La Comisión de Mediación (Comed) entre el Gobierno Federal y el Ejército Popular Revolucionario (EPR) anunció la decisión de volver a constituirse como tal, aunque ahora ampliada. Este retorno a sus labores de mediación no es un dato menor ni debe ser despreciado por intereses sectoriales debido a que es la única garantía de no actividad militar eperrista en el contexto de violencia actual de otro signo y además porque se enmarca dentro de un escenario plagado de augurios revolucionarios inminentes.
Y no solo ello sino que también se aspira a establecer una mesa de diálogo para encontrar una salida definitiva a la trascendente cuestión de la desaparición forzada de personas sucedida bajo la vigencia de un estado de derecho. En la práctica, encausará un conflicto político-militar (que incluyó los sabotajes contra los ductos de Petróleos Mexicanos) exclusivamente en términos políticos que obliga al grupo armado a continuar la tregua aún cuando no ha habido respuesta alguna sobre lo sucedido con sus integrantes.
Tratar de reducir a la Comed a una suerte de mera instancia burocrática-administrativa para ganar tiempo es un error grosero de cálculo político. El paso del tiempo sin alguna respuesta a lo ocurrido es un recurso que se agotará en si mismo: no es posible mantener el statu quo ni continuar en la incertidumbre sin variaciones al respecto porque lo que produce es la continuidad de una situación de ilegalidad que acaba generando un alto grado de inestabilidad para todas las partes. Por un lado, la administración federal no podrá garantizar la no irrupción de un nuevo frente de violencia política, ahora si proveniente de una organización guerrillera; por el otro, el EPR se verá obligado a actuar puesto que no encuentra respuestas a través de la instancia mediadora; y un tercer aspecto de la misma cuestión reside en que la apuesta al fracaso de la Comed es, también, un mensaje a otras organizaciones (no clandestinas, armadas y ni siquiera necesariamente revolucionarias) que demandan por sus derechos y que concluyen en que la vía de la negociación no tiene espacios para desarrollarse institucionalmente ni tampoco construye una garantía para evitar que se repita a futuro lo sucedido. Otro sentido no menos importante es que el transcurso del tiempo resulta inversamente proporcional a las posibilidades de vida de los desaparecidos (en uno de sus últimos escritos el grupo armado insiste en que ambos se encuentran con vida, hecho que -por supuesto- no suscriben la Comed ni la administración federal); por lo tanto, el paso del tiempo se ha vuelto un valor fundamental en el desarrollo de estos acontecimientos.
Con el paso del tiempo se va perdiendo el sentido humano de los desaparecidos y aumenta el sentido político de la desaparición. Sin respuestas, la desaparición se convierte en consigna y declaración en tanto que se vuelve una carga y a la vez lección política: el mensaje es que esta práctica (aún) se ejecuta y que no encuentra una respuesta política efectiva que la pueda revertir.
Sin embargo, se asume la cuestión no desde un punto de vista ético-político o moral sino desde el desarrollo de las relaciones de poder lo que, por lo tanto, condiciona la visualización que la versión oficial hace de la guerrilla frente a este 2010. En este sentido, puede observarse que es bajo el costo para relegar tanto al EPR como a la Comed a la invisibilidad. En contrapartida a ello, es muy alto el riesgo que se corre sin ofrecer salidas políticas a la cuestión planteada. Por lo tanto, ante la imposibilidad del aniquilamiento policial-militar al EPR, ni la aplicación de una censura eficaz que acalle la demanda eperrista y la actividad de la Comed, se opta por manipular cierto grado de trascendencia del tema hasta que ya no produzca mayor relevancia e interés y acabe tapado por otros temas coyunturales.
