Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Organización
Fecha
2010-02-28
Categoría
Comunicado
Fichero Adjunto
Frente al terremoto que sufrió nuestro país
FRENTE AL TERREMOTO QUE SUFRIÓ NUESTRO PAÍS
A los trabajadores y al pueblo de Chile
A nuestros simpatizantes y colaboradores, al pueblo mirista
A nuestros militantes
Como ya se ha conocido en todo el mundo, la madrugada del sábado 27 de febrero se ha producido un terremoto en nuestro país, cuya magnitud se ha medido en un 8.8 según la escala Richter (destrucción total en comunidades cercanas). Este movimiento telúrico se ha convertido en uno de los más devastadores desde que se cuenta con registros mundiales, y ya la suma de personas fallecidas supera las 700 a lo largo del territorio nacional, no teniéndose siquiera un estimado real de cuántas personas se encuentran desaparecidas, principalmente en las zonas costeras de las regiones del Maule y Biobío, debido al maremoto que siguió al fuerte sismo.
El terremoto ha revelado de la manera más brutal, las cadenas de intereses relacionados de quienes participan del régimen político y económico dominante. A pesar de que creemos que lo que más se necesita en estos momentos son acciones concretas, por pequeñas que estas sean, de solidaridad con las personas, familias y comunidades más afectadas por el terremoto, consideramos igualmente necesario puntualizar lo siguiente:
1. Viejas carreteras y puentes de factura estatal han resistido el terremoto. Las nuevas autopistas del capital, no. Las autopistas privatizadas durante los gobiernos de la Concertación, propagandizadas como ejemplo de inversiones público-privadas, no resistieron un solo movimiento sísmico y están destruidas. A pesar de los millonarios subsidios estatales, a pesar de los negociados contractuales, a pesar de los cobros diarios a sus usuarios, se han venido abajo pasos sobre nivel, terraplenes, pasarelas peatonales y puentes, matando a varias personas e hiriendo muchas más, cortando al país e incomunicándolo por vía terrestre, dejando a miles de familias varadas y sin poder llegar donde sus seres queridos.
2. La DC, desde su feudo del Ministerio de Vivienda, dejó tal estela de escándalos, corrupción y negligencias en la edificación de viviendas sociales, que la Concertación terminó privatizando la política de vivienda social, y ahora, con el terremoto, conjuntos de vivienda social están siendo desalojados en distintos puntos del país por peligrosos y aparecen las consecuencias de la fiebre especulativa de las nuevas construcciones de las inmobiliarias, subsidiadas directa e indirectamente por las políticas gubernamentales, y que han permitido el enriquecimiento de connotadas figuras de la Concertación y la Derecha: Conjuntos habitacionales completos para las clases medias, están con graves problemas estructurales y a punto de derrumbarse, o ya se han venido abajo como una torre de 15 pisos en Concepción, matando o dejando atrapados a más de un centenar de sus moradores. Y es que en el capitalismo inmobiliario el negocio no es construir, sino acumular capital, y para eso vale rebajar la calidad de la construcción, vale bajar la calidad de los materiales, vale falsear los informes técnicos y coimear a los fiscalizadores. Todo vale.
3. Importantes instituciones del Estado han funcionado lento y han funcionado mal.
El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) ha cometido una negligencia criminal al no saber interpretar su propio instrumental y entregar una información equivocada a la ONEMI respecto a la alerta de maremoto, dejando indefensas a las poblaciones costeras e insulares de nuestro país, que han sido las más golpeadas por esta catástrofe en términos de la cantidad de heridos, muertos, desaparecidos y damnificados, provocando en el gobierno una demora de casi 24 horas en reconocer la ocurrencia de un maremoto en las costas de Constitución, Iloca, Pelluhue, Curanipe, Talcahuano, Concepcion, Contulmo, Juan Fernández, etc., y por lo tanto, retardando el envío de auxilio a los sobrevivientes.
