Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Organización
Fecha
2010-02-01
Categoría
Comunicado
Colombia: el destrozo de 8 años de Seguridad Democrática
COLOMBIA: EL DESTROZO DE 8 AÑOS DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA
Sí algo tenemos claro en Colombia es que los “políticos” que aspiran a la presidencia de esta maltrecha patria nunca pretenden resolver las grandes necesidades y problemas del país. No podría ser de otro modo si entendemos el histórico sentido del poder político en nuestra nación; obtener un cargo público se traduce en todas sus esferas en la oportunidad idónea para alcanzar la fortuna familiar, el posicionamiento y prestigio social, el pago de favores políticos y militares a quienes ayudaron en su propósito (empresarios, medios de comunicación, multinacionales, narcotraficantes, paramilitares, burguesía, etc.), en síntesis, las tradicionales aspiraciones al poder en Colombia configuran el sistema de desigualdad social, política, económica, cultural y humana que la oligarquía ha generado y necesita para mantener su posición.
Este panorama ha tenido y sigue teniendo vigencia en manejos de gobierno como la actual política de Seguridad Democrática, que con total cinismo se muestra como el logro del presidente Álvaro Uribe en contra de la insurgencia. Estas palabras demuestran el fracaso de su propósito, pero las mismas le reconocen éxito en la promulgación de políticas que benefician y protegen los intereses de las poderosas familias, empresas, corporaciones y mafias que siempre han manejado a su antojo el país; la emergencia social, Agro Ingreso Seguro, las zonas francas, las multimillonarias licitaciones del INCO, los incondicionales permisos a compañías extranjeras para la explotación de recursos nacionales, la legislación amañada en beneficio propio, la legitimación política y militar del paramilitarismo, la persecución a la oposición han sido medidas exitosas para sumir al país en un estado de desesperanza y ruina, en donde las capas sociales más pobres, vulnerables y excluidas siguen cargando el mayor peso.
En este escenario, nunca antes igualado por lacayo alguno, se promovió la promulgada “confianza inversionista de Uribe”, o mejor, la entrega de los recursos naturales, empresas, bienes y servicios nacionales para que los conglomerados económicos aumentaran su riqueza y status quo, en contra de los intereses del país y del patrimonio económico de los colombianos. La salud resultó ser otro de los negocios rentables que no podían ser desaprovechados por el presidente, quien siendo senador de la república en el año 1.993 promulgó la famosa ley 100 creadora de las llamadas EPS (Entidades Promotoras de Salud); convertidas hoy en poderosas empresas económicas con crecimientos patrimoniales que las ubican entre las 10 empresas más ricas del país, como es el caso de Saludcoop y Coomeva.
Mientras que cada año estos pulpos de la salud siguen engrosando sus arcas y ganando miles de millones de pesos, los colombianos de a pie tienen cada vez más restringido su derecho a la salud y a la vida. La respuesta del gobierno ante la muerte de miles de colombianos que terminaron sus vidas en la entrada de los hospitales suplicando por atención médica, fue la modificación del POS (Plan Obligatorio de Salud), no en beneficio de los pacientes sino de las empresas que les vendieran los servicios. Hoy estas medidas presidenciales imponen al enfermo el pago de procedimientos o medicinas que no cubra el POS, descontándolos de sus cesantías si las tiene o a través de préstamos en bancos si los logra.
Es inamisible que las EPS se queden con el 30% de las ganancias sobre los dineros que se destinan para la salud de los colombianos, es inconcebible que para diseñar los decretos de esta supuesta emergencia social el ministerio de Protección Social en cabeza de Diego Palacio contratara a miembros de las mismas EPS, directas beneficiadas de esta reforma. ¡Qué podría esperar el país del ministro Diego Palacio, implicado en el caso de Yidis Medina y la compra de votos para que pasara en el congreso la primera reelección del presidente Álvaro Uribe!
Ninguno de estos atropellos en contra del pueblo ni mucho menos los abusos de poder del presidente Uribe poseen justificación alguna. Mientras que impuestos como el del Patrimonio tienen como único y exclusivo destino a la guerra de los ricos para cuidar sus bienes, aumentar sus riquezas, viajar a sus fincas para montar en sus costosos caballos y participar junto a la “sociedad de bien” en brutales corridas de toros, este estado de total gozo y plenitud se contrasta con la situación de millones de colombianos, que sobreviven en la más indigna incertidumbre al ver a sus familiares al borde de la muerte por no tener los recursos suficientes que cubran los medicamentos y los tratamientos de costosas enfermedades que fueron excluidas de la responsabilidad del gobierno y de las EPS.
