Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Fecha
2010-07-29
Categoría
Comunicado
A 40 años de la fundación del MLN-29
A 40 años de su fundación
EL MLN-29 MANTIENE EN ALTO LAS BANDERAS DE LUCHA
Al pueblo trabajador
A los pobres de la ciudad y del campo
A la juventud y la mujer panameña
El 29 de julio de 1970 en un lugar de la periferia de la ciudad de Panamá, en condiciones de cerrada clandestinidad durante el periodo de resistencia armada contra el régimen militar contrainsurgente encabezado por Omar Torrijos, la dirigencia del Frente de Resistencia Popular constituida por Vanguardia de Acción Nacional, el Movimiento de Unidad Revolucionaria y otras fuerzas, toma la histórica decisión de fusionarse en una sola organización dando nacimiento al Movimiento de Liberación Nacional 29 de Noviembre, MLN-29.
Trayectoria revolucionaria
Desde el surgimiento del FRP para enfrentar al régimen militar con las armas en la mano y a través de los 40 años de existencia del MLN-29 como partido revolucionario de la clase obrera panameña que fundamenta su accionar político en los postulados científicos y revolucionarios del marxismo-leninismo, hemos sabido ser consecuentes con nuestros principios y convicciones revolucionarias entregándonos al trabajo político de concientizar, organizar, acompañar y orientar la lucha del movimiento obrero clasista, de los trabajadores manuales e intelectuales y de los pobres de la ciudad y del campo, pagando un alto costo de sacrificio, sudor y sangre de nuestra militancia a través de distintos periodos de la vida de nuestra organización.
Así fue durante el periodo de resistencia armada cuando en las montañas de Cerro Azul enfrentamos a la Guardia Nacional que contó con el apoyo de helicópteros de la Fuerza Aérea de EEUU establecida en las bases militares norteamericanas de la Zona del Canal o al combinarse con la policía zoneita y fuerzas del Comando Sur para tratar de cercarnos en el casco urbano para capturar o liquidar a nuestros comandos tras la realización de operaciones guerrilleras, implementando el bloqueo de las principales vías de salida de la ciudad mediante la llamada “Operación Cemento”; nunca renunciamos al trabajo político interno ni a la lucha por el retorno de los exiliados políticos, mientras dábamos claras muestras de solidaridad e internacionalismo revolucionario en y hacia otros pueblos de Nuestra América; durante la década de los años 80 impulsamos una consistente política de inserción en diversos sectores sociales de la geografía nacional dinamizando la construcción y crecimiento del partido; tras la invasión yanqui de diciembre de 1989, la caída de régimen militar y el derrumbe del campo socialista hemos sostenido una coherente y firme reafirmación en nuestros principios marxista-leninistas, de rearticulación del movimiento popular e impulso de la lucha de clases, acumulación de fuerza social revolucionaria y de lucha por el socialismo.
Sobre la coyuntura actual
Hoy nos enfrentamos a un nuevo y significativo cambio de situación en el escenario político nacional. Las elecciones del 3 de mayo de 2009 dan surgimiento a una nueva expresión política de la clase dominante con el triunfo de Cambio Democrático que ha arrastrado en su alianza al Partido Panameñista rompiendo el binomio político post invasión (Panameñismo-PRD); el resultado electoral favorable a la Alianza por el Cambio con más del 60% de votos emitidos y las pugnas intestinas han dejado al PRD sumergido en una profunda crisis difícil de superar.
Tras un año en el gobierno, Martinelli y su equipo han dejado marcado su sello de carácter estrictamente empresarial, de derecha conservadora ligada al Opus Dei, sumado a la estrategia guerrerista regional yanqui, extremadamente autoritario, nepotista y tan corrupto o más que los anteriores gobiernos como lo demuestra el manejo de las contrataciones directas. Ligado a estas características Martinelli creyó haber recibido un cheque en blanco con su triunfo electoral y maneja la cosa pública como si fuera uno de sus negocios habituales. Estas características y conducta lo llevan a adoptar medidas y acciones inconstitucionales e ilegales o legales, pero inmorales, o simplemente arbitrarias, que provocan contradicciones con los más diversos sectores de la sociedad al violentar normas de convivencia democrática y derechos ciudadanos.
El Ejecutivo controla el Poder Judicial, el Legislativo, la Contraloría General de la República y el Ministerio Público; ha impuesto la “Ley Pinchazo” de interferencia telefónica, la “Ley Carcelazo” que penaliza la protesta social; ha puesto la Dirección de Investigación Judicial, DIJ bajo el mando de la Policía Nacional; en un proceso de militarización de la fuerza pública creó el Servicio Aeronaval y el Servicio Nacional de Fronteras y está instalando 11 bases aeronavales en las costas. Paralelamente se viene imponiendo un régimen policiaco a los ciudadanos con la implementación del llamado “pele police” que en nada ha contribuido a frenar la creciente violencia criminal e inseguridad ciudadana y más bien se presta para mayores abusos policiales. Consecuentes con su mentalidad coercitiva han creado un Ministerio de Seguridad Pública represivo-policiaco.
No se están dando pasos hacia una democratización en el terreno político electoral del país y a la participación de los ciudadanos en la vida política más allá del acto de emitir su voto cada cinco años. Diversos grupos de ciudadanos han mostrado interés en participar en la Comisión Nacional de Reformas Electorales del TE, pero toda propuesta democratizadora es objetada por los partidos políticos tradicionales, tanto de gobierno como de oposición, con lo cual se puede vislumbrar que nada esencial cambiará al llegar dichas propuestas a la Asamblea Nacional, con lo cual las vías de propiciar reformas en el marco institucional aún se mantienen cerradas.
