Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Fecha
2009-10-09
Categoría
Comunicado
Las bases militares yanquis en Colombia
LAS BASES MILITARES YANQUIS EN COLOMBIA
Por Jesús Santrich, integrante del Estado Mayor Central de las FARC-EP.
PARTE 1
La noticia sobre la instalación de por lo menos siete bases militares yanquis ha suscitado la preocupación de los países latinoamericanos, al punto que diversos gobiernos solicitaron la convocatoria del Consejo de Defensa de UNASUR para que el Presidente de Colombia, Álvaro Uribe, explique los alcances del llamado “acuerdo de cooperación militar con E.U.” A tal convocatoria, el gobierno Uribe respondió con negativas y efectivamente no acudió a la reunión del 10 de agosto realizada en Ecuador.
El gobierno colombiano, de manera indecente, siguiendo lineamientos de Washington, en cuanto a su estrategia re-colonizadora, continúa su actitud pendenciera y militarista con los vecinos.
Nótese que no se trata, de ninguna manera, de una situación improvisada o suscitada por los odios viscerales de Uribe frente a la insurgencia y el proyecto bolivariano solamente, sino el desenvolvimiento de una estrategia, la del imperio yanqui, la cual viene de muy atrás y tiene como sus más recientes y nefandos antecedentes la realización de los Planes Colombia y el Patriota, entre otros.
Desde el año 2000, las FARC habían advertido a los países de América Latina sobre que el Plan Colombia no era otra cosa que una punta de lanza del imperio para, desde Colombia, tomar al continente. No obstante, el análisis del plan Colombia como factor de peligro para la región solamente figuró como simple preocupación retórica en los discursos de los países suramericanos que ya se reunían buscando la senda de la coordinación en espacios del tipo UNASUR. Quizás una de las declaraciones más fuertes, pero que no pasó a mayores fue la del canciller brasileño Luis Felipe Lampreia, quien expresó que: “El conflicto en Colombia es la más seria amenaza a la seguridad nacional brasileña” (El Tiempo, 1 de septiembre de 2000, p.1).
Sin embargo, con el tiempo, lamentablemente realizaría el gobierno Lula acuerdos militares con el criminal gobierno Uribe, incluyendo entre sus objetivos ofensivos a las FARC; es decir, involucrándose en el conflicto interno de Colombia, en momentos en que si algo se había generado de parte del país hermano, en la conciencia del pueblo comunero, cuando contribuyó en la liberación de algunos de los prisioneros de guerra que estaban en manos de la insurgencia, fue la expectativa de su participación en una solución de paz. Ahora lo que ocurre es, de alguna manera, su colocación en el engranaje militarista que Colombia propulsa como agente de Washington.
Tras la retirada del Comando Sur de territorio panameño, la preocupación de EE. UU. se centró especialmente en concretar construcciones de control como la Base de Manta, o en intervenciones como el Plan Colombia, con participación directa norteamericana. En el contexto de este plan, por ejemplo, el imperio invirtió al belicismo uribista más de 10 mil millones de dólares que en mucho terminaron financiando a los protagonistas victimarios de los abominables crímenes contra la población inerme, en el despliegue de esa danza macabra de sangre, terror y muerte que significan los llamados “falsos positivos”, las desapariciones forzadas, las masacres innúmeras, los desplazamientos de millones de inocentes... Estados Unidos, colocando a Colombia como el tercer receptor mundial de su gasto belicista, se va mostrando ante el mundo entonces como causante principal de su tragedia humanitaria, la cual, por persistencia brutal de todos sus gobernantes, incluyendo a Obama, apunta a extenderse sobre todo el continente.
Podemos afirmar que cuando un factor de la maquinaria bélica yanqui cede terreno como consecuencia de una u otra circunstancia, incluyendo la presión popular, Washington asume alternativas que le permitan no solamente no mermar su predominio militar sino fortalecerlo.
Así ocurrió en el caso del Comando Sur cuando se desplazó de Panamá; no obstante los gringos haber dejado un enorme dispositivo de inteligencia técnica en la embajada del istmo, emplazaron la base de Manta, entre otras, y desplegaron el Plan Colombia y luego el Plan Patriota. Ahora que se desplazan de Manta por decisión soberana del pueblo ecuatoriano y por voluntad política de su presidente Rafael Correa, entonces se fortalecen con las bases en Colombia.
Cínicamente, se nos argumenta desde los gobiernos de Obama y de Uribe, que este despliegue militarista que desestabiliza la paz regional obedece a un desarrollo simple de los “acuerdos de cooperación militar” entre Colombia y EEUU, los cuales remontan a la condición de “viejo tratado”, como si ello le diera legitimidad. Pero no, pues resulta que cuando se están refiriendo, seguramente, al Pacto Militar Bilateral del 17 de abril de 1952, lo que debemos recordar es que tal adefesio, como el actual “acuerdo”, tampoco fue presentado por el gobierno conservador de la época a la aprobación del Congreso, aun siendo el parlamento un aparato exclusivamente en manos del partido de gobierno. Por entonces, como ahora, la sumisión del régimen colombiano al imperio era más que vergonzosamente irrestricta, al punto que Colombia fue el único país latinoamericano que, obedeciendo a los dictámenes de Washington, envió tropas a combatir contra Corea.
Hoy, con procedimientos rastreros de ocultamiento y engaño, contando con las complicidades de los elementos más espurios de las oligarquías, se impone un acuerdo de militarización que conspira contra el ideal de la Patria Grande bolivariana, para favorecer la voracidad yanqui, con el agravante de que no se trata de un pacto entre aliados sino de una decisión del imperio a la que se somete Uribe en condición de lacayo –sobre el que cuelga un péndulo de chantajes derivado del carácter de narco y gánster que posee–. Bien conoce Washington la categoría criminal del Presiente de Colombia, bien conoce de su posición en el renglón número 82 de su lista de narcotraficantes, desclasificada por el Departamento de Estado, o su participación decisiva en la ejecución de los llamados “falsos positivos” desde los tiempos en que Frechette ejercía como embajador gringo en Colombia y Uribe lo hacía como gobernador de Antioquia (1995-1997).
La lista de narcos a la que aquí se alude fue elaborada por el gobierno de los Estados Unidos y revelada por la National Security Archive hace algunos años, cuando el señor Álvaro Uribe ya era un acaudalado heredero de los latifundios y negocios mafiosos de “don” Alberto Uribe Sierra y pupilo entrañable del narcotraficante Pablo Escobar.
El verdugo de Salgar no es ahora un hombre nuevo lleno de arrepentimientos por su pasado, sino un peor elemento utilizado por Washington con el sucio dedo del chantaje; pues claro está para Mr. Obama que aquel personaje de los noventa es el miso de esta década sangrienta que padece Colombia; el mismo protagonista de estos tiempos de “falsos positivos”, de pirámides financistas tramposas, de firmas pro referendo re-electoral recogidas con fraudes y dineros de DMG, el mismo elemento de espeluznantes antecedentes de gánster y verdugo llevado a la presidencia con la complacencia gringa, fraude y presión paramilitar, y reelegido con la misma fórmula más las prevaricaciones de todo tipo y un cohecho recargado de desvergüenza.
Es el mismo, digamos, que, por boca de Michael Evans y de la National Security Archive, los propios gringos ponen en evidencia como asesino, cuando publican las desclasificaciones de la CIA de este año 2009, que indican que la Casa Blanca “eran conscientes ya en 1994” de que los oficiales del ejército colombiano, durante años, han dado lugar a ejecuciones extrajudiciales y a la colaboración con paramilitares y traficantes de drogas. De nada de esto está libre el actual presidente Uribe, pues precisamente en el último lustro de los 90 propulsó, con mayor énfasis que en todos los tiempos, el paramilitarismo mediante las llamadas Cooperativas CONVIVIR, escenario en el que, de su mano, se inició también el terror de Salvatore Mancuso, y el impartido desde la Brigada Cuarta (sede en Medellín) de la época de los generales Alfonso Manosalva (ya fallecido), Carlos Alberto Ospina (quien lo reemplazó), lo mismo que de la Decimoséptima Brigada (sede en Urabá) de los tiempos del general Rito Alejo del Río (el Carnicero de Urabá).
