Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Organización
Fecha
1970-01-01
Categoría
Comunicado
Cobre, nacionalismo y revolución
COBRE, NACIONALISMO Y REVOLUCIÓN
El problema más candente de la política peruana actual, y a la vez el síntoma más peligroso, es el de la explotación del cobre.
En las semanas recientes las páginas de periódicos y revistas de todas las tendencias se han ocupado extensamente de la explotación del cobre y en particular de la suerte que habrán de correr las reservas de Cuajone, consideradas entre las más ricas del mundo. Las negociaciones entre la Southern Perú Cooper Co., subsidiarla de la American Smelting, con vistas a la explotación por esa empresa de los yacimientos de Cuajone, vecinos a los de Toquepala, también en poder de la Southern, han provocado arduas discusiones en todos los niveles de la política peruana, dando lugar Incluso a una Inocultable tensión en las esferas militares y al resquebrajamiento del equipo de asesores y colaboradores técnicos y políticos del régimen.
POLÍTICA ECONÓMICA DEL RÉGIMEN
La decisión que adopte el gobierno peruano sobre Cuajone ha de definir con claridad la política económica fundamental de la Junta. Porque no obstante la fraseología revolucionarla y nacionalista y las reformas hasta hoy promulgadas, la principal de las cuales es la Reforma Agraria, en actual aplicación en las haciendas capitalistas norteñas y en algunas otras zonas del país, no existe duda alguna de que lo que define el rumbo del régimen es la política frente a las grandes empresas extranjeras, que explotan las principales riquezas naturales peruanas, y a la banca internacional, en cuyas manos se halla la crecida deuda externa.
Dos cuestiones decisivas ha tratado de resolver la Junta a propósito de su relación con el gran capital Internacional, con el objeto de normalizar la vida económica del país, seriamente afectada por la recesión impuesta por el imperialismo a partir de la nacionalización de las Instalaciones de la IPC: cómo alargar los plazos de vencimiento de los compromisos financieros que debe cumplir, y cómo dar seguridades a los Inversionistas extranjeros y promover el ingreso de capitales. El nuevo contrato con la Southern se encuadra dentro de estas exigencias.
Los afanes del Ministro de Economía y Finanzas han estado visiblemente orientados a alcanzar a toda costa la refinanciación de la deuda externa, lo que en principio ha sido ya logrado en la reciente reunión de Bruselas, aunque el gobierno aún debe abocarse a la negociación directa acreedor por acreedor para definir las condiciones concretas de los nuevos plazos e intereses. Pero la refinanciación de la deuda externa no se hubiera conseguido de no mediar suficientes muestras de respeto y seguridad a los Inversionistas extranjeros.
Esto ha significado "nacionalizar" la Compañía Peruana de Teléfonos, propiedad de la ITT, en condiciones tales que mejoran aquellas que el entreguista régimen belaundista estaba dispuesto a otorgar. Como también significa llegar a un acuerdo "mutuamente satisfactorio" con la Southern. A este respecto no deja de ser suficientemente explícito que el gobierno peruano haya publicado recientemente, en varias oportunidades, avisos pagados en diarios de EE. UU. y Europa, en los que destaca el ambiente de plenas garantías al inversionista extranjero, que existe en el Perú, señalando que la Southern ha decidido invertir ya 340 millones de dólares.
CONTINUISMO
Basta revisar someramente las condiciones en que se firmarla el acuerdo con la Southern para constatar la orientación económica continuista que ha adoptado la Junta, Incapaz hasta hoy de romper las tercas amarras de la dependencia. El contrato, según las propias declaraciones del régimen hechas públicas en su comunicado del 18 de noviembre, será suscrito en base a lo estipulado por el articulo 56 del Código de Minería, obra de la dictadura odriísta, fiel representante de la oligarquía proimperialista. Entre las múltiples ventajas que dicho artículo faculta al gobierno a conceder a las empresas que inviertan en la gran minería, podemos señalar:
- Se garantiza a las empresas extranjeras la Ubre disponibilidad de divisas "para el pago de los capitales invertidos, intereses, utilidades y para el pago de los servicios en el país y en el extranjero que se justifiquen".
- Se garantiza la libre disponibilidad en la venta de sus productos y derivados, en el país y en el exterior, conforme a las decisiones de la propia empresa.
- El plazo para la iniciación de las obras materia del contrato, será de 18 meses, prorrogables 6 más, contados a partir de la fecha del contrato.
