Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Organización
Fecha
2008-04-10
Categoría
Comunicado
Ilegitimidad, ilegalidad y crisis económica hacen más frágil al Gobierno de Álvaro Uribe
ILEGITIMIDAD, ILEGALIDAD Y LA CRISIS ECONOMICA HACEN MAS FRAGIL AL GOBIERNO DE ALVARO URIBE
Abril 10 de 2008
El escándalo mediático con el “avión francés medicalizado” para volar donde sólo llega el Acuerdo Humanitario que Uribe sabotea criminalmente con su militarismo “humanitario”, es otra cortina de humo que fracasa y va debilitando al gobierno que pretende colocar en desventaja a la insurgencia y la lucha por el canje de prisioneros y la paz con justicia social.
Con esa treta, Uribe y sus asesores yanquis NO lograron que pasara desapercibido el rápido aumento de la lista de uribistas detenidos por sus nexos con el paramilitarismo, gravísimo problema que afecta más la limitada gobernabilidad de Uribe que no sabe como enfrentar la crisis económica que avanza con pasos de gigante y se debate entre escándalos con países fronterizos y polémicas con oligarcas y yanquis, mientras crece la inconformidad con su gobierno, demostrada en la marcha contra el terrorismo de Estado el 6 de marzo y en huelgas y protestas de los trabajadores que luchan para que la crisis la paguen los ricos.
Es difícil llevar la cuenta, se habla de más de 70 parlamentarios llamados o por llamar a rendir cuentas ante la justicia por asociación para delinquir (incluyendo el uso de la motosierra) y el fraude que le dio a Uribe el triunfo electoral del 2002 en la primera vuelta.
A los congresistas se les suma el ex director y otros funcionarios del DAS, diplomáticos y otros altos funcionarios nombrados por Uribe en su primer periodo. También están brillando por el mal llamado “servicio a la patria” los coroneles y generales vinculados a las mafias del narcotráfico y a las masacres de los paramilitares, incluidos los torturadores de la bábara retoma del Palacio de Justicia en el 1985.
“Primero Colombia”, la coalición que eligió al presidente Uribe, tiene el 90 por ciento de los congresistas paramilitares y el 100 por ciento de los funcionarios públicos y militares encarcelados o en lista judicial por desplazar, matar, amenazar, sobornar, desaparecer o masacrar campesinos y trabajadores de la ciudad para obtener ventajas ante las urnas en las más recientes elecciones.
Algunos judicializados son “barones” de las contiendas electorales generales que definieron Congreso y Presidente en el 2002 y 2006. También son capos de muchos alcaldes y gobernadores elegidos en octubre del 2003 y del 2007.
Uribe dirigió desde el 2002 la policía política (DAS), los cuerpos de investigación de la policía y el ejército y al lanzar su reelección sabía perfectamente qué paramilitares lo acompañaban en su empresa antidemocrática. Usó la treta de inscribirse recogiendo firmas para tratar de colocarse a distancia de la coalición paramilitar que le puso los votos.
Es decir, de las mal llamadas “instituciones democráticas” no hay ninguna sana ni una sola de ellas sale bien librada, hasta la jerarquía de la iglesia está vinculada por acción u omisión.
Los procedimientos mafiosos de la mentira y el engaño, del crimen y la provocación artera, la burla al elector utilizado como objeto al servicio de los intereses mezquinos de los sectores más reaccionarios de la clase dominante y de sus grupos políticos, dejan al descubierto como se pisotea la propia ley burguesa y la falta de garantías para el pueblo.
El autoritarismo fascista de Uribe ha tenido soporte en la criminalidad de los narcotraficantes y paramilitares fundidos en el uribismo, legalizados con el Acuerdo de El Ralito (Ley de Justicia y Paz) para dar un nuevo impulso al proyecto fascista hoy llamado “Estado Comunitario”, que pone el terrorismo de Estado o “seguridad democrática” en pleno juego para defender los negocios de los reducidos círculos de la oligarquía financiera de Colombia, Estados Unidos y el mundo.
La corrupción y la politiquería ejecutadas por los peores criminales están sumiendo en un gran pantano al Estado burgués proimperialista y las tradicionales reformas políticas no auguran éxitos, sólo sirven para blanquear sepulcros con la antipopular rama de la justicia (Cortes y Fiscalía), para mantener el régimen presidencialista y tener en pié la composición política uribista, es decir, cambiar caras para que todo siga igual en el Congreso de bolsillo ratificado con el presidencialismo de la Constitución del 91.
