Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Organización
Fecha
2011-10-31
Categoría
Comunicado
El derecho a la rebelión y la paz
EL DERECHO A LA REBELIÓN Y LA PAZ
“Rebelde: quien incurre en una rebelión / Desobediente / Insurgente / Sublevado / Revolucionario / Indócil / Insumiso…” Breve diccionario etimológico de la lengua española. FCE. México, 1988.
Hasta hace poco, el derecho a la rebelión fue considerado un elemental recurso de aquellos pueblos que vivían bajo regímenes tiránicos. Los rebeldes, acosados y odiados por los perpetuadores del Status Quo, fueron siempre considerados como contrincantes legítimos, ejerciendo el derecho fundamental que poseen todos aquellos pueblos subyugados por gobiernos injustos.
Esta visión cambió radicalmente a partir del 11 de septiembre del 2001; los atentados terroristas de las Torres Gemelas crearon el pretexto perfecto para catalogar todo rebelde, todo insumiso, todo aquel que se opone al orden impuesto por los dueños del poder, como terrorista.
La maniobra significó restarle el carácter político al ejercicio de la rebelión y cambiar de marco jurídico, pues quien es sentenciado como terrorista no sería tratado como prisionero político. De hecho, uno de sus objetivos es hacer desaparecer el delito político y el trato específico que debería recibir todo prisionero político y de conciencia.
Estado genocida
Genocidio:
1. "Exterminio sistemático de un grupo humano por motivos de raza, religión o política:”Diccionario Espasa-Calpe 2005
El padre Javier Giraldo, destacado defensor de derechos humanos, ha descrito la democracia colombiana como una “democracia genocida”, un modelo de Estado y de dominación basado en el uso sistemático de la violencia, como una forma de disuadir y/o eliminar las diversas manifestaciones de oposición política.
El Estado colombiano, independientemente de sus gobiernos de turno, ha ejercido el genocidio como forma predilecta de hacer política: el exterminio de miles de militantes de la Unión Patriótica, de A Luchar y el Frente Popular, el magnicidio de cuatro candidatos presidenciales desde 1948, refleja claramente esa tendencia. Y aún se preguntan ¿por qué persiste la resistencia armada en Colombia, si se supone que es una de las “democracias” más antiguas del continente?
La maquinaria del terrorismo de Estado persiste
La política de exterminio de la oposición social y política ha registrado, en años recientes, no menos de 57.000 desaparecidos (reconocidos por la ONU), 7.500 presos políticos y 5,2 millones de campesinos, indígenas y afrodescendientes desplazados violentamente de sus tierras.
En el primer año de gobierno de Juan Manuel Santos han sido asesinados impunemente 36 defensores/as de derechos humanos, 18 dirigentes agrarios que exigían la restitución de las tierras usurpadas y 28 sindicalistas, la mayoría, de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Mientras tanto, el Polo Democrático Alternativo (PDA) denunció que en los primeros 90 días del gobierno de Santos, fueron asesinados 50 de sus militantes.
A todo lo anterior le sumamos la fosa común más grande de la historia de América Latina, con 2,000 cadáveres; crimen de lesa humanidad perpetrado por el batallón de la Fuerza Omega del ejército nacional.
El exterminio político y social como práctica sistemática de mantener el estatus quo, antecede la aparición de las guerrillas del ELN y las FARC, pues los años más violentos de la guerra en Colombia fueron los de la década de los 40, más exactamente 1946-1950, siendo este último el año más sangriento con un número superior a las 50.000 personas asesinadas, crímenes que solamente han sido superados por el paramilitarismo contemporáneo.
Rebelión: derecho de los pueblos oprimidos
La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) de 1948 plantea lo siguiente respecto al derecho a la rebelión:
“Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión.”
Ante las macabras cifras de violencia y genocidio políticos de la “democracia” colombiana, que reflejan claramente un régimen que se sustenta sobre la base de la tiranía y el exterminio social y político y ante el monstruoso proyecto de guerra de la clase dominante, se rebelan y se sublevan los de abajo.
La rebeldía popular es consecuencia y no causa de la guerra y por tanto, la rebelión tiene que ser contemplado derecho legítimo de los oprimidos de Colombia y una obligación de los revolucionarios y las revolucionarias.
Rebelión y paz
La paz siempre ha sido la utopía de los pobres de la tierra. Empuñar las armas en legítima defensa y por el derrocamiento de un régimen despótico ha sido y continúa siendo, el último recurso, cuando las rutas institucionales y pacíficas para lograr cambios, ha sido clausurada por la violencia del Estado.
Pero para que la paz real, estable y duradera pueda ser lograda, debe haber un reconocimiento que dichos pueblos y comunidades alzadas en armas están ejerciendo un legítimo derecho a la rebelión y, por tanto son una fuerza beligerante; es decir, que se trata de contrincantes legítimos.