Unido a esto tenemos que Cambio Democrático –como ya es común entre los partidos tradicionales burgueses cuando están en el gobierno- viene comprando diputados, alcaldes y representantes del PRD que se venden por dinero y mayores prebendas, pero además, prácticamente ha eliminado la revocatoria de mandato por parte de los partidos para facilitar la acostumbrada operación de compra-venta. Cambio Democrático se plantea asimilar orgánicamente a UP y MOLIRENA con la pretensión de constituirse en el partido único y directo de los intereses de la clase dominante, debilitando políticamente al Partido Panameñista y dejando al PRD como simple partido político subalterno echado de menos en las actuales circunstancias políticas dado su desgaste e ineficacia para los fines inmediatos de estos sectores de la clase dominante. El PRD tiene la contradicción de ser un partido con un discurso socialdemócrata, pero profundamente comprometido con las políticas neoliberales, anti populares y anti nacionales; antidemocrático, represivo, corrupto y genuflexo ante el imperialismo.
Peligrosamente se nos viene involucrando en el conflicto bélico colombiano, ya dos unidades de SENAFRON resultaron mutiladas y las comunidades aledañas son reprimidas al prohibírseles atender sus cultivos y se restringe la introducción de alimentos en el área so pretexto de que puede ser para abastecer a los irregulares. Por otro lado, se denuncian pistas aéreas bajo control de fuerzas militares norteamericanas en Darién, operaciones de acción cívica del ejército de EEUU e incremento de la presencia de los Cuerpos de Paz en el país.
El manejo sensato de los recursos naturales no renovables y su posible explotación racional para impulsar el desarrollo económico y social defendiendo los intereses nacionales ante las transnacionales, protegiendo el ecosistema y respetando el hábitat de la población, no le interesa a la clase dominante en sus insaciables ansias de mayor enriquecimiento. Las concesiones hidroeléctricas, minera a cielo abierto y de supuestos proyectos de turismo residencial son depredadores, atentan contra la naturaleza y contra la población, atentan contra el derecho a la tierra y la vida de los pueblos originarios, campesinos y de pescadores, que pierden su forma de subsistencia o son brutalmente desalojados de sus tierras ancestrales como viene ocurriendo con los pueblos Naso y Ngäbe Buglé. Abiertamente Martinelli ha mostrado disposición a cambiar la legislación vigente para permitir que empresas de Corea del Sur exploten la minería aurífera a cielo abierto. Para facilitar este tipo de transacciones el Ejecutivo ha emitido el Decreto 537 relativo a la Carta Orgánica de la Comarca Ngäbe Buglé para entrometerse en la elección y composición de las autoridades tradicionales de este pueblo.
Los intentos por implantar una llamada transformación curricular retrógrada e inconsulta por parte del Ministerio de Educación lleva a contradicciones con el sector docente. Aunado a ello se ha introducido la discusión sobre aumento salarial de los educadores, el Ministerio incumple compromisos con los educadores de áreas de difícil acceso que tienen problemas de transporte, vivienda y alimentación en su área de trabajo con escuelas rancho, multigrado carentes de material didáctico, entre otras dificultades para llevar adelante el proceso de enseñanza-aprendizaje.
La disconformidad de la población por los bajos ingresos salariales que no alcanzan para cubrir las necesidades de la canasta básica familiar es manifiesta; el aumento del 40% del ITBMS al subirlo de 5 al 7% reduce el poder adquisitivo de los más pobres. Con un índice de desempleo abierto del 8%, según cifras oficiales, y un 47% de informalidad entre los ocupados, tenemos que más del 55% de la PEA se encuentra desamparada sin contar con prestaciones sociales y destinada a candidata al cacareado plan gubernamental de “100 a los 70”. Mientras tanto los miembros del gabinete, sus familiares, socios y amigos, aparecen haciendo negociados multimillonarios con los recursos del Estado e intentando millonarias evasiones al fisco.
La Ley 30 como colofón de la situación planteada
Todo lo descrito en el esbozo de coyuntura se resume en la Ley 30. En medio de la distracción del mundial de futbol se trató de aprobar una ley con visos de inconstitucionalidad, ilegalidad e inmoralidad y violatoria del reglamento de la propia Asamblea Nacional. Dicha ley supuestamente versaba sobre el tema de aviación comercial, pero se colaron varios “camarones” que modificaban los Códigos Penal, Judicial y Laboral, además de seis leyes nacionales. Los elementos más controversiales guardan relación con tres aspectos:
a.- Medio ambiente. Eliminación de los estudios de impacto ambiental en obras de interés social según defina el gobierno.
b.- Libertad y autonomía sindical. Conculcando el derecho a huelga, negándole así capacidad de negociación a los sindicatos ante la patronal para concertar convenciones colectivas justos y estrangulando económicamente a los sindicatos al negar el descuento directo de la cuota sindical por parte de las empresas. [Es bueno recordar que se pretendía eliminar el domingo como día obligatorio de descanso, hecho que fue conjurado por el rechazo de la opinión pública y la denuncia hecha por el arzobispo Ulloa durante la Cita Eucarística]
c.- Derechos humanos. La licencia para matar que se otorga a la Policía Nacional en ejercicio de sus funciones con garantía de impunidad y las limitaciones al derecho de transitar libremente por el país o de salir o entrar en él que significa la potestad que se otorga al Consejo de Seguridad del Estado para ordenarle a líneas nacionales o extranjeras el impedir que “sospechosos razonables” aborden vuelos locales o internacionales, sin mediar orden judicial alguna.
Prestando oídos sordos a las críticas y rechazo de ambientalistas y comunidades que son o pueden ser afectadas por la política depredadora del medio ambiente que contiene la ley; desoyendo al movimiento obrero y sindical que advirtió de los conflictos que generaría una ley que atenta contra derechos laborales fundamentales consagrados en la constitución, convenios internacionales y la OIT, e ignorando los señalamientos de defensores de los derechos humanos, ciudadanos y del movimiento popular contra el otorgamiento de impunidad a los abusos y crímenes de la Policía Nacional –legalizando los indultos a policías involucrados en asesinatos-, se aprobó a tambor batiente la funesta Ley 30 o Chorizo en solo 3 días.