Por otra parte, a pesar de los años que el Estado de Chile ha financiado por distintas vías el desarrollo conjunto entre el Ejército y la ONEMI de la parafernalia del Sistema de Simulación para la Gestión y Entrenamiento de Situaciones de Emergencias (SIGEN, entonces a cargo del recién nombrado jefe militar de la Región del Maule, General Bosco Pesse Quappe,) y el Sistema de Entrenamiento de Gestión ante Situaciones de Emergencia (SEGIO), a pesar de las horas de ejercicios de simulación llevados a cabo en más de una oportunidad para desarrollar un modelo eficaz de intervención ante catástrofes, la lentitud y falta de coordinación entre el gobierno central (ONEMI) y entre las diversas instituciones del Estado, ha provocado que vastas zonas del país hayan quedado completamente aisladas, sin agua, sin electricidad, sin alimentos, sin elementos de abrigo e incluso ahora, sin combustibles, situación que se complica a medida que pasa el tiempo. A pesar de contar con todos los recursos financieros, materiales, humanos y legales, la ayuda no llega donde debe llegar: al pueblo. No se restituyen los servicios básicos y no se ha organizado la distribución de agua y alimentos a quienes los necesitan.
4. Con el correr de las horas, el terremoto muestra realmente a quienes afecta finalmente...a los pobres.
En la Región del Biobío, una de las más pobres del país, donde la cesantía llega al 10,4% de los trabajadores y donde la mayoría de quienes tienen empleos sólo alcanzan a salvar el día, sin agua potable, sin electricidad, sin alimentos, sin poder regresar a sus casas muchos de ellos y sin ropa de abrigo, donde los especuladores de la miseria están vendiendo el pan a $3.500 pesos y el agua a $1.000 el litro, los pobladores se han dirigido a romper las barreras de acceso a supermercados para obtener los productos necesarios para sobrevivir o para vender o intercambiar por otros: agua, leche, pañales, harina, alimentos. Situaciones similares se han dado en la zona norte de la Región Metropolitana, en Renca, en Quilicura, en Conchalí.
Han sido las mujeres quienes han iniciado el movimiento, como tantas veces en nuestra historia: por sus hijos, por sus familias. Aunque algunas bandas de delincuentes han acudido organizadamente al saqueo de tiendas para lucrar en forma descarada con la situación desesperada del pueblo, la realidad es evidente: la ayuda del Estado no está llegando o lo está haciendo en forma insuficiente para cubrir las necesidades apremiantes del pueblo. El pueblo está respondiendo instintivamente y está recuperando lo que necesita para sobrevivir. No han perjudicado a pequeños propietarios y comerciantes, sino que se han dirigido directamente a los grandes supermercados y distribuidoras como Líder y Santa Isabel.
A las drásticas alzas de precios de 2008, producto de la mala gestión del gobierno; a la crisis de desempleo que generaron los malos manejos empresariales y gubernamentales, que afectaron a cerca de un millón de trabajadores y sus familias el 2009, se terminan de sumar ahora un terremoto y un maremoto, dejando a cerca de dos millones de familias afectadas directamente. En estas condiciones, nadie puede seguir esperando que el pueblo reaccione pasivamente.
5. Por esto, bastó que el pueblo recurriera a la acción directa buscando resolver sus necesidades vitales, para que los dueños del poder y la riqueza encendieran las luces de alarma.
Jacqueline van Rysselberghe (UDI), Alcaldesa de Concepción, desde temprano solicitaba la intervención militar, al igual que el presidente electo, Sebastián Piñera. Más tarde, hasta el Palacio La Moneda llegaron el director de Supermercados del Sur, Gonzalo Dulanto, el gerente general de D&S Wal-Mart (Líder), Enrique Ostalé, Horst Paulmann, dueño de Cencosud (Jumbo) y un representante de Unimarc. Casi por arte de magia, el gobierno decidió decretar el Estado de Catástrofe, que es un estado de excepción que permite suspender garantías constitucionales y derechos fundamentales, sin necesidad de tener que recurrir a la aprobación del Congreso, a la vez que el Ministro de Defensa informó que serían movilizados 10.000 efectivos militares.
Aquellos recursos logísticos que por más de doce horas no estuvieron disponibles para las víctimas del terremoto, fueron liberados para proteger los intereses del empresariado y el "orden" dentro de los límites del centro de la ciudad de Concepción. Ningún militar será destinado a defender los pocos bienes de los pobres, a merced del lumpen en las poblaciones, o a reprimir a los especuladores.
El gobierno de Bachelet, de esta manera, no sólo termina siendo el más represivo de todos los gobiernos de la Concertación; no sólo termina siendo el gobierno que facilitó el regreso de la derecha al gobierno, sino que también termina entregando el control de las regiones del Maule y Biobío a los militares, e imponiendo el primer toque de queda desde el inicio de la transición a la democracia restringida, medida que regirá en principio en la Región del Bíobío, entre las 21:00 y 6:00 horas.
