Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Organización
Fecha
2010-12-10
Categoría
Comunicado
Firmar y cumplir
FIRMAR Y CUMPLIR
Comando Central
Diciembre 10 de 2010
En este día universal de los Derechos Humanos queremos aportar varios interrogantes, visiones y propuestas sobre la humanización y la solución política del conflicto social y armado que sufre Colombia. En este sentido, desarrollamos lo ya planteado por el comandante Nicolás Rodríguez Bautista en el video del pasado mes de octubre, difundido a la opinión pública nacional y mundial, en el que ratificamos nuestra propuesta de construir una paz con justicia.
Acojámonos al sentido común
Lo que proponemos a nuestros compatriotas para salir de la crisis nacional, en la que el actual conflicto nos mantiene, se encuentra fundamentado en varias premisas, propias del sentido común:
1. Humanizar, para agilizar y arraigar la solución definitiva e integral del conflicto interno.
2. Identificar los problemas esenciales, para resolverlos.
3. Deshacer el problema, desandando el camino por donde se creó.
4. No partir de inculpar a las víctimas.
5. No aplicar dobles estándares para resolver los problemas.
6. Contar con la sociedad y la comunidad internacional.
7. Cambiar la cultura de exclusión e imposición, por una de negociación, pacto y cumplimiento.
8. Firmar para cumplir.
El régimen firma Convenios internacionales sobre DIH, al tiempo que aplica la estrategia de Guerra de Cuarta Generación, que le ordena recurrir a todos los medios para imponerse.
Hay que comenzar por recordar cuál es la estrategia de guerra, que aplican las minorías privilegiadas, en contra de las grandes mayorías colombianas:
“En 1.991, el profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén Martin Van Creveld publicó su obra ‘La transformación de la guerra’, que aportó sustento a la teoría de la Guerra de Cuarta generación (4GW). En su visión del conflicto del futuro afirma que, al haber perdido el Estado el monopolio de la violencia, otros actores no estatales serán los protagonistas de la guerra. Una consecuencia del nuevo tipo de conflicto es la falta de regulación convencional. La serie de convenciones que antaño legitimaban la guerra dejan de tener efecto. Los actores no estatales que carecen de personalidad jurídica no estarán insertos en el sistema jurídico internacional.
Van Creveld sostiene que para combatir en conflictos de baja intensidad, el Estado se verá obligado a circunvenir las convenciones establecidas y emplear procedimientos parecidos a los de los actores no estatales. Esta falta de regulación del conflicto es la que borrará la distinción entre soldados y civiles, la que permitirá atacar sin restricciones o emplear armas prohibidas.
El autor prevé que en el futuro las batallas serán sustituidas por pequeños enfrentamientos armados y masacres. El control de la población se efectuará mediante una mezcla de propaganda y terror.
Van Creveld apuntaba que ante este tipo de conflicto las fuerzas armadas regulares se verán forzadas a disminuir su tamaño y muchas de sus funciones se privatizarán. Las fuerzas regulares se irán trasformando, a medida que vayan asimilando más cometidos de policía, en algo diferente a lo que han sido tradicionalmente.” (1).
¿Cuál es el papel de Colombia en el continente?
La oligarquía colombiana ha hipotecado la soberanía del país a los intereses del imperialismo, principalmente el norteamericano. Así, perdimos el control de nuestros recursos naturales y de los designios políticos, económicos y sociales de la patria. Colombia ha sido convertida en el puesto de mando avanzado de los planes guerreristas del Pentágono, dotándose del ejército más poderoso de Latinoamérica y adecuando la infraestructura bélica para las operaciones imperiales de intervención contra los países que no se someten. Por eso se dice que Colombia es el Israel latinoamericano. El conflicto colombiano se ha regionalizado, trascendiendo las fronteras nacionales.
¿La elite dominante estará dispuesta a renunciar a su estrategia de Guerra de Cuarta Generación?
Es evidente que la minoría dominante renunció a cumplir los Convenios humanitarios internacionales, que había firmado, en su intento por imponerse en el conflicto interno. No han honrado ni los instrumentos que prohíben atacar a su propia población, ni los que condenan agresiones a otras naciones y territorios. El ataque contra Ecuador y las permanentes provocaciones a pueblos vecinos, entre otras maniobras, evidenció cómo se pisotea el Convenio mundial mayor, constitutivo de la ONU.
