Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Organización
Fecha
2002-01-23
Categoría
Comunicado
Comunicado de las prisioneras políticas del MRTA
Lima, 23 de Enero del 2002
Las prisioneras políticas del M.R.T.A. en el establecimiento penal régimen cerrado especial (E.P.R.C.E.) Mujeres-Chorrillos les hacemos llegar un cálido y revolucionario saludo, así mismo queremos compartir con Uds. nuestra preocupación por la problemática carcelaria que venimos atravesando aquí en Perú:
1º.- Desde la década de los 70 América Latina ha venido enfrentando una dura crisis como resultado del capitalismo salvaje que impone a gobiernos serviles el imperialismo yanqui. Ya desde antes, el descontento popular se expresaba en movilizaciones y lucha social por justicia y dignidad. Así como en otros países de América Latina, en el Perú las movilizaciones de trabajadores, campesinos y estudiantes; hombres y mujeres fue respondida siempre con represión.
Con la aparición de las organizaciones alzadas en armas en la década del 80, se recrudece más la represión y la guerra sucia, arremetiendo contra los luchadores sociales. El estado mediante sus fuerzas armadas y grupos paramilitares realiza desapariciones forzadas, detenciones, ejecuciones extrajudiciales y matanzas en zonas alejadas, en provincias (Ancash, San Martín, Junin, Ayacucho, Apurimac, etc.) y en la capital (Barrios Altos, Universidad "La Cantuta" y ejecuciones de Tupacamaristas en la residencia del embajador Japonés). Esta política fue extensiva a los prisioneros políticos recluidos en El Frontón, Lurigancho en 1986 y Castro-Castro en 1992, quedando impune todos estos hechos.
Bajo la dictadura se crearon leyes de excepción para juzgar a luchadores sociales con el calificativo de "terroristas", con las leyes 25475 y 25659 se juzgaron en tribunales militares sin rostro a civiles, sin el debido proceso, con sentencias desproporcionadas, sin ningún tipo de beneficios penitenciarios y en cárceles diseñadas para destruir física, moral y psicológicamente a los prisioneros políticos (Yanamayo, Challapalca y Cárcel Tumba de la Base Naval del Callao) dentro del marco de una política de represión y venganza, la misma que también alcanzaba a nuestros familiares.
2ª.- Desde entonces nos vimos desamparadas pues no existían leyes que protegieran nuestros derechos. Quienes pudieron recurrir a organismos internacionales para denunciar y demandar al estado peruano por la violación de derechos humanos de los prisioneros políticos. Recogidas las demandas, organismos supranacionales dictaminaron contra el estado peruano por incumplir tratados internacionales, es así que se da: a) Fallo de la Corte Interamericana de DDHH en Mayo de 1999 sobre modificación de legislación antiterrorista. b) Resolución de la ONU sobre cierre de penales Yanamayo y Challapalca (Oct. 2000). c) Resolución de la ONU sobre el caso de dirigente del MRTA, Víctor Polay (nuevo juicio).
La dictadura entonces desconoció los compromisos establecidos, quedando los prisioneros políticos como rehenes del estado. Con la caída y defenestración del régimen, suponía el restablecimiento del Estado de Derecho y por ende el cumplimiento de estos dictámenes. Pero, tanto el gobierno transitorio como el actual del Sr. Toledo han demostrado falta de voluntad política y muy por el contrario, en este último régimen, la acentuación de una política de represión y exterminio contra los prisioneros políticos se hace más evidente: * Fujimori y Montesinos diseñaron las cárceles tumbas de castigo permanente, como la cárcel militar de la Base Naval del Callao y los alejados e inhóspitos de Challapalca y Yanamayo.
Se dictaron leyes de chantaje y represión como el D. S. 005-97-JUS condicionando y humillando la dignidad de los prisioneros políticos y de sus familiares.
Durante la toma de la residencia del embajador japonés por un comando Tupacamarista (Edgar Sánchez), a los prisioneros políticos acusados de pertenecer al MRTA, se nos aisló por completo suspendiéndonos la visita los meses que duró el hecho.