- Durante la vigencia del contrato, el concesionario no podrá ser gravado con ningún otro impuesto o gravamen que el Impuesto a las utilidades y canon y sobrecanon territorial.
- Facultad de invertir una vez «pirado el plazo del contrato hasta el 90% de la utilidad neta de cada ejercicio, libre de todo impuesto, en la instalación de plantas de refinación y transformación de los productos metalúrgicos.
- Las condiciones de cada contrato estarán vigentes por el periodo requerido para la recuperación de la inversión inicial, que no podrá ser mayor de 10 años, prorrogables a 20 en caso de existir lenta recuperación del capital. Este periodo se contará a partir del inicio de la producción.
Dentro de estas condiciones, indudablemente lesivas para la soberanía del país, la entrega de los yacimientos cupríferos de Cuajone no conduce sino a acrecentar nuestra dependencia del Imperialismo. El precio de la descongelación del crédito internacional y de la inversión extranjera, no es solamente la postergación de las reformas sino su abandono total. SI bien el contrato definitivo puede establecer algunas mejoras con relación al contrato de Toquepala, la entrega de Cuajone cierra objetivamente paso al desarrollo capitalista independiente. En este terreno, como en la nacionalización de los teléfonos y en la refinanciación de la deuda externa, la Junta prosigue el camino trazado por el exministro belaundista Manuel Ulloa, típico representante de lo que se dio en llamar el "apro-carlismo", contra el cual se alzaran las Fuerzas Armadas, por su corrupción, entreguismo y traición a la política de reformas.
Mientras la derecha tradicional aplaude el "realismo" de la política económica de la Junta, es evidente el desconcierto de los escasos sectores nacionalistas que pugnan por impulsar una política estatista y nacionalizadora. El violento ataque del gobierno a la revista OIGA, vocero de la pequeña burguesía reformista, indica bien a las claras que el camino tomado no es improvisado. Tras el impacto inicial de las medidas reformistas de la Junta y su fraseología encendida y radical, lo que le ha otorgado una inobjetable Imagen positiva especialmente en el extranjero, su orientación real está dada por una política económica continuista y entreguista, que cuestiona inclusive sus declaradas intenciones desarrollistas burguesas.
REPRESIÓN, DEMAGOGIA Y REFORMAS
La actitud de los militares peruanos respecto al movimiento popular es también aspecto Importante del proceso reformista. Se conjugan dos tipos de medidas aparentemente contradictorios, pero que responden a una sola orientación básica. Represión contra el movimiento estudiantil, brutalmente encuadrado en un esquema autoritario y reaccionario, que niega el cogobierno y la autonomía universitaria, dando poder irrestricto a un pequeño grupo de autoridades; contra los sectores más combativos de la clase obrera y del pueblo, afectados por la congelación de haberes, el desempleo, el alza del costo de vida y la crónica insatisfacción de sus necesidades; contra los campesinos que Intentan intervenir activamente en la recuperación de sus propias tierras. Represión que ha causado hasta ahora varias decenas de muertos y mucho más numerosos heridos, en masacres como las de Huanta y Ayacucho, en Junio pasado. Y que corresponde perfectamente a la ideología castrense, típicamente vertical y violenta.
Pero, simultáneamente, la Junta procura atraerse el apoyo de algunos sectores Intelectuales, sindicales, campesinos y políticos. Ha Intentado ganar un apoyo popular propio, recurriendo a medidas efectistas y a la demagogia populista en barriadas, eventos deportivos y algunas provincias. El exitoso recorrido del presidente Velasco y su gabinete por varias ciudades norteñas al cumplirse el primer año de su gobierno, ha dado mayor confianza al régimen, aunque en última instancia parece ser que la movilización popular fue alcanzada con la intervención de activistas izquierdistas que apoyan condicionalmente a la Junta.
De esta manera, represión contra los sectores más beligerantes del pueblo y atracción de los más asequibles a la propaganda y demagogia burguesa, se combinan en el propósito juntista de controlar y regimentar el movimiento de masas. Se trata de alinear a las masas taras las banderas juntistas Justamente porque el movimiento popular ha amenazado repetidamente desbordar los estrechos marcos del sistema. Basta anotar la constante lucha campesina por la tierra, las movilizaciones estudiantiles, el alto índice de huelga, el impacto del movimiento guerrillero, para comprender el profundo temor de la burguesía a las movilizaciones masivas.
