Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Organización
Fecha
2010-05-01
Categoría
Comunicado
Luchando avanzan los trabajadores, 1º de Mayo de 2010
"UNA CATÁSTROFE PARA EL PUEBLO, UN NEGOCIO PARA LOS PATRONES"
Analizando el Programa Laboral de Piñera previo al terremoto y al cambio de mando, dábamos cuenta de cómo las promesas populistas de la derecha llevaban consigo la profundización del neoliberalismo sobre la base de la flexibilidad laboral, las privatizaciones, la reducción del gasto social y el ataque a los derechos laborales. Dicho y hecho. Tal como Piñera y sus asesores lo anunciasen, el Programa de Gobierno no se ha corrido ni un punto, y la catástrofe natural que ha significado la perdida de cientos de vidas, la destrucción de miles de hogares y un enorme daño en general para el pueblo chileno, le ha brindado una valiosa oportunidad al gobierno para adelantar medidas que en otro contexto hubiesen producido un gran rechazo y para incluir dentro de las soluciones a los afectados algunas de las acciones que tenderán a empeorar aún más las condiciones de vida de la clase trabajadora.
Crear un millón de empleos entre el 2009 y el 2014 se ha presentado como una de las grandes metas al alcanzar por el gobierno de Piñera. Para esto, antes del terremoto, ya se venían delineando los caminos para alcanzarla, entre los que se contaban una mayor flexibilidad laboral y el fin a la indemnización por años de servicio a cambio del fortalecimiento del seguro de desempleo. La lógica aquí es clara: favorecer al empresariado (con mayor flexibilidad, precariedad laboral y menores costos a la hora de despedir) y utilizar los recursos del Estado para paliar los desastres del modelo (aumentando el gasto estatal en seguros de desempleo). La modificación a la indemnización por años de servicio lo que permitiría es reducir los costos de los despidos, otorgándole la facultad al empresariado para despedir trabajadores u obligar a otros a jubilarse sin mayores costos, para luego recontratarlos o contratar a otros bajo mayores condiciones de explotación.
Estas medidas, lejos de amilanarse con el terremoto, cobraron aún mayor fuerza. Los patrones, haciendo uso del artículo 159 Nº 6 del Código del Trabajo, diseñado por José Piñera durante el régimen militar y que permite en situaciones de catástrofe despedir a trabajadores sin pagar ni el mes de aviso ni los años de servicio, no necesitaron de las reformas anteriormente mencionadas para comenzar a deshacerse de los trabajadores, sobretodo de los más antiguos, reduciendo los costos de los despidos.
No habían pasado ni días de la catástrofe y el dolor aún golpeaba fuertemente a las familias de la región del Bio Bio, cuando Versyluys despedía a 306 trabajadores bajo el articulo 159 Nº 6, lo mismo hacia Coinfa Limitada, ASMAR, pesqueras Landes, Paños Bio Bio, Termoeléctrica Colbun en Coronel, Forestal Santa Elena, Multivoice, sólo por nombrar algunas empresas de la región del Bio Bio, una de las más devastadas y con las ciudades con mayores índices de cesantía en el país. A los empresarios se suman los alcaldes, quienes viendo una buena oportunidad para minar el poder docente, procedieron al despido inmediato de miles de profesores a contrata a lo largo del país y a la reducción de horas de otro importante número. Cientos de empleadores de todo el país deben ser agregados a esta lista, no existiendo hasta el momento una cifra oficial de despidos bajo esta causal, aunque datos de la Dirección del Trabajo indican que serían al menos 8.758 sólo en el mes de marzo, concentrándose principalmente en Santiago y Concepción.
Buena parte de estas misma empresas, aprovechándose de la cesantía existente producto de la destrucción de los puestos de trabajo o de los despidos arbitrarios realizados, contratan o recontratan mano de obra con menores sueldos y mayores jornadas de trabajo, utilizando esta situación para obligar a quienes aun mantienen su empleo a que acepten reducciones de sueldos o extensión de las jornadas. De esta forma el terremoto ha sido una perfecta excusa para que los patrones se deshagan de los pagos por años de servicio y puedan adquirir mano de obra dispuesta aceptar una mayor explotación.
Junto a la ofensiva de los patrones nos encontramos con las medidas tomadas por el gobierno. Dando cuenta de la necesidad de crear empleos y teniendo en la mira el objetivo de la flexibilidad laboral, Piñera ha anunciado la creación de 60.000 nuevos empleos para las personas afectadas por el terremoto, entregando subsidios a las empresas que contraten mano de obra, las que aprovechándose de la necesidad de empleo contratarán con el sueldo mínimo y condiciones absolutamente precarias. A su vez, Piñera ha propuesto flexibilizar los requisitos para acceder al Fondo de Cesantía Solidario, pero al mismo tiempo, a través de la Ministra del Trabajo, ha iniciado la ofensiva respecto al fin de la indemnización por años de servicio.
Siguiendo con las promesas piñeristas, analizamos en el artículo anterior que para mantener un crecimiento promedio del PIB del 6% la solución pasaba por aumentar la productividad, produciendo más con menos, lo que en la práctica nos llevaba a una reforma al Estado en donde los ejes son la reducción del gasto fiscal, en términos de gasto en programas sociales y remuneraciones y empleos en el sector público, y una privatización encubierta de las empresas estatales o con alta participación del Estado (Codelco, Enap, Enami, entre otras), bajo la modalidad de las concesiones a privados y la venta de activos.
Otra vez, dicho y hecho. Utilizando como excusa la necesidad de enfocar todos los recursos estatales hacia la reconstrucción, Piñera ha anunciado la drástica reducción de gasto social y la postergación de una gran cantidad de programas que había dejado el anterior gobierno.