Luego se dieron las siguientes represalias: - 22/02/98 golpiza brutal y traslado violento de prisioneros políticos del MRTA de Castro-Castro (Lima) a Yanamayo (Puno). - 01/03/98 represión violenta contra prisioneros políticos del MRTA en Yanamayo resultando varios heridos, producto de ello trasladan al dirigente Miguel Rincón Rincón a la cárcel de la Base Naval. - 05/08/99 violenta requisa con golpiza brutal contra 5 prisioneras políticas del MRTA en Yanamayo (Nancy Gilvonio, María Concepción Pincheira, Lucero Cumpa, Gladis Espinoza y Dominga Mamani). A los pocos días secuestran y trasladan a Nancy Gilvonio y la llevan al penal de varones Miguel Castro-Castro, aislada completamente por más de un año. - 05/02/00 violenta requisa con saldo de un muerto, el prisionero político Carlos Ponce del Partido Comunista del Perú (Proseguir) en el penal de Yanamayo.
* Cuando asume el gobierno transitorio, no deroga las leyes inconstitucionales, y en los penales había un clima de gran tensión por las condiciones carcelarias. Sólo resuelve una parte respecto al régimen de visita y más horas de patio (D.S. 003-01-JUS), promete el traslado de prisioneros políticos a sus lugares de origen, lo que no fue cumplido. * El gobierno de Alejandro Toledo generó expectativa pero nunca estuvo en su agenda el tema de las cárceles. Los sucesos del 11 de Septiembre del 2001 le dieron la justificación para aplicar una política de represión y exterminio tan igual a la de Fujimori, por los siguientes elementos: - Desde el Ministerio de Justicia con Fernando Olivera a la cabeza se suspende la ejecución del nuevo reglamento del Código de Ejecución Penal que si bien no modificaba en lo sustancial la ley antiterrorista tenía cierta flexibilización. - Los considerando que planteó son los siguientes:
A) Seguridad nacional B) Este reglamento no se ajusta a la coyuntura política actual C) Como nuevo gobierno no participó en su elaboración - Siendo refrendada la suspensión por los ministros de defensa y del interior. - Crea un Reglamento de vida para los prisioneros políticos de la cárcel de la Base Naval legalizando la permanencia de civiles allí. - A 10 días del ataque a U.S.A. el 21 de Setiembre de 2001 interviene un contingente policial el pabellón de los prisioneros políticos del partido comunista del Perú-proseguir en Yanamayo abriendo boquetes y usando bombas lacrimógenas. Luego de una brutal golpiza en un hecho sin precedentes, 34 prisioneros políticos son trasladados al penal de Challapalca, bajo un régimen de castigo con encierro permanente y visita por locutorio, sin derecho a información, estudio y trabajo. - En Octubre 2001 trasladaban a prisioneros políticos del partido comunista del Perú-acuerdo de paz del penal de Socabaya a Challapalca. - El 21 de Diciembre 2001 a las 3:15 a.m. en violenta intervención al pabellón 3BC donde se encuentran las prisioneras políticas del MRTA en Chorrillos, 30 efectivos secuestran a Lori Berenson y Nancy Gilvonio y atacan con gases lacrimógenos y varas a las 15 prisioneras políticas que se encontraban descansando, dejándolas desmayadas como consecuencia de los gases, siendo esto de conocimiento y autorizado por el ministro Olivera. - El 11 de Enero 2002 con el pretexto de una requisa, efectivos de la policía nacional ingresan al penal de Trujillo y golpean salvajemente a la población penal, resultando de ello heridos de gravedad (el Instituto Nacional Penitenciario reconoce sólo 3) y 52 prisioneros políticos (5 del MRTA) al penal de Chimbote. - Al día siguiente, bajo la misma modalidad hacen lo mismo con prisioneros en el penal de Huamancaca (Huancayo) siendo trasladados prisioneros políticos y comunes a la cárcel de Yanamilla (Ayacucho) y Concepción. - Existen órdenes de traslado sobre todos los prisioneros políticos del MRTA que se encuentran en Juliaca (Puno) a Challapalca; de prisioneras políticas del MRTA del penal de mujeres-Chorrillos a lugares desconocidos y de todos los prisioneros políticos que estuvieron los 8 años de dictadura en Yanamayo para que retornen a este penal que en los próximos días será habilitado.
Cabe señalar que los prisioneros políticos del MRTA que sufrieron el traslado brutal están realizando Huelga de Hambre en rechazo a esta política.