Las críticas y oposición a las características del gobierno de representar intereses privados transnacionales y empresariales sobre el interés público; de preferir los mecanismos de control e imposición a los del diálogo y la consulta y de adoptar medidas arbitrarias y represivas, ha tenido como respuesta del gobierno los insultos más procaces e infames, campañas sucias contra quienes se atreven a hacer observaciones, opinar u oponerse a sus políticas: “quieren cogobernar”, “maleantes de mierda”, “periodistas coimeros”, “periodismo de pacotilla”, “no quieren perder sus consultorías”, “indios borrachos, ignorantes y narcotizados”, etc. No han faltado los cierres de programas de opinión, amenazas y atropellos contra periodistas, la represión y arrestos arbitrarios durante reuniones y manifestaciones, hasta llegar a incoar procesos amañados de obvio matiz político contra dirigentes sindicales y populares.
Como es sabido, el rechazo y la movilización del pueblo panameño contra la Ley 30 han sido generalizados. A lo largo del país se han dado foros, manifestaciones y una huelga general de 24 horas. En Bocas del Toro la huelga e insurrección cívico-popular de 10 días de los trabajadores bananeros y la comunidad de Changuinola, formada principalmente por pobladores ngäbe buglés y afrodescendientes, fue reprimida de manera brutal y sanguinaria por la Policía Nacional dejando un trágico saldo de más de 10 muertos según datos de la población -mismos que ocultan las autoridades-, varios desaparecidos, más de medio centenar de personas dejadas ciegas o tuertas por los perdigones disparados por la PN, más de 600 heridos de perdigones y de balas disparadas desde helicópteros o por francotiradores; niños, mujeres y ancianos afectados por los gases lacrimógenos lanzados en áreas residenciales y centenares de detenidos, algunos sacados de sus casas u hospitales sin orden judicial alguna.
La condena a estos actos de lesa humanidad ha sido universal. Acciones urgentes, comunicados de solidaridad, denuncia en medios de comunicación, parlamentos y organismos internacionales, protestas ante legaciones diplomáticas de Panamá en América y Europa, visita de organismos internacionales a Panamá, entre otras acciones.
El gobierno ha tratado de justificarse mediante una vil campaña de mentiras, manipulación e injurias contra SUNTRACS y FRENADESO acusándolos de haber instigado la rebelión. Sin embargo, para todos está claro que la causa del conflicto radica en la imposición de la Ley 30 y en el manejo político torpe, chabacano y desmedido de las propias autoridades gubernamentales. Por otro lado, se pretende ignorar la historia que habla de una población bocatoreña digna y combativa que doblegó a la transnacional United Fruit Company en los años 60 logrando el reconocimiento del sindicato bananero.
Para aquellos que no sólo carecen de memoria histórica, sino también de memoria corta, debemos recordarles la lucha de los bocatoreños en septiembre de 2000 durante el gobierno de Mireya Moscoso, exigiendo la construcción de potabilizadoras para Almirante, Bocas del Toro isla, Changuinola y Guabito Sur; la instalación de energía eléctrica; el puente sobre el río Changuinola y el nombramiento de médicos especialistas para la provincia; el aumento del presupuesto universitario y que se mantuvieran las juntas regionales educativas en la provincia, entre otras demandas aprobadas en cabildos abiertos de las organizaciones y comunidades. Esta jornada de lucha concluye cuando a punta de piedras y molotov la población cercó y sitió a la Policía Nacional en el cuartel de Changuinola logrando la liberación de los presos políticos y el compromiso del Ejecutivo de cumplir con sus demanda. Poco más de seis meses después –abril del 2001- ante el incumplimiento del gobierno, surgirían nuevos brotes de protesta popular.
En octubre de 2004, siendo gobierno el PRD con Martín Torrijos, la Bocas Fruit Company suspende el servicio eléctrico y de agua por más de 13 horas en Almirante, Bocas del Toro. Al restablecerse el mismo un cortocircuito provoca un incendio que arrasa con tres viviendas. Los bomberos se presentan, pero no tienen carro bomba ni ambulancia. Dada esta situación y en solidaridad con los damnificados la comunidad sale a protestar y es reprimida por la policía antidisturbios con gases lacrimógenos y perdigones. Ante la represión se generaliza la lucha de la población en las calles exigiendo solución al problema del agua, la falta de carro bomba en Almirante y de ambulancia en el hospital de Changuinola, demandando la rebaja de la tarifa eléctrica, construcción de viviendas de interés social y reclamando la presencia del presidente. El resultado de la confrontación callera con patrullas policiales quemados y varios policías heridos, desarmados y retenidos, llevó al ministro de Gobierno y Justicia, Héctor Alemán a catalogar a los manifestantes de estar “liderados por narcotraficantes”, ser “unos facinerosos”, “usar bombas molotov”, realizar “actos vandálicos” y “crear el caos y la inestabilidad”. Un discurso similar al de Alma Cortés, José Raúl Mulino y Gustavo Pérez hoy día.
Estos hechos históricos desmienten la sucia campaña mediática del gobierno de Martinelli contra las organizaciones populares y deben llevarlo a reflexionar sobre la conveniencia de escuchar la voz del pueblo. No entender a estas alturas que subestimar al pueblo bocatoreño, a los pueblos originarios, al movimiento obrero y popular, es un craso error que tiene sus costos políticos.
El pueblo panameño ha dejado claramente sentada su posición de que el gobierno debe derogar la Ley 30 por ser nefasta para el medio ambiente y la población pues permite la depredación ecológica, conculca los derechos de los trabajadores y constituye una amenaza a la seguridad y la vida de los ciudadanos al propiciar la impunidad en los casos de abusos y crímenes cometidos por la policía, tal cual sucede frente a la propia masacre de Bocas del Toro. Desoír el clamor del pueblo solo significará extender y arreciar los niveles del conflicto que apuntan hacia una situación de verdadera e irrefrenable explosión social a nivel nacional.