Al mismo tiempo, en medio de la conmoción por la catástrofe y como supuesta medida para financiar los gastos de la reconstrucción, Piñera anunció su intención de vender el 40% de participación que Codelco posee sobre la Empresa Eléctrica Norte Grande S.A. (Eldenor), con lo cual se iniciaría el camino que tiene por meta la privatización de Codelco. Siguiendo con las privatizaciones, el gobierno evalúa vender también los activos que posee sobre Aguas Andinas, donde Corfo posee un 35% de participación, Esval, con un 30% de participación, y Essbio, con un 43,4% de participación.
Pero el terremoto no sólo ha servido para desviar la atención respecto a estas intenciones privatizadoras, sino que también ha abierto una gran puerta para el ingreso y apoderamiento del sector público por parte del sector privado. Uno de los principales mecanismos planteados para reconstruir el país es la concesión a privados, la forma principal de “privatización encubierta”. Escuelas, hospitales, cárceles, carreteras, infraestructura pública serán concesionadas a empresas privadas, las cuales, gracias a la Ley de Concesiones, no sólo podrán levantar la infraestructura destruida o dañada, sino hacerse cargo de la administración de los establecimientos, lo que significaría el fin, por ejemplo, de la educación y la salud pública.
Los virajes tácticos en la Concertación
Frente a la derrota de la Concertación en las elecciones de enero, anticipábamos que la movilización social adquiriría un papel fundamental en tanto le permitiría a este conglomerado reformularse con un rostro progresista dentro de un proceso de acumulación de fuerzas en las bases sociales dentro de un eje de movilización social por la defensa de las “conquistas” logradas durante los gobiernos concertacionistas, entrampando al mismo tiempo reformas claves para el gobierno piñerista. Renovar su imagen, acumular fuerzas y frenar los avances del enemigo, eran parte de los objetivos de la movilización social a ser impulsada por la Concertación. Por lo cual la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), el Colegio de Profesores, la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipalizada (CONFUSAM), la Federación de Estudiantes de Chile (FECH) y el CONFECH, entre otros, adquirirán un papel fundamental.
Hasta antes del terremoto la CUT y los gremios afines la Concertación (para este análisis incluimos al Partido Comunista dentro de la Concertación) comenzaban a mover sus fichas y un ambiente movilizador se hacía sentir. Reuniones entre personeros de la Concertación y dirigentes sindicales proclamando una “bancada social”, “convergencias para la lucha social” que tendrían expresiones en las calles el día de la mujer, el día del cambio de mando, el 28 de marzo con la conmemoración de los asesinatos de Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Natino, anuncios de movilización por parte de la ANEF y el Colegio de Profesores anunciaban una táctica movilizadora para este año dentro de la estrategia para retornar al poder el 2014.
Sin embargo, tanto el terremoto como las configuraciones y fricciones internas dentro de la Concertación provocaron un cambio táctico en el marco de la coyuntura política de la catástrofe. Al darse cuenta del error político que significaría seguir con su plan movilizador, el que sería rechazado por todos los sectores al ir en contra de las necesidades propias de la catástrofe, los gremios manejados por la Concertación se colgaron rápidamente del “Gobierno de Unidad Nacional” proclamado por Piñera, haciéndose parte de los esfuerzos por reconstruir el país. El acuerdo entre la CUT y la Confederación de Producción y Comercio (CPC) en términos de trabajar juntos para levantar el empleo, el diálogo y acuerdo entre Lavín y el Colegio de Profesores, que pospuso el tema de la deuda histórica y calmo los ánimos movilizadores, y los acuerdos entre el mismo Lavín y el CONFECH, en donde el gremio estudiantil adoptó el compromiso de no movilizarse a cambio de todas las facilidades para desarrollar sus “trabajos voluntarios”, son ejemplos del cambio táctico adoptado por la Concertación en ese momento. Esto no sólo tenía el objetivo mediático de colocar a la CUT, al Colegio de Profesores o al Confech como entidades que eran capaces de “dejar de lado sus diferencias con el Gobierno” para enfrentar unidos los desafíos del terremoto, sino para desarrollar, en esta misma línea, una táctica de inserción política en las zonas afectadas. A través de la CUT, el Colegio de Profesores y la FECH, la reconstrucción tomo un carácter político con el claro objetivo de desarrollar bases de apoyo en esos sectores y perspectivar futuros dirigentes, utilizando de esta forma el sufrimiento del pueblo para pavimentar su retorno al poder.
Así, con los gremios enfocados en temas de reconstrucción y la Concertación con sus problemas internos, las grandiosas movilizaciones anunciadas pasaron sin pena ni gloria. Lo anterior para el caso de las movilizaciones anunciadas por la Concertación, ya que el pueblo, ese mismo pueblo devastado que veía como la CUT tomaba acuerdos con los representantes de los empresarios, comenzó a movilizarse de forma autónoma. Decenas de protestas comenzaron a levantarse en las regiones afectadas y, al mismo tiempo, el programa económico de Piñera comenzó a hacerse cada vez más notorio al igual que sus ataques a la clase trabajadora y al pueblo. Pequeños chispazos de movilizaciones comenzaron a darse y las bases controladas por estos gremios comenzaron a inquietarse, al igual que sus dirigencias quienes veían cómo se desarrollaban pequeñas movilizaciones sociales que escapaban a su control. Al mismo tiempo, el terremoto como hecho mediático fue perdiendo fuerza y la televisión volvió a llenarse de noticias sobre delincuencia y deportes.
