Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Organización
Fecha
2011-06-11
Categoría
Comunicado
Repudio revolucionario a la actitud de Chávez
REPUDIO REVOLUCIONARIO A LA ACTITUD DE CHÁVEZ
Conforme un plan estructurado y con el propósito de golpear a la insurgencia colombiana y coartar la difusión de hechos y actos violentos de parte del estado colombiano, el gobierno de Hugo Chávez, en conjunto con la Interpol, CIA, MOSAD y DAS y el gobierno de Santos, capturan y deportan al Director de ANNCOL, Joaquín Pérez Becerra, un periodista de pluma firme, después al comandante Julián Conrado de las FARC y casi al mismo tiempo un operativo conjunto entre las fuerzas represivas de Colombia y Venezuela son apresados dos comandantes del ELN, en distintas circunstancias, pero en un mismo país, Venezuela.
Esto con lógica razón ha provocado el rechazo y la movilización de varias organizaciones de izquierda, revolucionarias y bolivarianas dentro de Venezuela y varios países del mundo. Algunos se preguntan ¿Chávez se está torciendo?, o realmente está poniendo al descubierto su esencia de maquilador del sistema capitalista con lenguaje “izquierdista”, similar a los gobiernos socialdemócratas del siglo XXI que existen en el continente.
Estas detenciones confirman que entre los gobiernos de Colombia y Venezuela priman los acuerdos contrarrevolucionarios, antisubversivos, acorde a lo establecido por la política antiterrorista de los yanquis, lo que significa un punto de quiebre de Chávez en su política exterior hacia la derecha.
Desde que Juan Manuel Santos se posesiono como presidente de Colombia, las relaciones diplomáticas con Chávez dieron el giro, dejo de cuestionar la instalación de las bases militares norteamericanas en territorio colombiano y su inminente afianzamiento del Plan Colombia. Reconoció al gobierno hondureño de Porfirio Lobo, fraguado desde el golpe de estado contra Manuel Zelaya, y legitimó a la OEA, cuando en un proceso reciente Chávez cuestionaba fuertemente la vigencia de ese organismo y proclamaba la necesidad de sustituirlo por una organización integrada sólo por países latinoamericanos. La captura y entrega de Joaquín Pérez, Julián Conrado y los comandantes del ELN, echan por tierra la llamada “revolución bolivariana” y sitúa al gobierno bolivariano como parte integrante del Plan Colombia en su objetivo por aniquilar las fuerzas revolucionarias colombianas.
Otro elemento de este giro es dejar de reconocer la legitimidad de la lucha armada como forma de lucha de los pueblos para conquistar su libertad. La lucha armada que desarrollan en Colombia organizaciones como las FARC, el ELN y el EPL ha pasado a ser considerada por el gobierno de Chávez como “acciones terroristas”, calificando como tales a los miembros de dichas organizaciones revolucionarias.
La colaboración y entrega de revolucionarios implica entonces un giro peligroso que genera desconfianza y repudio de las fuerzas de izquierda y revolucionarias, contra estas equivocadas políticas que afirman la criminalización de la lucha y a los luchadores sociales que se ha convertido en política de estado en los gobiernos llamados alternativos: Argentina, Brasil, Bolivia. Paraguay, Uruguay, Nicaragua, Ecuador, estaremos atentos con el nuevo gobierno en el Perú que no mantiene diferencia con los gobiernos derechistas de Chile, Colombia, México, Honduras, etc.
Los Grupos de Combatientes Populares expresamos nuestra condena a este proceder equivocado y nada revolucionario y nos solidarizamos con los hombres y mujeres que el capitalismo les privo de su libertad, pero no de sus ideales. Queda bien reproducir una consigna a propósito de una las marchas contra la criminalización, efectuadas en Venezuela que dice: ¡Revolución ni colabora con estados fascistas, ni entrega revolucionarios!"
Conforme un plan estructurado y con el propósito de golpear a la insurgencia colombiana y coartar la difusión de hechos y actos violentos de parte del estado colombiano, el gobierno de Hugo Chávez, en conjunto con la Interpol, CIA, MOSAD y DAS y el gobierno de Santos, capturan y deportan al Director de ANNCOL, Joaquín Pérez Becerra, un periodista de pluma firme, después al comandante Julián Conrado de las FARC y casi al mismo tiempo un operativo conjunto entre las fuerzas represivas de Colombia y Venezuela son apresados dos comandantes del ELN, en distintas circunstancias, pero en un mismo país, Venezuela.
Esto con lógica razón ha provocado el rechazo y la movilización de varias organizaciones de izquierda, revolucionarias y bolivarianas dentro de Venezuela y varios países del mundo. Algunos se preguntan ¿Chávez se está torciendo?, o realmente está poniendo al descubierto su esencia de maquilador del sistema capitalista con lenguaje “izquierdista”, similar a los gobiernos socialdemócratas del siglo XXI que existen en el continente.
Estas detenciones confirman que entre los gobiernos de Colombia y Venezuela priman los acuerdos contrarrevolucionarios, antisubversivos, acorde a lo establecido por la política antiterrorista de los yanquis, lo que significa un punto de quiebre de Chávez en su política exterior hacia la derecha.
Desde que Juan Manuel Santos se posesiono como presidente de Colombia, las relaciones diplomáticas con Chávez dieron el giro, dejo de cuestionar la instalación de las bases militares norteamericanas en territorio colombiano y su inminente afianzamiento del Plan Colombia. Reconoció al gobierno hondureño de Porfirio Lobo, fraguado desde el golpe de estado contra Manuel Zelaya, y legitimó a la OEA, cuando en un proceso reciente Chávez cuestionaba fuertemente la vigencia de ese organismo y proclamaba la necesidad de sustituirlo por una organización integrada sólo por países latinoamericanos. La captura y entrega de Joaquín Pérez, Julián Conrado y los comandantes del ELN, echan por tierra la llamada “revolución bolivariana” y sitúa al gobierno bolivariano como parte integrante del Plan Colombia en su objetivo por aniquilar las fuerzas revolucionarias colombianas.
Otro elemento de este giro es dejar de reconocer la legitimidad de la lucha armada como forma de lucha de los pueblos para conquistar su libertad. La lucha armada que desarrollan en Colombia organizaciones como las FARC, el ELN y el EPL ha pasado a ser considerada por el gobierno de Chávez como “acciones terroristas”, calificando como tales a los miembros de dichas organizaciones revolucionarias.
La colaboración y entrega de revolucionarios implica entonces un giro peligroso que genera desconfianza y repudio de las fuerzas de izquierda y revolucionarias, contra estas equivocadas políticas que afirman la criminalización de la lucha y a los luchadores sociales que se ha convertido en política de estado en los gobiernos llamados alternativos: Argentina, Brasil, Bolivia. Paraguay, Uruguay, Nicaragua, Ecuador, estaremos atentos con el nuevo gobierno en el Perú que no mantiene diferencia con los gobiernos derechistas de Chile, Colombia, México, Honduras, etc.
Los Grupos de Combatientes Populares expresamos nuestra condena a este proceder equivocado y nada revolucionario y nos solidarizamos con los hombres y mujeres que el capitalismo les privo de su libertad, pero no de sus ideales. Queda bien reproducir una consigna a propósito de una las marchas contra la criminalización, efectuadas en Venezuela que dice: ¡Revolución ni colabora con estados fascistas, ni entrega revolucionarios!"