Llevan plena razón y apoyamos las posiciones democráticas que trabajan por lograr el adelanto de elecciones del Congreso y Presidente, que trabajan por que se vaya Uribe. Asunto muy diferente a limitarse a pregonar la revocatoria y la ilegitimidad del Congreso para dejar ileso al principal agente de la ilegitimidad e ilegalidad: Álvaro Uribe Vélez. Más aún, hay que luchar por la salida de muchos alcaldes, gobernadores, diputados y concejales herederos del caudal electoral conquistado con los ríos de sangre y dolor popular generados por el narcoparamilitarismo.
Colombia necesita un gobierno democrático, antiimperialista, de amplia convergencia, que responda a los llamados del pueblo haciendo que los ricos paguen la crisis y luche por la paz democrática y la justicia social allanando el camino para la revolución social y la liberación nacional. Colombia encontrará el momento para darse una Nueva Constitución mediante mecanismos como la Asamblea Nacional Constituyente al servicio del pueblo.
Los derechos políticos de los obreros, campesinos y demás sectores del pueblo han sido burlados y pisoteados desde el momento en que las elecciones y reelecciones se dan con procedimientos criminales que nadie puede ocultar por mucho tiempo, a tal punto, que han generado algunos escrúpulos en los círculos imperialistas del Partido Demócrata que hoy bloquea el TLC de Estados Unidos con Colombia.
La legitimidad y la legalidad del gobierno y el Congreso no las dan los procesos penales en curso, por el contrario, ellos dejan a las claras que Colombia ha vivido -como nunca- farsas electorales para llevar al gobierno a líderes del proyecto fascista que se viene implantando con un proceso iniciado en los años setenta, y porque en su desaforado triunfalismo Uribe-Bush y sus seguidores ni siquiera han respetado las viciadas formalidades legales burguesas, llegando hasta extraditar narcoparamilitares para eludir el castigo por los crímenes de lesa humanidad del terrorismo de Estado.
El movimiento de oposición al régimen tiene ahora una gran oportunidad de acrecentar sus filas llamando decididamente a trabajar por que Uribe se vaya antes del 2010. El Primero de Mayo, como acto unitario y combativo de todos los trabajadores, será una nueva convocatoria a luchar por estas banderas que se agregan al trabajo del movimiento de oposición al régimen.
Partido Comunista de Colombia (marxista-leninista)
Abril 10 de 2008
El escándalo mediático con el “avión francés medicalizado” para volar donde sólo llega el Acuerdo Humanitario que Uribe sabotea criminalmente con su militarismo “humanitario”, es otra cortina de humo que fracasa y va debilitando al gobierno que pretende colocar en desventaja a la insurgencia y la lucha por el canje de prisioneros y la paz con justicia social.
Con esa treta, Uribe y sus asesores yanquis NO lograron que pasara desapercibido el rápido aumento de la lista de uribistas detenidos por sus nexos con el paramilitarismo, gravísimo problema que afecta más la limitada gobernabilidad de Uribe que no sabe como enfrentar la crisis económica que avanza con pasos de gigante y se debate entre escándalos con países fronterizos y polémicas con oligarcas y yanquis, mientras crece la inconformidad con su gobierno, demostrada en la marcha contra el terrorismo de Estado el 6 de marzo y en huelgas y protestas de los trabajadores que luchan para que la crisis la paguen los ricos.
Es difícil llevar la cuenta, se habla de más de 70 parlamentarios llamados o por llamar a rendir cuentas ante la justicia por asociación para delinquir (incluyendo el uso de la motosierra) y el fraude que le dio a Uribe el triunfo electoral del 2002 en la primera vuelta.
A los congresistas se les suma el ex director y otros funcionarios del DAS, diplomáticos y otros altos funcionarios nombrados por Uribe en su primer periodo. También están brillando por el mal llamado “servicio a la patria” los coroneles y generales vinculados a las mafias del narcotráfico y a las masacres de los paramilitares, incluidos los torturadores de la bábara retoma del Palacio de Justicia en el 1985.
“Primero Colombia”, la coalición que eligió al presidente Uribe, tiene el 90 por ciento de los congresistas paramilitares y el 100 por ciento de los funcionarios públicos y militares encarcelados o en lista judicial por desplazar, matar, amenazar, sobornar, desaparecer o masacrar campesinos y trabajadores de la ciudad para obtener ventajas ante las urnas en las más recientes elecciones.