LA IZQUIERDA ANTE LA JUNTA
La izquierda peruana ante el fenómeno reformista se ha dividido en dos tendencias bien definidas. En primer lugar aquella caracterizada por las excesivas ilusiones en el "nacionalismo revolucionario". Apoyar al régimen, aunque con determinadas criticas parciales, ha sido la constante para estos grupos políticos, que van desde la participación directa en el asesoramiento y la disposición de las jugosas plazas estatales, hasta el intento de movilización popular a favor del gobierno, mediante campañas y organizaciones especialmente lanzadas para el efecto. Esta izquierda se ha sumado objetivamente a la empresa del desarrollo capitalista del país, tras la burguesía nacional y los sectores industriales de la gran burguesía.
La izquierda revolucionaria, por su parte, ha adoptado posiciones independientes de la Junta. Las varias organizaciones que la conforman, a pesar de las múltiples coincidencias a que han arribado, mantienen algunas diferencias de orden táctico y metodológico. Pero la total independencia de clase es la característica sustantiva de la izquierda revolucionaria. Se trata hoy de avanzar en la consolidación de una estructura político-militar, capaz de pelear exitosamente en las previsibles coyunturas revolucionarias del sistema. Necesidad indiscutible ante la progresiva derechización de la Junta, determinada por su política económica de corte continuista.
UN PROGRAMA REVOLUCIONARIO
La movilización de masas es por ahora limitada, aunque el proceso está creando excepcionales posibilidades para el futuro. Con un programa suficientemente amplio y dirigido a movilizar al pueblo contra los pilares básicos de la dependencia, la izquierda revolucionaria puede aprovechar esta coyuntura. Tal programa constarla forzosamente de los siguientes puntos, entre otros:
- Estatización de la explotación y refinación del cobre, recuperándose Toquepala y revisándose los contratos con las empresas yanquis.
- Estatización de la banca privada.
- Estatización del comercio exterior.
- Profundización de la Reforma Agraria, con participación activa de las masas campesinas.
- Alza general de sueldos y salarios.
- Nueva ley universitaria, que derogue la Ley 17.437 y dé salida a la crisis actual.
- Relaciones con todos los países del mundo, incluidos Cuba y todo el campo socialista.
Este programa refleja las aspiraciones de las grandes masas populares de lograr un desarrollo económico independiente y soberano así como da satisfacción a sus más urgentes reivindicaciones. Es posible que la izquierda revolucionaria pueda coincidir con sectores nacionalistas y democráticos en este propósito general. Pero de lo que no cabe duda es de que la aplicación de un programa de esta naturaleza, por un gobierno popular, conducirla inevitablemente a una profundización del proceso revolucionario, es decir al socialismo. Que en último análisis es la única alternativa esencial a la dominación imperialista, bajo su forma capitalista dependiente.
PERSPECTIVA REVOLUCIONARIA PARA UN MOVIMIENTO EN MARCHA
En nuestro país, la propia práctica histórica está llevando a una mejor comprensión de los problemas definitorios de la revolución. La experiencia reformista burguesa encarnada en la Junta, ha quebrado los esquemas tradicionales de pensamiento marxista. Cierto es que hoy más que nunca se hace indispensable desarrollar una teoría revolucionaria a la altura de las necesidades históricas. Pero se ha adelantado mucho en la comprensión de la inevitabilidad de la violencia revolucionaria, de la lucha armada y de la preparación de la vanguardia para esa perspectiva. Se ha avanzado también en la definición del objetivo socialista. Como se entiende mejor la importancia de ligarse activamente a las masas populares, manteniendo total independencia de clase de la burguesía.
En el Perú de fines de 1969, en plena experiencia reformista burguesa, que está destinada a modernizar y expandir el capitalismo en el país, afianzando una economía fundamentalmente radicada en las áreas urbanas, comprobamos también que surge vigorosamente una izquierda revolucionaria todavía dispersa y débilmente organizada, pero que tiene vocación de poder, y no de conciliación alguna. Obreros, campesinos, estudiantes, intelectuales, se han incorporado a la lucha social. La labor teórica y el talento organizador de José Carlos Mariátegui, como la esforzada lucha de quienes prosiguieron construyendo después de su muerte, hasta llegar a la experiencia sindicalista campesina de Hugo Blanco y al movimiento guerrillero que dirigieran Luis de la Puente y Guillermo Lobatón, han cimentado hondamente la ineluctable vía de la liberación nacional y social de nuestro pueblo: la revolución popular, con las armas en la mano, contra el imperialismo, la oligarquía y todos sus aliados y cómplices, que habrá de culminar en la nueva patria socialista.