Coincidentes son estos tiempos mencionados con la época que ahora, en el 2009, el informe desclasificado de la National Security Archive presenta como de segura realización de ejecuciones extrajudiciales y de colaboración con paramilitares y traficantes de drogas por parte de la fuerza pública.
Es evidente que Uribe, esta piltrafa oligárquica, pútrido pelele de Estados Unidos, frente a tanta acusación asquerosa que lo involucra en los más horrendos crímenes de lesa humanidad y lesa patria, no tiene camino diferente al de someterse, a las imposiciones de Estados Unidos, con todo su séquito de ratas que se pliegan también porque saben que, de hundirse el barco, se ahogarán sin remedio. Es el caso de elementos como el canciller Bermúdez o del comandante de las Fuerzas Armadas general Fredy Padilla de León, y otros funcionarios en abundancia salpicados por las acusaciones de su viejo cómplice Rafael García (ex funcionario del DAS), quien, con sus declaraciones más recientes, los compromete en las más aberrantes prácticas de los paramilitares y de los narcotraficantes.
Nadie deberá creer más en la palabra de un presidente que ha mentido de manera enfermiza en múltiples ocasiones; menos aún cuando a diario da nuevas muestras de odio y guerrerismo.
Quién podrá tomar en serio a Uribe, cuando por ejemplo ha dicho, en el escenario de las Naciones Unidas, respecto a la política internacional de Colombia, que la tradición es la de “nunca participar en la carrera armamentista para el juego sangriento de la guerra internacional. Nuestra tradición es de respeto a la comunidad global; preocupa que, en lugar de avanzar hacia mayor cooperación para la seguridad, la paz y la tranquilidad de los ciudadanos de cada país, se acelere la carrera armamentista que algunos sustentan en la necesidad de modernizar sus equipos militares, mientras otros se esfuerzan en su ánimo de guerra…”. Frente a esto, las palabras del presidente Chávez salen de la credulidad propia de su buena fe de hermanación continental, pasando a un realismo de argumentación precisa: “miente, Uribe miente, con mucha facilidad miente, es una mentira; quién va a creer ese cuento…, miente con gran facilidad”, ha dicho respecto a estas falaces argumentaciones del presidente colombiano, quien de paso ha agregado que “Colombia se ha sometido voluntariamente al examen de derechos humanos de Naciones Unidas…”. Expresión de desvergüenza sin par que rechina en momentos en que su viejo amigo Rafael García lo sigue acusando, sin que de ello haga eco la gran prensa que los sostiene contra toda lógica política sensata.
Rafael García ha dicho, por ejemplo, sobre las acciones criminales del paramilitarismo, que “Las actividades delictivas desarrolladas por nosotros desde el interior del DAS (el cartel de las tres letras), yo no creo que hayan sido desconocidas por el presidente, no creo que hayan sido desconocidas por el presidente en el caso de la Operación Ciclón, en la que terminamos respondiendo Jorge Noguera y yo. El mismo Jorge Noguera me dijo que el presidente había autorizado y ordenado que entregáramos esa información; por lo tanto, cuando el Presidente Uribe repartió la burocracia entre ellos, indirectamente la repartió entre las autodefensas, porque estos señores habían sido puestos por las autodefensas…”
Se está refiriendo aquí el señor García a hechos del año 2003, cuando obtuvieron información sobre una operación que se planeaba contra las autodefensas de Hernán Giraldo en Santa Marta. Por entonces, consiguieron medios magnéticos y listados en donde aparecían los bienes inmuebles y empresas que serían objeto de allanamientos e incautaciones, como los nombres, ubicaciones y perfiles de las personas que pretendían capturar. Esta operación –que la adelantarían fiscales de la Unidad Nacional para la Extinción de Dominio y Contra el Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación– no tuvo éxito en sus propósitos, sencillamente porque Uribe Vélez, mediante su esbirro Jorge Noguera –entonces director del DAS–, ordenó que llevara la información a Santa Marta para entregarla a los paramilitares.
Confesó García que, en aquella ocasión, Noguera le dijo que no se preocupara, porque “el Presidente Uribe y el Fiscal General Luis Camilo Osorio estaban enterados de todo lo que estaban haciendo”. El mismo presidente, en algún momento, les confirmó la orden de que entregaran la información a las autodefensas, dice García.
He ahí el talante criminal del presidente que luego manifiesta, frente a los cuestionamientos por las bases militares, que: “Estos acuerdos nunca tienen por objeto crear condiciones de agredir a terceros Estados. Esto está excluido en el texto, en los acuerdos que lo enmarcan y en la práctica colombiana” (El Tiempo, 24 de julio de 2009, pág. 1-3).
Y esta negación, que se da en coro con las de muchos otros funcionarios de Estado, se produce mientras resuenan en creciente los ecos del documento Santa Fe Cuatro, o los del ya famoso Libro Blanco, donde se plantea la llamada Estrategia de Ruta del Comando Sur, ó Air Mobility Command Southcom, que se refiere a la estrategia de agresión contra los objetivos colonializables por EEUU, bajo la excusa de la guerra contra el terrorismo, planteándose cuestiones sobre la validez de la “movilidad actual del sistema de rutas aéreas en el tamaño y la alineación”. En síntesis, el dominio del orbe, mediante la superioridad aérea a partir de instalación de bases militares y desde ellas, el desenvolvimiento de la evolución de las aeronaves, de su movilidad aérea, operaciones y distintos factores de incidencia en el sistema de ruta, enmarcado en una actualizada Estrategia de “Seguridad Nacional” y “Defensa Nacional”.
Este documento, elaborado en abril de 2009 por el Comando Aéreo para la Movilidad (AMC) de la Fuerza Aérea de EE.UU., apunta a “ejecutar operaciones de movilidad (…)”. Y es de estas reflexiones operativas de donde se desprende, de manera más directa, la identificación que el Comando Sur ha hecho de Palanquero, en Colombia, como una base de agresión enmascarada en el eufemismo de ser una “localidad de cooperación en seguridad” (CSL, por sus siglas en inglés). Son las ideas intervencionistas, militaristas, recolonizadoras…, que ahora están en la versión del dominio aéreo encabezado por el Comando Sur, bajo la especial conducción del general Arthur J. Lichte.
PARTE 2
LA BASE MILITAR DE PALANQUERO
En el afán de involucrar a los países vecinos para que actúen de su lado en el desenvolvimiento del conflicto político-social interno, el gobierno fascista de Álvaro Uribe Vélez ha generado un ambiente de hostilidad respecto a países que, como Venezuela y Ecuador, no se prestan para sus juegos de guerra ni comparten su visión militarista que incluye un concepto tiránico –ordenado por Washington– de extraterritorialidad de su política represiva de “Seguridad Democrática”, o renovada vieja Doctrina de Seguridad Nacional, la cual comprende la llamada “lucha antiterrorista” y la falaz “lucha contra el narcotráfico”.
Es un hecho que el conflicto interno de Colombia se ha regionalizado, incluso se ha internacionalizado, generando inestabilidad sobre todo en América Latina.
Entre altos y bajos, con más tormentas que calmas, se han desenvuelto, especialmente, las relaciones colombo-venezolanas y las colombo-ecuatorianas, quedando finalmente la plena impresión de que el ejercicio diplomático no ha sido más que la práctica coyuntural de posturas de conveniencia, que no pasan de ser más que “paños de agua tibia”, puestos sobre heridas que cada vez se profundizan más por cuenta de la irresponsabilidad de un régimen pendenciero, como el de Uribe, que sólo busca complacer a Washington en sus afanes expansionistas y re-colonizadores sobre Nuestra América.