Con motivo de que el estado debe indemnizar a los que salieron indultados, en declaración pública del 14 de Enero el presidente Toledo afirmó: "ningún terrorista saldrá de la cárcel", en alusión directa a los luchadores sociales, esta declaración nos lleva a preocupación, pues en el Perú existen antecedentes históricos de crear las condiciones para justificar masacres contra prisioneros políticos, sobre todo en un marco de impunidad (García - Fujimori) la vuelta a la política de traslados castigo inventándose supuestos motines, toma de rehenes y con su llamado reestablecimiento del "principio de autoridad" nos lleva a reafirmar que el objetivo es acabar con los prisioneros políticos en el Perú, sobre todo contra quienes denunciamos que nuestro pueblo sigue padeciendo los efectos de la política económica neoliberal sin acceso a sus derechos básicos como la vida.
Otra vez, los prisioneros políticos en el Perú nos encontramos atados frente a la intromisión directa del gobierno a través del control de los medios de comunicación donde no logramos denunciar estos hechos, ni ante las autoridades del Ministerio Público quienes son cómplices del estado. Tampoco encontramos eco en la Defensoría del Pueblo ni en la Coordinadora Nacional de DDHH quienes lamentablemente establecen como principio de acción el "no defender culpables". Por ello, conociendo el compromiso de Uds., como defensoras/es de la vida y los derechos humanos recurrimos para solicitarles vuestro apoyo para que por vuestra institución Madres de la Plaza de Mayo emprendan una campaña a nivel internacional de rechazo a la política de represión y exterminio del gobierno de Toledo y en la defensa de la vida de los prisioneros políticos en el Perú, con el fin de recolectar firmas que sirvan para demandar al presidente Toledo el cese de su política de represión.
Atentamente,
Hormecinda Fernández Bravo, Lucinda Rojas Landa Milagros Chávez Gonzáles, Delia Curahua Huerta, Yolanda Cruz Santillán, Concepción Pincheira Sáez, Pilar Hinojosa Téllez, María Pomazunco Gavino, Lucy García López, Nancy Cuyubamaba Puente, Marcela González Astudillo, Benita Cárdenas Navarro, Mirka de la Piedra Oliva, Yaniré Bautista Saavedra, Carolina Curahua Huerta,
Prisioneras Políticas del M.RT.A. E.P.R.C.E. Mujeres- Chorrillos Lima - Perú
Las prisioneras políticas del M.R.T.A. en el establecimiento penal régimen cerrado especial (E.P.R.C.E.) Mujeres-Chorrillos les hacemos llegar un cálido y revolucionario saludo, así mismo queremos compartir con Uds. nuestra preocupación por la problemática carcelaria que venimos atravesando aquí en Perú:
1º.- Desde la década de los 70 América Latina ha venido enfrentando una dura crisis como resultado del capitalismo salvaje que impone a gobiernos serviles el imperialismo yanqui. Ya desde antes, el descontento popular se expresaba en movilizaciones y lucha social por justicia y dignidad. Así como en otros países de América Latina, en el Perú las movilizaciones de trabajadores, campesinos y estudiantes; hombres y mujeres fue respondida siempre con represión.
Con la aparición de las organizaciones alzadas en armas en la década del 80, se recrudece más la represión y la guerra sucia, arremetiendo contra los luchadores sociales. El estado mediante sus fuerzas armadas y grupos paramilitares realiza desapariciones forzadas, detenciones, ejecuciones extrajudiciales y matanzas en zonas alejadas, en provincias (Ancash, San Martín, Junin, Ayacucho, Apurimac, etc.) y en la capital (Barrios Altos, Universidad "La Cantuta" y ejecuciones de Tupacamaristas en la residencia del embajador Japonés). Esta política fue extensiva a los prisioneros políticos recluidos en El Frontón, Lurigancho en 1986 y Castro-Castro en 1992, quedando impune todos estos hechos.
Bajo la dictadura se crearon leyes de excepción para juzgar a luchadores sociales con el calificativo de "terroristas", con las leyes 25475 y 25659 se juzgaron en tribunales militares sin rostro a civiles, sin el debido proceso, con sentencias desproporcionadas, sin ningún tipo de beneficios penitenciarios y en cárceles diseñadas para destruir física, moral y psicológicamente a los prisioneros políticos (Yanamayo, Challapalca y Cárcel Tumba de la Base Naval del Callao) dentro del marco de una política de represión y venganza, la misma que también alcanzaba a nuestros familiares.