Entendiendo esto, y viendo cumplida la primera fase de su inserción territorial a través de la “ayuda solidaria”, la Concertación y los gremios controlados por esta han comenzado un nuevo viraje táctico en el contexto del 1 de mayo. Al igual como Piñera ha al terremoto para legitimar su plan económico, los gremios concertacionistas comienzan a retomar tímidamente su estrategia movilizadora y el plan de lucha desarrollado, ahora matizado con las demandas propias de la catástrofe. La CUT se ha manifestado en contra del fin a la indemnización por años de servicio y ahora (después de mucho silencio) ha sacado la voz denunciando los despidos realizados bajo el artículo 159, retomando la agenda laboral para cambiar el Código del Trabajo y lograr un reajuste del 10% al salario mínimo, en compañía de los parlamentarios concertacionistas, en especial del PS. El Colegio de Profesores ahora saca la voz por la concesión de los establecimientos municipales, al igual que lo hace la Confusam. Y la FECH, luego de gastar la mayoría de sus recursos en hacer trabajo político en las zonas afectadas, empieza tímidamente a criticar las propuestas de Lavín para ayudar a los estudiantes afectados, obligados en parte por pequeñas articulaciones que comienzan a darse en el movimiento estudiantil de manera autónoma al CONFECH.
Así, la Concertación aun dentro de su desorden, ha aprovechado de manera oportunista el sufrimiento del pueblo chileno, primero utilizando con fines políticos la ayuda inmediata a las zonas afectadas, y luego utilizando las movilizaciones de los más afectados para retomar su estrategia de presión y de cooptación de las movilizaciones y del malestar social.
El panorama de los trabajadores
La postura adoptada por la CUT, las privatizaciones que comienzan a plantearse como parte del Programa de Reconstrucción de Piñera, los despidos injustificados y los ataques a los derechos a la clase trabajadora, han provocado la reactivación de muchos sectores que se encontraban dormidos o a la espera y la articulación de otros. Luego del terremoto y de su impacto, la calma inicial aparente comienza a desaparecer. Tanto los gremios manejados por la Concertación, aquellos que reciben su influencia, como aquellos que desarrollan sus luchas de forma autónoma, comienzan a retomar la dinámica que venían desarrollando antes de la catástrofe, aunque con el claro impacto de ella; veamos algunos casos ilustrativos de lo que está sucediendo a grandes rasgos con la lucha de los trabajadores.
Ya antes de la asunción de Piñera, la presidencia la ANEF mostraba su preocupación por un posible despido masivo de empleados públicos ligados (y no ligados también) a la Concertación y una precarización de sus condiciones laborales producto de las modificaciones que Piñera ha anunciado para el sector. La ANEF ha denunciado el despido de más de 500 funcionados públicos no vinculados a cargos políticos, lo que afecta principalmente a trabajadores a contrata y honorarios. Los trabajadores en esta condición equivalen al 60% del total, cuando por ley sólo deberían existir un 20% en esta condición y el resto ser trabajadores de planta, sin embargo, durante los gobiernos de la Concertación nunca se quiso regularizar esta situación. Frente a esta realidad, y a los posibles despidos que se produzcan al asumir nuevas autoridades en regiones y provincias, la ANEF ha anunciado acciones en la Contraloría e iniciar las movilizaciones si es que no hay soluciones. Siguiendo en la línea de los despidos en el sector público, la Asociación Nacional de Funcionarios del Consejo de la Cultura, ANFUCULTURA, se encuentran movilizados (apoyados por la ANEF) por los despidos realizados por el Ministro Luciano Cruz-Coke y las condiciones de precariedad que afectan al sector; por su parte, la Asociación Nacional de Funcionarios del Fosis se ha declarado en estado de alerta luego de que el Mideplan le pidiese al director nacional de Fosis su renuncia, pese a que el gobierno se había comprometido a mantenerlo en su cargo debido a que había sido designado mediante un concurso de Alta Dirección Pública. Despidos también amenazan a los trabajadores de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, quienes han denunciado que ya van 20 despidos injustificados y se esperan unos 300, ante lo cual se encuentran en discusiones para iniciar la paralización del servicio de trenes. Siguiendo en el sector público, los trabajadores de la Empresa de Aeronáutica de Chile (ENAER), se encuentran movilizados con el objetivo de lograr un reajuste salarial de 4,5% que les corresponde en tanto trabajadores del sector público. Junto con esto, Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas ha manifestado su rechazo a las declaraciones de Andrés Allamand y de la Editorial de La Segunda que llaman a cerrar el Diario La Nación, lo que o sólo afectaría a los trabajadores de este medio sino que atacarían la libertad de expresión.
Para solucionar el problema de la infraestructura en salud destruida por el terremoto, Piñera anunció la construcción de 20 hospitales mediante el mecanismo de la concesión a privados, entre los que se cuentan los hospitales Barros Luco Trudeau y Exequiel González Cortés. Esto provocó un inmediato rechazo de la Federación Nacional de Profesionales de la Salud del Barros Luco quienes anunciaron el comienzo de las manifestaciones. De igual forma la Federación de Funcionarios de la Salud denunció un aprovechamiento del gobierno de la situación de catástrofe para privatizar la salud pública, en tanto Esteban Maturana, consejero de Salud de la CUT y miembro de la CONFUSAM, convocó a todos los trabajadores de la salud a manifestarse contra la privatización del sector y a salir a las calles el 1 de mayo.
Otros sectores que se encuentran atentos frente a las posibles privatizaciones son el Colegio de Profesores y los sindicatos del cobre. Los primeros ya han hecho público su rechazo a la concesión de establecimientos educativos como medida de reconstrucción y se han puesto en alerta frente a los avances que tiene en el legislativo la Ley de Superintendencia y Agencia de la Calidad de la Educación. Por su parte, la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), la Federación de Sindicatos de Supervisores y Profesionales de Codelco (FESUC) y la Federación Minera de Chile, entre otros, ante la posible venta de la participación de Codelco en Eldenor, han seguido la línea de defender un Codelo 100% estatal, rechazando la privatización y denunciando posibles próximas privatizaciones, como la que podría suceder con el yacimiento de cobre El Abra, en donde Codelco posee un 49% de participación.