Siendo realistas, deberá admitirse que ningún esfuerzo de reconciliación manado de los presidentes Chávez y Correa, o de cualquier otro jefe de Estado o grupo de mandatarios que alienten la reconciliación, tendrá un resultado duradero, si se toma en cuenta que lo que está en desenvolvimiento es la estrategia imperialista yaqui. Ésa que apunta a tomar los recursos naturales del continente, contando en primera instancia con el Estado colombiano, y particularmente con mandatarios lacayos como el de Álvaro Uribe, que hacen las veces de perros de presa de la empresa de re-colonización y saqueo.
Por todo ello, acciones y frases de buena voluntad que procuran hermanación, o al menos distención, que aleje las amenazas de guerra, como muchas en las que se ha esforzado con sinceridad el Presidente Chávez, sólo son causa de burla para el basilisco yanqui-uribista, que sabe bien hacia donde apuntan sus malignas intenciones. Recordemos, por ejemplo, aquélla en la que se expresó “Hemos decidido dar la vuelta a la página. Venezuela es una nación que lucha contra el terrorismo cualquiera que sea su rostro, disfrácese como se disfrace, vístase como se vista”. Voltear la página significaba hacer un gran sacrificio de comprensión respecto a crímenes internacionales, a los que ya está habituado protagonizar el uribismo sin que ninguna efectiva disuasión y freno opere contra él.
En la total impunidad han quedado hechos graves como el secuestro de Rodrigo Granda por comandos armados colombianos, con la colaboración de funcionarios descompuestos y traidores del Estado venezolano, en pleno centro de Caracas; o la penetración de más de un centenar de paramilitares, también en las adyacencias de la capital venezolana, con el fin de asesinar al Presidente Chávez. Valga decir que éstos son sólo algunos pocos de los hechos más notorios de una cadena de situaciones, en las que se cuentan violaciones del espacio aéreo por aeronaves de guerra tripuladas y no tripuladas, adentramientos de unidades paramilitares y militares en zonas diversas de Zulia y Táchira y la presencia misma de esbirros en puntos diversos del país que incluyen a Caracas…
Suficientemente descritas están las circunstancias de tiempo, modo y lugar que respecto a estas afirmaciones hace el ex funcionario del DAS, Rafael García, quien ha develado con pelos y señales el entramado siniestro de narcotráfico, corrupción, impunidad y todo tipo de conspiraciones que existen en el seno del Estado colombiano con el auspicio principal del presidente Álvaro Uribe Vélez.
Así que no es cosa diferente al cinismo la respuesta que a Chávez dio Uribe cuando expresó en la sede del gobierno bolivariano que “No veía la hora de venir, pues el diálogo entre hermanos hay que mantenerlo y profundizarlo” (El Tiempo, Bogotá, 16 de febrero de 2005, pág. 1-3).
Lo que ha profundizado es su puñalada trapera y venenosa; lo que ha diseminado no es un diálogo entre hermanos, sino sucia farsa en la que pululan los más abominables planes criminales que, sin duda, incluyen como víctima también al Presidente Correa, sobre todo desde el primero de marzo de 2008, día en que se produjo el ataque de las fuerzas militares cipayas de Colombia, con la asesoría total del Pentágono y el Mosat israelí, sobre territorio ecuatoriano, al campamento del comandante Raúl Reyes, integrante del Secretariado Nacional de las FARC-EP. Desde entonces, el Presidente del Ecuador –quien ya era mal visto por Bogotá y Washington por su determinación de no permitir más la presencia de militares gringos en la Base de Manta– es objeto también de la furia guerrerita de Uribe Vélez, el perro de presa más “fiel” a Washington.
No como una derivación de estos específicos conflictos, sino como determinación que tiene que ver con la estrategia de re-colonización, es que el imperio define instalar por lo menos otras siete bases suyas –tomando instalaciones de bases colombianas–, varias de las cuales se proyectan sobre infraestructura que, de una u otra forma estaba ya bajo su control y mando, pero que ahora, de manera más abierta, asumen como espacios desde donde operará lo que está concebido como bases móviles también.
Lo que, desde dichos escenarios bélicos, se ejecutará son funciones estratégicas de las que el Pentágono realizaba desde la base de Manta, y más, mucho más, para someter a quienes en Colombia se resistan al saqueo de las trasnacionales y para apuntar contra los objetivos vecinos donde está el petróleo, los depósitos acuíferos más importantes, la biodiversidad y recursos naturales en general; es decir, para desarrollar el instructivo de dominación imperialista definido en el documento Santa Fe Cuatro, que incluye también el propósito de control de mercados y la coetánea determinación de aniquilar obstáculos principales que ve en la insurgencia y proyectos de emancipación bolivarianos.
Desde el Comando Sur, con sede antes en Panamá, el gobierno yanqui ha contado con uno de los cinco centros militares más importantes del mundo, mediante el cual sostenía control de vigilancia y espionaje, sobre al menos 19 países de América Latina, lo cual, en lo fundamental, manejaba de manera más o menos centralizada hasta el año 2000, que es la época en que, al salir de Panamá, el Pentágono establece un nuevo esquema de control a través de las llamadas bases militares que enclava en diversos puntos del continente.
La salida del istmo se produce como consecuencia del tratado Carter-Torrijos de 1997, lo cual implicó el traslado de la sede de la base a Miami. En este momento, se opta por crear los llamados Puntos de Avanzada de Operación (Forward Operation Location), como puntos de operaciones militares diseñados para ser “centros de movilidad estratégica” y de “usos de fuerzas decisivas en guerras relámpago”, mediante bases y tropas aerotransportadas de “despliegue rápido”, que contarán con las fuerzas armadas sumisas que las oligarquías locales en el poder ponen a su servicio, activando, sobre todo, a los elementos torturadores, asesinos y lacayos formados en la Escuela de las Américas, y por las diversas misiones que han hecho la instrucción, la formación –o mejor, la deformación–, de miles de estos esbirros en la doctrina del “enemigo interno”.
Instalar más bases en el continente es, entonces, llevar a realización la determinación abierta del expansionismo y el sometimiento imperial, que cuenta con el apoyo de los sectores más reaccionarios de la derecha latinoamericana, los cuales dependen de las migajas que, por su actitud vende patria, les deja compartir su amo.
Dentro de esta determinación, el Comando Sur puso sus ojos sobre la Base Militar de Palanquero, por ejemplo; desplegando su robustecimiento, el cual trata de disimular con el taparrabo de que se trata del desarrollo de un “viejo acuerdo de seguridad y cooperación con Colombia”. Pero el objetivo de fondo, al crear lo que han llamado una “localidad de cooperación en seguridad”, es tener un punto de control continental mediante la supremacía aérea, con ventajas estratégicas que se resumen en que desde allí se pueda sobrevolar, en condiciones regulares, con aviones C17, modernas máquinas de ingente poderío bélico y actitud ofensiva, la mitad del continente, sin hacer reabastecimientos en bases alternas; esto, dentro de una circunstancia en que, poseyendo un combustible adecuado, el aparato podrá cubrir todo el continente, excepto su extremo sur sur, en el cabo de Hornos.
Ahora Palanquero será también epicentro de las operaciones de los C17 que además cuentan con suficientes equipos de inteligencia militar. La infraestructura de la Base tendrá capacidad para albergar a 60 aviones, con una pista de 3500 metros que permite el despegue simultaneo de tres aeronaves.