Pronunciamiento del MLN-29
En torno a una posible mesa de diálogo sobre la Ley 30 o Ley Chorizo, sostenemos que el mismo tendría que darse en un marco democrático de igualdad y respeto sin imposiciones como pretende el Ejecutivo al delimitar por decreto los temas a discutir, definir quienes son los interlocutores e imponer a la facilitadora y las reglas de funcionamiento, todo esto en un clima de falsas acusaciones y amenazas donde se tienen abiertos expedientes de persecución política-judiciales contra trabajadores y pobladores de Bocas del Toro, obreros de Colón y contra la dirigencia sindical y popular, montados por el Consejo de Seguridad y el Ministerio Público.
Un verdadero diálogo democrático que responda a las exigencias del pueblo panameño tiene que tener sobre el tapete la derogación de la Ley 30, de la “Ley Carcelazo”, del 7%, del decreto 537, un alto al terrorismo político-judicial del MP, la destitución de los ministros de Seguridad Pública y de Trabajo, José Raúl Mulino y Alma Cortés, así como del Jefe de la PN, Gustavo Pérez, y la creación de una Comisión de la Verdad que investigue imparcialmente la brutal y sangrienta represión contra el pueblo bocatoreño, impida que ésta quede en la impunidad y conduzca a la reparación moral y económica de las víctimas y sus familiares.
La política del gobierno de Martinelli ha sido de confrontación e imposición al defender sus intereses privados, hacer negocios aprovechando su control absoluto del Estado y por tratar de imponer autoritariamente sus puntos de vista por encima de cualquier consulta, diálogo u opinión pública. La mentalidad de gamonal de Martinelli sintiéndose por encima de todo y de todos se refleja en su carácter y estilo de actuar, contribuyendo en mucho a la caracterización de su gobierno.
Una actitud política torpe y tozuda del gobierno lleva a la agudización de la confrontación social que refleja contradicciones antagónicas de clase con el movimiento obrero, el campesinado, los pueblos originarios, pobladores y trabajadores manuales e intelectuales que tienen que lidiar cotidianamente con el alto costo de la vida; choca con las capas medias que son afectadas por sus medidas económicas e impositivas disminuyendo su calidad de vida, estas capas son las que mayormente integran las organizaciones de la denominada sociedad civil de defensores de los derechos humanos y ambientales; confronta a los periodistas y los medios que pueden ser críticos a alguna de sus acciones de gobierno; se pueden constatar algunos niveles de contradicción con personas y gremios de sectores de la clase dominante en función de intereses económicos en juego; en el plano político gubernamental se empiezan a dar manifestaciones de fricciones y fisuras entre las fuerzas que la integran por diferencias en torno al manejo de algunas situaciones, la distribución del botín político y las ambiciones o aspiraciones políticas de cada cual. El rechazo al proyecto de “Consulta Ciudadana” por parte de la Asamblea Nacional, ya que encerraba el peligro de poder llevar a su propia disolución y a la reelección presidencial inmediata, es un claro ejemplo de ello.
Estas manifestaciones económicas y políticas de “fisuras en las alturas” -así como la concentración de los órganos de poder en manos del ejecutivo, que es lo mismo que decir de Martinelli- contribuyen al proceso de mayor deterioro y crisis de la institucionalidad burguesa que se asienta en la Constitución de 1972 del régimen militar con sus remiendos y parches.
Por la otra mano tenemos que la crisis abierta en torno a la Ley 30 a demostrado que el pueblo ha perdido el miedo a pronunciarse y protestar en la calle rompiendo el temor a la “Ley Carcelazo”, al “pele pólice” y a la represión; los contenidos y la lucha contra esta Ley 30 han contribuido a desenmascarar al gobierno de Martinelli llevándolo a perder el grado de aceptación en las encuestas de las cuales se jactaban sus voceros; esta lucha ha demostrado que el movimiento popular constituye la verdadera oposición política al régimen actual de gobierno y que ello impone nuevas tareas políticas al referente de luchas del mismo y lo obliga acelerar junto al pueblo y su vanguardia la ejecución de su proyecto político.
En este contexto, MLN-29 impulsa junto a las fuerzas consecuentemente revolucionarias el trabajo de unidad desde las bases para integrar en un solo puño las luchas dispersas de los sectores populares y darle direccionalidad política y continuidad organizativa a las luchas espontaneas y esporádicas de los distintos sectores de la población. Este planteamiento sigue la línea estratégica de construcción de poder popular desde las bases para crear las condiciones subjetivas de la revolución, consistente en generar sentido de pertenencia de clase de los sectores populares, su organización independiente, autónoma y autogestionaria, la unidad en la lucha por la defensa de sus intereses de clase, elevar la capacidad y disposición combativa del pueblo trabajador, emplear todas las formas y métodos de lucha –incluidas la autodefensa de masas e insurrección popular como el crear su propio instrumento político electoral, pese a lo excluyente del sistema- como tácticas que apunten a acumular fuerza social revolucionaria conducente a la autoconvocatoria de una Constituyente Originaria con plenos poderes de manera tal que signifique un cambio revolucionario, un cambio estructural radical de la sociedad panameña.
Al llegar a 40 años de existencia revolucionaria consecuente y combativa, inclinamos nuestras banderas para rendir honor y gloria a nuestros héroes y mártires a la vez que renovamos nuestro compromiso de lucha junto al pueblo por la Patria y la Revolución.
¡FORJEMOS LA UNIDAD DEL PUEBLO EN LA LUCHA!
¡CONSTRUYAMOS JUNTO AL PUEBLO TRABAJADOR
UNA REAL ALTERNATIVA DE PODER!
¡LA PELEA ES PELEANDO, LIBERACIÓN O MUERTE!