Si el régimen de Bogotá renuncia al camino de la guerra contra la población colombiana y los países vecinos, y regresa al cauce de la juridicidad internacional, se constituiría en interlocutor válido para construir una solución política del conflicto; pero mientras siga adicto al belicismo, no habrá paz para Colombia ni para los pueblos latinoamericanos.
Este es el dilema principal que enfrenta el régimen: seguir siendo un Estado delincuente o buscar soluciones no bélicas al conflicto.
¿Es posible crear un clima de paz?
Resistimos y luchamos contra la guerra de los poderosos, forjando un camino de paz, en contra de su propósito de dominación y venciendo sus medios más conocidos, como son la manipulación y el terror.
Con la lucha de la sociedad colombiana y la ayuda de la comunidad internacional, lograremos la construcción de soluciones no militares del conflicto interno colombiano. De eso estamos convencidos y actuamos en consecuencia. Nuestra presencia en este Encuentro y en los espacios que se abran para el diálogo, tiene ese cometido.
¿Es alcanzable un acatamiento generalizado del DIH y la superación de la atrocidad, como medio para imponerse en el conflicto colombiano?
El imperialismo norteamericano y su socio, el régimen de Bogotá, para eliminar toda oposición usan la contrainsurgencia, como su doctrina para sofocar el conflicto interno. Existen viejas y nuevas pruebas de ello.
Un teórico de la contrainsurgencia, el británico Thomas Mockaitis sostiene que:
“En contrainsurgencia, la atrocidad no radica en el acto cometido, sino más bien en la exitosa inculpación de la comisión del mismo” (2).
Como puede verse, el alma de la contrainsurgencia se halla en la combinación del terror, con la manipulación necesaria para encubrirla. El régimen de Bogotá ha aplicado esta directriz haciendo de toda Colombia un laboratorio de perversión e impunidad, etapa tras etapa, blindando a los círculos de poder que han ordenado miles de crímenes, para mantener el control de la nación.
Oponerse tanto al terror de los poderosos, como a su manipulación mediática, es lo mínimo indispensable, para abrirle paso al acatamiento del DIH. De ahí que debamos ponernos de acuerdo en el papel que en un proceso deben jugar los medios de comunicación. Las reglas deben quedar claras. Como se ha dicho, esfuerzos de entendimiento de mucha gente y de muchos años pueden abortarse en segundos por una sola tergiversación o noticia tendenciosa. Esto es también un hecho criminal.
¿A qué está dispuesta la insurgencia?
Hasta el último aliento con que contemos, lo vamos a dedicar a oponernos a la guerra imperialista y a la aplicación de su plan estratégico en nuestra nación; por ir en contra de los intereses más sentidos del pueblo colombiano y de sus auténticas aspiraciones de democracia, bienestar y libertad.
Como parte de la oposición, seguimos comprometidos en la construcción de soluciones no militares a los problemas de la sociedad colombiana.
En nuestra respuesta a la guerra imperialista, continuamos con el compromiso de seguir manteniendo el Derecho Internacional Humanitario (DIH) en nuestra normatividad interna, pero sobre todo, en nuestra lucha diaria. El E.L.N. desde los años 80 ha ratificado esa responsabilidad en diferentes propuestas. Hoy, que no quepa duda, es un mandato de nuestro ser insurgente.
En las Normas de comportamiento con las masas acordadas en la Cumbre guerrillera de 1990, por los inolvidables comandantes Manuel Marulanda y Manuel Pérez, las FARC y el ELN asumimos el mandato de respeto y protección a la población no combatiente, estipulados en los Convenios de Ginebra, fundadores del DIH.
¿Cómo garantizar que nuevos compromisos de humanización y de paz no sigan fracasando?
En Colombia hace 20 años se hizo un pacto, sellado en la Constitución Política de 1.991, por medio del cual se desmovilizaron varias guerrillas colombianas; las que en consecuencia con sus propuestas de democratización de la sociedad, trasladaron sus puestos de mando a las grandes ciudades y renunciaron a existir como fuerza insurgente, con la esperanza que en su reemplazo, podrían liderar una creciente fuerza política de masas.