2ª.- Desde entonces nos vimos desamparadas pues no existían leyes que protegieran nuestros derechos. Quienes pudieron recurrir a organismos internacionales para denunciar y demandar al estado peruano por la violación de derechos humanos de los prisioneros políticos. Recogidas las demandas, organismos supranacionales dictaminaron contra el estado peruano por incumplir tratados internacionales, es así que se da: a) Fallo de la Corte Interamericana de DDHH en Mayo de 1999 sobre modificación de legislación antiterrorista. b) Resolución de la ONU sobre cierre de penales Yanamayo y Challapalca (Oct. 2000). c) Resolución de la ONU sobre el caso de dirigente del MRTA, Víctor Polay (nuevo juicio).
La dictadura entonces desconoció los compromisos establecidos, quedando los prisioneros políticos como rehenes del estado. Con la caída y defenestración del régimen, suponía el restablecimiento del Estado de Derecho y por ende el cumplimiento de estos dictámenes. Pero, tanto el gobierno transitorio como el actual del Sr. Toledo han demostrado falta de voluntad política y muy por el contrario, en este último régimen, la acentuación de una política de represión y exterminio contra los prisioneros políticos se hace más evidente: * Fujimori y Montesinos diseñaron las cárceles tumbas de castigo permanente, como la cárcel militar de la Base Naval del Callao y los alejados e inhóspitos de Challapalca y Yanamayo.
Se dictaron leyes de chantaje y represión como el D. S. 005-97-JUS condicionando y humillando la dignidad de los prisioneros políticos y de sus familiares.
Durante la toma de la residencia del embajador japonés por un comando Tupacamarista (Edgar Sánchez), a los prisioneros políticos acusados de pertenecer al MRTA, se nos aisló por completo suspendiéndonos la visita los meses que duró el hecho.
Luego se dieron las siguientes represalias: - 22/02/98 golpiza brutal y traslado violento de prisioneros políticos del MRTA de Castro-Castro (Lima) a Yanamayo (Puno). - 01/03/98 represión violenta contra prisioneros políticos del MRTA en Yanamayo resultando varios heridos, producto de ello trasladan al dirigente Miguel Rincón Rincón a la cárcel de la Base Naval. - 05/08/99 violenta requisa con golpiza brutal contra 5 prisioneras políticas del MRTA en Yanamayo (Nancy Gilvonio, María Concepción Pincheira, Lucero Cumpa, Gladis Espinoza y Dominga Mamani). A los pocos días secuestran y trasladan a Nancy Gilvonio y la llevan al penal de varones Miguel Castro-Castro, aislada completamente por más de un año. - 05/02/00 violenta requisa con saldo de un muerto, el prisionero político Carlos Ponce del Partido Comunista del Perú (Proseguir) en el penal de Yanamayo.
* Cuando asume el gobierno transitorio, no deroga las leyes inconstitucionales, y en los penales había un clima de gran tensión por las condiciones carcelarias. Sólo resuelve una parte respecto al régimen de visita y más horas de patio (D.S. 003-01-JUS), promete el traslado de prisioneros políticos a sus lugares de origen, lo que no fue cumplido. * El gobierno de Alejandro Toledo generó expectativa pero nunca estuvo en su agenda el tema de las cárceles. Los sucesos del 11 de Septiembre del 2001 le dieron la justificación para aplicar una política de represión y exterminio tan igual a la de Fujimori, por los siguientes elementos: - Desde el Ministerio de Justicia con Fernando Olivera a la cabeza se suspende la ejecución del nuevo reglamento del Código de Ejecución Penal que si bien no modificaba en lo sustancial la ley antiterrorista tenía cierta flexibilización. - Los considerando que planteó son los siguientes:
A) Seguridad nacional B) Este reglamento no se ajusta a la coyuntura política actual C) Como nuevo gobierno no participó en su elaboración - Siendo refrendada la suspensión por los ministros de defensa y del interior. - Crea un Reglamento de vida para los prisioneros políticos de la cárcel de la Base Naval legalizando la permanencia de civiles allí. - A 10 días del ataque a U.S.A. el 21 de Setiembre de 2001 interviene un contingente policial el pabellón de los prisioneros políticos del partido comunista del Perú-proseguir en Yanamayo abriendo boquetes y usando bombas lacrimógenas. Luego de una brutal golpiza en un hecho sin precedentes, 34 prisioneros políticos son trasladados al penal de Challapalca, bajo un régimen de castigo con encierro permanente y visita por locutorio, sin derecho a información, estudio y trabajo. - En Octubre 2001 trasladaban a prisioneros políticos del partido comunista del Perú-acuerdo de paz del penal de Socabaya a Challapalca. - El 21 de Diciembre 2001 a las 3:15 a.m. en violenta intervención al pabellón 3BC donde se encuentran las prisioneras políticas del MRTA en Chorrillos, 30 efectivos secuestran a Lori Berenson y Nancy Gilvonio y atacan con gases lacrimógenos y varas a las 15 prisioneras políticas que se encontraban descansando, dejándolas desmayadas como consecuencia de los gases, siendo esto de conocimiento y autorizado por el ministro Olivera. - El 11 de Enero 2002 con el pretexto de una requisa, efectivos de la policía nacional ingresan al penal de Trujillo y golpean salvajemente a la población penal, resultando de ello heridos de gravedad (el Instituto Nacional Penitenciario reconoce sólo 3) y 52 prisioneros políticos (5 del MRTA) al penal de Chimbote. - Al día siguiente, bajo la misma modalidad hacen lo mismo con prisioneros en el penal de Huamancaca (Huancayo) siendo trasladados prisioneros políticos y comunes a la cárcel de Yanamilla (Ayacucho) y Concepción. - Existen órdenes de traslado sobre todos los prisioneros políticos del MRTA que se encuentran en Juliaca (Puno) a Challapalca; de prisioneras políticas del MRTA del penal de mujeres-Chorrillos a lugares desconocidos y de todos los prisioneros políticos que estuvieron los 8 años de dictadura en Yanamayo para que retornen a este penal que en los próximos días será habilitado.
Cabe señalar que los prisioneros políticos del MRTA que sufrieron el traslado brutal están realizando Huelga de Hambre en rechazo a esta política.
Con motivo de que el estado debe indemnizar a los que salieron indultados, en declaración pública del 14 de Enero el presidente Toledo afirmó: "ningún terrorista saldrá de la cárcel", en alusión directa a los luchadores sociales, esta declaración nos lleva a preocupación, pues en el Perú existen antecedentes históricos de crear las condiciones para justificar masacres contra prisioneros políticos, sobre todo en un marco de impunidad (García - Fujimori) la vuelta a la política de traslados castigo inventándose supuestos motines, toma de rehenes y con su llamado reestablecimiento del "principio de autoridad" nos lleva a reafirmar que el objetivo es acabar con los prisioneros políticos en el Perú, sobre todo contra quienes denunciamos que nuestro pueblo sigue padeciendo los efectos de la política económica neoliberal sin acceso a sus derechos básicos como la vida.
Otra vez, los prisioneros políticos en el Perú nos encontramos atados frente a la intromisión directa del gobierno a través del control de los medios de comunicación donde no logramos denunciar estos hechos, ni ante las autoridades del Ministerio Público quienes son cómplices del estado. Tampoco encontramos eco en la Defensoría del Pueblo ni en la Coordinadora Nacional de DDHH quienes lamentablemente establecen como principio de acción el "no defender culpables". Por ello, conociendo el compromiso de Uds., como defensoras/es de la vida y los derechos humanos recurrimos para solicitarles vuestro apoyo para que por vuestra institución Madres de la Plaza de Mayo emprendan una campaña a nivel internacional de rechazo a la política de represión y exterminio del gobierno de Toledo y en la defensa de la vida de los prisioneros políticos en el Perú, con el fin de recolectar firmas que sirvan para demandar al presidente Toledo el cese de su política de represión.
Atentamente,
Hormecinda Fernández Bravo, Lucinda Rojas Landa Milagros Chávez Gonzáles, Delia Curahua Huerta, Yolanda Cruz Santillán, Concepción Pincheira Sáez, Pilar Hinojosa Téllez, María Pomazunco Gavino, Lucy García López, Nancy Cuyubamaba Puente, Marcela González Astudillo, Benita Cárdenas Navarro, Mirka de la Piedra Oliva, Yaniré Bautista Saavedra, Carolina Curahua Huerta,
Prisioneras Políticas del M.RT.A. E.P.R.C.E. Mujeres- Chorrillos Lima - Perú