Algunos judicializados son “barones” de las contiendas electorales generales que definieron Congreso y Presidente en el 2002 y 2006. También son capos de muchos alcaldes y gobernadores elegidos en octubre del 2003 y del 2007.
Uribe dirigió desde el 2002 la policía política (DAS), los cuerpos de investigación de la policía y el ejército y al lanzar su reelección sabía perfectamente qué paramilitares lo acompañaban en su empresa antidemocrática. Usó la treta de inscribirse recogiendo firmas para tratar de colocarse a distancia de la coalición paramilitar que le puso los votos.
Es decir, de las mal llamadas “instituciones democráticas” no hay ninguna sana ni una sola de ellas sale bien librada, hasta la jerarquía de la iglesia está vinculada por acción u omisión.
Los procedimientos mafiosos de la mentira y el engaño, del crimen y la provocación artera, la burla al elector utilizado como objeto al servicio de los intereses mezquinos de los sectores más reaccionarios de la clase dominante y de sus grupos políticos, dejan al descubierto como se pisotea la propia ley burguesa y la falta de garantías para el pueblo.
El autoritarismo fascista de Uribe ha tenido soporte en la criminalidad de los narcotraficantes y paramilitares fundidos en el uribismo, legalizados con el Acuerdo de El Ralito (Ley de Justicia y Paz) para dar un nuevo impulso al proyecto fascista hoy llamado “Estado Comunitario”, que pone el terrorismo de Estado o “seguridad democrática” en pleno juego para defender los negocios de los reducidos círculos de la oligarquía financiera de Colombia, Estados Unidos y el mundo.
La corrupción y la politiquería ejecutadas por los peores criminales están sumiendo en un gran pantano al Estado burgués proimperialista y las tradicionales reformas políticas no auguran éxitos, sólo sirven para blanquear sepulcros con la antipopular rama de la justicia (Cortes y Fiscalía), para mantener el régimen presidencialista y tener en pié la composición política uribista, es decir, cambiar caras para que todo siga igual en el Congreso de bolsillo ratificado con el presidencialismo de la Constitución del 91.
Llevan plena razón y apoyamos las posiciones democráticas que trabajan por lograr el adelanto de elecciones del Congreso y Presidente, que trabajan por que se vaya Uribe. Asunto muy diferente a limitarse a pregonar la revocatoria y la ilegitimidad del Congreso para dejar ileso al principal agente de la ilegitimidad e ilegalidad: Álvaro Uribe Vélez. Más aún, hay que luchar por la salida de muchos alcaldes, gobernadores, diputados y concejales herederos del caudal electoral conquistado con los ríos de sangre y dolor popular generados por el narcoparamilitarismo.
Colombia necesita un gobierno democrático, antiimperialista, de amplia convergencia, que responda a los llamados del pueblo haciendo que los ricos paguen la crisis y luche por la paz democrática y la justicia social allanando el camino para la revolución social y la liberación nacional. Colombia encontrará el momento para darse una Nueva Constitución mediante mecanismos como la Asamblea Nacional Constituyente al servicio del pueblo.
Los derechos políticos de los obreros, campesinos y demás sectores del pueblo han sido burlados y pisoteados desde el momento en que las elecciones y reelecciones se dan con procedimientos criminales que nadie puede ocultar por mucho tiempo, a tal punto, que han generado algunos escrúpulos en los círculos imperialistas del Partido Demócrata que hoy bloquea el TLC de Estados Unidos con Colombia.
La legitimidad y la legalidad del gobierno y el Congreso no las dan los procesos penales en curso, por el contrario, ellos dejan a las claras que Colombia ha vivido -como nunca- farsas electorales para llevar al gobierno a líderes del proyecto fascista que se viene implantando con un proceso iniciado en los años setenta, y porque en su desaforado triunfalismo Uribe-Bush y sus seguidores ni siquiera han respetado las viciadas formalidades legales burguesas, llegando hasta extraditar narcoparamilitares para eludir el castigo por los crímenes de lesa humanidad del terrorismo de Estado.
El movimiento de oposición al régimen tiene ahora una gran oportunidad de acrecentar sus filas llamando decididamente a trabajar por que Uribe se vaya antes del 2010. El Primero de Mayo, como acto unitario y combativo de todos los trabajadores, será una nueva convocatoria a luchar por estas banderas que se agregan al trabajo del movimiento de oposición al régimen.
Partido Comunista de Colombia (marxista-leninista)