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Tipo
Documento
País
Organización
Fecha
1986-09-01
Categoría
Comunicado
A un año de gobierno aprista
A UN AÑO DE GOBIERNO APRISTA
Introducción
El 16 de agosto de 1985 el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), organizó una conferencia de prensa clandestina y anunció la suspensión unilateral de sus acciones militares. Esa misma noche diez comandos se tomaron igual cantidad de radioemisoras y difundimos a la opinión pública nacional e internacional la decisión de no atacar al nuevo gobierno.
Recogimos así la voluntad de cambio que el pueblo había expresado no sólo en las urnas sino también en las calles. Los últimos años del régimen anterior fueron de intensas luchas del movimiento obrero y popular así como en el desarrollo de la lucha armada.
El candidato triunfante, el Dr. Alan García, logró concitar ese profundo descontento popular producto de la infame administración del segundo belaundismo. Ese 14 de abril de 1985 el pueblo votó contra el continuismo. Votó por el cambio.
Ante la profunda crisis integral que se ahondaba y el exasperante clima de violencia donde el régimen belaundista estableció el vínculo entre terrorismo de Estado con estas democracias y que tan desfavorablemente repercutían en los sectores populares, el APRA enarboló un lenguaje no sólo radical, sino el ofrecimiento de un conjunto de medidas cuya factura apuntara a las necesarias transformaciones que llevaran finalmente al “futuro diferente”.
Acuñaron el slogan de un gobierno “nacionalista, democrático y popular”. En una situación donde no se vislumbra ni siquiera un destello esperanzador, el carisma y la resolución del joven candidato, pero por sobre todo las promesas, salvó al PAP de presentar un plan de gobierno y le bastó colocar el dedo en la llaga y agitar las posibilidades de resolver los profundos problemas para que amplios sectores populares optaran electoralmente por el aprismo.
La IU que desde su creación demostró ser solamente un frente electoral, permitió también con su campaña anodina el triunfo del APRA. Su candidato, el Dr. Alfonso Barrantes, con un estilo ceremonioso y pusilánime buscó complacer a los sectores medios y acomodados del país, así como a las FF. AA. de que la izquierda marxista no era el monstruo devorador de democracias. Apostaron a que tenían asegurados los votos en los sectores populares y descuidaron también el trabajo entre los pobladores, los campesinos, los estudiantes.
Esta orientación de la campaña reflejó en el plano electoral lo que en la práctica es la conducta habitual de este frente: su alejamiento del movimiento obrero y popular. La dirección de IU sólo se activa para las confrontaciones comiciales y han calculado que pueden ser la opción ganadora en 1990. Por lo tanto los manejos de una parte de la dirección de IU se encuentra influida de esta posibilidad y los hace cada vez más cercanos a las propuestas apristas.
El APRA en el gobierno
Luego de 60 años de controvertida existencia política el APRA llegaba a tomar la conducción política del país. Lo hacía, además, de manera plena. La esperanza popular era grande y el APRA con esta victoria tenía prácticamente todo a su favor para realizar un buen gobierno: una expectativa que crecía conforme transcurrían los días; una IU sin iniciativa de oposición; una FF.AA. que no tuvo mayor contratiempo en reconocer la jefatura del Presidente en una ceremonia sin precedentes; un empresariado que, pese a ese nivel de miopía que siempre los ha caracterizado; le brindó su apoyo mediante la CONFIEP; un imperialismo que, no obstante la retórica presidencial, nunca presionó y aceptó los pagos “simbólicos” de la deuda así como sus postergaciones y siguió proporcionándole ayuda.
Por eso en el primer mensaje presidencial leído en julio de 1985, el pueblo escuchó de labios de su mandatario lo que en gran parte quería oír: la deuda no puede seguir atendiéndose a costa de las miserias de nuestro pueblo. Hay que limitar su pago a un monto no mayor del 10% de nuestras exportaciones. Transnacionales como la Occidental no pueden seguir enriqueciéndose a costa de leyes y decretos antinacionales que el belaundismo promulgó. Hay que derogar la ‘’Ley Kuczynsky”. Dependiendo en gran parte la alimentación de nuestra población de la agricultura, es inexplicable que se produzca una dependencia alimentaria por el alto nivel de componente importado. La sangre peruana no puede seguir corriendo como ríos por nuestras serranías y ciudades; la lucha antisubversiva debe variar sustancialmente, “La barbarie no puede ser combatida con la barbarie”. Es decir, un discurso que abarcaba los diversos campos de la vida política y social ofreciendo en cada caso la aplicación de medidas rápidas, contundentes.
En otras palabras, se abría paso un perfil de propuesta populista con el planteamiento de modificaciones dentro del sistema.
El primer año de gobierno
En un comienzo el Presidente impuso un estilo dinámico y evidenció una administración donde asumía el rol protagónico. Y muchas de las decisiones que tomó al inicio ni siquiera fueron consultadas al partido. Un conjunto de hechos e iniciativas que dejaron una huella básicamente personal. Su ambición lo llevó incluso a querer trascender los marcos nacionales aspirando convertirse en una suerte de líder continental.
Sin embargo, a los 12 meses lo que va quedando no son los cambios prometidos por los cuales el pueblo votó, sino frases, gestos, desplantes.
Luego de un año de gobierno el APRA de cuestionador del sistema terminó siendo lo que en realidad nunca dejó de ser: gendarme del sistema capitalista. Este año lo demuestra. Ninguno de los cambios que prometió llegaron y sólo puede exhibir como victorias las cifras (amañadas por lo demás) de una desaceleración del ritmo inflacionario o de una reactivación industrial que en nada beneficia al pueblo.
Con lenguaje antimperialista y criticando ácidamente al FMI se planteó la fórmula del 10% de nuestras exportaciones para el pago de los servicios de la deuda externa, sin embargo, no se cumplió. Se siguió destinando a este concepto cantidades similares a las que utilizó el segundo belaundismo desde 1984.
Pero las ganancias del imperialismo no sólo se vieron aseguradas con el pago del 37.7% de nuestras exportaciones, sino también por la capitalización de la deuda que se dejó de pagar, ya que mediante decretos leyes el gobierno reconoció las tasas de interés que la banca internacional nos había impuesto durante la década pasada.
Se dijo que no se aceptaría la intermediación del FMI en las negociaciones de la deuda, pero en realidad no sólo tuvieron que verse obligados a reconocer durante algunos meses la presencia fiscalizadora de uno de sus representantes en el Banco Central de Reserva, sino también -ante el anuncio de la declaratoria de inelegibilidad- terminar efectivizando pagos simbólicos y promesas de pago en agosto de ese año.
Se dijo también que la derogatoria de la Ley Kuczynsky era un acto soberano de este gobierno. La contundencia de los hechos demostraron, sin embargo, que no hubo ninguna actitud soberana. El entreguismo fue encubierto con discursos encendidos y cargados de demagogia antimperialista. Lo que en realidad ocurrió fue el sometimiento a los requerimientos de las transnacionales petroleras que desde los últimos años del belaundismo estaban presionando para la firma de nuevos contratos en condiciones más ventajosas. Objetivo que lograron con este gobierno. Quizá esta muestra de entreguismo constituya en la historia de este siglo uno de los mayores fraudes al país: no sólo porque se le ha perdonado a las transnacionales todos los pagos que debieron efectuar, sino también porque se ha facilitado la mayor monopolización de la Occidental sobre nuestra economía al entregársele nuevos lotes petroleros de 22 a 30 años.
Se dijo que se reactivaría la economía desde abajo y en un sentido agrarista, pero al final se termina estimulando la parte de la pirámide que más se criticó durante la campaña electoral: la urbana y la industria, que es precisamente donde se concentran los sectores más dependientes y monopólicos de nuestra economía. Y con el señuelo de que estos sectores son los que generan empleo, no se repara en ningún límite para abaratarle sus “costos de producción”: desde los insumos, que pueden importarlos con dólar congelado; el capital que ahora es más barato conseguirlo con las bajas de interés o más fluido con la conversión de sus deudas de dólares a intis; hasta la mano de obra que -gracias al D.S. 010- cuesta menos con los topes salariales que este gobierno ha impuesto.