Frente a esta situación, los militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) estamos completamente de acuerdo en la necesidad, legitimidad y justeza de que el pueblo abra las puertas de los supermercados, distribuidoras y grandes centros comerciales y recupere para sí los productos de primera necesidad que contribuyan a paliar en algo los efectos del terremoto que nuestro país ha sufrido. Donde nuestros militantes puedan ser parte activa de ese proceso, deben incorporarse a la brevedad.
Estamos de acuerdo con la actuación organizada y coordinada de los pobladores en la recuperación y distribución de agua, alimentos, vestimenta y elementos de abrigo en las regiones, zonas, comunas y localidades más afectadas por la catástrofe, pero no podemos estar de acuerdo en que grupos de delincuentes y especuladores intenten tomar control de los productos de primera necesidad y su valor. No podemos permitir que bandas organizadas lo tomen todo y no quede nada para el que en este momento perdió su casa y esta en la calle. La ley de la selva no puede reinar en las poblaciones pobres que han sido golpeadas duramente en nuestro país, y los militares no son quienes van a imponer el orden en ellas, porque ellos han llegado nuevamente a proteger solamente los intereses de las clases dominantes y el "orden público" de los dueños del poder y la riqueza.
Esa es una tarea que deben asumir los pobladores mismos.
Por esto, llamamos a las organizaciones revolucionarias, al conjunto de las organizaciones de la izquierda, a participar activamente en la organización de las poblaciones más golpeadas por el terremoto y prepararse frente a la falta de bienes de primera necesidad que comienza a visualizarse.
Llamamos a las organizaciones revolucionarias y al conjunto de las organizaciones de la izquierda a defender a la población, a combatir la especulación con las necesidades del pueblo y el aprovechamiento de bandas delictuales.
Llamamos a las organizaciones revolucionarias y al conjunto de las organizaciones de la izquierda, a contribuir, en la medida de sus posibilidades, al levantamiento de una plataforma de lucha de emergencia que permita articular las luchas y demandas de un amplio sector de trabajadores y pobladores.
¡Ante el desamparo del Gobierno Burgués, el pueblo a la Calle!
¡EXPROPIAR a los explotadores ES UN DERECHO POPULAR!
¡Los revolucionarios en Primera Fila en la recuperación y distribución de alimentos, agua potable, y vestimenta!
¡Es luchando como avanza el pueblo!
Movimiento de Izquierda Revolucionaria
MIR de Chile
Danilo Neira
28 de Febrero del 2010
A los trabajadores y al pueblo de Chile
A nuestros simpatizantes y colaboradores, al pueblo mirista
A nuestros militantes
Como ya se ha conocido en todo el mundo, la madrugada del sábado 27 de febrero se ha producido un terremoto en nuestro país, cuya magnitud se ha medido en un 8.8 según la escala Richter (destrucción total en comunidades cercanas). Este movimiento telúrico se ha convertido en uno de los más devastadores desde que se cuenta con registros mundiales, y ya la suma de personas fallecidas supera las 700 a lo largo del territorio nacional, no teniéndose siquiera un estimado real de cuántas personas se encuentran desaparecidas, principalmente en las zonas costeras de las regiones del Maule y Biobío, debido al maremoto que siguió al fuerte sismo.
El terremoto ha revelado de la manera más brutal, las cadenas de intereses relacionados de quienes participan del régimen político y económico dominante. A pesar de que creemos que lo que más se necesita en estos momentos son acciones concretas, por pequeñas que estas sean, de solidaridad con las personas, familias y comunidades más afectadas por el terremoto, consideramos igualmente necesario puntualizar lo siguiente:
1. Viejas carreteras y puentes de factura estatal han resistido el terremoto. Las nuevas autopistas del capital, no. Las autopistas privatizadas durante los gobiernos de la Concertación, propagandizadas como ejemplo de inversiones público-privadas, no resistieron un solo movimiento sísmico y están destruidas. A pesar de los millonarios subsidios estatales, a pesar de los negociados contractuales, a pesar de los cobros diarios a sus usuarios, se han venido abajo pasos sobre nivel, terraplenes, pasarelas peatonales y puentes, matando a varias personas e hiriendo muchas más, cortando al país e incomunicándolo por vía terrestre, dejando a miles de familias varadas y sin poder llegar donde sus seres queridos.