Pero hasta el día del anuncio de la instalación de las fuerzas yanquis, la base Aérea Germán Olano, conocida desde el principio como Palanquero y denominada también como Comando Aéreo de Combate No. 1, tenía ya un perfil de guerra definido como ofensivo: Casa del piloto Caza, le llamaban a la base los militares que allí operan. Ubicada cerca a La Dorada y Puerto Salgar, ha contado con Escuadrones de Combate de Mirage y K-fir, y en sus instalaciones se especializaban los pilotos de todas las unidades de combate de la Fuerza Aérea Colombiana, adiestrándose en el combate aire-aire, tanto para operaciones diurnas y nocturnas como en combate aire-tierra en las mismas condiciones y en niveles que les llevan a jactarse de ser los mejores en América Latina.
El historial de Palanquero comprende participación en el conflicto colombo-peruano de 1932, que es el año en que se propulsa la creación de la base aérea como base militar, con el carácter o la pretensión de que se convirtiera en “faro estratégico” en el centro del país, y así, según palabras de sus propios impulsores “el rugir de los motores y destellos de las luces de las aeronaves, se hiciera sentir en el corazón de todos los colombianos”. Por entonces, Palanquero era sólo una inmensa hacienda, en gran medida selvática, surcada por el río Magdalena, que fue adquirida y transformada por la empresa colombo-alemana Scadta, para operar una empresa de aviación con pilotos alemanes, a finales de 1919.
De tal manera que los creadores de Palanquero, desde los orígenes, traían puestas las rodilleras de la sumisión al imperialismo, pues recordemos que esos mismos pilotos alemanes de la compañía comercial Scadta, al mando del piloto Herbert Boy, con la complacencia dócil del gobierno colombiano, participaron con sus aeronaves en el conflicto fronterizo colombo-peruano. Desde entonces, se prosiguió la construcción de la base militar, a instancias del Decreto No. 357 firmado por el presidente Marco Fidel Suárez, el 11 de marzo de 1920, el cual enmarcaba la organización de la actividad aérea y proyectaba la construcción de los primeros aeropuertos. Por entonces, los amos de Scadta adquirieron los terrenos donde con el tiempo iría a emplazarse Palanquero, ya con la contextura plena de una base militar, con cuarteles, hangares de estructura metálica, pista y una plataforma de concreto a orillas del río con algunas avenidas bordeadas de árboles; todo con diseño alemán.
En agosto 27 de 1933, se hizo la ostentación de fuerza aérea más grande que hasta el momento conociera el país: 45 aviones Junker, K-43, Ju-52 Osprey, Hamilton y el Hawks, sobrevolaron los cielos ante la vista del presidente Enrique Olaya Herrera.
El diario capitalino El Tiempo del lunes 28 de agosto de 1933 tituló: "La revista de Palanquero constituye una importante demostración de poderío aéreo". Y en concepto del Presidente Olaya Herrera: "Este día y este acto han de ser un símbolo en los destinos de la nación". Atrás quedó el lento vuelo de los aviones T-33. En adelante, lo que vendría para los habitantes próximos a la base sería
la vibración de la post combustión y el estampido de la onda de choque rompiendo la barrera del sonido y de paso los cristales y cerámicas de las humildes casas de la región.
En la década de los ochenta adquieren equipos que colocan a la aviación colombiana de combate en lo que se conoce como el nivel de tercera generación, lo cual implicó cambios en la infraestructura de Palanquero y la centralización de actividades en el llamado Grupo Técnico que es parte de la nueva infraestructura organizativa de los Comandos Aéreos de Combate de comienzos de 1989, momento en que se inicia el desarrollo de las teorías de la producción aeronáutica, mantenimiento y abastecimiento. En el marco del programa Shibolet, se adquieren, entonces, los aviones K-fir, comprados al gobierno de Israel. Algunos llegan modernizados dentro de los lineamientos de la llamada tercera generación y otros para ser adecuados por el Escuadrón de Mantenimiento de Palanquero, con instrumentos electrónicos, lo más moderno en sistematización, mecanismos de reabastecimiento en vuelo, la entrega de armas en forma automática, control de precisión a través de un moderno sistema de navegación y mejor maniobrabilidad, etc.
A finales del Siglo XX, la base cuenta con helicópteros, aeronaves T-37, AC-47T, M5 y K-Fir C-7, con apoyo tecnológico-administrativo profesional compuesto por especialistas civiles y con rangos militares, cumpliendo también labores de planeación estratégica. Y ya para inicios del nuevo milenio, desde mediados de 2002, Palanquero termina la construcción del “Banco de Control de Pruebas y Reglajes universal y numérico, o Banco Polivalente”, que, al parecer, es la primera versión de ese tipo en América Latina. Se implementan como elementos comunes las tarjetas electrónicas, adaptables a las pruebas de varios tipos de motores a reacción, con sólo la ejecución de un nuevo software según las características del motor a probar. Es decir, que el desmadre del gasto militar en detrimento de la inversión social en Colombia permite al régimen guerrerista, que desenvuelve la estrategia militarista conveniente a Washington, asumir la utilización de alta tecnología que aumenta la capacidad para realizar operaciones de rapidez y precisión, en la tarea de las pruebas de las turbinas de los aviones a reacción, principalmente para los turbo-reactores J79 y ATAR 09C. Todo en función de la guerra irregular contra la insurgencia bolivariana que resiste al intervencionismo imperial, como en función de la guerra regular prevista para continuar la expansión colonialista sobre el continente.
A casi 80 años de la fundación de Palanquero, su historial fluye por el arcaduz del deshonor apátrida, hacia la entrega de la soberanía y el destino libre de la América Nuestra, en la medida en que el régimen fascista de Uribe Vélez se somete con total descaro a los designios de Washington, sirviéndole de peón de la re-colonización, en momentos en que desde todos los puntos cardinales de la América meridional y caribeña se levantan oleadas emancipatorias que reivindican los sueños de los próceres independentistas.
Pero como si les pareciera poco, y como lo han dicho las FARC, no son sólo siete puñales los que se han de clavar en el corazón de la América Nuestra. “Pueden ser más, si se tiene en cuenta que la base aérea de Tres Esquinas (sur de Colombia) es, desde hace algún tiempo, otra base militar yanqui encubierta, sospechosamente ubicada donde comienza la Amazonía” (FARC-EP, en mensaje a Unasur y al Alba. Septiembre de 2009).
Y en efecto, en desarrollo del plan expansionista de EE. UU., existen, pongamos por casos, bases como Alberto Powells, para la operación de aviones que se destinan a la acción contrainsurgente, en la que se emplazan aviones P3 Orión y aviones espía, especialmente; la Base de Apiay, como centro de despliegue de las aeronaves Awak, y donde actuarán, hasta donde se sabe, las naves de reconocimiento aéreo; es decir, los aparatos que en sí son radares aéreos con enorme autonomía de vuelo y cubrimiento; la Base de Bahía Málaga, para el despliegue de embarcaciones de guerra que ejercerán la interdicción marítima en el Pacífico y la coordinación con los aviones Orión, con el propósito de tener el control de la costa occidental colombiana a fin de que puedan maniobrar sin contratiempos las tropas marítimas en caso de una posible invasión masiva.
Debemos entender, entonces, que la lucha antiterrorista y contra el narcotráfico es una simple excusa intervencionista que no delimita para nada el accionar militarista yaqui, respecto al cual el pentágono ha dejado suficientes muestras en cuanto a que no permite interferencias en su aplicación contra el país que se le antoje.
Muerte y desolación es lo que promete la diseminación de estas nuevas bases, con un ejército y funcionarios, al lado de un cuerpo de marines descompuestos, que además contarán con la llamada inmunidad que le propicia el lacayismo oligarca en Colombia.
Se trata de la estructura militar necesaria para sostener la explotación económica, el saqueo y el aplastamiento de quienes opongan la dignidad y los sentimientos patrios. Cuentan para la ejecución de sus crímenes, también y de manera principal, con la jauría mediática para la desinformación y colonización de las conciencias en desenvolvimiento de estrategias de captación o de disuasión y, si fuere el caso, utilizando métodos de terror como los que ya se han aplicado torturando, asesinando, desapareciendo, encarcelando, a quienes se le opongan.