RICARDO GADEA AGOSTA
Lima
───────────────────
PUNTO FINAL, Nº 95. 6 de enero de 1970.
El problema más candente de la política peruana actual, y a la vez el síntoma más peligroso, es el de la explotación del cobre.
En las semanas recientes las páginas de periódicos y revistas de todas las tendencias se han ocupado extensamente de la explotación del cobre y en particular de la suerte que habrán de correr las reservas de Cuajone, consideradas entre las más ricas del mundo. Las negociaciones entre la Southern Perú Cooper Co., subsidiarla de la American Smelting, con vistas a la explotación por esa empresa de los yacimientos de Cuajone, vecinos a los de Toquepala, también en poder de la Southern, han provocado arduas discusiones en todos los niveles de la política peruana, dando lugar Incluso a una Inocultable tensión en las esferas militares y al resquebrajamiento del equipo de asesores y colaboradores técnicos y políticos del régimen.
POLÍTICA ECONÓMICA DEL RÉGIMEN
La decisión que adopte el gobierno peruano sobre Cuajone ha de definir con claridad la política económica fundamental de la Junta. Porque no obstante la fraseología revolucionarla y nacionalista y las reformas hasta hoy promulgadas, la principal de las cuales es la Reforma Agraria, en actual aplicación en las haciendas capitalistas norteñas y en algunas otras zonas del país, no existe duda alguna de que lo que define el rumbo del régimen es la política frente a las grandes empresas extranjeras, que explotan las principales riquezas naturales peruanas, y a la banca internacional, en cuyas manos se halla la crecida deuda externa.
Dos cuestiones decisivas ha tratado de resolver la Junta a propósito de su relación con el gran capital Internacional, con el objeto de normalizar la vida económica del país, seriamente afectada por la recesión impuesta por el imperialismo a partir de la nacionalización de las Instalaciones de la IPC: cómo alargar los plazos de vencimiento de los compromisos financieros que debe cumplir, y cómo dar seguridades a los Inversionistas extranjeros y promover el ingreso de capitales. El nuevo contrato con la Southern se encuadra dentro de estas exigencias.
Los afanes del Ministro de Economía y Finanzas han estado visiblemente orientados a alcanzar a toda costa la refinanciación de la deuda externa, lo que en principio ha sido ya logrado en la reciente reunión de Bruselas, aunque el gobierno aún debe abocarse a la negociación directa acreedor por acreedor para definir las condiciones concretas de los nuevos plazos e intereses. Pero la refinanciación de la deuda externa no se hubiera conseguido de no mediar suficientes muestras de respeto y seguridad a los Inversionistas extranjeros.
Esto ha significado "nacionalizar" la Compañía Peruana de Teléfonos, propiedad de la ITT, en condiciones tales que mejoran aquellas que el entreguista régimen belaundista estaba dispuesto a otorgar. Como también significa llegar a un acuerdo "mutuamente satisfactorio" con la Southern. A este respecto no deja de ser suficientemente explícito que el gobierno peruano haya publicado recientemente, en varias oportunidades, avisos pagados en diarios de EE. UU. y Europa, en los que destaca el ambiente de plenas garantías al inversionista extranjero, que existe en el Perú, señalando que la Southern ha decidido invertir ya 340 millones de dólares.
CONTINUISMO
Basta revisar someramente las condiciones en que se firmarla el acuerdo con la Southern para constatar la orientación económica continuista que ha adoptado la Junta, Incapaz hasta hoy de romper las tercas amarras de la dependencia. El contrato, según las propias declaraciones del régimen hechas públicas en su comunicado del 18 de noviembre, será suscrito en base a lo estipulado por el articulo 56 del Código de Minería, obra de la dictadura odriísta, fiel representante de la oligarquía proimperialista. Entre las múltiples ventajas que dicho artículo faculta al gobierno a conceder a las empresas que inviertan en la gran minería, podemos señalar:
- Se garantiza a las empresas extranjeras la Ubre disponibilidad de divisas "para el pago de los capitales invertidos, intereses, utilidades y para el pago de los servicios en el país y en el extranjero que se justifiquen".
- Se garantiza la libre disponibilidad en la venta de sus productos y derivados, en el país y en el exterior, conforme a las decisiones de la propia empresa.
- El plazo para la iniciación de las obras materia del contrato, será de 18 meses, prorrogables 6 más, contados a partir de la fecha del contrato.
- Durante la vigencia del contrato, el concesionario no podrá ser gravado con ningún otro impuesto o gravamen que el Impuesto a las utilidades y canon y sobrecanon territorial.