2. La DC, desde su feudo del Ministerio de Vivienda, dejó tal estela de escándalos, corrupción y negligencias en la edificación de viviendas sociales, que la Concertación terminó privatizando la política de vivienda social, y ahora, con el terremoto, conjuntos de vivienda social están siendo desalojados en distintos puntos del país por peligrosos y aparecen las consecuencias de la fiebre especulativa de las nuevas construcciones de las inmobiliarias, subsidiadas directa e indirectamente por las políticas gubernamentales, y que han permitido el enriquecimiento de connotadas figuras de la Concertación y la Derecha: Conjuntos habitacionales completos para las clases medias, están con graves problemas estructurales y a punto de derrumbarse, o ya se han venido abajo como una torre de 15 pisos en Concepción, matando o dejando atrapados a más de un centenar de sus moradores. Y es que en el capitalismo inmobiliario el negocio no es construir, sino acumular capital, y para eso vale rebajar la calidad de la construcción, vale bajar la calidad de los materiales, vale falsear los informes técnicos y coimear a los fiscalizadores. Todo vale.
3. Importantes instituciones del Estado han funcionado lento y han funcionado mal.
El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) ha cometido una negligencia criminal al no saber interpretar su propio instrumental y entregar una información equivocada a la ONEMI respecto a la alerta de maremoto, dejando indefensas a las poblaciones costeras e insulares de nuestro país, que han sido las más golpeadas por esta catástrofe en términos de la cantidad de heridos, muertos, desaparecidos y damnificados, provocando en el gobierno una demora de casi 24 horas en reconocer la ocurrencia de un maremoto en las costas de Constitución, Iloca, Pelluhue, Curanipe, Talcahuano, Concepcion, Contulmo, Juan Fernández, etc., y por lo tanto, retardando el envío de auxilio a los sobrevivientes.
Por otra parte, a pesar de los años que el Estado de Chile ha financiado por distintas vías el desarrollo conjunto entre el Ejército y la ONEMI de la parafernalia del Sistema de Simulación para la Gestión y Entrenamiento de Situaciones de Emergencias (SIGEN, entonces a cargo del recién nombrado jefe militar de la Región del Maule, General Bosco Pesse Quappe,) y el Sistema de Entrenamiento de Gestión ante Situaciones de Emergencia (SEGIO), a pesar de las horas de ejercicios de simulación llevados a cabo en más de una oportunidad para desarrollar un modelo eficaz de intervención ante catástrofes, la lentitud y falta de coordinación entre el gobierno central (ONEMI) y entre las diversas instituciones del Estado, ha provocado que vastas zonas del país hayan quedado completamente aisladas, sin agua, sin electricidad, sin alimentos, sin elementos de abrigo e incluso ahora, sin combustibles, situación que se complica a medida que pasa el tiempo. A pesar de contar con todos los recursos financieros, materiales, humanos y legales, la ayuda no llega donde debe llegar: al pueblo. No se restituyen los servicios básicos y no se ha organizado la distribución de agua y alimentos a quienes los necesitan.
4. Con el correr de las horas, el terremoto muestra realmente a quienes afecta finalmente...a los pobres.
En la Región del Biobío, una de las más pobres del país, donde la cesantía llega al 10,4% de los trabajadores y donde la mayoría de quienes tienen empleos sólo alcanzan a salvar el día, sin agua potable, sin electricidad, sin alimentos, sin poder regresar a sus casas muchos de ellos y sin ropa de abrigo, donde los especuladores de la miseria están vendiendo el pan a $3.500 pesos y el agua a $1.000 el litro, los pobladores se han dirigido a romper las barreras de acceso a supermercados para obtener los productos necesarios para sobrevivir o para vender o intercambiar por otros: agua, leche, pañales, harina, alimentos. Situaciones similares se han dado en la zona norte de la Región Metropolitana, en Renca, en Quilicura, en Conchalí.
Han sido las mujeres quienes han iniciado el movimiento, como tantas veces en nuestra historia: por sus hijos, por sus familias. Aunque algunas bandas de delincuentes han acudido organizadamente al saqueo de tiendas para lucrar en forma descarada con la situación desesperada del pueblo, la realidad es evidente: la ayuda del Estado no está llegando o lo está haciendo en forma insuficiente para cubrir las necesidades apremiantes del pueblo. El pueblo está respondiendo instintivamente y está recuperando lo que necesita para sobrevivir. No han perjudicado a pequeños propietarios y comerciantes, sino que se han dirigido directamente a los grandes supermercados y distribuidoras como Líder y Santa Isabel.