Ello plantea un dilema al grupo armado pues sí puede transitar la vía política con relativa eficacia (de hecho, redundó su apoyo a la Comed y en la continuidad de la misma) aunque de fondo no obtiene respuestas a sus demandas; entonces las que se redefinen son sus formas políticas para trascender además por este medio. No obstante, lo que se redefine también es el carácter subversivo del EPR: debido a que la censura y la represión no han desaparecido pero sí han perdido gran fuerza respecto a décadas anteriores, los argumentos de la vía armada “porque no hay otros caminos” también ha perdido su argumento fundamental. Y he ahí la cuestión. Si el EPR no se ha radicalizado, ni ha endurecido su discurso ni acción, entonces debe considerarse que ha existido una apertura democrática que no ha continuado desarrollándose (no logra institucionalizar, por ejemplo, las labores de una mediación) sino que, en algunos aspectos (como el que nos ocupa), ha retrocedido.
En este aspecto tampoco logra responder preguntas fundamentales: ¿qué es la guerrilla mexicana hoy? Y ¿por qué, a excepción de Colombia, México es el país que tiene guerrillas operando en su territorio? Quizá aquí sea el punto donde hace falta volver la mirada al trabajo que legó Carlos Montemayor: “falta en los análisis políticos de Seguridad Nacional comprender que la guerrilla siempre es un fenómeno social. Por su estructura clandestina, por su capacidad de fuego, por su configuración como fuerzas de autodefensa o ejércitos populares, la opinión pública, los discursos oficiales y los análisis de gobierno eliminan sistemáticamente la vinculación de la guerrilla con procesos sociales concretos y la convierten en delincuencia o criminalidad inexplicable”. (La Jornada, 3 de marzo de 2009.)
En torno al EPR se produce un vacío que hace imposible, o bien se evita, conocerlo a fondo. Ello lleva a crear lo que el profesor Carlo Morgandini llamó “miedo anárquico”. Este tipo de miedo hace referencia sobre algo que no se sabe lo que es, o no se quiere saber, se pretende ocultar o desvirtuar. Por lo tanto, para el conocimiento de algo que nos amenaza, está “vacío”. Pero ese vacío debe ser llenado y es allí donde la versión oficial empieza a configurarlo a imagen y semejanza de la necesidad y calidad de enemigo que necesita establecer, tanto sea para alcanzar homogeneidad interna cuando la ha perdido o bien para legitimar su propia existencia.
Y la guerrilla, hoy, ocupa ese lugar.
Posdata
Carlos Montemayor
Conocí a Carlos Montemayor durante el 2008, en ocasión de la posibilidad que la Comisión de Mediación me ofreció para aportar un punto de vista acerca del reclamo del EPR por sus dos desaparecidos. En la segunda oportunidad, nos pusimos a platicar acerca del lugar de la guerrilla en el México de hoy. Le reconocí que el primer texto serio que leí sobre el tema fue “La guerrilla recurrente”, de su autoría; primero como adelantos publicados en La Jornada y Proceso, luego como un pequeño libro verde editado por la UACJ, inconseguible en la ciudad excepto por los buenos oficios de un librero de la calle Madero. Intercambiamos puntos de vista: la guerrilla debe ser comprendida, también, como el emergente de un reclamo social más profundo, me aseguró cuando ya había concluido la reunión. Le contesté que me preocupaba la idea de abordarla a partir de una imagen congelada (por ejemplo, sólo a partir de las explosiones de Pemex) y no como un proceso político-social dinámico desvirtúa su razón de ser y la vuelve un objeto que sólo puede ser aniquilable. Parece que la idea le resultó interesante porque para la próxima visita a México habíamos acordado encontrarnos nuevamente para profundizar en la cuestión.
Al leer sobre su muerte, recordé de inmediato las palabras que Cornelius Castoriadis dedicó a Hannah Arendt, aplicables para esta ocasión: “No se honra a un pensador alabándolo y ni siquiera interpretando su trabajo, sino que se lo hace discutiéndolo, manteniéndolo así vivo y demostrando por los hechos que ese autor desafía el tiempo y conserva su vigencia”.
Sin embargo, siento que hoy nos hemos quedado huérfanos. (Publicado en El Correo Ilustrado de La Jornada, 7 de marzo de 2009.)