- Facultad de invertir una vez «pirado el plazo del contrato hasta el 90% de la utilidad neta de cada ejercicio, libre de todo impuesto, en la instalación de plantas de refinación y transformación de los productos metalúrgicos.
- Las condiciones de cada contrato estarán vigentes por el periodo requerido para la recuperación de la inversión inicial, que no podrá ser mayor de 10 años, prorrogables a 20 en caso de existir lenta recuperación del capital. Este periodo se contará a partir del inicio de la producción.
Dentro de estas condiciones, indudablemente lesivas para la soberanía del país, la entrega de los yacimientos cupríferos de Cuajone no conduce sino a acrecentar nuestra dependencia del Imperialismo. El precio de la descongelación del crédito internacional y de la inversión extranjera, no es solamente la postergación de las reformas sino su abandono total. SI bien el contrato definitivo puede establecer algunas mejoras con relación al contrato de Toquepala, la entrega de Cuajone cierra objetivamente paso al desarrollo capitalista independiente. En este terreno, como en la nacionalización de los teléfonos y en la refinanciación de la deuda externa, la Junta prosigue el camino trazado por el exministro belaundista Manuel Ulloa, típico representante de lo que se dio en llamar el "apro-carlismo", contra el cual se alzaran las Fuerzas Armadas, por su corrupción, entreguismo y traición a la política de reformas.
Mientras la derecha tradicional aplaude el "realismo" de la política económica de la Junta, es evidente el desconcierto de los escasos sectores nacionalistas que pugnan por impulsar una política estatista y nacionalizadora. El violento ataque del gobierno a la revista OIGA, vocero de la pequeña burguesía reformista, indica bien a las claras que el camino tomado no es improvisado. Tras el impacto inicial de las medidas reformistas de la Junta y su fraseología encendida y radical, lo que le ha otorgado una inobjetable Imagen positiva especialmente en el extranjero, su orientación real está dada por una política económica continuista y entreguista, que cuestiona inclusive sus declaradas intenciones desarrollistas burguesas.
REPRESIÓN, DEMAGOGIA Y REFORMAS
La actitud de los militares peruanos respecto al movimiento popular es también aspecto Importante del proceso reformista. Se conjugan dos tipos de medidas aparentemente contradictorios, pero que responden a una sola orientación básica. Represión contra el movimiento estudiantil, brutalmente encuadrado en un esquema autoritario y reaccionario, que niega el cogobierno y la autonomía universitaria, dando poder irrestricto a un pequeño grupo de autoridades; contra los sectores más combativos de la clase obrera y del pueblo, afectados por la congelación de haberes, el desempleo, el alza del costo de vida y la crónica insatisfacción de sus necesidades; contra los campesinos que Intentan intervenir activamente en la recuperación de sus propias tierras. Represión que ha causado hasta ahora varias decenas de muertos y mucho más numerosos heridos, en masacres como las de Huanta y Ayacucho, en Junio pasado. Y que corresponde perfectamente a la ideología castrense, típicamente vertical y violenta.
Pero, simultáneamente, la Junta procura atraerse el apoyo de algunos sectores Intelectuales, sindicales, campesinos y políticos. Ha Intentado ganar un apoyo popular propio, recurriendo a medidas efectistas y a la demagogia populista en barriadas, eventos deportivos y algunas provincias. El exitoso recorrido del presidente Velasco y su gabinete por varias ciudades norteñas al cumplirse el primer año de su gobierno, ha dado mayor confianza al régimen, aunque en última instancia parece ser que la movilización popular fue alcanzada con la intervención de activistas izquierdistas que apoyan condicionalmente a la Junta.
De esta manera, represión contra los sectores más beligerantes del pueblo y atracción de los más asequibles a la propaganda y demagogia burguesa, se combinan en el propósito juntista de controlar y regimentar el movimiento de masas. Se trata de alinear a las masas taras las banderas juntistas Justamente porque el movimiento popular ha amenazado repetidamente desbordar los estrechos marcos del sistema. Basta anotar la constante lucha campesina por la tierra, las movilizaciones estudiantiles, el alto índice de huelga, el impacto del movimiento guerrillero, para comprender el profundo temor de la burguesía a las movilizaciones masivas.