La moralización
Otra de las banderas desplegadas con insistencia ante la corrupción en casi todas las instituciones de las clases dominantes fue la moralización. Se dijo además que las fuerzas policiales iban a ser reorganizadas. Lo que se contempla, sin embargo, es el contubernio entre apristas y pepecistas para exculpar a estafadores con corbata como en los casos Guvarte y la Compañía Peruana de Vapores (CPV). Aparte de muchísimos casos de corrupción ocurridos durante el gobierno de AP-PPC que son simplemente ignorados.
Ante esto debe sumarse también que los propios apristas están aprovechándose de los cargos para enriquecerse. Los fraudes más notorios son los de la importación de la carne, el arroz, el maíz, por parte del ministro de Agricultura; y el negociado de los libros, que es el caso del ministro de Educación. Todo esto constituye una prueba del alto grado de corrupción de sectores del APRA en el aparato del Estado.
La tan mentada reorganización de las Fuerzas Policiales (FF.PP.), ha sido no sólo otro engaño sino otro fracaso. Una reorganización que no sólo se limitó a “depurar” las filas policiales como si esa única medida fuera la solución de fondo que requiere una institución cuyas lacras son de carácter estructural. El APRA, más que poner en práctica criterios de servicio a la comunidad dispuso de acuerdo a sus intereses partidarios. Y lo que se demuestra es que las FF.PP. están podridas desde las mismas escuelas de formación de oficiales y personal subalterno. En esos recintos se preparan policías con mentalidad homicida. La suprema enseñanza para ellos es que todo civil es un sospechoso. Todo civil un enemigo.
La “reorganización” de las FF.PP. no ha moralizado nada. Es casi un lugar común descubrir con cierta regularidad que son los policías, supuestamente los encargados de la seguridad y la tranquilidad ciudadana, los directos implicados en secuestros, asesinatos y vinculaciones con el narcotráfico.
Los abusos policiales con la población son moneda corriente, y no existe mayor peligro que el de ser detenido, pues se corre el riesgo de morir torturado o ser asesinado de un balazo.
La creciente militarización
“La barbarie no será combatida con la barbarie”. Hasta ahora resuenan los ecos de esta frase pronunciada en su primer discurso. Y en un comienzo, luego de descubiertas las tumbas clandestinas de Pucayacu y las horrendas masacres de Accomarca, Umaru y Bellavista, se pensó, ante los cambios que tomó renunciando al Jefe del Comando Conjunto y las disposiciones con respecto a los otros dos generales, que efectivamente el poder civil ganaba terreno en el ámbito castrense. Pero el corto tiempo demostró que no pasó también de ser otro gesto obligado por la circunstancia de no perder imagen ante la inminencia de presentarse en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
A los pocos meses este gobierno que se dice “popular” empezó a demostrar su verdadera entraña cuando respondió a las primeras manifestaciones de descontento.
Nuevamente, como en los mejores tiempos de la dictadura militar y del segundo belaundismo, la represión policial actuó de manera despiadada: apaleamientos de los trabajadores del SIMA, a los empleados estatales. Pero lo más grave fue la violentísima incursión policial en el ex-fundo Garagay donde la ferocidad represiva llegó al ensañamiento contra indefensas familias sin casa cuyo único delito fue ocupar terrenos abandonados.
La agresividad estatal va acentuándose y la defensa de los derechos humanos deviene en una farsa. Se produce después la muerte de 30 presos políticos en Lurigancho carbonizados por la acción de la Guardia Republicana.
El estado de emergencia y el toque de queda se extiende onminosamente. Más de la mitad del país se encuentra bajo la prepotencia de la bota militar. Son los planteamientos bárbaramente cavernarios de Cisneros Vizquerra los que se imponen. El ejemplo más evidente es la reciente carnicería de más de 300 presos políticos en los penales.
Las FF.AA. tienen cada vez más una presencia dominante, en el gobierno. Y el APRA se encuentra también cada vez más sometido o complacido a las determinaciones castrenses. Es inaudito que el responsable directo de la matanza de Accomarca donde fueron asesinados 69 personas entre mujeres y niños, jóvenes, ancianos, haya sido ascendido y enviado en misión a Estados Unidos; y quien fue jefe de la II región Militar cuando se cometieron esas atrocidades, el General Sinesio Jarama, sea actualmente director del CAEM. Lo inaudito por cierto es que el APRA no haya dicho absolutamente nada sobre esto. Por eso todas las promesas de respeto a los Derechos Humanos (DD.HH.) y los anuncios de sancionar los excesos y detener la guerra sucia, han quedado en vergonzantes bravatas.
Durante el año transcurrido este gobierno no demostró ser nacionalista, ni democrático, ni popular. Todas las expectativas creadas en torno a un esplendoroso ramillete de promesas, empezaron a marchitarse rápidamente dando lugar a la frustración y al descontento.
El mensaje 1986:
Fue una pálida exposición si lo comparamos con el año anterior. Por cierto que la derecha saludó complacida la “ponderación” y “madurez” del discurso. ¿Lo sentían acaso regresando al redil? Porque lo que saludaron es justamente la ausencia de esas medidas espectaculares que de alguna manera les dejaba un mal sabor, como la actitud -demagógica por lo demás- con relación al FMI.
No fue autocrítico pues no hubo explicaciones al pueblo por el cúmulo de promesas incumplidas. Las nuevas disposiciones enunciadas no expresan una voluntad de cambio. El discurso refleja claramente lo que se evidenció a los pocos meses de gobierno y que fue señalado con claridad: no se plantea transformaciones estructurales que cambien radicalmente la situación, sino una administración de la crisis para que se mantenga el sistema de explotación, violencia e injusticias.
Presenta como su mayor logro el control de la espiral hiperinflacionaria desbocada en los tramos finales del segundo belaundismo. Lo que no se dice es que esta desaceleración ha sido a costa de una política de control de precios internos en favor de las transnacionales agroalimentarias.
Enarbolan un 67% de inflación en los 12 meses. Pero la realidad es maciza y los porcentajes del INE con respecto a la canasta familiar guardan una diferencia notable con los precios que efectivamente rigen en el mercado. En un país donde las ofertas de trabajo se ha reducido hasta límites intolerables, son realmente privilegiados quienes tienen un salario; se encuentran, sin embargo, en una situación angustiosa porque los ingresos son magros con relación al alza del costo de vida.
Es posible la comprobación de la adulteración de las cifras si nos remitimos a los cuadros proporcionados por el INE de Dic. 85 a May. 86 con respecto solamente a las variaciones de precios de los alimentos.
En el CUADRO 1 vemos que mientras los subgrupos de alimentos que sí están sometidos al control han tenido un incremento de precios moderado y por debajo del índice general –como es el caso del pan, cereales, grasas y aceites comestibles–, los productos alimenticios que no tienen control de precios han subido en forma desproporcionada con relación al índice general y han sobrepasado largamente los tres dígitos, conforme se evidencia en los subgrupos de hortalizas y legumbres frescas, leguminosas y derivados, las mismas que representan 4.2 y 7.3 veces respectivamente el acumulado de la inflación de diciembre a mayo.
Esta diversidad en el alza de los alimentos se expresa mejor si analizamos su incremento de acuerdo a su procedencia (CUADRO 2). Y lo que encuentran las madres y amas de casa en los mercados es que nada ha cambiado pues los precios de los productos agrícolas suben tan igual como durante el segundo belaundismo (CUADRO 3).
Este gobierno dijo también que teníamos que aprender a vivir de lo nuestro. Y aquí también el Presidente siguió navegando en las fáciles aguas de la demagogia, pues el precio de los productos alimenticios que siempre estuvieron por debajo del porcentaje de la inflación han tenido en el último año un crecimiento del 230% para los alimentos no subsidiados.
Los precios de los alimentos de alto componente importado y procesado por transnacionales agroalimentarias casi no suben de precios (fideos, aceite, etc.), los alimentos producidos por el agro nacional suben de precios a un ritmo incluso mayor que durante el belaundismo (tubérculos, hortalizas, legumbres, etc.).
Y con respecto a este sector de acuerdo a datos oficiales proporcionados por el Ministerio de Agricultura entre junio de 1985 y 1986 el valor de la producción agrícola ha disminuido en –1,5% y el volumen de cosecha se ha reducido en –14.9%.