Por su parte, las elites, las viejas oligarquías y los sectores emergentes del narco paramilitarismo, se emplearon a fondo durante estas dos décadas, para quitar, de esa Constitución Política, sus aspectos democráticos y soberanos. Además, reafirmaron su monopolio de las armas, aplicándolo a través de sus fuerzas militares y de policía, orientadas como máquina de muerte para la seguridad de sus privilegios, y mediante el despliegue paramilitar, de manera abierta y encubierta, para hacer la guerra sucia, para degollar a la guerrilla legalizada, al movimiento opositor y frenar el auge de las luchas populares.
Estamos convencidos que con la lucha de la sociedad colombiana y el respaldo de la comunidad internacional, lograremos crear un Gobierno de nación, paz y equidad, sustentado en el Estado de Derecho, como parte del reemplazo del viejo régimen basado en el terror, la felonía y la perfidia, como norma de conducta.
¿Qué resultado puede tener la exigencia que se hace a la guerrilla para que desaparezca, a cambio de una promesa de respeto para con la oposición política y social?
Es paradójico que con tan alto nivel de ilegitimidad de la clase dominante, por su terrorismo de Estado y la aberrante impunidad de sus acciones, se exija a una parte de la oposición que desaparezca.
No nos cabe duda que de nuevo, como en el proceso fracasado con el M19, el EPL y otros, la guerra sucia continuará descargándose contra todo tipo de oposición al régimen; con lo que sobrevendría un fracaso más, en los numerosos intentos hechos por lograr la paz.
Para superar este destino trágico, la elite dominante debe demostrar voluntad de cambio, desechando su raigambre de exclusión e imposición y adoptar una real cultura democrática y de paz. Por tanto, no se deben pretender soluciones en un acto, sino en un proceso que dé confianza a las Partes, en el que ellas mismas lo construirían en acuerdos mutuos, que el pueblo y la nación refrendarían.
¿Cuáles son los medios que usa el régimen, para obstaculizar el desarrollo de iniciativas sobre el DIH y la paz?
La elite dominante además de pretender desaparecer todo contradictor, lo silencia y tergiversa su razón de ser.
Antes, a los rebeldes, a la oposición alzada en armas, la elite nos llamaba subversivos e insurgentes. Desde hace años nos llama terroristas y criminales, cuando el propio régimen trató vanamente de clasificar a sus bandas narco paramilitares como “sediciosos”, como autores de delitos políticos, siendo en realidad sicarios y mercenarios a su servicio.
Antes, el régimen coincidía con el Derecho y la comunidad internacional, al denominar como un conflicto interno, la confrontación que vive Colombia; hoy niega esta realidad.
Por ello, reconocer el conflicto es un primer paso, para resolverlo. Lo contrario, seguir deformándolo y presentándolo como un estallido terrorista, es cerrar la puerta. Es condenar la nación a una historia de más guerra.
¿Seremos capaces los colombianos de resolver el conflicto interno, sin la intervención extranjera?
Sí, seremos capaces de dar una solución política al conflicto, con el esfuerzo prioritario de las colombianas y los colombianos, rechazando la intervención imperialista, pero contando con el respaldo de la comunidad internacional.
Es necesario reconocer las gestiones que adelanta UNASUR, para ayudar a mediar y facilitar el tratamiento al complejo conflicto colombiano.
Sin verdad no habrá justicia, y para lograr la primera debe hacerse un compromiso claro, no sujeto a los vaivenes de una negociación entre cúpulas que se auto exculpan, como ha ocurrido en otros procesos.
Con los criterios propios que una fundamentada conciencia nos autoriza, sobre la realidad de unas relaciones internacionales profundamente injustas, no obstante miramos con respeto algunos de los esfuerzos honestos, que se emprenden desde la comunidad internacional y que se conjugan en algunos casos con la juridicidad del país, para combatir la impunidad de los crímenes de lesa humanidad, aplicando principios universales de verdad, justicia, reparación y no repetición.
Las víctimas deben ser reconocidas y respetada la plenitud de sus derechos, honrando su memoria y la de sus luchas, por las cuales fueron y son objeto de una guerra sucia llevada a cabo con una cadena de complicidades. Esa historia de oprobio debe terminar.