Panamá, 29 de julio de 2010
Movimiento de Liberación Nacional 29 de Noviembre
EL MLN-29 MANTIENE EN ALTO LAS BANDERAS DE LUCHA
Al pueblo trabajador
A los pobres de la ciudad y del campo
A la juventud y la mujer panameña
El 29 de julio de 1970 en un lugar de la periferia de la ciudad de Panamá, en condiciones de cerrada clandestinidad durante el periodo de resistencia armada contra el régimen militar contrainsurgente encabezado por Omar Torrijos, la dirigencia del Frente de Resistencia Popular constituida por Vanguardia de Acción Nacional, el Movimiento de Unidad Revolucionaria y otras fuerzas, toma la histórica decisión de fusionarse en una sola organización dando nacimiento al Movimiento de Liberación Nacional 29 de Noviembre, MLN-29.
Trayectoria revolucionaria
Desde el surgimiento del FRP para enfrentar al régimen militar con las armas en la mano y a través de los 40 años de existencia del MLN-29 como partido revolucionario de la clase obrera panameña que fundamenta su accionar político en los postulados científicos y revolucionarios del marxismo-leninismo, hemos sabido ser consecuentes con nuestros principios y convicciones revolucionarias entregándonos al trabajo político de concientizar, organizar, acompañar y orientar la lucha del movimiento obrero clasista, de los trabajadores manuales e intelectuales y de los pobres de la ciudad y del campo, pagando un alto costo de sacrificio, sudor y sangre de nuestra militancia a través de distintos periodos de la vida de nuestra organización.
Así fue durante el periodo de resistencia armada cuando en las montañas de Cerro Azul enfrentamos a la Guardia Nacional que contó con el apoyo de helicópteros de la Fuerza Aérea de EEUU establecida en las bases militares norteamericanas de la Zona del Canal o al combinarse con la policía zoneita y fuerzas del Comando Sur para tratar de cercarnos en el casco urbano para capturar o liquidar a nuestros comandos tras la realización de operaciones guerrilleras, implementando el bloqueo de las principales vías de salida de la ciudad mediante la llamada “Operación Cemento”; nunca renunciamos al trabajo político interno ni a la lucha por el retorno de los exiliados políticos, mientras dábamos claras muestras de solidaridad e internacionalismo revolucionario en y hacia otros pueblos de Nuestra América; durante la década de los años 80 impulsamos una consistente política de inserción en diversos sectores sociales de la geografía nacional dinamizando la construcción y crecimiento del partido; tras la invasión yanqui de diciembre de 1989, la caída de régimen militar y el derrumbe del campo socialista hemos sostenido una coherente y firme reafirmación en nuestros principios marxista-leninistas, de rearticulación del movimiento popular e impulso de la lucha de clases, acumulación de fuerza social revolucionaria y de lucha por el socialismo.
Sobre la coyuntura actual
Hoy nos enfrentamos a un nuevo y significativo cambio de situación en el escenario político nacional. Las elecciones del 3 de mayo de 2009 dan surgimiento a una nueva expresión política de la clase dominante con el triunfo de Cambio Democrático que ha arrastrado en su alianza al Partido Panameñista rompiendo el binomio político post invasión (Panameñismo-PRD); el resultado electoral favorable a la Alianza por el Cambio con más del 60% de votos emitidos y las pugnas intestinas han dejado al PRD sumergido en una profunda crisis difícil de superar.
Tras un año en el gobierno, Martinelli y su equipo han dejado marcado su sello de carácter estrictamente empresarial, de derecha conservadora ligada al Opus Dei, sumado a la estrategia guerrerista regional yanqui, extremadamente autoritario, nepotista y tan corrupto o más que los anteriores gobiernos como lo demuestra el manejo de las contrataciones directas. Ligado a estas características Martinelli creyó haber recibido un cheque en blanco con su triunfo electoral y maneja la cosa pública como si fuera uno de sus negocios habituales. Estas características y conducta lo llevan a adoptar medidas y acciones inconstitucionales e ilegales o legales, pero inmorales, o simplemente arbitrarias, que provocan contradicciones con los más diversos sectores de la sociedad al violentar normas de convivencia democrática y derechos ciudadanos.
El Ejecutivo controla el Poder Judicial, el Legislativo, la Contraloría General de la República y el Ministerio Público; ha impuesto la “Ley Pinchazo” de interferencia telefónica, la “Ley Carcelazo” que penaliza la protesta social; ha puesto la Dirección de Investigación Judicial, DIJ bajo el mando de la Policía Nacional; en un proceso de militarización de la fuerza pública creó el Servicio Aeronaval y el Servicio Nacional de Fronteras y está instalando 11 bases aeronavales en las costas. Paralelamente se viene imponiendo un régimen policiaco a los ciudadanos con la implementación del llamado “pele police” que en nada ha contribuido a frenar la creciente violencia criminal e inseguridad ciudadana y más bien se presta para mayores abusos policiales. Consecuentes con su mentalidad coercitiva han creado un Ministerio de Seguridad Pública represivo-policiaco.
No se están dando pasos hacia una democratización en el terreno político electoral del país y a la participación de los ciudadanos en la vida política más allá del acto de emitir su voto cada cinco años. Diversos grupos de ciudadanos han mostrado interés en participar en la Comisión Nacional de Reformas Electorales del TE, pero toda propuesta democratizadora es objetada por los partidos políticos tradicionales, tanto de gobierno como de oposición, con lo cual se puede vislumbrar que nada esencial cambiará al llegar dichas propuestas a la Asamblea Nacional, con lo cual las vías de propiciar reformas en el marco institucional aún se mantienen cerradas.