Por Jesús Santrich, integrante del Estado Mayor Central de las FARC-EP.
PARTE 1
La noticia sobre la instalación de por lo menos siete bases militares yanquis ha suscitado la preocupación de los países latinoamericanos, al punto que diversos gobiernos solicitaron la convocatoria del Consejo de Defensa de UNASUR para que el Presidente de Colombia, Álvaro Uribe, explique los alcances del llamado “acuerdo de cooperación militar con E.U.” A tal convocatoria, el gobierno Uribe respondió con negativas y efectivamente no acudió a la reunión del 10 de agosto realizada en Ecuador.
El gobierno colombiano, de manera indecente, siguiendo lineamientos de Washington, en cuanto a su estrategia re-colonizadora, continúa su actitud pendenciera y militarista con los vecinos.
Nótese que no se trata, de ninguna manera, de una situación improvisada o suscitada por los odios viscerales de Uribe frente a la insurgencia y el proyecto bolivariano solamente, sino el desenvolvimiento de una estrategia, la del imperio yanqui, la cual viene de muy atrás y tiene como sus más recientes y nefandos antecedentes la realización de los Planes Colombia y el Patriota, entre otros.
Desde el año 2000, las FARC habían advertido a los países de América Latina sobre que el Plan Colombia no era otra cosa que una punta de lanza del imperio para, desde Colombia, tomar al continente. No obstante, el análisis del plan Colombia como factor de peligro para la región solamente figuró como simple preocupación retórica en los discursos de los países suramericanos que ya se reunían buscando la senda de la coordinación en espacios del tipo UNASUR. Quizás una de las declaraciones más fuertes, pero que no pasó a mayores fue la del canciller brasileño Luis Felipe Lampreia, quien expresó que: “El conflicto en Colombia es la más seria amenaza a la seguridad nacional brasileña” (El Tiempo, 1 de septiembre de 2000, p.1).
Sin embargo, con el tiempo, lamentablemente realizaría el gobierno Lula acuerdos militares con el criminal gobierno Uribe, incluyendo entre sus objetivos ofensivos a las FARC; es decir, involucrándose en el conflicto interno de Colombia, en momentos en que si algo se había generado de parte del país hermano, en la conciencia del pueblo comunero, cuando contribuyó en la liberación de algunos de los prisioneros de guerra que estaban en manos de la insurgencia, fue la expectativa de su participación en una solución de paz. Ahora lo que ocurre es, de alguna manera, su colocación en el engranaje militarista que Colombia propulsa como agente de Washington.
Tras la retirada del Comando Sur de territorio panameño, la preocupación de EE. UU. se centró especialmente en concretar construcciones de control como la Base de Manta, o en intervenciones como el Plan Colombia, con participación directa norteamericana. En el contexto de este plan, por ejemplo, el imperio invirtió al belicismo uribista más de 10 mil millones de dólares que en mucho terminaron financiando a los protagonistas victimarios de los abominables crímenes contra la población inerme, en el despliegue de esa danza macabra de sangre, terror y muerte que significan los llamados “falsos positivos”, las desapariciones forzadas, las masacres innúmeras, los desplazamientos de millones de inocentes... Estados Unidos, colocando a Colombia como el tercer receptor mundial de su gasto belicista, se va mostrando ante el mundo entonces como causante principal de su tragedia humanitaria, la cual, por persistencia brutal de todos sus gobernantes, incluyendo a Obama, apunta a extenderse sobre todo el continente.
Podemos afirmar que cuando un factor de la maquinaria bélica yanqui cede terreno como consecuencia de una u otra circunstancia, incluyendo la presión popular, Washington asume alternativas que le permitan no solamente no mermar su predominio militar sino fortalecerlo.
Así ocurrió en el caso del Comando Sur cuando se desplazó de Panamá; no obstante los gringos haber dejado un enorme dispositivo de inteligencia técnica en la embajada del istmo, emplazaron la base de Manta, entre otras, y desplegaron el Plan Colombia y luego el Plan Patriota. Ahora que se desplazan de Manta por decisión soberana del pueblo ecuatoriano y por voluntad política de su presidente Rafael Correa, entonces se fortalecen con las bases en Colombia.
Cínicamente, se nos argumenta desde los gobiernos de Obama y de Uribe, que este despliegue militarista que desestabiliza la paz regional obedece a un desarrollo simple de los “acuerdos de cooperación militar” entre Colombia y EEUU, los cuales remontan a la condición de “viejo tratado”, como si ello le diera legitimidad. Pero no, pues resulta que cuando se están refiriendo, seguramente, al Pacto Militar Bilateral del 17 de abril de 1952, lo que debemos recordar es que tal adefesio, como el actual “acuerdo”, tampoco fue presentado por el gobierno conservador de la época a la aprobación del Congreso, aun siendo el parlamento un aparato exclusivamente en manos del partido de gobierno. Por entonces, como ahora, la sumisión del régimen colombiano al imperio era más que vergonzosamente irrestricta, al punto que Colombia fue el único país latinoamericano que, obedeciendo a los dictámenes de Washington, envió tropas a combatir contra Corea.
Hoy, con procedimientos rastreros de ocultamiento y engaño, contando con las complicidades de los elementos más espurios de las oligarquías, se impone un acuerdo de militarización que conspira contra el ideal de la Patria Grande bolivariana, para favorecer la voracidad yanqui, con el agravante de que no se trata de un pacto entre aliados sino de una decisión del imperio a la que se somete Uribe en condición de lacayo –sobre el que cuelga un péndulo de chantajes derivado del carácter de narco y gánster que posee–. Bien conoce Washington la categoría criminal del Presiente de Colombia, bien conoce de su posición en el renglón número 82 de su lista de narcotraficantes, desclasificada por el Departamento de Estado, o su participación decisiva en la ejecución de los llamados “falsos positivos” desde los tiempos en que Frechette ejercía como embajador gringo en Colombia y Uribe lo hacía como gobernador de Antioquia (1995-1997).
La lista de narcos a la que aquí se alude fue elaborada por el gobierno de los Estados Unidos y revelada por la National Security Archive hace algunos años, cuando el señor Álvaro Uribe ya era un acaudalado heredero de los latifundios y negocios mafiosos de “don” Alberto Uribe Sierra y pupilo entrañable del narcotraficante Pablo Escobar.
El verdugo de Salgar no es ahora un hombre nuevo lleno de arrepentimientos por su pasado, sino un peor elemento utilizado por Washington con el sucio dedo del chantaje; pues claro está para Mr. Obama que aquel personaje de los noventa es el miso de esta década sangrienta que padece Colombia; el mismo protagonista de estos tiempos de “falsos positivos”, de pirámides financistas tramposas, de firmas pro referendo re-electoral recogidas con fraudes y dineros de DMG, el mismo elemento de espeluznantes antecedentes de gánster y verdugo llevado a la presidencia con la complacencia gringa, fraude y presión paramilitar, y reelegido con la misma fórmula más las prevaricaciones de todo tipo y un cohecho recargado de desvergüenza.
Es el mismo, digamos, que, por boca de Michael Evans y de la National Security Archive, los propios gringos ponen en evidencia como asesino, cuando publican las desclasificaciones de la CIA de este año 2009, que indican que la Casa Blanca “eran conscientes ya en 1994” de que los oficiales del ejército colombiano, durante años, han dado lugar a ejecuciones extrajudiciales y a la colaboración con paramilitares y traficantes de drogas. De nada de esto está libre el actual presidente Uribe, pues precisamente en el último lustro de los 90 propulsó, con mayor énfasis que en todos los tiempos, el paramilitarismo mediante las llamadas Cooperativas CONVIVIR, escenario en el que, de su mano, se inició también el terror de Salvatore Mancuso, y el impartido desde la Brigada Cuarta (sede en Medellín) de la época de los generales Alfonso Manosalva (ya fallecido), Carlos Alberto Ospina (quien lo reemplazó), lo mismo que de la Decimoséptima Brigada (sede en Urabá) de los tiempos del general Rito Alejo del Río (el Carnicero de Urabá).