¿En qué consiste el doble estándar vigente sobre los casos que conoce la Corte Penal Internacional?
Al día de hoy existen innumerables pruebas, y seguirán apareciendo, de cómo en el conflicto colombiano, han actuado y continúan actuando como determinadores, los planificadores estratégicos de los Estados Unidos, entre otros centros del poder mundial. Y es conocido que esa potencia no se acoge a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI), por no compartir la tipificación y principios del Derecho relacionados con el crimen de Agresión y otros.
¿Va a dejar la CPI en la impunidad a los cabecillas del régimen de Bogotá que decidieron hacer la agresión contra territorio ecuatoriano, el 1º de marzo de 2.008? ¿Van a promover los países de Europa, que se establezcan responsabilidades integralmente, tanto de los determinadores de Estados Unidos como de Colombia, implicados en cientos de crímenes de lesa humanidad cometidos contra los movimientos sociales y sectores populares?
Entonces, parece ser, que si los poderosos dominadores se rehúsan no sólo a reconocer a la CPI, sino a impedir que ante ella comparezcan los gobernantes y los mandos de sus ejércitos genocidas, lo que sigue es que se exija a las víctimas y a los pueblos que respondan ante esa Corte, por sus luchas de resistencia ante la agresión oligárquica e imperialista. Tal situación no sería sólo paradójica. Es y sería una vergüenza, una terrible ignominia.
Prueba de esta maniobra de encubrimiento e impunidad, está el asilo en Panamá, de siniestros personajes vinculados al gobierno del ex presidente Uribe, con el que burlan tener que comparecer ante la justicia, por reconocidas operaciones de persecución y eliminación a la oposición, por parte del Departamento de seguridad estatal (DAS).
¿De qué va a depender una paz duradera en Colombia?
El régimen reprime a quienes se oponen a su modelo económico y social, que reproduce y aumenta la desigualdad, mientras acapara la riqueza en unas pocas corporaciones y clanes. Reprime a los que se oponen a que la elite coloque de primero los intereses de los Estados Unidos y de Europa, en detrimento de los derechos de las mayorías de Colombia.
Somos conscientes que un proceso de superación de la guerra es complejo, que intervienen múltiples factores, que hay enormes desafíos a cada paso, que existen quienes conspiran contra el entendimiento y continuarán tratando de arruinar cualquier esfuerzo serio de diálogo.
Nos ha preocupado por eso la reciente campaña contra la Senadora Piedad Córdoba, para impedir que cumpla su papel como interlocutora con la insurgencia, con los gobiernos, la sociedad nacional e internacional. Su silenciamiento por un fallo pronunciado por la extrema derecha no la inhabilita en absoluto, y no nos inhabilita para seguirla reconociendo a ella y a otras personas y expresiones democráticas, como compañeros de camino en la construcción de la humanización del conflicto y de la paz.
La paz va a depender de la humanización de la vida en todas sus dimensiones, comenzando por encarar el conflicto interno y por buscar con acuerdos su solución definitiva e integral. Esto no puede hacerse distrayendo ni manipulando al país y al mundo con sofismas ni castigando a quienes sueñan con los cambios básicos y necesarios. Hay que resolver el problema que está en la raíz: el de la tremenda injusticia que día a día sufren las mayorías desposeídas.
No puede seguirse culpando a las víctimas ni al pueblo por sus luchas, sino que hay que resolver los problemas desandando el camino por donde se crearon, contando con la sociedad en todas sus manifestaciones y con la comunidad internacional y con el Derecho, recobrando valores y transparencia, sin aplicar dobles raseros. Cambiar la cultura de exclusión e imposición, por una de negociación, pacto y cumplimiento, es un compromiso del E.L.N., que refrendamos en este Encuentro.
Luchar por un nuevo país democrático y soberano, es avanzar hacia la justicia social y la libertad, que es la verdadera paz. Dialoguemos para acordar. Acordemos para firmar y cumplir.
───────────────────
Notas.
(1) Vigencia y limitaciones de la Guerra de Cuarta Generación. J.E. Fojón. Real Instituto Elcano. Madrid. 27-02-05.