En tanto, diversos sindicatos siguen en movilizaciones o en procesos de negociación colectiva. Se han manifestado los sindicatos de Coca Cola en Rancagua, los trabajadores de termoeléctrica Patache, los trabajadores del sindicato Nº2 astillero Marco Chilena, los trabajadores de Tottus Mall, los trabajadores contratistas de Movistar, los trabajadores de la empresa contratista CLP, entre otros. Demostrando que la lucha por los derechos de los trabajadores no cesa.
Los efectos ahora visibles del Plan Económico de Piñera, expresado en despidos, privatizaciones encubiertas, y el viraje táctico de la CUT han reactivado a algunos sectores en las cercanías del 1 de mayo. Sin embargo, una serie de movilizaciones se han venido dando desde antes de este proceso. Las necesidades derivadas de la catástrofe, la ausencia de ayuda real y concreta de parte de los gobiernos, la destrucción de puestos de trabajo, el problema de vivienda y de subsistencia, los despidos abusivos realizados por los patrones, entre muchos otros factores, provocaron una oleada de protestas en las zonas más afectadas, especialmente en el Gran Concepción. A pesar del Estado de sitio imperante, los trabajadores no dudaron en salir a las calles. El acceso al Puerto de Talcahuano fue cortado por los trabajadores en San Vicente, lo mismo sucedió con el ingreso a la termoeléctrica Bocamina II en Coronel, profesores de Huelpen protestaron frente al municipio rechazando los despidos y las bajas en los sueldos, en Los Álamos los trabajadores de la forestal Santa Elena se tomaron las instalaciones cuando esta se declaró en quiebra, los profesores de Penco se movilizaron contra los descuentos salariales, pobladores y trabajadores de Dichato cortaron la ruta a Tome producto de las demoras en la construcción de medias aguas, los deudores habitaciones del Gran Concepción protestaron frente a la gobernación exigiendo la condonación de sus deudas, los trabajadores despedidos de Versyluys protestaron en San Pedro, sólo por nombrar algunas movilizaciones que se han dado y que seguirán dándose. Frente a la ineficaz ayuda gubernamental y a una dirigencia de la CUT más preocupada de obtener réditos políticos de la catástrofe, ha sido la organización y movilización independiente de pobladores y trabajadores la que se ha levantado para hacer frente a la catástrofe.
En el sector pesquero, miles de familias de pescadores artesanales han perdido sus fuentes laborales, los trabajadores de empresas pesqueras están siendo despedidos, al igual que los trabajadores portuarios. Del mismo modo, en el sector del salmón, el terremoto ha sido una perfecta excusa para realizar despidos producto del terremoto, a lo que hay que sumar el terremoto social que ha producido la aprobación de la nueva Ley de Pesca que terminó por privatizar el mar chileno. A la dura realidad de los trabajadores del salmón y a los miles de cesantes que ha dejado esta industria, hay que sumar la eliminación del Programa de Empleo para la Salmonicultura, Plan Salmón, en el que venían comprometidos $10 mil millones para generar trabajo y palear la enorme cesantía presente en la Región de los Lagos, así como un recorte del 17% del presupuesto regional, el que supuestamente irá a parar al Plan de Reconstrucción. Frente a esta situación que agrava aún más la miseria de los trabajadores sin empleo, se han anunciado movilizaciones de parte de trabajadores y sindicatos.
Otro de los sectores duramente afectados es del agro. Miles de familias de pequeños campesinos y temporeros han sido damnificadas o han visto destruidos sus bienes materiales y sus siembras. Han perdido sus frutas producto del terremoto, se han destruido los canales de regadío, el riego por goteo, han visto destruidas sus viviendas, no tiene dinero para alimentar a sus animales, puentes y caminos en mal estado, etc. Todos efectos de la catástrofe acentuados por las miserables condiciones de vida en la que se encontraba la gente del campo. Significando esto la pérdida del sustento familiar en el caso de los pequeños campesinos, la destrucción de sus fuentes de empleo y una mayor necesidad de trabajo, lo que será aprovechado por los patrones para aumentar las condiciones de explotación, de los temporeros.
El terremoto neoliberal de Piñera y su Programa Económico comienza afectar duramente al pueblo chileno, al igual que lo han hecho la catástrofe natural. Sin embargo, ha sido la ayuda solidaria de clase y la movilización activa la que comienzan a danos una luz de esperanza. Ha sido la ayuda brindada a las zonas devastadas por decenas de sindicatos de base, por estudiantes organizados, por las mismas comunidades afectadas, las que han ayudado a resolver por parte del mismo pueblo las necesidades inmediatas del pueblo afectado. Y ha sido la movilización y la presión de estos mismos afectados la que ha logrado poco a poco que las autoridades respondan y los recursos gubernamentales comiencen a llegar. Ayuda solidaria y movilización han sido los caminos para enfrentar la catástrofe natural y deben ser los mismos caminos que debemos tomar para enfrentar la catástrofe que Piñera pretende implementar para enriquecer aun más a los dueños del poder y la riqueza. Rechazar las privatizaciones, combatir el Programa Económico y el Plan Laboral de Piñera, fortalecer la organización de base de los trabajadores y la lucha autónoma por nuestros derechos son los caminos para hacer realidad en al ámbito de la lucha la consigna que los pobres y explotados del campo y la ciudad han levantado para hacer frente a la catástrofe y sus secuelas: Sólo el pueblo ayuda al pueblo.