Coincidentes son estos tiempos mencionados con la época que ahora, en el 2009, el informe desclasificado de la National Security Archive presenta como de segura realización de ejecuciones extrajudiciales y de colaboración con paramilitares y traficantes de drogas por parte de la fuerza pública.
Es evidente que Uribe, esta piltrafa oligárquica, pútrido pelele de Estados Unidos, frente a tanta acusación asquerosa que lo involucra en los más horrendos crímenes de lesa humanidad y lesa patria, no tiene camino diferente al de someterse, a las imposiciones de Estados Unidos, con todo su séquito de ratas que se pliegan también porque saben que, de hundirse el barco, se ahogarán sin remedio. Es el caso de elementos como el canciller Bermúdez o del comandante de las Fuerzas Armadas general Fredy Padilla de León, y otros funcionarios en abundancia salpicados por las acusaciones de su viejo cómplice Rafael García (ex funcionario del DAS), quien, con sus declaraciones más recientes, los compromete en las más aberrantes prácticas de los paramilitares y de los narcotraficantes.
Nadie deberá creer más en la palabra de un presidente que ha mentido de manera enfermiza en múltiples ocasiones; menos aún cuando a diario da nuevas muestras de odio y guerrerismo.
Quién podrá tomar en serio a Uribe, cuando por ejemplo ha dicho, en el escenario de las Naciones Unidas, respecto a la política internacional de Colombia, que la tradición es la de “nunca participar en la carrera armamentista para el juego sangriento de la guerra internacional. Nuestra tradición es de respeto a la comunidad global; preocupa que, en lugar de avanzar hacia mayor cooperación para la seguridad, la paz y la tranquilidad de los ciudadanos de cada país, se acelere la carrera armamentista que algunos sustentan en la necesidad de modernizar sus equipos militares, mientras otros se esfuerzan en su ánimo de guerra…”. Frente a esto, las palabras del presidente Chávez salen de la credulidad propia de su buena fe de hermanación continental, pasando a un realismo de argumentación precisa: “miente, Uribe miente, con mucha facilidad miente, es una mentira; quién va a creer ese cuento…, miente con gran facilidad”, ha dicho respecto a estas falaces argumentaciones del presidente colombiano, quien de paso ha agregado que “Colombia se ha sometido voluntariamente al examen de derechos humanos de Naciones Unidas…”. Expresión de desvergüenza sin par que rechina en momentos en que su viejo amigo Rafael García lo sigue acusando, sin que de ello haga eco la gran prensa que los sostiene contra toda lógica política sensata.
Rafael García ha dicho, por ejemplo, sobre las acciones criminales del paramilitarismo, que “Las actividades delictivas desarrolladas por nosotros desde el interior del DAS (el cartel de las tres letras), yo no creo que hayan sido desconocidas por el presidente, no creo que hayan sido desconocidas por el presidente en el caso de la Operación Ciclón, en la que terminamos respondiendo Jorge Noguera y yo. El mismo Jorge Noguera me dijo que el presidente había autorizado y ordenado que entregáramos esa información; por lo tanto, cuando el Presidente Uribe repartió la burocracia entre ellos, indirectamente la repartió entre las autodefensas, porque estos señores habían sido puestos por las autodefensas…”
Se está refiriendo aquí el señor García a hechos del año 2003, cuando obtuvieron información sobre una operación que se planeaba contra las autodefensas de Hernán Giraldo en Santa Marta. Por entonces, consiguieron medios magnéticos y listados en donde aparecían los bienes inmuebles y empresas que serían objeto de allanamientos e incautaciones, como los nombres, ubicaciones y perfiles de las personas que pretendían capturar. Esta operación –que la adelantarían fiscales de la Unidad Nacional para la Extinción de Dominio y Contra el Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación– no tuvo éxito en sus propósitos, sencillamente porque Uribe Vélez, mediante su esbirro Jorge Noguera –entonces director del DAS–, ordenó que llevara la información a Santa Marta para entregarla a los paramilitares.
Confesó García que, en aquella ocasión, Noguera le dijo que no se preocupara, porque “el Presidente Uribe y el Fiscal General Luis Camilo Osorio estaban enterados de todo lo que estaban haciendo”. El mismo presidente, en algún momento, les confirmó la orden de que entregaran la información a las autodefensas, dice García.
He ahí el talante criminal del presidente que luego manifiesta, frente a los cuestionamientos por las bases militares, que: “Estos acuerdos nunca tienen por objeto crear condiciones de agredir a terceros Estados. Esto está excluido en el texto, en los acuerdos que lo enmarcan y en la práctica colombiana” (El Tiempo, 24 de julio de 2009, pág. 1-3).
Y esta negación, que se da en coro con las de muchos otros funcionarios de Estado, se produce mientras resuenan en creciente los ecos del documento Santa Fe Cuatro, o los del ya famoso Libro Blanco, donde se plantea la llamada Estrategia de Ruta del Comando Sur, ó Air Mobility Command Southcom, que se refiere a la estrategia de agresión contra los objetivos colonializables por EEUU, bajo la excusa de la guerra contra el terrorismo, planteándose cuestiones sobre la validez de la “movilidad actual del sistema de rutas aéreas en el tamaño y la alineación”. En síntesis, el dominio del orbe, mediante la superioridad aérea a partir de instalación de bases militares y desde ellas, el desenvolvimiento de la evolución de las aeronaves, de su movilidad aérea, operaciones y distintos factores de incidencia en el sistema de ruta, enmarcado en una actualizada Estrategia de “Seguridad Nacional” y “Defensa Nacional”.
Este documento, elaborado en abril de 2009 por el Comando Aéreo para la Movilidad (AMC) de la Fuerza Aérea de EE.UU., apunta a “ejecutar operaciones de movilidad (…)”. Y es de estas reflexiones operativas de donde se desprende, de manera más directa, la identificación que el Comando Sur ha hecho de Palanquero, en Colombia, como una base de agresión enmascarada en el eufemismo de ser una “localidad de cooperación en seguridad” (CSL, por sus siglas en inglés). Son las ideas intervencionistas, militaristas, recolonizadoras…, que ahora están en la versión del dominio aéreo encabezado por el Comando Sur, bajo la especial conducción del general Arthur J. Lichte.
PARTE 2
LA BASE MILITAR DE PALANQUERO
En el afán de involucrar a los países vecinos para que actúen de su lado en el desenvolvimiento del conflicto político-social interno, el gobierno fascista de Álvaro Uribe Vélez ha generado un ambiente de hostilidad respecto a países que, como Venezuela y Ecuador, no se prestan para sus juegos de guerra ni comparten su visión militarista que incluye un concepto tiránico –ordenado por Washington– de extraterritorialidad de su política represiva de “Seguridad Democrática”, o renovada vieja Doctrina de Seguridad Nacional, la cual comprende la llamada “lucha antiterrorista” y la falaz “lucha contra el narcotráfico”.
Es un hecho que el conflicto interno de Colombia se ha regionalizado, incluso se ha internacionalizado, generando inestabilidad sobre todo en América Latina.
Entre altos y bajos, con más tormentas que calmas, se han desenvuelto, especialmente, las relaciones colombo-venezolanas y las colombo-ecuatorianas, quedando finalmente la plena impresión de que el ejercicio diplomático no ha sido más que la práctica coyuntural de posturas de conveniencia, que no pasan de ser más que “paños de agua tibia”, puestos sobre heridas que cada vez se profundizan más por cuenta de la irresponsabilidad de un régimen pendenciero, como el de Uribe, que sólo busca complacer a Washington en sus afanes expansionistas y re-colonizadores sobre Nuestra América.