(2) British Counterinsurgency, 1.919--1.960. T. R. Mockaitis. Londres, MacMillan, 1.990, página 37.
Comando Central
Diciembre 10 de 2010
En este día universal de los Derechos Humanos queremos aportar varios interrogantes, visiones y propuestas sobre la humanización y la solución política del conflicto social y armado que sufre Colombia. En este sentido, desarrollamos lo ya planteado por el comandante Nicolás Rodríguez Bautista en el video del pasado mes de octubre, difundido a la opinión pública nacional y mundial, en el que ratificamos nuestra propuesta de construir una paz con justicia.
Acojámonos al sentido común
Lo que proponemos a nuestros compatriotas para salir de la crisis nacional, en la que el actual conflicto nos mantiene, se encuentra fundamentado en varias premisas, propias del sentido común:
1. Humanizar, para agilizar y arraigar la solución definitiva e integral del conflicto interno.
2. Identificar los problemas esenciales, para resolverlos.
3. Deshacer el problema, desandando el camino por donde se creó.
4. No partir de inculpar a las víctimas.
5. No aplicar dobles estándares para resolver los problemas.
6. Contar con la sociedad y la comunidad internacional.
7. Cambiar la cultura de exclusión e imposición, por una de negociación, pacto y cumplimiento.
8. Firmar para cumplir.
El régimen firma Convenios internacionales sobre DIH, al tiempo que aplica la estrategia de Guerra de Cuarta Generación, que le ordena recurrir a todos los medios para imponerse.
Hay que comenzar por recordar cuál es la estrategia de guerra, que aplican las minorías privilegiadas, en contra de las grandes mayorías colombianas:
“En 1.991, el profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén Martin Van Creveld publicó su obra ‘La transformación de la guerra’, que aportó sustento a la teoría de la Guerra de Cuarta generación (4GW). En su visión del conflicto del futuro afirma que, al haber perdido el Estado el monopolio de la violencia, otros actores no estatales serán los protagonistas de la guerra. Una consecuencia del nuevo tipo de conflicto es la falta de regulación convencional. La serie de convenciones que antaño legitimaban la guerra dejan de tener efecto. Los actores no estatales que carecen de personalidad jurídica no estarán insertos en el sistema jurídico internacional.
Van Creveld sostiene que para combatir en conflictos de baja intensidad, el Estado se verá obligado a circunvenir las convenciones establecidas y emplear procedimientos parecidos a los de los actores no estatales. Esta falta de regulación del conflicto es la que borrará la distinción entre soldados y civiles, la que permitirá atacar sin restricciones o emplear armas prohibidas.
El autor prevé que en el futuro las batallas serán sustituidas por pequeños enfrentamientos armados y masacres. El control de la población se efectuará mediante una mezcla de propaganda y terror.
Van Creveld apuntaba que ante este tipo de conflicto las fuerzas armadas regulares se verán forzadas a disminuir su tamaño y muchas de sus funciones se privatizarán. Las fuerzas regulares se irán trasformando, a medida que vayan asimilando más cometidos de policía, en algo diferente a lo que han sido tradicionalmente.” (1).
¿Cuál es el papel de Colombia en el continente?
La oligarquía colombiana ha hipotecado la soberanía del país a los intereses del imperialismo, principalmente el norteamericano. Así, perdimos el control de nuestros recursos naturales y de los designios políticos, económicos y sociales de la patria. Colombia ha sido convertida en el puesto de mando avanzado de los planes guerreristas del Pentágono, dotándose del ejército más poderoso de Latinoamérica y adecuando la infraestructura bélica para las operaciones imperiales de intervención contra los países que no se someten. Por eso se dice que Colombia es el Israel latinoamericano. El conflicto colombiano se ha regionalizado, trascendiendo las fronteras nacionales.
¿La elite dominante estará dispuesta a renunciar a su estrategia de Guerra de Cuarta Generación?
Es evidente que la minoría dominante renunció a cumplir los Convenios humanitarios internacionales, que había firmado, en su intento por imponerse en el conflicto interno. No han honrado ni los instrumentos que prohíben atacar a su propia población, ni los que condenan agresiones a otras naciones y territorios. El ataque contra Ecuador y las permanentes provocaciones a pueblos vecinos, entre otras maniobras, evidenció cómo se pisotea el Convenio mundial mayor, constitutivo de la ONU.