A las drásticas alzas de precios de 2008, producto de la mala gestión del gobierno; a la crisis de desempleo que generaron los malos manejos empresariales y gubernamentales, que afectaron a cerca de un millón de trabajadores y sus familias el 2009, se terminan de sumar ahora un terremoto y un maremoto, dejando a cerca de dos millones de familias afectadas directamente. En estas condiciones, nadie puede seguir esperando que el pueblo reaccione pasivamente.
5. Por esto, bastó que el pueblo recurriera a la acción directa buscando resolver sus necesidades vitales, para que los dueños del poder y la riqueza encendieran las luces de alarma.
Jacqueline van Rysselberghe (UDI), Alcaldesa de Concepción, desde temprano solicitaba la intervención militar, al igual que el presidente electo, Sebastián Piñera. Más tarde, hasta el Palacio La Moneda llegaron el director de Supermercados del Sur, Gonzalo Dulanto, el gerente general de D&S Wal-Mart (Líder), Enrique Ostalé, Horst Paulmann, dueño de Cencosud (Jumbo) y un representante de Unimarc. Casi por arte de magia, el gobierno decidió decretar el Estado de Catástrofe, que es un estado de excepción que permite suspender garantías constitucionales y derechos fundamentales, sin necesidad de tener que recurrir a la aprobación del Congreso, a la vez que el Ministro de Defensa informó que serían movilizados 10.000 efectivos militares.
Aquellos recursos logísticos que por más de doce horas no estuvieron disponibles para las víctimas del terremoto, fueron liberados para proteger los intereses del empresariado y el "orden" dentro de los límites del centro de la ciudad de Concepción. Ningún militar será destinado a defender los pocos bienes de los pobres, a merced del lumpen en las poblaciones, o a reprimir a los especuladores.
El gobierno de Bachelet, de esta manera, no sólo termina siendo el más represivo de todos los gobiernos de la Concertación; no sólo termina siendo el gobierno que facilitó el regreso de la derecha al gobierno, sino que también termina entregando el control de las regiones del Maule y Biobío a los militares, e imponiendo el primer toque de queda desde el inicio de la transición a la democracia restringida, medida que regirá en principio en la Región del Bíobío, entre las 21:00 y 6:00 horas.
Frente a esta situación, los militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) estamos completamente de acuerdo en la necesidad, legitimidad y justeza de que el pueblo abra las puertas de los supermercados, distribuidoras y grandes centros comerciales y recupere para sí los productos de primera necesidad que contribuyan a paliar en algo los efectos del terremoto que nuestro país ha sufrido. Donde nuestros militantes puedan ser parte activa de ese proceso, deben incorporarse a la brevedad.
Estamos de acuerdo con la actuación organizada y coordinada de los pobladores en la recuperación y distribución de agua, alimentos, vestimenta y elementos de abrigo en las regiones, zonas, comunas y localidades más afectadas por la catástrofe, pero no podemos estar de acuerdo en que grupos de delincuentes y especuladores intenten tomar control de los productos de primera necesidad y su valor. No podemos permitir que bandas organizadas lo tomen todo y no quede nada para el que en este momento perdió su casa y esta en la calle. La ley de la selva no puede reinar en las poblaciones pobres que han sido golpeadas duramente en nuestro país, y los militares no son quienes van a imponer el orden en ellas, porque ellos han llegado nuevamente a proteger solamente los intereses de las clases dominantes y el "orden público" de los dueños del poder y la riqueza.
Esa es una tarea que deben asumir los pobladores mismos.
Por esto, llamamos a las organizaciones revolucionarias, al conjunto de las organizaciones de la izquierda, a participar activamente en la organización de las poblaciones más golpeadas por el terremoto y prepararse frente a la falta de bienes de primera necesidad que comienza a visualizarse.
Llamamos a las organizaciones revolucionarias y al conjunto de las organizaciones de la izquierda a defender a la población, a combatir la especulación con las necesidades del pueblo y el aprovechamiento de bandas delictuales.
Llamamos a las organizaciones revolucionarias y al conjunto de las organizaciones de la izquierda, a contribuir, en la medida de sus posibilidades, al levantamiento de una plataforma de lucha de emergencia que permita articular las luchas y demandas de un amplio sector de trabajadores y pobladores.
¡Ante el desamparo del Gobierno Burgués, el pueblo a la Calle!
¡EXPROPIAR a los explotadores ES UN DERECHO POPULAR!
¡Los revolucionarios en Primera Fila en la recuperación y distribución de alimentos, agua potable, y vestimenta!
¡Es luchando como avanza el pueblo!
Movimiento de Izquierda Revolucionaria
MIR de Chile
Danilo Neira
28 de Febrero del 2010