Siendo realistas, deberá admitirse que ningún esfuerzo de reconciliación manado de los presidentes Chávez y Correa, o de cualquier otro jefe de Estado o grupo de mandatarios que alienten la reconciliación, tendrá un resultado duradero, si se toma en cuenta que lo que está en desenvolvimiento es la estrategia imperialista yaqui. Ésa que apunta a tomar los recursos naturales del continente, contando en primera instancia con el Estado colombiano, y particularmente con mandatarios lacayos como el de Álvaro Uribe, que hacen las veces de perros de presa de la empresa de re-colonización y saqueo.
Por todo ello, acciones y frases de buena voluntad que procuran hermanación, o al menos distención, que aleje las amenazas de guerra, como muchas en las que se ha esforzado con sinceridad el Presidente Chávez, sólo son causa de burla para el basilisco yanqui-uribista, que sabe bien hacia donde apuntan sus malignas intenciones. Recordemos, por ejemplo, aquélla en la que se expresó “Hemos decidido dar la vuelta a la página. Venezuela es una nación que lucha contra el terrorismo cualquiera que sea su rostro, disfrácese como se disfrace, vístase como se vista”. Voltear la página significaba hacer un gran sacrificio de comprensión respecto a crímenes internacionales, a los que ya está habituado protagonizar el uribismo sin que ninguna efectiva disuasión y freno opere contra él.
En la total impunidad han quedado hechos graves como el secuestro de Rodrigo Granda por comandos armados colombianos, con la colaboración de funcionarios descompuestos y traidores del Estado venezolano, en pleno centro de Caracas; o la penetración de más de un centenar de paramilitares, también en las adyacencias de la capital venezolana, con el fin de asesinar al Presidente Chávez. Valga decir que éstos son sólo algunos pocos de los hechos más notorios de una cadena de situaciones, en las que se cuentan violaciones del espacio aéreo por aeronaves de guerra tripuladas y no tripuladas, adentramientos de unidades paramilitares y militares en zonas diversas de Zulia y Táchira y la presencia misma de esbirros en puntos diversos del país que incluyen a Caracas…
Suficientemente descritas están las circunstancias de tiempo, modo y lugar que respecto a estas afirmaciones hace el ex funcionario del DAS, Rafael García, quien ha develado con pelos y señales el entramado siniestro de narcotráfico, corrupción, impunidad y todo tipo de conspiraciones que existen en el seno del Estado colombiano con el auspicio principal del presidente Álvaro Uribe Vélez.
Así que no es cosa diferente al cinismo la respuesta que a Chávez dio Uribe cuando expresó en la sede del gobierno bolivariano que “No veía la hora de venir, pues el diálogo entre hermanos hay que mantenerlo y profundizarlo” (El Tiempo, Bogotá, 16 de febrero de 2005, pág. 1-3).
Lo que ha profundizado es su puñalada trapera y venenosa; lo que ha diseminado no es un diálogo entre hermanos, sino sucia farsa en la que pululan los más abominables planes criminales que, sin duda, incluyen como víctima también al Presidente Correa, sobre todo desde el primero de marzo de 2008, día en que se produjo el ataque de las fuerzas militares cipayas de Colombia, con la asesoría total del Pentágono y el Mosat israelí, sobre territorio ecuatoriano, al campamento del comandante Raúl Reyes, integrante del Secretariado Nacional de las FARC-EP. Desde entonces, el Presidente del Ecuador –quien ya era mal visto por Bogotá y Washington por su determinación de no permitir más la presencia de militares gringos en la Base de Manta– es objeto también de la furia guerrerita de Uribe Vélez, el perro de presa más “fiel” a Washington.
No como una derivación de estos específicos conflictos, sino como determinación que tiene que ver con la estrategia de re-colonización, es que el imperio define instalar por lo menos otras siete bases suyas –tomando instalaciones de bases colombianas–, varias de las cuales se proyectan sobre infraestructura que, de una u otra forma estaba ya bajo su control y mando, pero que ahora, de manera más abierta, asumen como espacios desde donde operará lo que está concebido como bases móviles también.
Lo que, desde dichos escenarios bélicos, se ejecutará son funciones estratégicas de las que el Pentágono realizaba desde la base de Manta, y más, mucho más, para someter a quienes en Colombia se resistan al saqueo de las trasnacionales y para apuntar contra los objetivos vecinos donde está el petróleo, los depósitos acuíferos más importantes, la biodiversidad y recursos naturales en general; es decir, para desarrollar el instructivo de dominación imperialista definido en el documento Santa Fe Cuatro, que incluye también el propósito de control de mercados y la coetánea determinación de aniquilar obstáculos principales que ve en la insurgencia y proyectos de emancipación bolivarianos.
Desde el Comando Sur, con sede antes en Panamá, el gobierno yanqui ha contado con uno de los cinco centros militares más importantes del mundo, mediante el cual sostenía control de vigilancia y espionaje, sobre al menos 19 países de América Latina, lo cual, en lo fundamental, manejaba de manera más o menos centralizada hasta el año 2000, que es la época en que, al salir de Panamá, el Pentágono establece un nuevo esquema de control a través de las llamadas bases militares que enclava en diversos puntos del continente.
La salida del istmo se produce como consecuencia del tratado Carter-Torrijos de 1997, lo cual implicó el traslado de la sede de la base a Miami. En este momento, se opta por crear los llamados Puntos de Avanzada de Operación (Forward Operation Location), como puntos de operaciones militares diseñados para ser “centros de movilidad estratégica” y de “usos de fuerzas decisivas en guerras relámpago”, mediante bases y tropas aerotransportadas de “despliegue rápido”, que contarán con las fuerzas armadas sumisas que las oligarquías locales en el poder ponen a su servicio, activando, sobre todo, a los elementos torturadores, asesinos y lacayos formados en la Escuela de las Américas, y por las diversas misiones que han hecho la instrucción, la formación –o mejor, la deformación–, de miles de estos esbirros en la doctrina del “enemigo interno”.
Instalar más bases en el continente es, entonces, llevar a realización la determinación abierta del expansionismo y el sometimiento imperial, que cuenta con el apoyo de los sectores más reaccionarios de la derecha latinoamericana, los cuales dependen de las migajas que, por su actitud vende patria, les deja compartir su amo.
Dentro de esta determinación, el Comando Sur puso sus ojos sobre la Base Militar de Palanquero, por ejemplo; desplegando su robustecimiento, el cual trata de disimular con el taparrabo de que se trata del desarrollo de un “viejo acuerdo de seguridad y cooperación con Colombia”. Pero el objetivo de fondo, al crear lo que han llamado una “localidad de cooperación en seguridad”, es tener un punto de control continental mediante la supremacía aérea, con ventajas estratégicas que se resumen en que desde allí se pueda sobrevolar, en condiciones regulares, con aviones C17, modernas máquinas de ingente poderío bélico y actitud ofensiva, la mitad del continente, sin hacer reabastecimientos en bases alternas; esto, dentro de una circunstancia en que, poseyendo un combustible adecuado, el aparato podrá cubrir todo el continente, excepto su extremo sur sur, en el cabo de Hornos.
Ahora Palanquero será también epicentro de las operaciones de los C17 que además cuentan con suficientes equipos de inteligencia militar. La infraestructura de la Base tendrá capacidad para albergar a 60 aviones, con una pista de 3500 metros que permite el despegue simultaneo de tres aeronaves.
Pero hasta el día del anuncio de la instalación de las fuerzas yanquis, la base Aérea Germán Olano, conocida desde el principio como Palanquero y denominada también como Comando Aéreo de Combate No. 1, tenía ya un perfil de guerra definido como ofensivo: Casa del piloto Caza, le llamaban a la base los militares que allí operan. Ubicada cerca a La Dorada y Puerto Salgar, ha contado con Escuadrones de Combate de Mirage y K-fir, y en sus instalaciones se especializaban los pilotos de todas las unidades de combate de la Fuerza Aérea Colombiana, adiestrándose en el combate aire-aire, tanto para operaciones diurnas y nocturnas como en combate aire-tierra en las mismas condiciones y en niveles que les llevan a jactarse de ser los mejores en América Latina.