Si el régimen de Bogotá renuncia al camino de la guerra contra la población colombiana y los países vecinos, y regresa al cauce de la juridicidad internacional, se constituiría en interlocutor válido para construir una solución política del conflicto; pero mientras siga adicto al belicismo, no habrá paz para Colombia ni para los pueblos latinoamericanos.
Este es el dilema principal que enfrenta el régimen: seguir siendo un Estado delincuente o buscar soluciones no bélicas al conflicto.
¿Es posible crear un clima de paz?
Resistimos y luchamos contra la guerra de los poderosos, forjando un camino de paz, en contra de su propósito de dominación y venciendo sus medios más conocidos, como son la manipulación y el terror.
Con la lucha de la sociedad colombiana y la ayuda de la comunidad internacional, lograremos la construcción de soluciones no militares del conflicto interno colombiano. De eso estamos convencidos y actuamos en consecuencia. Nuestra presencia en este Encuentro y en los espacios que se abran para el diálogo, tiene ese cometido.
¿Es alcanzable un acatamiento generalizado del DIH y la superación de la atrocidad, como medio para imponerse en el conflicto colombiano?
El imperialismo norteamericano y su socio, el régimen de Bogotá, para eliminar toda oposición usan la contrainsurgencia, como su doctrina para sofocar el conflicto interno. Existen viejas y nuevas pruebas de ello.
Un teórico de la contrainsurgencia, el británico Thomas Mockaitis sostiene que:
“En contrainsurgencia, la atrocidad no radica en el acto cometido, sino más bien en la exitosa inculpación de la comisión del mismo” (2).
Como puede verse, el alma de la contrainsurgencia se halla en la combinación del terror, con la manipulación necesaria para encubrirla. El régimen de Bogotá ha aplicado esta directriz haciendo de toda Colombia un laboratorio de perversión e impunidad, etapa tras etapa, blindando a los círculos de poder que han ordenado miles de crímenes, para mantener el control de la nación.
Oponerse tanto al terror de los poderosos, como a su manipulación mediática, es lo mínimo indispensable, para abrirle paso al acatamiento del DIH. De ahí que debamos ponernos de acuerdo en el papel que en un proceso deben jugar los medios de comunicación. Las reglas deben quedar claras. Como se ha dicho, esfuerzos de entendimiento de mucha gente y de muchos años pueden abortarse en segundos por una sola tergiversación o noticia tendenciosa. Esto es también un hecho criminal.
¿A qué está dispuesta la insurgencia?
Hasta el último aliento con que contemos, lo vamos a dedicar a oponernos a la guerra imperialista y a la aplicación de su plan estratégico en nuestra nación; por ir en contra de los intereses más sentidos del pueblo colombiano y de sus auténticas aspiraciones de democracia, bienestar y libertad.
Como parte de la oposición, seguimos comprometidos en la construcción de soluciones no militares a los problemas de la sociedad colombiana.
En nuestra respuesta a la guerra imperialista, continuamos con el compromiso de seguir manteniendo el Derecho Internacional Humanitario (DIH) en nuestra normatividad interna, pero sobre todo, en nuestra lucha diaria. El E.L.N. desde los años 80 ha ratificado esa responsabilidad en diferentes propuestas. Hoy, que no quepa duda, es un mandato de nuestro ser insurgente.
En las Normas de comportamiento con las masas acordadas en la Cumbre guerrillera de 1990, por los inolvidables comandantes Manuel Marulanda y Manuel Pérez, las FARC y el ELN asumimos el mandato de respeto y protección a la población no combatiente, estipulados en los Convenios de Ginebra, fundadores del DIH.
¿Cómo garantizar que nuevos compromisos de humanización y de paz no sigan fracasando?
En Colombia hace 20 años se hizo un pacto, sellado en la Constitución Política de 1.991, por medio del cual se desmovilizaron varias guerrillas colombianas; las que en consecuencia con sus propuestas de democratización de la sociedad, trasladaron sus puestos de mando a las grandes ciudades y renunciaron a existir como fuerza insurgente, con la esperanza que en su reemplazo, podrían liderar una creciente fuerza política de masas.
