DE CONSEJOS COMUNITARIOS Y OTRAS MENTIRAS EN MEDELLÍN
Recientemente se realizó en Medellín el “consejo comunitario” número 248. Además del presidente asistieron el Gobernador de Departamento de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, y el Alcalde de la ciudad, Alonso Salazar. Días antes del evento cuadrillas de trabajadores lavaron y pintaron las calles cercanas al Parque Jorge Eliecer Gaitán del barrio Manrique Oriental, Comuna 3 Manrique, de Medellín, lugar donde se desarrollaría el hecho. La actividad también estuvo antecedida por un “fuerte” dispositivo de seguridad, que sometió a la comunidad de este sector a un control vigilante y amenazador. Paradójicamente, como señalaba uno de los pobladores de lugar, “fueron los días más inseguros de los últimos tiempos. No se podía salir, no nos podíamos mover, mucho menos podía uno oponerse y decir estoy en desacuerdo”[1].
Los temas centrales que se expusieron en el evento fueron los de los programas que se adelantan en la ciudad para “combatir la criminalidad”, además de “los progresos” de la ciudad en infraestructura.
Llaman la atención varias cosas. A pesar de visitar una de las comunas más pobres de la ciudad, los temas tratados por las administraciones local y nacional, se centraron fundamentalmente en el de la “criminalidad”, incluso si se habló sobre la juventud, fue para señalar la necesidad de implementar programas que eviten que estos jóvenes ingreses a los combos o bandas criminales. En conclusión pareciera que aquí se continúa asociando la pobreza, y con mayor razón, la juventud, con la criminalidad.
La comuna tres (3), Manrique, ubicada al Oriente de la ciudad de Medellín, cuenta con cerca de 20 barrios (El Jardín, Campo Valdés No 2, El Raizal, Manrique Central, Versalles 1 y 2, Bello Oriente, María Cano-Carambolas, La Cruz, San Blas, Balcones del Jardín, Las Granjas, Santa Inés, El Pomar, Manrique Oriental, Las Nieves, San José la Cima 1 y 2, La Honda, La Salle); además, según datos de la Encuesta de Calidad de Vida (2006)[2], el nivel de vida allí es el de los más bajos de la ciudad con un 66.79 y los niveles de pobreza son de los más altos, sobre todo en sectores como La Cruz, La Honda y Bello Oriente. Esta comuna cuenta con 175.448 habitantes, de los cuales 23.271 pertenecen al estrato 1, 125.391 al estrato 2, y en el estrato 3, 26.795 respectivamente.
Que la ciudad avanza en infraestructura se dijo en el consejo comunitario. Sin embargo, para los habitantes de la comuna 3 existe un hacinamiento de hogares por número de vivienda, así de los 41.146 hogares 2.203 están pagando la vivienda y 14.853 están arrendando o subarrendando, además de que 3.275 usufructúan el espacio, 484 son ocupantes de hecho y 240 están en categoría de anticresis. Pero no sólo hay déficit en materia de vivienda, también existe un déficit físico espacial, de equipamiento urbano, de red domiciliaria (en las zonas altas) y un alto porcentaje de desconectados de los servicios públicos.
Por otra parte en materia de salud, la situación es crítica, los centros de salud y de atención son insuficientes y los recursos con que funcionan son muy limitados, a lo que hay que sumarle el que en esta comuna los niveles de desempleo son muy altos, 27.817 personas se encuentran descopados y 11.922 buscan trabajo, lo que evidencia la inexistencia de una política de empleo a favor de los sectores más vulnerables, un modelo de desarrollo fundamentado en la miseria y la exclusión , en un desarrollo de la pobreza, que deja de lado la integralidad de los derechos.
Esta es la realidad que viven a diario los habitantes de la comuna 3, Manrique, de Medellín; una realidad de la que también hacen parte los jóvenes. Y es que en ésta comuna, como en Medellín, la políticas gubernamentales siempre han estado dirigidas, en gran medida, a garantizar el control social de los jóvenes vía represión. Esto porque erróneamente se ha identificado a la juventud como criminales.
Es así como en algunas de las comunas más pobres de Medellín, se viene implementando la medida institucional de la alcaldía de “Toque de Queda para Menores de Edad”, medida que, según sus promotores, “pretende disminuir la criminalidad en la ciudad”. Como vemos, se continúa señalando a los jóvenes como los criminales, pero en concreto, a los jóvenes pobres, habitantes de comunas como la 3. Y es que los perseguidos y reprimidos son precisamente los jóvenes de las barriadas populares. Como señalaba una lideresa social, “se trata de un toque de queda para las comunas pobres: militarización y brutalidad policiaca, no sólo contra los jóvenes, es contra todos sus pobladores. ¿Cuándo aplicarán esa medida en los barrios como El Poblado? Acaso allí y en otros municipios no es donde se planifican los negocios criminales en gran escala? Cuando pondrán un toque de queda para la policía?”[3]
Como vemos, medidas como ésta profundizan en control social y la militarización creciente de la vida cotidiana de los habitantes de los barrios más pobres de la ciudad de Medellín.
Hoy, frente a una indudable situación de violencia urbana que vive la ciudad, las medidas adoptadas por la administración municipal y nacional son una vez más las equivocadas. Porque la presencia de grupos paramilitares y narco-mafiosos que ejercen prácticas de control territorial y poblacional sometiendo a los habitantes de la ciudad a diversas expresiones de violencia y terror, entre otras manifestaciones violentas en la ciudad, no sólo no se resolvió con la actitud de indiferencia de la administración local cuando señalaba que con estas denuncias lo que se busca es hacerle daño a “la imagen de la ciudad”, mucho menos, hoy, se resolverá militarizando las comunas más pobres de la ciudad, no sólo porque los problemas de la ciudad son estructurales, sino fundamentalmente porque gran parte de la delincuencia es funcional al Estado y sus organismos de in-seguridad, militares y paramilitares, con lo que los recursos destinados para tal fin se perderán, cuando por el contrario, una política sensata en lugar de dedicarlos a la guerra, lo invertiría en los miles de jóvenes y de la población pobre de la ciudad que sobreviven en condiciones de miseria, además de que medidas como estas no sólo restringen las libertades ciudadanas, convirtiendo a los jóvenes pobres en un problema criminal, sino que además están destinadas a ser inútiles porque hacen parte de un enfoque que presume que la forma cómo se resuelven los problemas de violencia urbana es con más violencia.
Sin embargo, de ninguno de estos elementos se habló en el “consejo comunitario” número 248. Y no se hablaron, porque su política es de miseria, guerra y exclusión.
Frente a todo este panorama de ignominia, cuan acertado resultan los planteamientos consignados en la Plataforma Bolivariana por la Nueva Colombia de las FARC-EP, sobre todo el de invertir “el 50% del Presupuesto Nacional en el bienestar social, teniendo en cuenta al ciudadano, su empleo, su salario, salud, vivienda, educación y recreación como centro de las políticas del Estado, apoyados en nuestras tradiciones culturales y buscando el equilibrio de la sociedad y la naturaleza. Los derechos de la niñez, la juventud, las mujeres y los ancianos, de los pueblos indígenas y afro-descendiente, serán especialmente reivindicados por el nuevo gobierno”.
Socialista el futuro será.
Regional Henry Ruiz – PCCC - Frente Jacobo Arenas/Bloque Iván Ríos/FARC-EP