El historial de Palanquero comprende participación en el conflicto colombo-peruano de 1932, que es el año en que se propulsa la creación de la base aérea como base militar, con el carácter o la pretensión de que se convirtiera en “faro estratégico” en el centro del país, y así, según palabras de sus propios impulsores “el rugir de los motores y destellos de las luces de las aeronaves, se hiciera sentir en el corazón de todos los colombianos”. Por entonces, Palanquero era sólo una inmensa hacienda, en gran medida selvática, surcada por el río Magdalena, que fue adquirida y transformada por la empresa colombo-alemana Scadta, para operar una empresa de aviación con pilotos alemanes, a finales de 1919.
De tal manera que los creadores de Palanquero, desde los orígenes, traían puestas las rodilleras de la sumisión al imperialismo, pues recordemos que esos mismos pilotos alemanes de la compañía comercial Scadta, al mando del piloto Herbert Boy, con la complacencia dócil del gobierno colombiano, participaron con sus aeronaves en el conflicto fronterizo colombo-peruano. Desde entonces, se prosiguió la construcción de la base militar, a instancias del Decreto No. 357 firmado por el presidente Marco Fidel Suárez, el 11 de marzo de 1920, el cual enmarcaba la organización de la actividad aérea y proyectaba la construcción de los primeros aeropuertos. Por entonces, los amos de Scadta adquirieron los terrenos donde con el tiempo iría a emplazarse Palanquero, ya con la contextura plena de una base militar, con cuarteles, hangares de estructura metálica, pista y una plataforma de concreto a orillas del río con algunas avenidas bordeadas de árboles; todo con diseño alemán.
En agosto 27 de 1933, se hizo la ostentación de fuerza aérea más grande que hasta el momento conociera el país: 45 aviones Junker, K-43, Ju-52 Osprey, Hamilton y el Hawks, sobrevolaron los cielos ante la vista del presidente Enrique Olaya Herrera.
El diario capitalino El Tiempo del lunes 28 de agosto de 1933 tituló: "La revista de Palanquero constituye una importante demostración de poderío aéreo". Y en concepto del Presidente Olaya Herrera: "Este día y este acto han de ser un símbolo en los destinos de la nación". Atrás quedó el lento vuelo de los aviones T-33. En adelante, lo que vendría para los habitantes próximos a la base sería
la vibración de la post combustión y el estampido de la onda de choque rompiendo la barrera del sonido y de paso los cristales y cerámicas de las humildes casas de la región.
En la década de los ochenta adquieren equipos que colocan a la aviación colombiana de combate en lo que se conoce como el nivel de tercera generación, lo cual implicó cambios en la infraestructura de Palanquero y la centralización de actividades en el llamado Grupo Técnico que es parte de la nueva infraestructura organizativa de los Comandos Aéreos de Combate de comienzos de 1989, momento en que se inicia el desarrollo de las teorías de la producción aeronáutica, mantenimiento y abastecimiento. En el marco del programa Shibolet, se adquieren, entonces, los aviones K-fir, comprados al gobierno de Israel. Algunos llegan modernizados dentro de los lineamientos de la llamada tercera generación y otros para ser adecuados por el Escuadrón de Mantenimiento de Palanquero, con instrumentos electrónicos, lo más moderno en sistematización, mecanismos de reabastecimiento en vuelo, la entrega de armas en forma automática, control de precisión a través de un moderno sistema de navegación y mejor maniobrabilidad, etc.
A finales del Siglo XX, la base cuenta con helicópteros, aeronaves T-37, AC-47T, M5 y K-Fir C-7, con apoyo tecnológico-administrativo profesional compuesto por especialistas civiles y con rangos militares, cumpliendo también labores de planeación estratégica. Y ya para inicios del nuevo milenio, desde mediados de 2002, Palanquero termina la construcción del “Banco de Control de Pruebas y Reglajes universal y numérico, o Banco Polivalente”, que, al parecer, es la primera versión de ese tipo en América Latina. Se implementan como elementos comunes las tarjetas electrónicas, adaptables a las pruebas de varios tipos de motores a reacción, con sólo la ejecución de un nuevo software según las características del motor a probar. Es decir, que el desmadre del gasto militar en detrimento de la inversión social en Colombia permite al régimen guerrerista, que desenvuelve la estrategia militarista conveniente a Washington, asumir la utilización de alta tecnología que aumenta la capacidad para realizar operaciones de rapidez y precisión, en la tarea de las pruebas de las turbinas de los aviones a reacción, principalmente para los turbo-reactores J79 y ATAR 09C. Todo en función de la guerra irregular contra la insurgencia bolivariana que resiste al intervencionismo imperial, como en función de la guerra regular prevista para continuar la expansión colonialista sobre el continente.
A casi 80 años de la fundación de Palanquero, su historial fluye por el arcaduz del deshonor apátrida, hacia la entrega de la soberanía y el destino libre de la América Nuestra, en la medida en que el régimen fascista de Uribe Vélez se somete con total descaro a los designios de Washington, sirviéndole de peón de la re-colonización, en momentos en que desde todos los puntos cardinales de la América meridional y caribeña se levantan oleadas emancipatorias que reivindican los sueños de los próceres independentistas.
Pero como si les pareciera poco, y como lo han dicho las FARC, no son sólo siete puñales los que se han de clavar en el corazón de la América Nuestra. “Pueden ser más, si se tiene en cuenta que la base aérea de Tres Esquinas (sur de Colombia) es, desde hace algún tiempo, otra base militar yanqui encubierta, sospechosamente ubicada donde comienza la Amazonía” (FARC-EP, en mensaje a Unasur y al Alba. Septiembre de 2009).
Y en efecto, en desarrollo del plan expansionista de EE. UU., existen, pongamos por casos, bases como Alberto Powells, para la operación de aviones que se destinan a la acción contrainsurgente, en la que se emplazan aviones P3 Orión y aviones espía, especialmente; la Base de Apiay, como centro de despliegue de las aeronaves Awak, y donde actuarán, hasta donde se sabe, las naves de reconocimiento aéreo; es decir, los aparatos que en sí son radares aéreos con enorme autonomía de vuelo y cubrimiento; la Base de Bahía Málaga, para el despliegue de embarcaciones de guerra que ejercerán la interdicción marítima en el Pacífico y la coordinación con los aviones Orión, con el propósito de tener el control de la costa occidental colombiana a fin de que puedan maniobrar sin contratiempos las tropas marítimas en caso de una posible invasión masiva.
Debemos entender, entonces, que la lucha antiterrorista y contra el narcotráfico es una simple excusa intervencionista que no delimita para nada el accionar militarista yaqui, respecto al cual el pentágono ha dejado suficientes muestras en cuanto a que no permite interferencias en su aplicación contra el país que se le antoje.
Muerte y desolación es lo que promete la diseminación de estas nuevas bases, con un ejército y funcionarios, al lado de un cuerpo de marines descompuestos, que además contarán con la llamada inmunidad que le propicia el lacayismo oligarca en Colombia.
Se trata de la estructura militar necesaria para sostener la explotación económica, el saqueo y el aplastamiento de quienes opongan la dignidad y los sentimientos patrios. Cuentan para la ejecución de sus crímenes, también y de manera principal, con la jauría mediática para la desinformación y colonización de las conciencias en desenvolvimiento de estrategias de captación o de disuasión y, si fuere el caso, utilizando métodos de terror como los que ya se han aplicado torturando, asesinando, desapareciendo, encarcelando, a quienes se le opongan.