Se carece de una política coherente y el Ministro de Agricultura trata de suplir estas deficiencias con importaciones. Es decir, también una salida inmediatista que no apoya en absoluto al desarrollo del agro sino más bien al aumento de la dependencia en el aspecto alimentario. Es decir, esta tendencia lejos de haber sido corregida por este gobierno, se refuerza, pues según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) en diciembre de 1984 sostenía que se estaba importando el 20% en alimentos: “… la producción agrícola mostró un estancamiento que, aunado al elevado ritmo de aumento de la población, determinó una creciente dependencia del sector externo para satisfacer nuestras necesidades alimenticias. Así, el 20% de los alimentos que consumimos en la actualidad son importados, mientras que a inicios de la década pasada sólo adquiríamos del exterior el 10% de los mismos”. (Banco Central de Reserva del Perú: “Perspectivas del Sector Externo: 1985-1989, Sub Gerencia del Sector Externo, BCRP, diciembre de 1984”).
Otro de los logros que fue enfáticamente resaltado es la supuesta reactivación industrial. Sin embargo este desarrollo favorece a los sectores más dependientes y a los que utilizan mayor cantidad de insumos importados. Y tienen una permanente actitud de rechazo al Estado, y lo consideran que es bueno y útil sólo cuando favorecen a sus intereses. Por eso, confiar en el sector privado como eje de la reactivación económica no es una alternativa, porque la experiencia indica hasta ahora que este sector ha provocado siempre mayores presiones sobre la balanza de pagos, ya que es más lo que exige al Estado que lo que aportan.
En relación al sector público en su conjunto, el panorama se presenta sombrío. Las empresas como Petroperú atraviesan por serios problemas financieros ante la caída del precio del crudo y la congelación del precio de la gasolina. Igualmente Electroperú y otras empresas públicas que pueden llevar al sector público a un déficit aproximado del 8%.
La llamada “peruanización” de la leche “Gloria” no significa la intervención contra una empresa transnacional que mantiene el monopolio de la leche evaporada y que durante muchísimos años ha obtenido fabulosas ganancias con un precio elevado artificialmente debido al anticuado proceso del enlatado. Se propone un accionariado nacional donde el propósito del gobierno es que participen los ganaderos de la cuenca de Arequipa.
Pero ¡Oh! sorpresa… Con una rapidez inimaginable la transnacional Nestlé “acató” la disposición y transfirió el 100% de sus acciones de “Gloria” S.A. al grupo capitalista nacional Rodríguez Banda. La figura que empieza a dibujarse después es que el arreglo venía desde antes del mensaje. Y todo hace suponer que estamos ante la típica modalidad del testaferro. Por lo demás este grupo está desde tiempo atrás ligado a esta transnacional.
Los trabajadores no tienen aquí ninguna participación. La empresa en manos privadas capitalistas no coloca la “peruanidad” como premisa sino la lógica del capital. Por lo tanto la “regulación de precios no será en beneficio del pueblo sino la búsqueda del incremento de las ganancias.
Propuestas como la autonomía económica y administrativa de las corporaciones, la creación de las tres primeras regiones (Altiplano, Grau y Amazonas) dentro del proceso de descentralización, tiene sin embargo, modalidades intrínsecas que la limitan en sus alcances.
El Programa Ocupacional de Emergencia no sólo atenta contra la precaria estabilidad laboral, sino que es el regalo que los empresarios esperaban pues ahora si podrían arremeter con mayores probabilidades contra los sindicatos clasistas.
Con relación a la violencia que azota al país Alan García ratificó el camino no sólo de avalar a las FF.AA., sino de justificar sus acciones demenciales. Ese respaldo total significa la más completa impunidad para la barbarie realizada y las que en el futuro realizarán.
Las perspectivas
El panorama político no obstante sus complejidades presenta un cuadro más nítido. Las ambigüedades o confusiones del año anterior con relación al gobierno aprista se han despejado para el pueblo. El APRA no puede encabezar ni realizar reforma alguna. No existe base material pues las reformas importantes fueron ejecutadas durante el velasquismo. Lo único posible para cambiar realmente la situación en las actuales circunstancias implica romper la dependencia de las transnacionales y enfrentarse realmente al imperialismo.
Y lo que hemos escuchado, así como lo visto diseña para lo sucesivo el comportamiento del APRA. Y ninguna de las medidas ataca lo esencial pues se continúan sin tocar la estructura básica de la propiedad y se evita chocar con los grandes monopolios.
La declaratoria de “Inelegibilidad”
El Perú, con respecto al FMI ha amortizado con mayor regularidad en el curso de este año de gobierno que en los tramos finales del belaundismo que se vio obligado a cesar sus pagos porque no tenía con qué hacerlo.
Sin embargo, Alan García se las emprendió contra este organismo soltando incluso la posibilidad del retiro del Perú del FMI.
Han pasado los meses y el FMI declaró a Perú inelegible colocándolo al lado de Liberia, Sudán, Haití y Vietnam para sonrojo y escándalo de la derecha.
Pero ser declarado inelegible por el FMI significa que Perú no recibirá más préstamos de este organismo financiero. Esto no es ninguna novedad puesto que hace dos años que el FMI considero que no somos sujetos de crédito. Por lo tanto hace cuatro años, desde junio de 1982, que Perú no recibe un centavo del FMI.
Con relación a los préstamos concertados con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo estos desembolsos no se encuentran comprometidos. Y según el Presidente del Banco Central de Reserva, Leonel Figueroa Ramírez, esta inelegibilidad no tendría ningún efecto sobre el comercio internacional.
Esta sanción del FMI fue inmediatamente aprovechada por el mandatario. En una situación de desprestigio y pérdida acelerada de figura en lo interno y lo externo, luego de los sucesos de los penales, esta decisión del FMI no pudo, sin embargo, ser más oportuna. Concita nuevamente la solidaridad continental ante el “castigo” y se pretende aglutinar al pueblo en torno al Presidente ante la “afrenta” imperialista.
Inmediatamente se dice después que Perú se mantendrá dentro del FMI, que es necesario luchar desde su interior. Sabiendo que sería declarado inhabilitado, se pagó 35 millones de dólares para demostrar que existe voluntad de pago.
Lo efectivo es que en medio de toda esta situación el gobierno aprista no sera abandonado por R. Reagan y las financieras internacionales. Y lo que también es una verdad indiscutible es que la deuda externa no se puede pagar.
El fracaso histórico del APRA
Bastó este año para calibrar las perspectivas del aprismo. Hace mucho tiempo que dejó de ser esa fuerza rebelde, insurgente que se alzó en armas contra la oligarquía en 1932. Hace tiempo que el APRA cumplió su ciclo histórico. Pero mientras ocupo las trincheras de la oposición pudo mantener y alentar en las masas las posibilidades de cambio, de la renovación y no lo que realmente es: Una fuerza al servicio del imperialismo y las clases dominantes.
El fracaso del APRA no resiente el campo popular porque hace décadas que se realizó el deslinde y en la práctica el APRA se ubicó en el campo del enemigo. El fracaso del APRA resiente a las clases dominantes porque es el fracaso de su propuesta política, de su doctrina, es el fracaso del partido que día a día demuestra su incapacidad ya no para resolver los profundos problemas que nos aquejan, sino incluso para rearticular a la resquebrajada burguesía.
Entre tanto, el APRA y las FF.AA. son el “monomio” que garantiza el mantenimiento del sistema con todas sus lacras.
Democracia mano militari:
El proceso de militarización aparece como un fenómeno inherente a esta democracia precaria. Porque no podemos hablar que en el actual régimen exista una democracia cuando estamos sometidos al estado de emergencia, al toque de queda. No puede haber democracia cuando lo que se levanta ante la barbarie estatal es la conspiración del silencio. No hay democracia cuando las FF.AA. son el otro poder, el poder verdadero, omnímodo, en la zona de emergencia. De qué democracia podemos vanagloriamos cuando se tortura y asesina a sospechosos, cuando con la mayor impunidad se ejecutan masacres y exterminios. Qué democracia puede ser ésta cuando su presidente otorga el respaldo pleno a los exterminadores ofreciendo así un espaldarazo a la continuación de la guerra sucia, al terrorismo de Estado.