Semejante es la situación con los impuestos que pagan los colombianos por concepto de juegos de azar, bebidas alcohólicas y cigarrillos que van a parar al FOSYGA (fondo de solidaridad y garantías); aunque en teoría este recaudo debe garantizar los dineros para cubrir los gastos de los colombianos en materia de salud, la realidad es otra. Estos recursos vienen siendo destinados o “invertidos” en el fortalecimiento del carácter acumulativo y especulativo del sector financiero, como ocurre con los 6.5 billones de pesos que al finalizar el 2009 tenía el Fosyga y de los cuales el 93.7% se encuentran ganando intereses en CDT, TDA, TES, para servir de caja menor a un gobierno que compra parlamentarios, organizar referendos, compra votos y organizar campañas políticas para sus vasallos. Esto es la Seguridad Democrática del presidente Uribe, esto es lo que a gritos áulicos repite en los medios de comunicación que debemos reelegir los colombianos.
¿De dónde vamos a sacar los colombianos el dinero para pagar por el derecho que tenemos a la salud? ¿Del empleo que genera este gobierno?, en un país donde no existe el derecho al trabajo porque el desempleo sigue creciendo, llegando en Enero de 2010 al 14.6% y el subempleo al 60%, pese a las amañadas cifras del DANE para aumentar la confianza inversionista.
Resulta fácil concluir que la manipulación de la constitución, la reforma a la justicia, la paramilitarización de las instancias de poder, la entrega de bienes nacionales, la firma de tratados de libre comercio, la instalación de bases gringas y, claro, la declaratoria de emergencia social son, entre otras, medidas colaterales de esa bandera del gobierno de Uribe llamada “seguridad democrática” que sólo han generado polarización nacional, desestabilidad económica, pérdida de soberanía, desempleo generalizado, aumento de la mortandad, en síntesis, deterioro de la ya precaria calidad de vida de los colombianos.
La corrupción, el clientelismo, la mentira, el engaño y la burla del pueblo colombiano son los mensajes que envía este gobierno a sus votantes e incautos defensores, pero sobre todo un total desprecio por la vida y la suerte de millones de colombianos que no creemos ni hacemos parte del selecto grupo de favorecidos por el régimen de la “Seguridad Democrática”.
NI UN PASO ATRÁS LIBERACIÓN O MUERTE
NI RENDICIÓN, NI ENTREGA, SIEMPRE JUNTO AL PUEBLO
POR UN NUEVO GOBIERNO DE NACIÓN, PAZ Y EQUIDAD
DIRECCIÓN FRENTE DE GUERRA CENTRAL
MONTAÑAS DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO, EJE CAFETERO Y TOLIMA
FEBRERO DE 2010
Sí algo tenemos claro en Colombia es que los “políticos” que aspiran a la presidencia de esta maltrecha patria nunca pretenden resolver las grandes necesidades y problemas del país. No podría ser de otro modo si entendemos el histórico sentido del poder político en nuestra nación; obtener un cargo público se traduce en todas sus esferas en la oportunidad idónea para alcanzar la fortuna familiar, el posicionamiento y prestigio social, el pago de favores políticos y militares a quienes ayudaron en su propósito (empresarios, medios de comunicación, multinacionales, narcotraficantes, paramilitares, burguesía, etc.), en síntesis, las tradicionales aspiraciones al poder en Colombia configuran el sistema de desigualdad social, política, económica, cultural y humana que la oligarquía ha generado y necesita para mantener su posición.
Este panorama ha tenido y sigue teniendo vigencia en manejos de gobierno como la actual política de Seguridad Democrática, que con total cinismo se muestra como el logro del presidente Álvaro Uribe en contra de la insurgencia. Estas palabras demuestran el fracaso de su propósito, pero las mismas le reconocen éxito en la promulgación de políticas que benefician y protegen los intereses de las poderosas familias, empresas, corporaciones y mafias que siempre han manejado a su antojo el país; la emergencia social, Agro Ingreso Seguro, las zonas francas, las multimillonarias licitaciones del INCO, los incondicionales permisos a compañías extranjeras para la explotación de recursos nacionales, la legislación amañada en beneficio propio, la legitimación política y militar del paramilitarismo, la persecución a la oposición han sido medidas exitosas para sumir al país en un estado de desesperanza y ruina, en donde las capas sociales más pobres, vulnerables y excluidas siguen cargando el mayor peso.
En este escenario, nunca antes igualado por lacayo alguno, se promovió la promulgada “confianza inversionista de Uribe”, o mejor, la entrega de los recursos naturales, empresas, bienes y servicios nacionales para que los conglomerados económicos aumentaran su riqueza y status quo, en contra de los intereses del país y del patrimonio económico de los colombianos. La salud resultó ser otro de los negocios rentables que no podían ser desaprovechados por el presidente, quien siendo senador de la república en el año 1.993 promulgó la famosa ley 100 creadora de las llamadas EPS (Entidades Promotoras de Salud); convertidas hoy en poderosas empresas económicas con crecimientos patrimoniales que las ubican entre las 10 empresas más ricas del país, como es el caso de Saludcoop y Coomeva.