Unido a esto tenemos que Cambio Democrático –como ya es común entre los partidos tradicionales burgueses cuando están en el gobierno- viene comprando diputados, alcaldes y representantes del PRD que se venden por dinero y mayores prebendas, pero además, prácticamente ha eliminado la revocatoria de mandato por parte de los partidos para facilitar la acostumbrada operación de compra-venta. Cambio Democrático se plantea asimilar orgánicamente a UP y MOLIRENA con la pretensión de constituirse en el partido único y directo de los intereses de la clase dominante, debilitando políticamente al Partido Panameñista y dejando al PRD como simple partido político subalterno echado de menos en las actuales circunstancias políticas dado su desgaste e ineficacia para los fines inmediatos de estos sectores de la clase dominante. El PRD tiene la contradicción de ser un partido con un discurso socialdemócrata, pero profundamente comprometido con las políticas neoliberales, anti populares y anti nacionales; antidemocrático, represivo, corrupto y genuflexo ante el imperialismo.
Peligrosamente se nos viene involucrando en el conflicto bélico colombiano, ya dos unidades de SENAFRON resultaron mutiladas y las comunidades aledañas son reprimidas al prohibírseles atender sus cultivos y se restringe la introducción de alimentos en el área so pretexto de que puede ser para abastecer a los irregulares. Por otro lado, se denuncian pistas aéreas bajo control de fuerzas militares norteamericanas en Darién, operaciones de acción cívica del ejército de EEUU e incremento de la presencia de los Cuerpos de Paz en el país.
El manejo sensato de los recursos naturales no renovables y su posible explotación racional para impulsar el desarrollo económico y social defendiendo los intereses nacionales ante las transnacionales, protegiendo el ecosistema y respetando el hábitat de la población, no le interesa a la clase dominante en sus insaciables ansias de mayor enriquecimiento. Las concesiones hidroeléctricas, minera a cielo abierto y de supuestos proyectos de turismo residencial son depredadores, atentan contra la naturaleza y contra la población, atentan contra el derecho a la tierra y la vida de los pueblos originarios, campesinos y de pescadores, que pierden su forma de subsistencia o son brutalmente desalojados de sus tierras ancestrales como viene ocurriendo con los pueblos Naso y Ngäbe Buglé. Abiertamente Martinelli ha mostrado disposición a cambiar la legislación vigente para permitir que empresas de Corea del Sur exploten la minería aurífera a cielo abierto. Para facilitar este tipo de transacciones el Ejecutivo ha emitido el Decreto 537 relativo a la Carta Orgánica de la Comarca Ngäbe Buglé para entrometerse en la elección y composición de las autoridades tradicionales de este pueblo.
Los intentos por implantar una llamada transformación curricular retrógrada e inconsulta por parte del Ministerio de Educación lleva a contradicciones con el sector docente. Aunado a ello se ha introducido la discusión sobre aumento salarial de los educadores, el Ministerio incumple compromisos con los educadores de áreas de difícil acceso que tienen problemas de transporte, vivienda y alimentación en su área de trabajo con escuelas rancho, multigrado carentes de material didáctico, entre otras dificultades para llevar adelante el proceso de enseñanza-aprendizaje.
La disconformidad de la población por los bajos ingresos salariales que no alcanzan para cubrir las necesidades de la canasta básica familiar es manifiesta; el aumento del 40% del ITBMS al subirlo de 5 al 7% reduce el poder adquisitivo de los más pobres. Con un índice de desempleo abierto del 8%, según cifras oficiales, y un 47% de informalidad entre los ocupados, tenemos que más del 55% de la PEA se encuentra desamparada sin contar con prestaciones sociales y destinada a candidata al cacareado plan gubernamental de “100 a los 70”. Mientras tanto los miembros del gabinete, sus familiares, socios y amigos, aparecen haciendo negociados multimillonarios con los recursos del Estado e intentando millonarias evasiones al fisco.
La Ley 30 como colofón de la situación planteada
Todo lo descrito en el esbozo de coyuntura se resume en la Ley 30. En medio de la distracción del mundial de futbol se trató de aprobar una ley con visos de inconstitucionalidad, ilegalidad e inmoralidad y violatoria del reglamento de la propia Asamblea Nacional. Dicha ley supuestamente versaba sobre el tema de aviación comercial, pero se colaron varios “camarones” que modificaban los Códigos Penal, Judicial y Laboral, además de seis leyes nacionales. Los elementos más controversiales guardan relación con tres aspectos:
a.- Medio ambiente. Eliminación de los estudios de impacto ambiental en obras de interés social según defina el gobierno.
b.- Libertad y autonomía sindical. Conculcando el derecho a huelga, negándole así capacidad de negociación a los sindicatos ante la patronal para concertar convenciones colectivas justos y estrangulando económicamente a los sindicatos al negar el descuento directo de la cuota sindical por parte de las empresas. [Es bueno recordar que se pretendía eliminar el domingo como día obligatorio de descanso, hecho que fue conjurado por el rechazo de la opinión pública y la denuncia hecha por el arzobispo Ulloa durante la Cita Eucarística]
c.- Derechos humanos. La licencia para matar que se otorga a la Policía Nacional en ejercicio de sus funciones con garantía de impunidad y las limitaciones al derecho de transitar libremente por el país o de salir o entrar en él que significa la potestad que se otorga al Consejo de Seguridad del Estado para ordenarle a líneas nacionales o extranjeras el impedir que “sospechosos razonables” aborden vuelos locales o internacionales, sin mediar orden judicial alguna.
Prestando oídos sordos a las críticas y rechazo de ambientalistas y comunidades que son o pueden ser afectadas por la política depredadora del medio ambiente que contiene la ley; desoyendo al movimiento obrero y sindical que advirtió de los conflictos que generaría una ley que atenta contra derechos laborales fundamentales consagrados en la constitución, convenios internacionales y la OIT, e ignorando los señalamientos de defensores de los derechos humanos, ciudadanos y del movimiento popular contra el otorgamiento de impunidad a los abusos y crímenes de la Policía Nacional –legalizando los indultos a policías involucrados en asesinatos-, se aprobó a tambor batiente la funesta Ley 30 o Chorizo en solo 3 días.