Es decir, este gobierno apostó a la barbarie antes que a la paz. Fracasó en su política de DD.HH. porque en el fondo nunca la tuvo. Y hoy, en los hechos, apuestan a la paz de los cementerios. No existe la voluntad de pacificar el país mediante la erradicación de las injusticias, sino con la ampliación y perfeccionamiento estatal de la violencia.
En esencia no puede hablarse de democracia si en lo concreto no se afecta el dominio de las grandes empresas imperialistas que controlan y determinan la economía nacional. La llamada democracia no puede limitarse a la libertad de acceder a la propiedad privada de los medios de producción por parte de poderosos grupos económicos.
Aparece entonces con mayor urgencia la necesidad de construir una alternativa auténticamente democrática. Una alternativa donde el pueblo realice su derecho al bienestar. Por ello las condiciones para desarrollar una alternativa popular aparecen con absoluta nitidez.
Desbrozar este complejo camino implica impulsar la lucha armada y consolidar un movimiento político con arraigo de masas. En esa perspectiva el MRTA continuará como hasta ahora no sólo combatiendo contra los enemigos del pueblo, sino construyendo también esa alternativa popular, en todos los campos de la vida política.
El Movimiento Obrero y Popular
Un año de gobierno aprista no ha transcurrido en vano para nuestro pueblo. Después de las luchas aisladas que en un primer momento protagonizaron el SIMA, CITE, SUTEP, médicos, ha pasado a una reactivación mayor en el primer trimestre del año con las luchas del sector minero. En este mismo lapso las huelgas se incrementaron con respecto a los mismos períodos del belaundismo. Por otro lado se ha combinado con el resurgimiento de luchas regionales como de los pueblos del Cusco, Puno, Huancayo, San Martín y una aspiración que madura en plena lucha por la centralización y unificación del movimiento popular que buscan la realización de una Asamblea Nacional Popular.
Si bien nuestro pueblo votó por el cambio, es verdad también que no otorgó un cheque en blanco al aprismo.
El empresariado a pesar de todas las concesiones y estímulos se diferencia de la política económica del aprismo. No se decide a “arriesgar”. No invierte. Cuestiona la política tributaria, la reciente ley de estabilidad laboral y por cierto, dudan de que sean ciertas las cifras que el gobierno presenta sobre la reactivación industrial.
La situación económica lejos de mejorar se mantiene en un punto muerto, donde los escasísimos logros pueden naufragar en cualquier momento ante la tormenta que viene incubándose en el sector externo. Y es que -lo repetimos- sino se introducen cambios fundamentales en nuestra economía que quebranten el dominio transnacional, cualquier política reactivadora sólo reactivará la crisis.
Ante esta situación caracterizada por el resurgimiento del movimiento popular que corre independiente a la política gubernamental. Ante el incremento de las acciones político-militares de las organizaciones alzadas en armas, y con un empresariado que se esfuerza por diferenciarse y buscar una alternativa al aprismo, y por un sector externo crítico, el gobierno aprista reforzara las cartas que lo han apoyado desde el inicio: las Fuerzas Armadas y el imperialismo.
Desde el segundo semestre del 86 el desgaste del gobierno se acentuará lo que llevará a su vez a que se manifieste más abiertamente su rasgo verticalista, caudillista y autoritario.
Porque este APRA que llegó al gobierno no es el de las tesis aurorales o del martirologio de los apristas fusilados en Chan Chan, de los centenares de detenidos, torturados, asesinados, deportados o de la marinería sublevada en 1948. El APRA que hoy gobierna es fiel heredero y discípulo de la siniestra tradición del carnicero Sánchez Cerro.
Terminó el tiempo de las promesas fáciles, de la pose y el gesto triunfalista. La situación se torna aún más difícil y los directamente afectados serán las amplias mayorías. Se hace necesario en lo inmediato la convocatoria más amplia a nivel popular a fin de contrarrestar la situación cada vez más crítica y el obvio fracaso de esta administración.
Por, la Democracia, la Justicia y la Paz:
La confluencia frentista que reiteradamente proponemos tiene como finalidad hacer frente en lo inmediato la profunda crisis que flagela fundamentalmente a las grandes mayorías, enarbolar la lucha por la ampliación de reivindicaciones políticas y democráticas, así como contra el militarismo. Esta lucha en las circunstancias presentes se resume en la lucha por la vida, en la lucha pon la justicia, en la lucha por la paz.
Porque la vida no solamente se encuentra amenazada por la carencia ya histórica de las más elementales medidas no resueltas ni siquiera mínimamente por el APRA, sino porque también se ha instaurado un escalofriante clima de violencia, proceso de la militarización donde el terror, el tormento, las persecuciones, los allanamientos de barrios enteros, los controles en calles y carreteras, así como los asesinatos, son los hechos que casi a diario impactan nuestras conciencias.
Este FRENTE POR LA DEMOCRACIA, LA JUSTICIA Y LA PAZ no es contra la subversión como afirma el Presidente de IU que debe formarse un “frente contra el terrorismo”. La violencia revolucionaria, la que ejercen los desposeídos en nuestra patria, es la respuesta histórica a siglos de opresión, por lo tanto ese planteamiento del Sr. Alcalde es derechista no sólo porque desconoce el derecho de los pueblos a la insurgencia sino porque propone una respuesta represiva. Y es que en el caso del Dr. Barrantes y un sector de la dirección de IU han optado por la conciliación con el enemigo. Lo que los lleva en varios casos a asumir las posiciones del enemigo y en otros a manifestarse ambiguamente. Por ese camino equivocado de confundir y amarrar al movimiento de masas se pretende llegar como alternativa para los comicios de 1990 o impedir quizá (pensando siempre en 1990) un “golpe fascista”. Viejas y trasnochadas argucias para mantenerse usufructuando las migajas del sistema.
No compartimos igualmente ese otro camino equivocado de buscar a toda costa, incluso mediante el uso indiscriminado del terror, una dictadura con el argumento de que a más represión más revolución. Actuaciones como la voladura del tren que viaja a Macchu Picchu donde mueren turistas o las eliminaciones a gente del pueblo ocupadas en el PAIT, aparecen como irracionales y en vez de educar y convocar la voluntad de las masas, producen rechazo. Acciones contra el enemigo que no lo debilita sino lo cohesiona y le otorga autoridad para reprimir.
Por eso el MRTA insiste en llamar a la construcción de un FRENTE POR LA DEMOCRACIA, LA JUSTICIA Y LA PAZ, donde converjan los patriotas, los demócratas, la IU, las bases consecuentemente populares del APRA, la Iglesia, las organizaciones alzadas en armas, los gremios, en fin todas aquellas fuerzas dispuestas a sumar energías y dispuestas a combatir al imperialismo, a las clases dominantes, a este gobierno caudillista y autoritario y sentar las bases para que en un futuro estemos librando con las masas populares la lucha por el CAMBIO de esta sociedad de explotación y miserias, por una sociedad socialista.
Plataforma de lucha
1. Contra el gobierno aprista y su política demagógica, autoritaria y antipopular. Por la conquista de la Democracia, la Justicia y la Paz.
2. No al pago de la Deuda Externa. Por la anulación de los contratos petroleros y la nacionalización de Occidental y la Southern.
3. Aumento de sueldos y salarios de acuerdo al costo de vida y reajustable trimestralmente. Por la estabilidad laboral de los trabajadores y respeto a sus conquistas gremiales y democráticas.
4. Subsidio a los productos básicos para la alimentación popular. Efectiva congelación de los precios de los alimentos, medicinas y servicios. Control de precios mediante organizaciones populares.
5. Emergencia del agro-nacional. Defensa de las comunidades campesinas y nativas. Precios justos para los productos agropecuarios y comercialización sin intermediarios. Apoyo técnico y congelación de los precios de los insumos y herramientas.
6. Procesamiento a los funcionarios del régimen acusados de corrupción.
7. Contra la militarización y la guerra sucia. Levantamiento del estado de emergencia en Lima y demás departamentos y provincias. Fuera la Fuerza Armada de las zonas de emergencia.
8. Amnistía político-laboral. Libertad a los presos políticos y sociales. Derogatoria del D.L. 046. Procesamiento y sanción por el fuero común a los asesinos uniformados. Disolución de los grupos paramilitares, de los Sinchis y Llapan Atic.