LUCHANDO AVANZAN LOS TRABAJADORES
Danilo Neira
Analizando el Programa Laboral de Piñera previo al terremoto y al cambio de mando, dábamos cuenta de cómo las promesas populistas de la derecha llevaban consigo la profundización del neoliberalismo sobre la base de la flexibilidad laboral, las privatizaciones, la reducción del gasto social y el ataque a los derechos laborales. Dicho y hecho. Tal como Piñera y sus asesores lo anunciasen, el Programa de Gobierno no se ha corrido ni un punto, y la catástrofe natural que ha significado la perdida de cientos de vidas, la destrucción de miles de hogares y un enorme daño en general para el pueblo chileno, le ha brindado una valiosa oportunidad al gobierno para adelantar medidas que en otro contexto hubiesen producido un gran rechazo y para incluir dentro de las soluciones a los afectados algunas de las acciones que tenderán a empeorar aún más las condiciones de vida de la clase trabajadora.
Crear un millón de empleos entre el 2009 y el 2014 se ha presentado como una de las grandes metas al alcanzar por el gobierno de Piñera. Para esto, antes del terremoto, ya se venían delineando los caminos para alcanzarla, entre los que se contaban una mayor flexibilidad laboral y el fin a la indemnización por años de servicio a cambio del fortalecimiento del seguro de desempleo. La lógica aquí es clara: favorecer al empresariado (con mayor flexibilidad, precariedad laboral y menores costos a la hora de despedir) y utilizar los recursos del Estado para paliar los desastres del modelo (aumentando el gasto estatal en seguros de desempleo). La modificación a la indemnización por años de servicio lo que permitiría es reducir los costos de los despidos, otorgándole la facultad al empresariado para despedir trabajadores u obligar a otros a jubilarse sin mayores costos, para luego recontratarlos o contratar a otros bajo mayores condiciones de explotación.
Estas medidas, lejos de amilanarse con el terremoto, cobraron aún mayor fuerza. Los patrones, haciendo uso del artículo 159 Nº 6 del Código del Trabajo, diseñado por José Piñera durante el régimen militar y que permite en situaciones de catástrofe despedir a trabajadores sin pagar ni el mes de aviso ni los años de servicio, no necesitaron de las reformas anteriormente mencionadas para comenzar a deshacerse de los trabajadores, sobretodo de los más antiguos, reduciendo los costos de los despidos.
No habían pasado ni días de la catástrofe y el dolor aún golpeaba fuertemente a las familias de la región del Bio Bio, cuando Versyluys despedía a 306 trabajadores bajo el articulo 159 Nº 6, lo mismo hacia Coinfa Limitada, ASMAR, pesqueras Landes, Paños Bio Bio, Termoeléctrica Colbun en Coronel, Forestal Santa Elena, Multivoice, sólo por nombrar algunas empresas de la región del Bio Bio, una de las más devastadas y con las ciudades con mayores índices de cesantía en el país. A los empresarios se suman los alcaldes, quienes viendo una buena oportunidad para minar el poder docente, procedieron al despido inmediato de miles de profesores a contrata a lo largo del país y a la reducción de horas de otro importante número. Cientos de empleadores de todo el país deben ser agregados a esta lista, no existiendo hasta el momento una cifra oficial de despidos bajo esta causal, aunque datos de la Dirección del Trabajo indican que serían al menos 8.758 sólo en el mes de marzo, concentrándose principalmente en Santiago y Concepción.
Buena parte de estas misma empresas, aprovechándose de la cesantía existente producto de la destrucción de los puestos de trabajo o de los despidos arbitrarios realizados, contratan o recontratan mano de obra con menores sueldos y mayores jornadas de trabajo, utilizando esta situación para obligar a quienes aun mantienen su empleo a que acepten reducciones de sueldos o extensión de las jornadas. De esta forma el terremoto ha sido una perfecta excusa para que los patrones se deshagan de los pagos por años de servicio y puedan adquirir mano de obra dispuesta aceptar una mayor explotación.
Junto a la ofensiva de los patrones nos encontramos con las medidas tomadas por el gobierno. Dando cuenta de la necesidad de crear empleos y teniendo en la mira el objetivo de la flexibilidad laboral, Piñera ha anunciado la creación de 60.000 nuevos empleos para las personas afectadas por el terremoto, entregando subsidios a las empresas que contraten mano de obra, las que aprovechándose de la necesidad de empleo contratarán con el sueldo mínimo y condiciones absolutamente precarias. A su vez, Piñera ha propuesto flexibilizar los requisitos para acceder al Fondo de Cesantía Solidario, pero al mismo tiempo, a través de la Ministra del Trabajo, ha iniciado la ofensiva respecto al fin de la indemnización por años de servicio.
Siguiendo con las promesas piñeristas, analizamos en el artículo anterior que para mantener un crecimiento promedio del PIB del 6% la solución pasaba por aumentar la productividad, produciendo más con menos, lo que en la práctica nos llevaba a una reforma al Estado en donde los ejes son la reducción del gasto fiscal, en términos de gasto en programas sociales y remuneraciones y empleos en el sector público, y una privatización encubierta de las empresas estatales o con alta participación del Estado (Codelco, Enap, Enami, entre otras), bajo la modalidad de las concesiones a privados y la venta de activos.
Otra vez, dicho y hecho. Utilizando como excusa la necesidad de enfocar todos los recursos estatales hacia la reconstrucción, Piñera ha anunciado la drástica reducción de gasto social y la postergación de una gran cantidad de programas que había dejado el anterior gobierno.