Las críticas y oposición a las características del gobierno de representar intereses privados transnacionales y empresariales sobre el interés público; de preferir los mecanismos de control e imposición a los del diálogo y la consulta y de adoptar medidas arbitrarias y represivas, ha tenido como respuesta del gobierno los insultos más procaces e infames, campañas sucias contra quienes se atreven a hacer observaciones, opinar u oponerse a sus políticas: “quieren cogobernar”, “maleantes de mierda”, “periodistas coimeros”, “periodismo de pacotilla”, “no quieren perder sus consultorías”, “indios borrachos, ignorantes y narcotizados”, etc. No han faltado los cierres de programas de opinión, amenazas y atropellos contra periodistas, la represión y arrestos arbitrarios durante reuniones y manifestaciones, hasta llegar a incoar procesos amañados de obvio matiz político contra dirigentes sindicales y populares.
Como es sabido, el rechazo y la movilización del pueblo panameño contra la Ley 30 han sido generalizados. A lo largo del país se han dado foros, manifestaciones y una huelga general de 24 horas. En Bocas del Toro la huelga e insurrección cívico-popular de 10 días de los trabajadores bananeros y la comunidad de Changuinola, formada principalmente por pobladores ngäbe buglés y afrodescendientes, fue reprimida de manera brutal y sanguinaria por la Policía Nacional dejando un trágico saldo de más de 10 muertos según datos de la población -mismos que ocultan las autoridades-, varios desaparecidos, más de medio centenar de personas dejadas ciegas o tuertas por los perdigones disparados por la PN, más de 600 heridos de perdigones y de balas disparadas desde helicópteros o por francotiradores; niños, mujeres y ancianos afectados por los gases lacrimógenos lanzados en áreas residenciales y centenares de detenidos, algunos sacados de sus casas u hospitales sin orden judicial alguna.
La condena a estos actos de lesa humanidad ha sido universal. Acciones urgentes, comunicados de solidaridad, denuncia en medios de comunicación, parlamentos y organismos internacionales, protestas ante legaciones diplomáticas de Panamá en América y Europa, visita de organismos internacionales a Panamá, entre otras acciones.
El gobierno ha tratado de justificarse mediante una vil campaña de mentiras, manipulación e injurias contra SUNTRACS y FRENADESO acusándolos de haber instigado la rebelión. Sin embargo, para todos está claro que la causa del conflicto radica en la imposición de la Ley 30 y en el manejo político torpe, chabacano y desmedido de las propias autoridades gubernamentales. Por otro lado, se pretende ignorar la historia que habla de una población bocatoreña digna y combativa que doblegó a la transnacional United Fruit Company en los años 60 logrando el reconocimiento del sindicato bananero.
Para aquellos que no sólo carecen de memoria histórica, sino también de memoria corta, debemos recordarles la lucha de los bocatoreños en septiembre de 2000 durante el gobierno de Mireya Moscoso, exigiendo la construcción de potabilizadoras para Almirante, Bocas del Toro isla, Changuinola y Guabito Sur; la instalación de energía eléctrica; el puente sobre el río Changuinola y el nombramiento de médicos especialistas para la provincia; el aumento del presupuesto universitario y que se mantuvieran las juntas regionales educativas en la provincia, entre otras demandas aprobadas en cabildos abiertos de las organizaciones y comunidades. Esta jornada de lucha concluye cuando a punta de piedras y molotov la población cercó y sitió a la Policía Nacional en el cuartel de Changuinola logrando la liberación de los presos políticos y el compromiso del Ejecutivo de cumplir con sus demanda. Poco más de seis meses después –abril del 2001- ante el incumplimiento del gobierno, surgirían nuevos brotes de protesta popular.
En octubre de 2004, siendo gobierno el PRD con Martín Torrijos, la Bocas Fruit Company suspende el servicio eléctrico y de agua por más de 13 horas en Almirante, Bocas del Toro. Al restablecerse el mismo un cortocircuito provoca un incendio que arrasa con tres viviendas. Los bomberos se presentan, pero no tienen carro bomba ni ambulancia. Dada esta situación y en solidaridad con los damnificados la comunidad sale a protestar y es reprimida por la policía antidisturbios con gases lacrimógenos y perdigones. Ante la represión se generaliza la lucha de la población en las calles exigiendo solución al problema del agua, la falta de carro bomba en Almirante y de ambulancia en el hospital de Changuinola, demandando la rebaja de la tarifa eléctrica, construcción de viviendas de interés social y reclamando la presencia del presidente. El resultado de la confrontación callera con patrullas policiales quemados y varios policías heridos, desarmados y retenidos, llevó al ministro de Gobierno y Justicia, Héctor Alemán a catalogar a los manifestantes de estar “liderados por narcotraficantes”, ser “unos facinerosos”, “usar bombas molotov”, realizar “actos vandálicos” y “crear el caos y la inestabilidad”. Un discurso similar al de Alma Cortés, José Raúl Mulino y Gustavo Pérez hoy día.
Estos hechos históricos desmienten la sucia campaña mediática del gobierno de Martinelli contra las organizaciones populares y deben llevarlo a reflexionar sobre la conveniencia de escuchar la voz del pueblo. No entender a estas alturas que subestimar al pueblo bocatoreño, a los pueblos originarios, al movimiento obrero y popular, es un craso error que tiene sus costos políticos.
El pueblo panameño ha dejado claramente sentada su posición de que el gobierno debe derogar la Ley 30 por ser nefasta para el medio ambiente y la población pues permite la depredación ecológica, conculca los derechos de los trabajadores y constituye una amenaza a la seguridad y la vida de los ciudadanos al propiciar la impunidad en los casos de abusos y crímenes cometidos por la policía, tal cual sucede frente a la propia masacre de Bocas del Toro. Desoír el clamor del pueblo solo significará extender y arreciar los niveles del conflicto que apuntan hacia una situación de verdadera e irrefrenable explosión social a nivel nacional.