Dirección Nacional del MRTA
Setiembre de 1986
Introducción
El 16 de agosto de 1985 el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), organizó una conferencia de prensa clandestina y anunció la suspensión unilateral de sus acciones militares. Esa misma noche diez comandos se tomaron igual cantidad de radioemisoras y difundimos a la opinión pública nacional e internacional la decisión de no atacar al nuevo gobierno.
Recogimos así la voluntad de cambio que el pueblo había expresado no sólo en las urnas sino también en las calles. Los últimos años del régimen anterior fueron de intensas luchas del movimiento obrero y popular así como en el desarrollo de la lucha armada.
El candidato triunfante, el Dr. Alan García, logró concitar ese profundo descontento popular producto de la infame administración del segundo belaundismo. Ese 14 de abril de 1985 el pueblo votó contra el continuismo. Votó por el cambio.
Ante la profunda crisis integral que se ahondaba y el exasperante clima de violencia donde el régimen belaundista estableció el vínculo entre terrorismo de Estado con estas democracias y que tan desfavorablemente repercutían en los sectores populares, el APRA enarboló un lenguaje no sólo radical, sino el ofrecimiento de un conjunto de medidas cuya factura apuntara a las necesarias transformaciones que llevaran finalmente al “futuro diferente”.
Acuñaron el slogan de un gobierno “nacionalista, democrático y popular”. En una situación donde no se vislumbra ni siquiera un destello esperanzador, el carisma y la resolución del joven candidato, pero por sobre todo las promesas, salvó al PAP de presentar un plan de gobierno y le bastó colocar el dedo en la llaga y agitar las posibilidades de resolver los profundos problemas para que amplios sectores populares optaran electoralmente por el aprismo.
La IU que desde su creación demostró ser solamente un frente electoral, permitió también con su campaña anodina el triunfo del APRA. Su candidato, el Dr. Alfonso Barrantes, con un estilo ceremonioso y pusilánime buscó complacer a los sectores medios y acomodados del país, así como a las FF. AA. de que la izquierda marxista no era el monstruo devorador de democracias. Apostaron a que tenían asegurados los votos en los sectores populares y descuidaron también el trabajo entre los pobladores, los campesinos, los estudiantes.
Esta orientación de la campaña reflejó en el plano electoral lo que en la práctica es la conducta habitual de este frente: su alejamiento del movimiento obrero y popular. La dirección de IU sólo se activa para las confrontaciones comiciales y han calculado que pueden ser la opción ganadora en 1990. Por lo tanto los manejos de una parte de la dirección de IU se encuentra influida de esta posibilidad y los hace cada vez más cercanos a las propuestas apristas.
El APRA en el gobierno
Luego de 60 años de controvertida existencia política el APRA llegaba a tomar la conducción política del país. Lo hacía, además, de manera plena. La esperanza popular era grande y el APRA con esta victoria tenía prácticamente todo a su favor para realizar un buen gobierno: una expectativa que crecía conforme transcurrían los días; una IU sin iniciativa de oposición; una FF.AA. que no tuvo mayor contratiempo en reconocer la jefatura del Presidente en una ceremonia sin precedentes; un empresariado que, pese a ese nivel de miopía que siempre los ha caracterizado; le brindó su apoyo mediante la CONFIEP; un imperialismo que, no obstante la retórica presidencial, nunca presionó y aceptó los pagos “simbólicos” de la deuda así como sus postergaciones y siguió proporcionándole ayuda.
Por eso en el primer mensaje presidencial leído en julio de 1985, el pueblo escuchó de labios de su mandatario lo que en gran parte quería oír: la deuda no puede seguir atendiéndose a costa de las miserias de nuestro pueblo. Hay que limitar su pago a un monto no mayor del 10% de nuestras exportaciones. Transnacionales como la Occidental no pueden seguir enriqueciéndose a costa de leyes y decretos antinacionales que el belaundismo promulgó. Hay que derogar la ‘’Ley Kuczynsky”. Dependiendo en gran parte la alimentación de nuestra población de la agricultura, es inexplicable que se produzca una dependencia alimentaria por el alto nivel de componente importado. La sangre peruana no puede seguir corriendo como ríos por nuestras serranías y ciudades; la lucha antisubversiva debe variar sustancialmente, “La barbarie no puede ser combatida con la barbarie”. Es decir, un discurso que abarcaba los diversos campos de la vida política y social ofreciendo en cada caso la aplicación de medidas rápidas, contundentes.
En otras palabras, se abría paso un perfil de propuesta populista con el planteamiento de modificaciones dentro del sistema.
El primer año de gobierno
En un comienzo el Presidente impuso un estilo dinámico y evidenció una administración donde asumía el rol protagónico. Y muchas de las decisiones que tomó al inicio ni siquiera fueron consultadas al partido. Un conjunto de hechos e iniciativas que dejaron una huella básicamente personal. Su ambición lo llevó incluso a querer trascender los marcos nacionales aspirando convertirse en una suerte de líder continental.
Sin embargo, a los 12 meses lo que va quedando no son los cambios prometidos por los cuales el pueblo votó, sino frases, gestos, desplantes.
Luego de un año de gobierno el APRA de cuestionador del sistema terminó siendo lo que en realidad nunca dejó de ser: gendarme del sistema capitalista. Este año lo demuestra. Ninguno de los cambios que prometió llegaron y sólo puede exhibir como victorias las cifras (amañadas por lo demás) de una desaceleración del ritmo inflacionario o de una reactivación industrial que en nada beneficia al pueblo.
Con lenguaje antimperialista y criticando ácidamente al FMI se planteó la fórmula del 10% de nuestras exportaciones para el pago de los servicios de la deuda externa, sin embargo, no se cumplió. Se siguió destinando a este concepto cantidades similares a las que utilizó el segundo belaundismo desde 1984.
Pero las ganancias del imperialismo no sólo se vieron aseguradas con el pago del 37.7% de nuestras exportaciones, sino también por la capitalización de la deuda que se dejó de pagar, ya que mediante decretos leyes el gobierno reconoció las tasas de interés que la banca internacional nos había impuesto durante la década pasada.
Se dijo que no se aceptaría la intermediación del FMI en las negociaciones de la deuda, pero en realidad no sólo tuvieron que verse obligados a reconocer durante algunos meses la presencia fiscalizadora de uno de sus representantes en el Banco Central de Reserva, sino también -ante el anuncio de la declaratoria de inelegibilidad- terminar efectivizando pagos simbólicos y promesas de pago en agosto de ese año.
Se dijo también que la derogatoria de la Ley Kuczynsky era un acto soberano de este gobierno. La contundencia de los hechos demostraron, sin embargo, que no hubo ninguna actitud soberana. El entreguismo fue encubierto con discursos encendidos y cargados de demagogia antimperialista. Lo que en realidad ocurrió fue el sometimiento a los requerimientos de las transnacionales petroleras que desde los últimos años del belaundismo estaban presionando para la firma de nuevos contratos en condiciones más ventajosas. Objetivo que lograron con este gobierno. Quizá esta muestra de entreguismo constituya en la historia de este siglo uno de los mayores fraudes al país: no sólo porque se le ha perdonado a las transnacionales todos los pagos que debieron efectuar, sino también porque se ha facilitado la mayor monopolización de la Occidental sobre nuestra economía al entregársele nuevos lotes petroleros de 22 a 30 años.
Se dijo que se reactivaría la economía desde abajo y en un sentido agrarista, pero al final se termina estimulando la parte de la pirámide que más se criticó durante la campaña electoral: la urbana y la industria, que es precisamente donde se concentran los sectores más dependientes y monopólicos de nuestra economía. Y con el señuelo de que estos sectores son los que generan empleo, no se repara en ningún límite para abaratarle sus “costos de producción”: desde los insumos, que pueden importarlos con dólar congelado; el capital que ahora es más barato conseguirlo con las bajas de interés o más fluido con la conversión de sus deudas de dólares a intis; hasta la mano de obra que -gracias al D.S. 010- cuesta menos con los topes salariales que este gobierno ha impuesto.