Por su parte, las elites, las viejas oligarquías y los sectores emergentes del narco paramilitarismo, se emplearon a fondo durante estas dos décadas, para quitar, de esa Constitución Política, sus aspectos democráticos y soberanos. Además, reafirmaron su monopolio de las armas, aplicándolo a través de sus fuerzas militares y de policía, orientadas como máquina de muerte para la seguridad de sus privilegios, y mediante el despliegue paramilitar, de manera abierta y encubierta, para hacer la guerra sucia, para degollar a la guerrilla legalizada, al movimiento opositor y frenar el auge de las luchas populares.
Estamos convencidos que con la lucha de la sociedad colombiana y el respaldo de la comunidad internacional, lograremos crear un Gobierno de nación, paz y equidad, sustentado en el Estado de Derecho, como parte del reemplazo del viejo régimen basado en el terror, la felonía y la perfidia, como norma de conducta.
¿Qué resultado puede tener la exigencia que se hace a la guerrilla para que desaparezca, a cambio de una promesa de respeto para con la oposición política y social?
Es paradójico que con tan alto nivel de ilegitimidad de la clase dominante, por su terrorismo de Estado y la aberrante impunidad de sus acciones, se exija a una parte de la oposición que desaparezca.
No nos cabe duda que de nuevo, como en el proceso fracasado con el M19, el EPL y otros, la guerra sucia continuará descargándose contra todo tipo de oposición al régimen; con lo que sobrevendría un fracaso más, en los numerosos intentos hechos por lograr la paz.
Para superar este destino trágico, la elite dominante debe demostrar voluntad de cambio, desechando su raigambre de exclusión e imposición y adoptar una real cultura democrática y de paz. Por tanto, no se deben pretender soluciones en un acto, sino en un proceso que dé confianza a las Partes, en el que ellas mismas lo construirían en acuerdos mutuos, que el pueblo y la nación refrendarían.
¿Cuáles son los medios que usa el régimen, para obstaculizar el desarrollo de iniciativas sobre el DIH y la paz?
La elite dominante además de pretender desaparecer todo contradictor, lo silencia y tergiversa su razón de ser.
Antes, a los rebeldes, a la oposición alzada en armas, la elite nos llamaba subversivos e insurgentes. Desde hace años nos llama terroristas y criminales, cuando el propio régimen trató vanamente de clasificar a sus bandas narco paramilitares como “sediciosos”, como autores de delitos políticos, siendo en realidad sicarios y mercenarios a su servicio.
Antes, el régimen coincidía con el Derecho y la comunidad internacional, al denominar como un conflicto interno, la confrontación que vive Colombia; hoy niega esta realidad.
Por ello, reconocer el conflicto es un primer paso, para resolverlo. Lo contrario, seguir deformándolo y presentándolo como un estallido terrorista, es cerrar la puerta. Es condenar la nación a una historia de más guerra.
¿Seremos capaces los colombianos de resolver el conflicto interno, sin la intervención extranjera?
Sí, seremos capaces de dar una solución política al conflicto, con el esfuerzo prioritario de las colombianas y los colombianos, rechazando la intervención imperialista, pero contando con el respaldo de la comunidad internacional.
Es necesario reconocer las gestiones que adelanta UNASUR, para ayudar a mediar y facilitar el tratamiento al complejo conflicto colombiano.
Sin verdad no habrá justicia, y para lograr la primera debe hacerse un compromiso claro, no sujeto a los vaivenes de una negociación entre cúpulas que se auto exculpan, como ha ocurrido en otros procesos.
Con los criterios propios que una fundamentada conciencia nos autoriza, sobre la realidad de unas relaciones internacionales profundamente injustas, no obstante miramos con respeto algunos de los esfuerzos honestos, que se emprenden desde la comunidad internacional y que se conjugan en algunos casos con la juridicidad del país, para combatir la impunidad de los crímenes de lesa humanidad, aplicando principios universales de verdad, justicia, reparación y no repetición.
Las víctimas deben ser reconocidas y respetada la plenitud de sus derechos, honrando su memoria y la de sus luchas, por las cuales fueron y son objeto de una guerra sucia llevada a cabo con una cadena de complicidades. Esa historia de oprobio debe terminar.