Mientras que cada año estos pulpos de la salud siguen engrosando sus arcas y ganando miles de millones de pesos, los colombianos de a pie tienen cada vez más restringido su derecho a la salud y a la vida. La respuesta del gobierno ante la muerte de miles de colombianos que terminaron sus vidas en la entrada de los hospitales suplicando por atención médica, fue la modificación del POS (Plan Obligatorio de Salud), no en beneficio de los pacientes sino de las empresas que les vendieran los servicios. Hoy estas medidas presidenciales imponen al enfermo el pago de procedimientos o medicinas que no cubra el POS, descontándolos de sus cesantías si las tiene o a través de préstamos en bancos si los logra.
Es inamisible que las EPS se queden con el 30% de las ganancias sobre los dineros que se destinan para la salud de los colombianos, es inconcebible que para diseñar los decretos de esta supuesta emergencia social el ministerio de Protección Social en cabeza de Diego Palacio contratara a miembros de las mismas EPS, directas beneficiadas de esta reforma. ¡Qué podría esperar el país del ministro Diego Palacio, implicado en el caso de Yidis Medina y la compra de votos para que pasara en el congreso la primera reelección del presidente Álvaro Uribe!
Ninguno de estos atropellos en contra del pueblo ni mucho menos los abusos de poder del presidente Uribe poseen justificación alguna. Mientras que impuestos como el del Patrimonio tienen como único y exclusivo destino a la guerra de los ricos para cuidar sus bienes, aumentar sus riquezas, viajar a sus fincas para montar en sus costosos caballos y participar junto a la “sociedad de bien” en brutales corridas de toros, este estado de total gozo y plenitud se contrasta con la situación de millones de colombianos, que sobreviven en la más indigna incertidumbre al ver a sus familiares al borde de la muerte por no tener los recursos suficientes que cubran los medicamentos y los tratamientos de costosas enfermedades que fueron excluidas de la responsabilidad del gobierno y de las EPS.
Semejante es la situación con los impuestos que pagan los colombianos por concepto de juegos de azar, bebidas alcohólicas y cigarrillos que van a parar al FOSYGA (fondo de solidaridad y garantías); aunque en teoría este recaudo debe garantizar los dineros para cubrir los gastos de los colombianos en materia de salud, la realidad es otra. Estos recursos vienen siendo destinados o “invertidos” en el fortalecimiento del carácter acumulativo y especulativo del sector financiero, como ocurre con los 6.5 billones de pesos que al finalizar el 2009 tenía el Fosyga y de los cuales el 93.7% se encuentran ganando intereses en CDT, TDA, TES, para servir de caja menor a un gobierno que compra parlamentarios, organizar referendos, compra votos y organizar campañas políticas para sus vasallos. Esto es la Seguridad Democrática del presidente Uribe, esto es lo que a gritos áulicos repite en los medios de comunicación que debemos reelegir los colombianos.
¿De dónde vamos a sacar los colombianos el dinero para pagar por el derecho que tenemos a la salud? ¿Del empleo que genera este gobierno?, en un país donde no existe el derecho al trabajo porque el desempleo sigue creciendo, llegando en Enero de 2010 al 14.6% y el subempleo al 60%, pese a las amañadas cifras del DANE para aumentar la confianza inversionista.
Resulta fácil concluir que la manipulación de la constitución, la reforma a la justicia, la paramilitarización de las instancias de poder, la entrega de bienes nacionales, la firma de tratados de libre comercio, la instalación de bases gringas y, claro, la declaratoria de emergencia social son, entre otras, medidas colaterales de esa bandera del gobierno de Uribe llamada “seguridad democrática” que sólo han generado polarización nacional, desestabilidad económica, pérdida de soberanía, desempleo generalizado, aumento de la mortandad, en síntesis, deterioro de la ya precaria calidad de vida de los colombianos.
La corrupción, el clientelismo, la mentira, el engaño y la burla del pueblo colombiano son los mensajes que envía este gobierno a sus votantes e incautos defensores, pero sobre todo un total desprecio por la vida y la suerte de millones de colombianos que no creemos ni hacemos parte del selecto grupo de favorecidos por el régimen de la “Seguridad Democrática”.
NI UN PASO ATRÁS LIBERACIÓN O MUERTE
NI RENDICIÓN, NI ENTREGA, SIEMPRE JUNTO AL PUEBLO
POR UN NUEVO GOBIERNO DE NACIÓN, PAZ Y EQUIDAD
DIRECCIÓN FRENTE DE GUERRA CENTRAL
MONTAÑAS DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO, EJE CAFETERO Y TOLIMA
FEBRERO DE 2010