La moralización
Otra de las banderas desplegadas con insistencia ante la corrupción en casi todas las instituciones de las clases dominantes fue la moralización. Se dijo además que las fuerzas policiales iban a ser reorganizadas. Lo que se contempla, sin embargo, es el contubernio entre apristas y pepecistas para exculpar a estafadores con corbata como en los casos Guvarte y la Compañía Peruana de Vapores (CPV). Aparte de muchísimos casos de corrupción ocurridos durante el gobierno de AP-PPC que son simplemente ignorados.
Ante esto debe sumarse también que los propios apristas están aprovechándose de los cargos para enriquecerse. Los fraudes más notorios son los de la importación de la carne, el arroz, el maíz, por parte del ministro de Agricultura; y el negociado de los libros, que es el caso del ministro de Educación. Todo esto constituye una prueba del alto grado de corrupción de sectores del APRA en el aparato del Estado.
La tan mentada reorganización de las Fuerzas Policiales (FF.PP.), ha sido no sólo otro engaño sino otro fracaso. Una reorganización que no sólo se limitó a “depurar” las filas policiales como si esa única medida fuera la solución de fondo que requiere una institución cuyas lacras son de carácter estructural. El APRA, más que poner en práctica criterios de servicio a la comunidad dispuso de acuerdo a sus intereses partidarios. Y lo que se demuestra es que las FF.PP. están podridas desde las mismas escuelas de formación de oficiales y personal subalterno. En esos recintos se preparan policías con mentalidad homicida. La suprema enseñanza para ellos es que todo civil es un sospechoso. Todo civil un enemigo.
La “reorganización” de las FF.PP. no ha moralizado nada. Es casi un lugar común descubrir con cierta regularidad que son los policías, supuestamente los encargados de la seguridad y la tranquilidad ciudadana, los directos implicados en secuestros, asesinatos y vinculaciones con el narcotráfico.
Los abusos policiales con la población son moneda corriente, y no existe mayor peligro que el de ser detenido, pues se corre el riesgo de morir torturado o ser asesinado de un balazo.
La creciente militarización
“La barbarie no será combatida con la barbarie”. Hasta ahora resuenan los ecos de esta frase pronunciada en su primer discurso. Y en un comienzo, luego de descubiertas las tumbas clandestinas de Pucayacu y las horrendas masacres de Accomarca, Umaru y Bellavista, se pensó, ante los cambios que tomó renunciando al Jefe del Comando Conjunto y las disposiciones con respecto a los otros dos generales, que efectivamente el poder civil ganaba terreno en el ámbito castrense. Pero el corto tiempo demostró que no pasó también de ser otro gesto obligado por la circunstancia de no perder imagen ante la inminencia de presentarse en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
A los pocos meses este gobierno que se dice “popular” empezó a demostrar su verdadera entraña cuando respondió a las primeras manifestaciones de descontento.
Nuevamente, como en los mejores tiempos de la dictadura militar y del segundo belaundismo, la represión policial actuó de manera despiadada: apaleamientos de los trabajadores del SIMA, a los empleados estatales. Pero lo más grave fue la violentísima incursión policial en el ex-fundo Garagay donde la ferocidad represiva llegó al ensañamiento contra indefensas familias sin casa cuyo único delito fue ocupar terrenos abandonados.
La agresividad estatal va acentuándose y la defensa de los derechos humanos deviene en una farsa. Se produce después la muerte de 30 presos políticos en Lurigancho carbonizados por la acción de la Guardia Republicana.
El estado de emergencia y el toque de queda se extiende onminosamente. Más de la mitad del país se encuentra bajo la prepotencia de la bota militar. Son los planteamientos bárbaramente cavernarios de Cisneros Vizquerra los que se imponen. El ejemplo más evidente es la reciente carnicería de más de 300 presos políticos en los penales.
Las FF.AA. tienen cada vez más una presencia dominante, en el gobierno. Y el APRA se encuentra también cada vez más sometido o complacido a las determinaciones castrenses. Es inaudito que el responsable directo de la matanza de Accomarca donde fueron asesinados 69 personas entre mujeres y niños, jóvenes, ancianos, haya sido ascendido y enviado en misión a Estados Unidos; y quien fue jefe de la II región Militar cuando se cometieron esas atrocidades, el General Sinesio Jarama, sea actualmente director del CAEM. Lo inaudito por cierto es que el APRA no haya dicho absolutamente nada sobre esto. Por eso todas las promesas de respeto a los Derechos Humanos (DD.HH.) y los anuncios de sancionar los excesos y detener la guerra sucia, han quedado en vergonzantes bravatas.
Durante el año transcurrido este gobierno no demostró ser nacionalista, ni democrático, ni popular. Todas las expectativas creadas en torno a un esplendoroso ramillete de promesas, empezaron a marchitarse rápidamente dando lugar a la frustración y al descontento.
El mensaje 1986:
Fue una pálida exposición si lo comparamos con el año anterior. Por cierto que la derecha saludó complacida la “ponderación” y “madurez” del discurso. ¿Lo sentían acaso regresando al redil? Porque lo que saludaron es justamente la ausencia de esas medidas espectaculares que de alguna manera les dejaba un mal sabor, como la actitud -demagógica por lo demás- con relación al FMI.
No fue autocrítico pues no hubo explicaciones al pueblo por el cúmulo de promesas incumplidas. Las nuevas disposiciones enunciadas no expresan una voluntad de cambio. El discurso refleja claramente lo que se evidenció a los pocos meses de gobierno y que fue señalado con claridad: no se plantea transformaciones estructurales que cambien radicalmente la situación, sino una administración de la crisis para que se mantenga el sistema de explotación, violencia e injusticias.
Presenta como su mayor logro el control de la espiral hiperinflacionaria desbocada en los tramos finales del segundo belaundismo. Lo que no se dice es que esta desaceleración ha sido a costa de una política de control de precios internos en favor de las transnacionales agroalimentarias.
Enarbolan un 67% de inflación en los 12 meses. Pero la realidad es maciza y los porcentajes del INE con respecto a la canasta familiar guardan una diferencia notable con los precios que efectivamente rigen en el mercado. En un país donde las ofertas de trabajo se ha reducido hasta límites intolerables, son realmente privilegiados quienes tienen un salario; se encuentran, sin embargo, en una situación angustiosa porque los ingresos son magros con relación al alza del costo de vida.
Es posible la comprobación de la adulteración de las cifras si nos remitimos a los cuadros proporcionados por el INE de Dic. 85 a May. 86 con respecto solamente a las variaciones de precios de los alimentos.
En el CUADRO 1 vemos que mientras los subgrupos de alimentos que sí están sometidos al control han tenido un incremento de precios moderado y por debajo del índice general –como es el caso del pan, cereales, grasas y aceites comestibles–, los productos alimenticios que no tienen control de precios han subido en forma desproporcionada con relación al índice general y han sobrepasado largamente los tres dígitos, conforme se evidencia en los subgrupos de hortalizas y legumbres frescas, leguminosas y derivados, las mismas que representan 4.2 y 7.3 veces respectivamente el acumulado de la inflación de diciembre a mayo.
Esta diversidad en el alza de los alimentos se expresa mejor si analizamos su incremento de acuerdo a su procedencia (CUADRO 2). Y lo que encuentran las madres y amas de casa en los mercados es que nada ha cambiado pues los precios de los productos agrícolas suben tan igual como durante el segundo belaundismo (CUADRO 3).
Este gobierno dijo también que teníamos que aprender a vivir de lo nuestro. Y aquí también el Presidente siguió navegando en las fáciles aguas de la demagogia, pues el precio de los productos alimenticios que siempre estuvieron por debajo del porcentaje de la inflación han tenido en el último año un crecimiento del 230% para los alimentos no subsidiados.
Los precios de los alimentos de alto componente importado y procesado por transnacionales agroalimentarias casi no suben de precios (fideos, aceite, etc.), los alimentos producidos por el agro nacional suben de precios a un ritmo incluso mayor que durante el belaundismo (tubérculos, hortalizas, legumbres, etc.).
Y con respecto a este sector de acuerdo a datos oficiales proporcionados por el Ministerio de Agricultura entre junio de 1985 y 1986 el valor de la producción agrícola ha disminuido en –1,5% y el volumen de cosecha se ha reducido en –14.9%.