LA IZQUIERDA ANTE LA JUNTA
La izquierda peruana ante el fenómeno reformista se ha dividido en dos tendencias bien definidas. En primer lugar aquella caracterizada por las excesivas ilusiones en el "nacionalismo revolucionario". Apoyar al régimen, aunque con determinadas criticas parciales, ha sido la constante para estos grupos políticos, que van desde la participación directa en el asesoramiento y la disposición de las jugosas plazas estatales, hasta el intento de movilización popular a favor del gobierno, mediante campañas y organizaciones especialmente lanzadas para el efecto. Esta izquierda se ha sumado objetivamente a la empresa del desarrollo capitalista del país, tras la burguesía nacional y los sectores industriales de la gran burguesía.
La izquierda revolucionaria, por su parte, ha adoptado posiciones independientes de la Junta. Las varias organizaciones que la conforman, a pesar de las múltiples coincidencias a que han arribado, mantienen algunas diferencias de orden táctico y metodológico. Pero la total independencia de clase es la característica sustantiva de la izquierda revolucionaria. Se trata hoy de avanzar en la consolidación de una estructura político-militar, capaz de pelear exitosamente en las previsibles coyunturas revolucionarias del sistema. Necesidad indiscutible ante la progresiva derechización de la Junta, determinada por su política económica de corte continuista.
UN PROGRAMA REVOLUCIONARIO
La movilización de masas es por ahora limitada, aunque el proceso está creando excepcionales posibilidades para el futuro. Con un programa suficientemente amplio y dirigido a movilizar al pueblo contra los pilares básicos de la dependencia, la izquierda revolucionaria puede aprovechar esta coyuntura. Tal programa constarla forzosamente de los siguientes puntos, entre otros:
- Estatización de la explotación y refinación del cobre, recuperándose Toquepala y revisándose los contratos con las empresas yanquis.
- Estatización de la banca privada.
- Estatización del comercio exterior.
- Profundización de la Reforma Agraria, con participación activa de las masas campesinas.
- Alza general de sueldos y salarios.
- Nueva ley universitaria, que derogue la Ley 17.437 y dé salida a la crisis actual.
- Relaciones con todos los países del mundo, incluidos Cuba y todo el campo socialista.
Este programa refleja las aspiraciones de las grandes masas populares de lograr un desarrollo económico independiente y soberano así como da satisfacción a sus más urgentes reivindicaciones. Es posible que la izquierda revolucionaria pueda coincidir con sectores nacionalistas y democráticos en este propósito general. Pero de lo que no cabe duda es de que la aplicación de un programa de esta naturaleza, por un gobierno popular, conducirla inevitablemente a una profundización del proceso revolucionario, es decir al socialismo. Que en último análisis es la única alternativa esencial a la dominación imperialista, bajo su forma capitalista dependiente.
PERSPECTIVA REVOLUCIONARIA PARA UN MOVIMIENTO EN MARCHA
En nuestro país, la propia práctica histórica está llevando a una mejor comprensión de los problemas definitorios de la revolución. La experiencia reformista burguesa encarnada en la Junta, ha quebrado los esquemas tradicionales de pensamiento marxista. Cierto es que hoy más que nunca se hace indispensable desarrollar una teoría revolucionaria a la altura de las necesidades históricas. Pero se ha adelantado mucho en la comprensión de la inevitabilidad de la violencia revolucionaria, de la lucha armada y de la preparación de la vanguardia para esa perspectiva. Se ha avanzado también en la definición del objetivo socialista. Como se entiende mejor la importancia de ligarse activamente a las masas populares, manteniendo total independencia de clase de la burguesía.
En el Perú de fines de 1969, en plena experiencia reformista burguesa, que está destinada a modernizar y expandir el capitalismo en el país, afianzando una economía fundamentalmente radicada en las áreas urbanas, comprobamos también que surge vigorosamente una izquierda revolucionaria todavía dispersa y débilmente organizada, pero que tiene vocación de poder, y no de conciliación alguna. Obreros, campesinos, estudiantes, intelectuales, se han incorporado a la lucha social. La labor teórica y el talento organizador de José Carlos Mariátegui, como la esforzada lucha de quienes prosiguieron construyendo después de su muerte, hasta llegar a la experiencia sindicalista campesina de Hugo Blanco y al movimiento guerrillero que dirigieran Luis de la Puente y Guillermo Lobatón, han cimentado hondamente la ineluctable vía de la liberación nacional y social de nuestro pueblo: la revolución popular, con las armas en la mano, contra el imperialismo, la oligarquía y todos sus aliados y cómplices, que habrá de culminar en la nueva patria socialista.
RICARDO GADEA AGOSTA
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PUNTO FINAL, Nº 95. 6 de enero de 1970.