Al mismo tiempo, en medio de la conmoción por la catástrofe y como supuesta medida para financiar los gastos de la reconstrucción, Piñera anunció su intención de vender el 40% de participación que Codelco posee sobre la Empresa Eléctrica Norte Grande S.A. (Eldenor), con lo cual se iniciaría el camino que tiene por meta la privatización de Codelco. Siguiendo con las privatizaciones, el gobierno evalúa vender también los activos que posee sobre Aguas Andinas, donde Corfo posee un 35% de participación, Esval, con un 30% de participación, y Essbio, con un 43,4% de participación.
Pero el terremoto no sólo ha servido para desviar la atención respecto a estas intenciones privatizadoras, sino que también ha abierto una gran puerta para el ingreso y apoderamiento del sector público por parte del sector privado. Uno de los principales mecanismos planteados para reconstruir el país es la concesión a privados, la forma principal de “privatización encubierta”. Escuelas, hospitales, cárceles, carreteras, infraestructura pública serán concesionadas a empresas privadas, las cuales, gracias a la Ley de Concesiones, no sólo podrán levantar la infraestructura destruida o dañada, sino hacerse cargo de la administración de los establecimientos, lo que significaría el fin, por ejemplo, de la educación y la salud pública.
Los virajes tácticos en la Concertación
Frente a la derrota de la Concertación en las elecciones de enero, anticipábamos que la movilización social adquiriría un papel fundamental en tanto le permitiría a este conglomerado reformularse con un rostro progresista dentro de un proceso de acumulación de fuerzas en las bases sociales dentro de un eje de movilización social por la defensa de las “conquistas” logradas durante los gobiernos concertacionistas, entrampando al mismo tiempo reformas claves para el gobierno piñerista. Renovar su imagen, acumular fuerzas y frenar los avances del enemigo, eran parte de los objetivos de la movilización social a ser impulsada por la Concertación. Por lo cual la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), el Colegio de Profesores, la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipalizada (CONFUSAM), la Federación de Estudiantes de Chile (FECH) y el CONFECH, entre otros, adquirirán un papel fundamental.
Hasta antes del terremoto la CUT y los gremios afines la Concertación (para este análisis incluimos al Partido Comunista dentro de la Concertación) comenzaban a mover sus fichas y un ambiente movilizador se hacía sentir. Reuniones entre personeros de la Concertación y dirigentes sindicales proclamando una “bancada social”, “convergencias para la lucha social” que tendrían expresiones en las calles el día de la mujer, el día del cambio de mando, el 28 de marzo con la conmemoración de los asesinatos de Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Natino, anuncios de movilización por parte de la ANEF y el Colegio de Profesores anunciaban una táctica movilizadora para este año dentro de la estrategia para retornar al poder el 2014.
Sin embargo, tanto el terremoto como las configuraciones y fricciones internas dentro de la Concertación provocaron un cambio táctico en el marco de la coyuntura política de la catástrofe. Al darse cuenta del error político que significaría seguir con su plan movilizador, el que sería rechazado por todos los sectores al ir en contra de las necesidades propias de la catástrofe, los gremios manejados por la Concertación se colgaron rápidamente del “Gobierno de Unidad Nacional” proclamado por Piñera, haciéndose parte de los esfuerzos por reconstruir el país. El acuerdo entre la CUT y la Confederación de Producción y Comercio (CPC) en términos de trabajar juntos para levantar el empleo, el diálogo y acuerdo entre Lavín y el Colegio de Profesores, que pospuso el tema de la deuda histórica y calmo los ánimos movilizadores, y los acuerdos entre el mismo Lavín y el CONFECH, en donde el gremio estudiantil adoptó el compromiso de no movilizarse a cambio de todas las facilidades para desarrollar sus “trabajos voluntarios”, son ejemplos del cambio táctico adoptado por la Concertación en ese momento. Esto no sólo tenía el objetivo mediático de colocar a la CUT, al Colegio de Profesores o al Confech como entidades que eran capaces de “dejar de lado sus diferencias con el Gobierno” para enfrentar unidos los desafíos del terremoto, sino para desarrollar, en esta misma línea, una táctica de inserción política en las zonas afectadas. A través de la CUT, el Colegio de Profesores y la FECH, la reconstrucción tomo un carácter político con el claro objetivo de desarrollar bases de apoyo en esos sectores y perspectivar futuros dirigentes, utilizando de esta forma el sufrimiento del pueblo para pavimentar su retorno al poder.
Así, con los gremios enfocados en temas de reconstrucción y la Concertación con sus problemas internos, las grandiosas movilizaciones anunciadas pasaron sin pena ni gloria. Lo anterior para el caso de las movilizaciones anunciadas por la Concertación, ya que el pueblo, ese mismo pueblo devastado que veía como la CUT tomaba acuerdos con los representantes de los empresarios, comenzó a movilizarse de forma autónoma. Decenas de protestas comenzaron a levantarse en las regiones afectadas y, al mismo tiempo, el programa económico de Piñera comenzó a hacerse cada vez más notorio al igual que sus ataques a la clase trabajadora y al pueblo. Pequeños chispazos de movilizaciones comenzaron a darse y las bases controladas por estos gremios comenzaron a inquietarse, al igual que sus dirigencias quienes veían cómo se desarrollaban pequeñas movilizaciones sociales que escapaban a su control. Al mismo tiempo, el terremoto como hecho mediático fue perdiendo fuerza y la televisión volvió a llenarse de noticias sobre delincuencia y deportes.