Se carece de una política coherente y el Ministro de Agricultura trata de suplir estas deficiencias con importaciones. Es decir, también una salida inmediatista que no apoya en absoluto al desarrollo del agro sino más bien al aumento de la dependencia en el aspecto alimentario. Es decir, esta tendencia lejos de haber sido corregida por este gobierno, se refuerza, pues según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) en diciembre de 1984 sostenía que se estaba importando el 20% en alimentos: “… la producción agrícola mostró un estancamiento que, aunado al elevado ritmo de aumento de la población, determinó una creciente dependencia del sector externo para satisfacer nuestras necesidades alimenticias. Así, el 20% de los alimentos que consumimos en la actualidad son importados, mientras que a inicios de la década pasada sólo adquiríamos del exterior el 10% de los mismos”. (Banco Central de Reserva del Perú: “Perspectivas del Sector Externo: 1985-1989, Sub Gerencia del Sector Externo, BCRP, diciembre de 1984”).
Otro de los logros que fue enfáticamente resaltado es la supuesta reactivación industrial. Sin embargo este desarrollo favorece a los sectores más dependientes y a los que utilizan mayor cantidad de insumos importados. Y tienen una permanente actitud de rechazo al Estado, y lo consideran que es bueno y útil sólo cuando favorecen a sus intereses. Por eso, confiar en el sector privado como eje de la reactivación económica no es una alternativa, porque la experiencia indica hasta ahora que este sector ha provocado siempre mayores presiones sobre la balanza de pagos, ya que es más lo que exige al Estado que lo que aportan.
En relación al sector público en su conjunto, el panorama se presenta sombrío. Las empresas como Petroperú atraviesan por serios problemas financieros ante la caída del precio del crudo y la congelación del precio de la gasolina. Igualmente Electroperú y otras empresas públicas que pueden llevar al sector público a un déficit aproximado del 8%.
La llamada “peruanización” de la leche “Gloria” no significa la intervención contra una empresa transnacional que mantiene el monopolio de la leche evaporada y que durante muchísimos años ha obtenido fabulosas ganancias con un precio elevado artificialmente debido al anticuado proceso del enlatado. Se propone un accionariado nacional donde el propósito del gobierno es que participen los ganaderos de la cuenca de Arequipa.
Pero ¡Oh! sorpresa… Con una rapidez inimaginable la transnacional Nestlé “acató” la disposición y transfirió el 100% de sus acciones de “Gloria” S.A. al grupo capitalista nacional Rodríguez Banda. La figura que empieza a dibujarse después es que el arreglo venía desde antes del mensaje. Y todo hace suponer que estamos ante la típica modalidad del testaferro. Por lo demás este grupo está desde tiempo atrás ligado a esta transnacional.
Los trabajadores no tienen aquí ninguna participación. La empresa en manos privadas capitalistas no coloca la “peruanidad” como premisa sino la lógica del capital. Por lo tanto la “regulación de precios no será en beneficio del pueblo sino la búsqueda del incremento de las ganancias.
Propuestas como la autonomía económica y administrativa de las corporaciones, la creación de las tres primeras regiones (Altiplano, Grau y Amazonas) dentro del proceso de descentralización, tiene sin embargo, modalidades intrínsecas que la limitan en sus alcances.
El Programa Ocupacional de Emergencia no sólo atenta contra la precaria estabilidad laboral, sino que es el regalo que los empresarios esperaban pues ahora si podrían arremeter con mayores probabilidades contra los sindicatos clasistas.
Con relación a la violencia que azota al país Alan García ratificó el camino no sólo de avalar a las FF.AA., sino de justificar sus acciones demenciales. Ese respaldo total significa la más completa impunidad para la barbarie realizada y las que en el futuro realizarán.
Las perspectivas
El panorama político no obstante sus complejidades presenta un cuadro más nítido. Las ambigüedades o confusiones del año anterior con relación al gobierno aprista se han despejado para el pueblo. El APRA no puede encabezar ni realizar reforma alguna. No existe base material pues las reformas importantes fueron ejecutadas durante el velasquismo. Lo único posible para cambiar realmente la situación en las actuales circunstancias implica romper la dependencia de las transnacionales y enfrentarse realmente al imperialismo.
Y lo que hemos escuchado, así como lo visto diseña para lo sucesivo el comportamiento del APRA. Y ninguna de las medidas ataca lo esencial pues se continúan sin tocar la estructura básica de la propiedad y se evita chocar con los grandes monopolios.
La declaratoria de “Inelegibilidad”
El Perú, con respecto al FMI ha amortizado con mayor regularidad en el curso de este año de gobierno que en los tramos finales del belaundismo que se vio obligado a cesar sus pagos porque no tenía con qué hacerlo.
Sin embargo, Alan García se las emprendió contra este organismo soltando incluso la posibilidad del retiro del Perú del FMI.
Han pasado los meses y el FMI declaró a Perú inelegible colocándolo al lado de Liberia, Sudán, Haití y Vietnam para sonrojo y escándalo de la derecha.
Pero ser declarado inelegible por el FMI significa que Perú no recibirá más préstamos de este organismo financiero. Esto no es ninguna novedad puesto que hace dos años que el FMI considero que no somos sujetos de crédito. Por lo tanto hace cuatro años, desde junio de 1982, que Perú no recibe un centavo del FMI.
Con relación a los préstamos concertados con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo estos desembolsos no se encuentran comprometidos. Y según el Presidente del Banco Central de Reserva, Leonel Figueroa Ramírez, esta inelegibilidad no tendría ningún efecto sobre el comercio internacional.
Esta sanción del FMI fue inmediatamente aprovechada por el mandatario. En una situación de desprestigio y pérdida acelerada de figura en lo interno y lo externo, luego de los sucesos de los penales, esta decisión del FMI no pudo, sin embargo, ser más oportuna. Concita nuevamente la solidaridad continental ante el “castigo” y se pretende aglutinar al pueblo en torno al Presidente ante la “afrenta” imperialista.
Inmediatamente se dice después que Perú se mantendrá dentro del FMI, que es necesario luchar desde su interior. Sabiendo que sería declarado inhabilitado, se pagó 35 millones de dólares para demostrar que existe voluntad de pago.
Lo efectivo es que en medio de toda esta situación el gobierno aprista no sera abandonado por R. Reagan y las financieras internacionales. Y lo que también es una verdad indiscutible es que la deuda externa no se puede pagar.
El fracaso histórico del APRA
Bastó este año para calibrar las perspectivas del aprismo. Hace mucho tiempo que dejó de ser esa fuerza rebelde, insurgente que se alzó en armas contra la oligarquía en 1932. Hace tiempo que el APRA cumplió su ciclo histórico. Pero mientras ocupo las trincheras de la oposición pudo mantener y alentar en las masas las posibilidades de cambio, de la renovación y no lo que realmente es: Una fuerza al servicio del imperialismo y las clases dominantes.
El fracaso del APRA no resiente el campo popular porque hace décadas que se realizó el deslinde y en la práctica el APRA se ubicó en el campo del enemigo. El fracaso del APRA resiente a las clases dominantes porque es el fracaso de su propuesta política, de su doctrina, es el fracaso del partido que día a día demuestra su incapacidad ya no para resolver los profundos problemas que nos aquejan, sino incluso para rearticular a la resquebrajada burguesía.
Entre tanto, el APRA y las FF.AA. son el “monomio” que garantiza el mantenimiento del sistema con todas sus lacras.
Democracia mano militari:
El proceso de militarización aparece como un fenómeno inherente a esta democracia precaria. Porque no podemos hablar que en el actual régimen exista una democracia cuando estamos sometidos al estado de emergencia, al toque de queda. No puede haber democracia cuando lo que se levanta ante la barbarie estatal es la conspiración del silencio. No hay democracia cuando las FF.AA. son el otro poder, el poder verdadero, omnímodo, en la zona de emergencia. De qué democracia podemos vanagloriamos cuando se tortura y asesina a sospechosos, cuando con la mayor impunidad se ejecutan masacres y exterminios. Qué democracia puede ser ésta cuando su presidente otorga el respaldo pleno a los exterminadores ofreciendo así un espaldarazo a la continuación de la guerra sucia, al terrorismo de Estado.
