Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Fecha
2010-12-08
Categoría
Comunicado
Carta a Piedad Córdoba. Anuncio de liberación de cinco retenidos
COMUNICADO
Doctora PIEDAD CÓRDOBA
Bogotá
Cordial saludo.
Impulsados por el más justificado imperativo ético nos dirigimos a usted para expresarle, en este momento crucial de su vida política, nuestra solidaridad incondicional frente al brutal atropello de la Procuraduría General de la Nación contra su esfuerzo humanitario por la paz de Colombia.
La decisión del Procurador Alejandro Ordoñez es un verdadero esperpento jurídico y político, originado en la presión enfermiza, el odio y la retaliación del ex presidente Uribe, jefe indiscutible, impune hasta ahora, del paramilitarismo y la para - política en Colombia.
El país nacional no puede permitir que se abra paso la absurda criminalización de la búsqueda de la solución política del conflicto. Ordoñez actúa contra derecho. Es más prevaricador que Procurador. Al inhabilitar por 18 años a la senadora, pretendiendo su muerte política, no sólo se extralimita usurpando funciones propias del Consejo de Estado; además sustenta su miserable decisión en los supuestos datos de un computador, que no pueden constituir prueba jurídica, porque fueron previamente manipulados por la policía, violándose así la cadena de custodia.
En este caso no hay derecho a la defensa ni al debido proceso. Nadie ha vencido en juicio a Piedad Córdoba. Constituye una paradoja que los funcionarios delincuentes que la espiaban para incriminarla, ahora huyan hacia el exterior intentando burlar la acción de la justicia.
La actuación del “Prevaricador General”, que convierte en delito la lucha por la paz, lo evidencia como mandadero torpe e incauto. La senadora Córdoba no solamente actuaba con el aval del ejecutivo; ella ha obrado en el marco de la Constitución, que consagra como derecho y deber, la búsqueda de la paz.
El engañoso término de la FARC-política fue una invención del cabecilla paramilitar que ocupó la presidencia de la República durante ocho años, como desesperado recurso para desviar la atención sobre su responsabilidad penal en caso de la para - política.
El proceso de la para-política está referido a votos y a proselitismo armado de grupos paramilitares a favor de unas candidaturas al Congreso. El jefe paramilitar, Salvatore Mancuso, se ufanó en su momento de que su facción había logrado elegir más del 30 por ciento de los congresistas colombianos. El paramilitarismo también contribuyó a elegir al presidente de la República en dos oportunidades, a través de presiones, fraudes electorales y financiación en dólares.
No puede haber proceso de FARC-política, porque nunca hemos orientado votar por Piedad Córdoba. No hemos participado en debates electorales desde que la intransigencia oligárquica del país masacrara a la Unión Patriótica.
En el intercambio epistolar sostenido con la senadora en torno a la solución política del conflicto, siempre hemos sostenido que el acuerdo de paz que surja de la mesa de conversaciones FARC-gobierno, debe ser refrendado por una Asamblea Nacional Constituyente, que le dé fuerza constitucional a los mismos, a fin de que se asegure por esa vía, la aclimatación de la paz. En el manifiesto de las FARC, documento en el que exponemos la Plataforma Bolivariana por la Nueva Colombia, invitamos al país a trabajar por la construcción de una alternativa política hacia la paz, propósito que hoy reiteramos.
La sanción contra Piedad Córdoba es inmoral e injusta, prejuiciada, y dictada por los más aviesos intereses políticos. El país nacional, que hastiado del guerrerismo del Estado, anhela paz, debe rodear a la senadora y acompañarla en su marcha resuelta tras este objetivo. Si persiste la injusticia, nadie podrá impedir que se levante en Colombia un poderoso movimiento por la paz liderado por sus hijos e hijas más preclaro s.
Como un gesto de humanidad y de desagravio a la senadora de la paz, liberaremos a los siguientes cinco prisioneros: Mayor de la policía Guillermo Solórzano, Cabo del ejército Salín Sanmiguel, Infante de marina Henry López Martínez, y a los presidentes de los consejos municipales de San José del Guaviare Marcos Vaquero y de Garzón Huila Armando Acuña, estos últimos investigados por las FARC por corrupción. La decisión está tomada y la fecha dependerá de las garantías que otorgue el gobierno para que la senadora Córdoba pueda recibir a los que serán liberados.
Nuestra lucha por el canje de prisioneros de guerra se mantiene. No cejaremos en el propósito de buscar la liberación de Simón Trinidad -arquetipo del decoro y la firmeza del revolucionario fariano, y el retorno de los nuestros, desde las cárceles del régimen y del imperio, a los campamentos insurgentes. Para todos ellos nuestro mensaje de aliento y esperanza.
Senadora Piedad Córdoba: compartimos con usted y con la inmensa mayoría de nuestros compatriotas, que la guerra no puede ser el futuro de Colombia.
Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC - EP
Montañas de Colombia, diciembre de 2010
Doctora PIEDAD CÓRDOBA
Bogotá
Cordial saludo.
Impulsados por el más justificado imperativo ético nos dirigimos a usted para expresarle, en este momento crucial de su vida política, nuestra solidaridad incondicional frente al brutal atropello de la Procuraduría General de la Nación contra su esfuerzo humanitario por la paz de Colombia.
La decisión del Procurador Alejandro Ordoñez es un verdadero esperpento jurídico y político, originado en la presión enfermiza, el odio y la retaliación del ex presidente Uribe, jefe indiscutible, impune hasta ahora, del paramilitarismo y la para - política en Colombia.
El país nacional no puede permitir que se abra paso la absurda criminalización de la búsqueda de la solución política del conflicto. Ordoñez actúa contra derecho. Es más prevaricador que Procurador. Al inhabilitar por 18 años a la senadora, pretendiendo su muerte política, no sólo se extralimita usurpando funciones propias del Consejo de Estado; además sustenta su miserable decisión en los supuestos datos de un computador, que no pueden constituir prueba jurídica, porque fueron previamente manipulados por la policía, violándose así la cadena de custodia.
En este caso no hay derecho a la defensa ni al debido proceso. Nadie ha vencido en juicio a Piedad Córdoba. Constituye una paradoja que los funcionarios delincuentes que la espiaban para incriminarla, ahora huyan hacia el exterior intentando burlar la acción de la justicia.
La actuación del “Prevaricador General”, que convierte en delito la lucha por la paz, lo evidencia como mandadero torpe e incauto. La senadora Córdoba no solamente actuaba con el aval del ejecutivo; ella ha obrado en el marco de la Constitución, que consagra como derecho y deber, la búsqueda de la paz.
El engañoso término de la FARC-política fue una invención del cabecilla paramilitar que ocupó la presidencia de la República durante ocho años, como desesperado recurso para desviar la atención sobre su responsabilidad penal en caso de la para - política.
El proceso de la para-política está referido a votos y a proselitismo armado de grupos paramilitares a favor de unas candidaturas al Congreso. El jefe paramilitar, Salvatore Mancuso, se ufanó en su momento de que su facción había logrado elegir más del 30 por ciento de los congresistas colombianos. El paramilitarismo también contribuyó a elegir al presidente de la República en dos oportunidades, a través de presiones, fraudes electorales y financiación en dólares.
No puede haber proceso de FARC-política, porque nunca hemos orientado votar por Piedad Córdoba. No hemos participado en debates electorales desde que la intransigencia oligárquica del país masacrara a la Unión Patriótica.
En el intercambio epistolar sostenido con la senadora en torno a la solución política del conflicto, siempre hemos sostenido que el acuerdo de paz que surja de la mesa de conversaciones FARC-gobierno, debe ser refrendado por una Asamblea Nacional Constituyente, que le dé fuerza constitucional a los mismos, a fin de que se asegure por esa vía, la aclimatación de la paz. En el manifiesto de las FARC, documento en el que exponemos la Plataforma Bolivariana por la Nueva Colombia, invitamos al país a trabajar por la construcción de una alternativa política hacia la paz, propósito que hoy reiteramos.
La sanción contra Piedad Córdoba es inmoral e injusta, prejuiciada, y dictada por los más aviesos intereses políticos. El país nacional, que hastiado del guerrerismo del Estado, anhela paz, debe rodear a la senadora y acompañarla en su marcha resuelta tras este objetivo. Si persiste la injusticia, nadie podrá impedir que se levante en Colombia un poderoso movimiento por la paz liderado por sus hijos e hijas más preclaro s.
Como un gesto de humanidad y de desagravio a la senadora de la paz, liberaremos a los siguientes cinco prisioneros: Mayor de la policía Guillermo Solórzano, Cabo del ejército Salín Sanmiguel, Infante de marina Henry López Martínez, y a los presidentes de los consejos municipales de San José del Guaviare Marcos Vaquero y de Garzón Huila Armando Acuña, estos últimos investigados por las FARC por corrupción. La decisión está tomada y la fecha dependerá de las garantías que otorgue el gobierno para que la senadora Córdoba pueda recibir a los que serán liberados.
Nuestra lucha por el canje de prisioneros de guerra se mantiene. No cejaremos en el propósito de buscar la liberación de Simón Trinidad -arquetipo del decoro y la firmeza del revolucionario fariano, y el retorno de los nuestros, desde las cárceles del régimen y del imperio, a los campamentos insurgentes. Para todos ellos nuestro mensaje de aliento y esperanza.
Senadora Piedad Córdoba: compartimos con usted y con la inmensa mayoría de nuestros compatriotas, que la guerra no puede ser el futuro de Colombia.
Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC - EP
Montañas de Colombia, diciembre de 2010