los cuales son tirados en los lugares donde los habitantes de los poblados se surten del líquido para consumo.
El Bloque alimentario es casi total, pues sus habitantes no pueden salir a vender las pocas cosechas que logran salvar de las fechorías del ejército ni pueden salir a comprar los productos que necesitan para la subsistencia. El ingreso y salida está estrictamente controlado por los retenes militares que ven en todo indígena a un guerrillero y por ende ven en sus compras abastecimiento para la insurgencia. Como consecuencia no son pocos quienes mueren por falta de medicamentos y por desnutrición.
La población de la Sierra Nevada de Santa Marta padece un indescriptible calvario que difícilmente puede expresase en estas pocas líneas. Son centenares los indígenas y campesinos asesinados y millares los desplazados por la seguridad democrática. El mundo debe levantar la voz para parar el genocidio y el dolor de esta tierra que refleja la tragedia que sufre la Colombia entera.
Las FARC, seguirán su lucha por los intereses de los más desfavorecidos entregándose al combate por la Nueva Colombia hasta las últimas consecuencias.
¡Hemos jurado vencer y venceremos!
Montañas de Colombia, agosto de 2009
DENUNCIA: El 59 Frente Resistencia Guajira de las FARC-EP, denuncia y condena los actos de guerra sucia y tierra arrasada que unidades del ejército estatal uribista han desatado a lo largo y ancho de la costa Caribe colombiana generando desolación, muerte, desplazamientos forzado y zozobra, sobre todo en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta.
La criminalidad de las Fuerzas Armadas del gobierno fascista del narco-presidente ÁLVARO URIBE VÉLEZ primero asolaron la región en conjunto con sus paramilitares y ahora continúan de diversas maneras, ya como Águilas Negras o descaradamente con su propia mano destrozando la vida de los indígenas y los pocos campesinos humildes que aún quedan en las zonas rurales.
El ejército en sus operativos terribles, además del terror que implican los bombardeos y ametrallamientos indiscriminados, asesinatos, apresamientos, torturas, desapariciones y amenazas, han utilizado otros corruptos métodos que incluyen presiones y chantajes para que los pobladores del campo se vinculen o “colaboren” con las redes de soplones (sapos) que eufemísticamente llevan el nombre de “Redes de Informantes y Cooperantes”. Se oferta incluso dinero en efectivo por delaciones, en sumas que van desde 100.000 pesos en adelante, sucediendo que muchos de los que luego se presentan a cobrar también son asesinados.
En los Achotes, Minguéo, Palomino, Perico Aguao, Marquetalia y otros puntos de las áreas rurales, como sobre la Carretera Troncal del Caribe, y sobre sitios pertenecientes a Riohacha y otros municipios serraneros del departamento de la Guajira, los crímenes del estado son pan de cada día.
Y En las regiones indígenas, además, es práctica cotidiana retener los poquísimos recursos y alimentos de sobrevivencia que entregan algunas instituciones gubernamentales y no gubernamentales, para con ello -aprovechando la situación de hambre que el mismo ejército ha generado destruyendo cultivos y cementaras-, obligar a sus destinatarios a actuar según convenga a las tropas del gobierno a cambio de los productos.
Ocurren estas infamias en poblaciones como Cheberonguí, Ablelly, Bunkwímake, Pueblo Sopa, Manzanares, Jumallita, Sabana Culebra, el Copey, Taminaka, Don Diego, La campana, Yunkwámero, El 20, Santa Rosa, San Miguel, Estaquín, Makotama, Seiyua, La Bodega, San Pedro, Pueblo Viejo, San Antonio, San Francisco, Ulímaka, Mamarongo, La Bonkwana, Suriwaka, Abingüe, Isuama, Cherúa, El Cerro, Guamaka, San José, Chendukwa, La Laguna, Machetiáo, Bolanguí, Las Cuevas…, entre otros muchos pueblos que están en territorios de comunidades Arhuacas, Coguis, Kankwamas y Wiwas. Es esta la realidad del llamado “Plan de reconciliación de la Política de Seguridad Democrática” desplegado por el gobierno genocida en la Sierra Nevada, el cual incluye la humillación y sometimiento de la mayoría de las autoridades indígenas y mamos tradicionales, la destrucción de sus casas y kankurwas o templos sagrados, el saqueo descarado del oro y otros materiales utilizados en los sitios de tributo o pagamento a la madre tierra; el robo de café, bastimentos, aves de corral, cerdos, ganado y todo tipo de bienes entre los que se cuentan las mochilas artesanales que elaboran los hermanos indígenas.
En el colmo de la degradación, los efectivos militares y paramilitares que deambulan con ellos como perros de presa, han violado mujeres y niñas contando con la indolencia y el cinismo de los jefes de las patrullas que actúan “sin dios ni ley”. En la zona de Taminaka y Don Diego, donde el ejército colombiano ha instalado una base militar de prolongada permanencia y se ha detectado la presencia de efectivos militares gringos, es frecuente la entrada y salida de helicópteros de doble hélice que llevan carga hacia el puerto de Santa Marta.
Los indígenas de la región han denunciado el saqueó de los sitios de donde ellos extraen el oro y piedras preciosas con los que hacen sus rituales de tributo para sus dioses. Igual procedimiento se desenvuelve en la base militar montada para controlar el área de La Bonkwana, Mamarongo, San Francisco, Makotama, Taminaka y Las Tres lagunas, del Guatapurí.
En varios de los puntos donde es constante la presencia del ejército 17 mujeres indígenas han sido violadas por los efectivos militares. De ellas, 3 han sido asesinadas en el acto de la violación y 6 más fueron infectadas con enfermedades venéreas. De ellas, 3 ya han fallecido como consecuencia de su deterioro en la salud.
La barbarie de este feroz ejército de ocupación que ha tomado como su enemigo al conjunto pleno de la población. Detalladamente las violaciones se han producido en los siguientes lugares: En Jumallita 3, en el Copey 2, en Taminaka 5, en Yunkwámero 4, en la Campana 1, en Chendukwa 2. Los efectivos militares abordan a las mujeres en los caminos y hasta en sus propias casas. Como si fuera poco, práctica común es la realización de actos sexuales con los animales domésticos (burras, yeguas y mulas) de los indígenas, en su propia presencia para humillarlos y desmoralizarlos. Muchos de estos animales han sido robados y llevados a las instalaciones de las bases militares.
Hechos de perfidia que se complementan con la contaminación de aguas y la diseminación de desperdicios o basuras que sobran de las comidas de campaña, los cuales son tirados en los lugares donde los habitantes de los poblados se surten del líquido para consumo.
El Bloque alimentario es casi total, pues sus habitantes no pueden salir a vender las pocas cosechas que logran salvar de las fechorías del ejército ni pueden salir a comprar los productos que necesitan para la subsistencia. El ingreso y salida está estrictamente controlado por los retenes militares que ven en todo indígena a un guerrillero y por ende ven en sus compras abastecimiento para la insurgencia. Como consecuencia no son pocos quienes mueren por falta de medicamentos y por desnutrición.
La población de la Sierra Nevada de Santa Marta padece un indescriptible calvario que difícilmente puede expresase en estas pocas líneas. Son centenares los indígenas y campesinos asesinados y millares los desplazados por la seguridad democrática. El mundo debe levantar la voz para parar el genocidio y el dolor de esta tierra que refleja la tragedia que sufre la Colombia entera.
Las FARC, seguirán su lucha por los intereses de los más desfavorecidos entregándose al combate por la Nueva Colombia hasta las últimas consecuencias.
¡Hemos jurado vencer y venceremos!