Es decir, este gobierno apostó a la barbarie antes que a la paz. Fracasó en su política de DD.HH. porque en el fondo nunca la tuvo. Y hoy, en los hechos, apuestan a la paz de los cementerios. No existe la voluntad de pacificar el país mediante la erradicación de las injusticias, sino con la ampliación y perfeccionamiento estatal de la violencia.
En esencia no puede hablarse de democracia si en lo concreto no se afecta el dominio de las grandes empresas imperialistas que controlan y determinan la economía nacional. La llamada democracia no puede limitarse a la libertad de acceder a la propiedad privada de los medios de producción por parte de poderosos grupos económicos.
Aparece entonces con mayor urgencia la necesidad de construir una alternativa auténticamente democrática. Una alternativa donde el pueblo realice su derecho al bienestar. Por ello las condiciones para desarrollar una alternativa popular aparecen con absoluta nitidez.
Desbrozar este complejo camino implica impulsar la lucha armada y consolidar un movimiento político con arraigo de masas. En esa perspectiva el MRTA continuará como hasta ahora no sólo combatiendo contra los enemigos del pueblo, sino construyendo también esa alternativa popular, en todos los campos de la vida política.
El Movimiento Obrero y Popular
Un año de gobierno aprista no ha transcurrido en vano para nuestro pueblo. Después de las luchas aisladas que en un primer momento protagonizaron el SIMA, CITE, SUTEP, médicos, ha pasado a una reactivación mayor en el primer trimestre del año con las luchas del sector minero. En este mismo lapso las huelgas se incrementaron con respecto a los mismos períodos del belaundismo. Por otro lado se ha combinado con el resurgimiento de luchas regionales como de los pueblos del Cusco, Puno, Huancayo, San Martín y una aspiración que madura en plena lucha por la centralización y unificación del movimiento popular que buscan la realización de una Asamblea Nacional Popular.
Si bien nuestro pueblo votó por el cambio, es verdad también que no otorgó un cheque en blanco al aprismo.
El empresariado a pesar de todas las concesiones y estímulos se diferencia de la política económica del aprismo. No se decide a “arriesgar”. No invierte. Cuestiona la política tributaria, la reciente ley de estabilidad laboral y por cierto, dudan de que sean ciertas las cifras que el gobierno presenta sobre la reactivación industrial.
La situación económica lejos de mejorar se mantiene en un punto muerto, donde los escasísimos logros pueden naufragar en cualquier momento ante la tormenta que viene incubándose en el sector externo. Y es que -lo repetimos- sino se introducen cambios fundamentales en nuestra economía que quebranten el dominio transnacional, cualquier política reactivadora sólo reactivará la crisis.
Ante esta situación caracterizada por el resurgimiento del movimiento popular que corre independiente a la política gubernamental. Ante el incremento de las acciones político-militares de las organizaciones alzadas en armas, y con un empresariado que se esfuerza por diferenciarse y buscar una alternativa al aprismo, y por un sector externo crítico, el gobierno aprista reforzara las cartas que lo han apoyado desde el inicio: las Fuerzas Armadas y el imperialismo.
Desde el segundo semestre del 86 el desgaste del gobierno se acentuará lo que llevará a su vez a que se manifieste más abiertamente su rasgo verticalista, caudillista y autoritario.
Porque este APRA que llegó al gobierno no es el de las tesis aurorales o del martirologio de los apristas fusilados en Chan Chan, de los centenares de detenidos, torturados, asesinados, deportados o de la marinería sublevada en 1948. El APRA que hoy gobierna es fiel heredero y discípulo de la siniestra tradición del carnicero Sánchez Cerro.
Terminó el tiempo de las promesas fáciles, de la pose y el gesto triunfalista. La situación se torna aún más difícil y los directamente afectados serán las amplias mayorías. Se hace necesario en lo inmediato la convocatoria más amplia a nivel popular a fin de contrarrestar la situación cada vez más crítica y el obvio fracaso de esta administración.
Por, la Democracia, la Justicia y la Paz:
La confluencia frentista que reiteradamente proponemos tiene como finalidad hacer frente en lo inmediato la profunda crisis que flagela fundamentalmente a las grandes mayorías, enarbolar la lucha por la ampliación de reivindicaciones políticas y democráticas, así como contra el militarismo. Esta lucha en las circunstancias presentes se resume en la lucha por la vida, en la lucha pon la justicia, en la lucha por la paz.
Porque la vida no solamente se encuentra amenazada por la carencia ya histórica de las más elementales medidas no resueltas ni siquiera mínimamente por el APRA, sino porque también se ha instaurado un escalofriante clima de violencia, proceso de la militarización donde el terror, el tormento, las persecuciones, los allanamientos de barrios enteros, los controles en calles y carreteras, así como los asesinatos, son los hechos que casi a diario impactan nuestras conciencias.
Este FRENTE POR LA DEMOCRACIA, LA JUSTICIA Y LA PAZ no es contra la subversión como afirma el Presidente de IU que debe formarse un “frente contra el terrorismo”. La violencia revolucionaria, la que ejercen los desposeídos en nuestra patria, es la respuesta histórica a siglos de opresión, por lo tanto ese planteamiento del Sr. Alcalde es derechista no sólo porque desconoce el derecho de los pueblos a la insurgencia sino porque propone una respuesta represiva. Y es que en el caso del Dr. Barrantes y un sector de la dirección de IU han optado por la conciliación con el enemigo. Lo que los lleva en varios casos a asumir las posiciones del enemigo y en otros a manifestarse ambiguamente. Por ese camino equivocado de confundir y amarrar al movimiento de masas se pretende llegar como alternativa para los comicios de 1990 o impedir quizá (pensando siempre en 1990) un “golpe fascista”. Viejas y trasnochadas argucias para mantenerse usufructuando las migajas del sistema.
No compartimos igualmente ese otro camino equivocado de buscar a toda costa, incluso mediante el uso indiscriminado del terror, una dictadura con el argumento de que a más represión más revolución. Actuaciones como la voladura del tren que viaja a Macchu Picchu donde mueren turistas o las eliminaciones a gente del pueblo ocupadas en el PAIT, aparecen como irracionales y en vez de educar y convocar la voluntad de las masas, producen rechazo. Acciones contra el enemigo que no lo debilita sino lo cohesiona y le otorga autoridad para reprimir.
Por eso el MRTA insiste en llamar a la construcción de un FRENTE POR LA DEMOCRACIA, LA JUSTICIA Y LA PAZ, donde converjan los patriotas, los demócratas, la IU, las bases consecuentemente populares del APRA, la Iglesia, las organizaciones alzadas en armas, los gremios, en fin todas aquellas fuerzas dispuestas a sumar energías y dispuestas a combatir al imperialismo, a las clases dominantes, a este gobierno caudillista y autoritario y sentar las bases para que en un futuro estemos librando con las masas populares la lucha por el CAMBIO de esta sociedad de explotación y miserias, por una sociedad socialista.
Plataforma de lucha
1. Contra el gobierno aprista y su política demagógica, autoritaria y antipopular. Por la conquista de la Democracia, la Justicia y la Paz.
2. No al pago de la Deuda Externa. Por la anulación de los contratos petroleros y la nacionalización de Occidental y la Southern.
3. Aumento de sueldos y salarios de acuerdo al costo de vida y reajustable trimestralmente. Por la estabilidad laboral de los trabajadores y respeto a sus conquistas gremiales y democráticas.
4. Subsidio a los productos básicos para la alimentación popular. Efectiva congelación de los precios de los alimentos, medicinas y servicios. Control de precios mediante organizaciones populares.
5. Emergencia del agro-nacional. Defensa de las comunidades campesinas y nativas. Precios justos para los productos agropecuarios y comercialización sin intermediarios. Apoyo técnico y congelación de los precios de los insumos y herramientas.
6. Procesamiento a los funcionarios del régimen acusados de corrupción.
7. Contra la militarización y la guerra sucia. Levantamiento del estado de emergencia en Lima y demás departamentos y provincias. Fuera la Fuerza Armada de las zonas de emergencia.
8. Amnistía político-laboral. Libertad a los presos políticos y sociales. Derogatoria del D.L. 046. Procesamiento y sanción por el fuero común a los asesinos uniformados. Disolución de los grupos paramilitares, de los Sinchis y Llapan Atic.
Dirección Nacional del MRTA
Setiembre de 1986