Entendiendo esto, y viendo cumplida la primera fase de su inserción territorial a través de la “ayuda solidaria”, la Concertación y los gremios controlados por esta han comenzado un nuevo viraje táctico en el contexto del 1 de mayo. Al igual como Piñera ha al terremoto para legitimar su plan económico, los gremios concertacionistas comienzan a retomar tímidamente su estrategia movilizadora y el plan de lucha desarrollado, ahora matizado con las demandas propias de la catástrofe. La CUT se ha manifestado en contra del fin a la indemnización por años de servicio y ahora (después de mucho silencio) ha sacado la voz denunciando los despidos realizados bajo el artículo 159, retomando la agenda laboral para cambiar el Código del Trabajo y lograr un reajuste del 10% al salario mínimo, en compañía de los parlamentarios concertacionistas, en especial del PS. El Colegio de Profesores ahora saca la voz por la concesión de los establecimientos municipales, al igual que lo hace la Confusam. Y la FECH, luego de gastar la mayoría de sus recursos en hacer trabajo político en las zonas afectadas, empieza tímidamente a criticar las propuestas de Lavín para ayudar a los estudiantes afectados, obligados en parte por pequeñas articulaciones que comienzan a darse en el movimiento estudiantil de manera autónoma al CONFECH.
Así, la Concertación aun dentro de su desorden, ha aprovechado de manera oportunista el sufrimiento del pueblo chileno, primero utilizando con fines políticos la ayuda inmediata a las zonas afectadas, y luego utilizando las movilizaciones de los más afectados para retomar su estrategia de presión y de cooptación de las movilizaciones y del malestar social.
El panorama de los trabajadores
La postura adoptada por la CUT, las privatizaciones que comienzan a plantearse como parte del Programa de Reconstrucción de Piñera, los despidos injustificados y los ataques a los derechos a la clase trabajadora, han provocado la reactivación de muchos sectores que se encontraban dormidos o a la espera y la articulación de otros. Luego del terremoto y de su impacto, la calma inicial aparente comienza a desaparecer. Tanto los gremios manejados por la Concertación, aquellos que reciben su influencia, como aquellos que desarrollan sus luchas de forma autónoma, comienzan a retomar la dinámica que venían desarrollando antes de la catástrofe, aunque con el claro impacto de ella; veamos algunos casos ilustrativos de lo que está sucediendo a grandes rasgos con la lucha de los trabajadores.
Ya antes de la asunción de Piñera, la presidencia la ANEF mostraba su preocupación por un posible despido masivo de empleados públicos ligados (y no ligados también) a la Concertación y una precarización de sus condiciones laborales producto de las modificaciones que Piñera ha anunciado para el sector. La ANEF ha denunciado el despido de más de 500 funcionados públicos no vinculados a cargos políticos, lo que afecta principalmente a trabajadores a contrata y honorarios. Los trabajadores en esta condición equivalen al 60% del total, cuando por ley sólo deberían existir un 20% en esta condición y el resto ser trabajadores de planta, sin embargo, durante los gobiernos de la Concertación nunca se quiso regularizar esta situación. Frente a esta realidad, y a los posibles despidos que se produzcan al asumir nuevas autoridades en regiones y provincias, la ANEF ha anunciado acciones en la Contraloría e iniciar las movilizaciones si es que no hay soluciones. Siguiendo en la línea de los despidos en el sector público, la Asociación Nacional de Funcionarios del Consejo de la Cultura, ANFUCULTURA, se encuentran movilizados (apoyados por la ANEF) por los despidos realizados por el Ministro Luciano Cruz-Coke y las condiciones de precariedad que afectan al sector; por su parte, la Asociación Nacional de Funcionarios del Fosis se ha declarado en estado de alerta luego de que el Mideplan le pidiese al director nacional de Fosis su renuncia, pese a que el gobierno se había comprometido a mantenerlo en su cargo debido a que había sido designado mediante un concurso de Alta Dirección Pública. Despidos también amenazan a los trabajadores de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, quienes han denunciado que ya van 20 despidos injustificados y se esperan unos 300, ante lo cual se encuentran en discusiones para iniciar la paralización del servicio de trenes. Siguiendo en el sector público, los trabajadores de la Empresa de Aeronáutica de Chile (ENAER), se encuentran movilizados con el objetivo de lograr un reajuste salarial de 4,5% que les corresponde en tanto trabajadores del sector público. Junto con esto, Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas ha manifestado su rechazo a las declaraciones de Andrés Allamand y de la Editorial de La Segunda que llaman a cerrar el Diario La Nación, lo que o sólo afectaría a los trabajadores de este medio sino que atacarían la libertad de expresión.
Para solucionar el problema de la infraestructura en salud destruida por el terremoto, Piñera anunció la construcción de 20 hospitales mediante el mecanismo de la concesión a privados, entre los que se cuentan los hospitales Barros Luco Trudeau y Exequiel González Cortés. Esto provocó un inmediato rechazo de la Federación Nacional de Profesionales de la Salud del Barros Luco quienes anunciaron el comienzo de las manifestaciones. De igual forma la Federación de Funcionarios de la Salud denunció un aprovechamiento del gobierno de la situación de catástrofe para privatizar la salud pública, en tanto Esteban Maturana, consejero de Salud de la CUT y miembro de la CONFUSAM, convocó a todos los trabajadores de la salud a manifestarse contra la privatización del sector y a salir a las calles el 1 de mayo.
Otros sectores que se encuentran atentos frente a las posibles privatizaciones son el Colegio de Profesores y los sindicatos del cobre. Los primeros ya han hecho público su rechazo a la concesión de establecimientos educativos como medida de reconstrucción y se han puesto en alerta frente a los avances que tiene en el legislativo la Ley de Superintendencia y Agencia de la Calidad de la Educación. Por su parte, la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), la Federación de Sindicatos de Supervisores y Profesionales de Codelco (FESUC) y la Federación Minera de Chile, entre otros, ante la posible venta de la participación de Codelco en Eldenor, han seguido la línea de defender un Codelo 100% estatal, rechazando la privatización y denunciando posibles próximas privatizaciones, como la que podría suceder con el yacimiento de cobre El Abra, en donde Codelco posee un 49% de participación.