¿En qué consiste el doble estándar vigente sobre los casos que conoce la Corte Penal Internacional?
Al día de hoy existen innumerables pruebas, y seguirán apareciendo, de cómo en el conflicto colombiano, han actuado y continúan actuando como determinadores, los planificadores estratégicos de los Estados Unidos, entre otros centros del poder mundial. Y es conocido que esa potencia no se acoge a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI), por no compartir la tipificación y principios del Derecho relacionados con el crimen de Agresión y otros.
¿Va a dejar la CPI en la impunidad a los cabecillas del régimen de Bogotá que decidieron hacer la agresión contra territorio ecuatoriano, el 1º de marzo de 2.008? ¿Van a promover los países de Europa, que se establezcan responsabilidades integralmente, tanto de los determinadores de Estados Unidos como de Colombia, implicados en cientos de crímenes de lesa humanidad cometidos contra los movimientos sociales y sectores populares?
Entonces, parece ser, que si los poderosos dominadores se rehúsan no sólo a reconocer a la CPI, sino a impedir que ante ella comparezcan los gobernantes y los mandos de sus ejércitos genocidas, lo que sigue es que se exija a las víctimas y a los pueblos que respondan ante esa Corte, por sus luchas de resistencia ante la agresión oligárquica e imperialista. Tal situación no sería sólo paradójica. Es y sería una vergüenza, una terrible ignominia.
Prueba de esta maniobra de encubrimiento e impunidad, está el asilo en Panamá, de siniestros personajes vinculados al gobierno del ex presidente Uribe, con el que burlan tener que comparecer ante la justicia, por reconocidas operaciones de persecución y eliminación a la oposición, por parte del Departamento de seguridad estatal (DAS).
¿De qué va a depender una paz duradera en Colombia?
El régimen reprime a quienes se oponen a su modelo económico y social, que reproduce y aumenta la desigualdad, mientras acapara la riqueza en unas pocas corporaciones y clanes. Reprime a los que se oponen a que la elite coloque de primero los intereses de los Estados Unidos y de Europa, en detrimento de los derechos de las mayorías de Colombia.
Somos conscientes que un proceso de superación de la guerra es complejo, que intervienen múltiples factores, que hay enormes desafíos a cada paso, que existen quienes conspiran contra el entendimiento y continuarán tratando de arruinar cualquier esfuerzo serio de diálogo.
Nos ha preocupado por eso la reciente campaña contra la Senadora Piedad Córdoba, para impedir que cumpla su papel como interlocutora con la insurgencia, con los gobiernos, la sociedad nacional e internacional. Su silenciamiento por un fallo pronunciado por la extrema derecha no la inhabilita en absoluto, y no nos inhabilita para seguirla reconociendo a ella y a otras personas y expresiones democráticas, como compañeros de camino en la construcción de la humanización del conflicto y de la paz.
La paz va a depender de la humanización de la vida en todas sus dimensiones, comenzando por encarar el conflicto interno y por buscar con acuerdos su solución definitiva e integral. Esto no puede hacerse distrayendo ni manipulando al país y al mundo con sofismas ni castigando a quienes sueñan con los cambios básicos y necesarios. Hay que resolver el problema que está en la raíz: el de la tremenda injusticia que día a día sufren las mayorías desposeídas.
No puede seguirse culpando a las víctimas ni al pueblo por sus luchas, sino que hay que resolver los problemas desandando el camino por donde se crearon, contando con la sociedad en todas sus manifestaciones y con la comunidad internacional y con el Derecho, recobrando valores y transparencia, sin aplicar dobles raseros. Cambiar la cultura de exclusión e imposición, por una de negociación, pacto y cumplimiento, es un compromiso del E.L.N., que refrendamos en este Encuentro.
Luchar por un nuevo país democrático y soberano, es avanzar hacia la justicia social y la libertad, que es la verdadera paz. Dialoguemos para acordar. Acordemos para firmar y cumplir.
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Notas.
(1) Vigencia y limitaciones de la Guerra de Cuarta Generación. J.E. Fojón. Real Instituto Elcano. Madrid. 27-02-05.
(2) British Counterinsurgency, 1.919--1.960. T. R. Mockaitis. Londres, MacMillan, 1.990, página 37.