Pronunciamiento del MLN-29
En torno a una posible mesa de diálogo sobre la Ley 30 o Ley Chorizo, sostenemos que el mismo tendría que darse en un marco democrático de igualdad y respeto sin imposiciones como pretende el Ejecutivo al delimitar por decreto los temas a discutir, definir quienes son los interlocutores e imponer a la facilitadora y las reglas de funcionamiento, todo esto en un clima de falsas acusaciones y amenazas donde se tienen abiertos expedientes de persecución política-judiciales contra trabajadores y pobladores de Bocas del Toro, obreros de Colón y contra la dirigencia sindical y popular, montados por el Consejo de Seguridad y el Ministerio Público.
Un verdadero diálogo democrático que responda a las exigencias del pueblo panameño tiene que tener sobre el tapete la derogación de la Ley 30, de la “Ley Carcelazo”, del 7%, del decreto 537, un alto al terrorismo político-judicial del MP, la destitución de los ministros de Seguridad Pública y de Trabajo, José Raúl Mulino y Alma Cortés, así como del Jefe de la PN, Gustavo Pérez, y la creación de una Comisión de la Verdad que investigue imparcialmente la brutal y sangrienta represión contra el pueblo bocatoreño, impida que ésta quede en la impunidad y conduzca a la reparación moral y económica de las víctimas y sus familiares.
La política del gobierno de Martinelli ha sido de confrontación e imposición al defender sus intereses privados, hacer negocios aprovechando su control absoluto del Estado y por tratar de imponer autoritariamente sus puntos de vista por encima de cualquier consulta, diálogo u opinión pública. La mentalidad de gamonal de Martinelli sintiéndose por encima de todo y de todos se refleja en su carácter y estilo de actuar, contribuyendo en mucho a la caracterización de su gobierno.
Una actitud política torpe y tozuda del gobierno lleva a la agudización de la confrontación social que refleja contradicciones antagónicas de clase con el movimiento obrero, el campesinado, los pueblos originarios, pobladores y trabajadores manuales e intelectuales que tienen que lidiar cotidianamente con el alto costo de la vida; choca con las capas medias que son afectadas por sus medidas económicas e impositivas disminuyendo su calidad de vida, estas capas son las que mayormente integran las organizaciones de la denominada sociedad civil de defensores de los derechos humanos y ambientales; confronta a los periodistas y los medios que pueden ser críticos a alguna de sus acciones de gobierno; se pueden constatar algunos niveles de contradicción con personas y gremios de sectores de la clase dominante en función de intereses económicos en juego; en el plano político gubernamental se empiezan a dar manifestaciones de fricciones y fisuras entre las fuerzas que la integran por diferencias en torno al manejo de algunas situaciones, la distribución del botín político y las ambiciones o aspiraciones políticas de cada cual. El rechazo al proyecto de “Consulta Ciudadana” por parte de la Asamblea Nacional, ya que encerraba el peligro de poder llevar a su propia disolución y a la reelección presidencial inmediata, es un claro ejemplo de ello.
Estas manifestaciones económicas y políticas de “fisuras en las alturas” -así como la concentración de los órganos de poder en manos del ejecutivo, que es lo mismo que decir de Martinelli- contribuyen al proceso de mayor deterioro y crisis de la institucionalidad burguesa que se asienta en la Constitución de 1972 del régimen militar con sus remiendos y parches.
Por la otra mano tenemos que la crisis abierta en torno a la Ley 30 a demostrado que el pueblo ha perdido el miedo a pronunciarse y protestar en la calle rompiendo el temor a la “Ley Carcelazo”, al “pele pólice” y a la represión; los contenidos y la lucha contra esta Ley 30 han contribuido a desenmascarar al gobierno de Martinelli llevándolo a perder el grado de aceptación en las encuestas de las cuales se jactaban sus voceros; esta lucha ha demostrado que el movimiento popular constituye la verdadera oposición política al régimen actual de gobierno y que ello impone nuevas tareas políticas al referente de luchas del mismo y lo obliga acelerar junto al pueblo y su vanguardia la ejecución de su proyecto político.
En este contexto, MLN-29 impulsa junto a las fuerzas consecuentemente revolucionarias el trabajo de unidad desde las bases para integrar en un solo puño las luchas dispersas de los sectores populares y darle direccionalidad política y continuidad organizativa a las luchas espontaneas y esporádicas de los distintos sectores de la población. Este planteamiento sigue la línea estratégica de construcción de poder popular desde las bases para crear las condiciones subjetivas de la revolución, consistente en generar sentido de pertenencia de clase de los sectores populares, su organización independiente, autónoma y autogestionaria, la unidad en la lucha por la defensa de sus intereses de clase, elevar la capacidad y disposición combativa del pueblo trabajador, emplear todas las formas y métodos de lucha –incluidas la autodefensa de masas e insurrección popular como el crear su propio instrumento político electoral, pese a lo excluyente del sistema- como tácticas que apunten a acumular fuerza social revolucionaria conducente a la autoconvocatoria de una Constituyente Originaria con plenos poderes de manera tal que signifique un cambio revolucionario, un cambio estructural radical de la sociedad panameña.
Al llegar a 40 años de existencia revolucionaria consecuente y combativa, inclinamos nuestras banderas para rendir honor y gloria a nuestros héroes y mártires a la vez que renovamos nuestro compromiso de lucha junto al pueblo por la Patria y la Revolución.
¡FORJEMOS LA UNIDAD DEL PUEBLO EN LA LUCHA!
¡CONSTRUYAMOS JUNTO AL PUEBLO TRABAJADOR
UNA REAL ALTERNATIVA DE PODER!
¡LA PELEA ES PELEANDO, LIBERACIÓN O MUERTE!
Panamá, 29 de julio de 2010
Movimiento de Liberación Nacional 29 de Noviembre