En tanto, diversos sindicatos siguen en movilizaciones o en procesos de negociación colectiva. Se han manifestado los sindicatos de Coca Cola en Rancagua, los trabajadores de termoeléctrica Patache, los trabajadores del sindicato Nº2 astillero Marco Chilena, los trabajadores de Tottus Mall, los trabajadores contratistas de Movistar, los trabajadores de la empresa contratista CLP, entre otros. Demostrando que la lucha por los derechos de los trabajadores no cesa.
Los efectos ahora visibles del Plan Económico de Piñera, expresado en despidos, privatizaciones encubiertas, y el viraje táctico de la CUT han reactivado a algunos sectores en las cercanías del 1 de mayo. Sin embargo, una serie de movilizaciones se han venido dando desde antes de este proceso. Las necesidades derivadas de la catástrofe, la ausencia de ayuda real y concreta de parte de los gobiernos, la destrucción de puestos de trabajo, el problema de vivienda y de subsistencia, los despidos abusivos realizados por los patrones, entre muchos otros factores, provocaron una oleada de protestas en las zonas más afectadas, especialmente en el Gran Concepción. A pesar del Estado de sitio imperante, los trabajadores no dudaron en salir a las calles. El acceso al Puerto de Talcahuano fue cortado por los trabajadores en San Vicente, lo mismo sucedió con el ingreso a la termoeléctrica Bocamina II en Coronel, profesores de Huelpen protestaron frente al municipio rechazando los despidos y las bajas en los sueldos, en Los Álamos los trabajadores de la forestal Santa Elena se tomaron las instalaciones cuando esta se declaró en quiebra, los profesores de Penco se movilizaron contra los descuentos salariales, pobladores y trabajadores de Dichato cortaron la ruta a Tome producto de las demoras en la construcción de medias aguas, los deudores habitaciones del Gran Concepción protestaron frente a la gobernación exigiendo la condonación de sus deudas, los trabajadores despedidos de Versyluys protestaron en San Pedro, sólo por nombrar algunas movilizaciones que se han dado y que seguirán dándose. Frente a la ineficaz ayuda gubernamental y a una dirigencia de la CUT más preocupada de obtener réditos políticos de la catástrofe, ha sido la organización y movilización independiente de pobladores y trabajadores la que se ha levantado para hacer frente a la catástrofe.
En el sector pesquero, miles de familias de pescadores artesanales han perdido sus fuentes laborales, los trabajadores de empresas pesqueras están siendo despedidos, al igual que los trabajadores portuarios. Del mismo modo, en el sector del salmón, el terremoto ha sido una perfecta excusa para realizar despidos producto del terremoto, a lo que hay que sumar el terremoto social que ha producido la aprobación de la nueva Ley de Pesca que terminó por privatizar el mar chileno. A la dura realidad de los trabajadores del salmón y a los miles de cesantes que ha dejado esta industria, hay que sumar la eliminación del Programa de Empleo para la Salmonicultura, Plan Salmón, en el que venían comprometidos $10 mil millones para generar trabajo y palear la enorme cesantía presente en la Región de los Lagos, así como un recorte del 17% del presupuesto regional, el que supuestamente irá a parar al Plan de Reconstrucción. Frente a esta situación que agrava aún más la miseria de los trabajadores sin empleo, se han anunciado movilizaciones de parte de trabajadores y sindicatos.
Otro de los sectores duramente afectados es del agro. Miles de familias de pequeños campesinos y temporeros han sido damnificadas o han visto destruidos sus bienes materiales y sus siembras. Han perdido sus frutas producto del terremoto, se han destruido los canales de regadío, el riego por goteo, han visto destruidas sus viviendas, no tiene dinero para alimentar a sus animales, puentes y caminos en mal estado, etc. Todos efectos de la catástrofe acentuados por las miserables condiciones de vida en la que se encontraba la gente del campo. Significando esto la pérdida del sustento familiar en el caso de los pequeños campesinos, la destrucción de sus fuentes de empleo y una mayor necesidad de trabajo, lo que será aprovechado por los patrones para aumentar las condiciones de explotación, de los temporeros.
El terremoto neoliberal de Piñera y su Programa Económico comienza afectar duramente al pueblo chileno, al igual que lo han hecho la catástrofe natural. Sin embargo, ha sido la ayuda solidaria de clase y la movilización activa la que comienzan a danos una luz de esperanza. Ha sido la ayuda brindada a las zonas devastadas por decenas de sindicatos de base, por estudiantes organizados, por las mismas comunidades afectadas, las que han ayudado a resolver por parte del mismo pueblo las necesidades inmediatas del pueblo afectado. Y ha sido la movilización y la presión de estos mismos afectados la que ha logrado poco a poco que las autoridades respondan y los recursos gubernamentales comiencen a llegar. Ayuda solidaria y movilización han sido los caminos para enfrentar la catástrofe natural y deben ser los mismos caminos que debemos tomar para enfrentar la catástrofe que Piñera pretende implementar para enriquecer aun más a los dueños del poder y la riqueza. Rechazar las privatizaciones, combatir el Programa Económico y el Plan Laboral de Piñera, fortalecer la organización de base de los trabajadores y la lucha autónoma por nuestros derechos son los caminos para hacer realidad en al ámbito de la lucha la consigna que los pobres y explotados del campo y la ciudad han levantado para hacer frente a la catástrofe y sus secuelas: Sólo el pueblo ayuda al pueblo.
LUCHANDO AVANZAN LOS TRABAJADORES
Danilo Neira