Lograr lo anterior implica, entre otras cosas, propinarle un revés ideológico a la oligarquía y el imperialismo, que descalifica los rebeldes y los define como terroristas. La guerra no existe por capricho o voluntarismo ideológico de los guerrilleros, sino por razones estructurales, se trata de “un proyecto histórico de guerra por el poder” de la oligarquía y el imperialismo norteamericano.
La insurgencia es el pueblo en armas
Los insurgentes de Colombia no empuñamos las armas por absolutizar la lucha armada como la única y mejor forma de lucha, ni la priorizamos por encima de las demás formas. El contexto de extrema violencia en Colombia, es lo que nos ha obligado a mantener la resistencia armada.
Como ELN, insistimos que nuestra rebelión es legítima y nuestra causa es justa. No desconocemos los errores cometidos en esta larga guerra, muchos de ellos producto de la guerra misma, pero siempre hemos asumido una postura autocrítica y la disposición permanente a rectificar los equívocos.
En conclusión, una tarea fundamental del movimiento revolucionario colombiano e internacional es asumir de lleno la batalla ideológica y rescatar el concepto de rebelión como un derecho esencial de los pueblos y la beligerancia popular como una posición legítima para luchar contra los regímenes opresores y los sistemas de dominación.
De lo contrario, el logro pleno de la paz estará siempre obstaculizado.
“Rebelde: quien incurre en una rebelión / Desobediente / Insurgente / Sublevado / Revolucionario / Indócil / Insumiso…” Breve diccionario etimológico de la lengua española. FCE. México, 1988.
Hasta hace poco, el derecho a la rebelión fue considerado un elemental recurso de aquellos pueblos que vivían bajo regímenes tiránicos. Los rebeldes, acosados y odiados por los perpetuadores del Status Quo, fueron siempre considerados como contrincantes legítimos, ejerciendo el derecho fundamental que poseen todos aquellos pueblos subyugados por gobiernos injustos.
Esta visión cambió radicalmente a partir del 11 de septiembre del 2001; los atentados terroristas de las Torres Gemelas crearon el pretexto perfecto para catalogar todo rebelde, todo insumiso, todo aquel que se opone al orden impuesto por los dueños del poder, como terrorista.
La maniobra significó restarle el carácter político al ejercicio de la rebelión y cambiar de marco jurídico, pues quien es sentenciado como terrorista no sería tratado como prisionero político. De hecho, uno de sus objetivos es hacer desaparecer el delito político y el trato específico que debería recibir todo prisionero político y de conciencia.
Estado genocida
Genocidio:
1. "Exterminio sistemático de un grupo humano por motivos de raza, religión o política:”Diccionario Espasa-Calpe 2005
El padre Javier Giraldo, destacado defensor de derechos humanos, ha descrito la democracia colombiana como una “democracia genocida”, un modelo de Estado y de dominación basado en el uso sistemático de la violencia, como una forma de disuadir y/o eliminar las diversas manifestaciones de oposición política.
El Estado colombiano, independientemente de sus gobiernos de turno, ha ejercido el genocidio como forma predilecta de hacer política: el exterminio de miles de militantes de la Unión Patriótica, de A Luchar y el Frente Popular, el magnicidio de cuatro candidatos presidenciales desde 1948, refleja claramente esa tendencia. Y aún se preguntan ¿por qué persiste la resistencia armada en Colombia, si se supone que es una de las “democracias” más antiguas del continente?
La maquinaria del terrorismo de Estado persiste
La política de exterminio de la oposición social y política ha registrado, en años recientes, no menos de 57.000 desaparecidos (reconocidos por la ONU), 7.500 presos políticos y 5,2 millones de campesinos, indígenas y afrodescendientes desplazados violentamente de sus tierras.
En el primer año de gobierno de Juan Manuel Santos han sido asesinados impunemente 36 defensores/as de derechos humanos, 18 dirigentes agrarios que exigían la restitución de las tierras usurpadas y 28 sindicalistas, la mayoría, de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Mientras tanto, el Polo Democrático Alternativo (PDA) denunció que en los primeros 90 días del gobierno de Santos, fueron asesinados 50 de sus militantes.
A todo lo anterior le sumamos la fosa común más grande de la historia de América Latina, con 2,000 cadáveres; crimen de lesa humanidad perpetrado por el batallón de la Fuerza Omega del ejército nacional.
El exterminio político y social como práctica sistemática de mantener el estatus quo, antecede la aparición de las guerrillas del ELN y las FARC, pues los años más violentos de la guerra en Colombia fueron los de la década de los 40, más exactamente 1946-1950, siendo este último el año más sangriento con un número superior a las 50.000 personas asesinadas, crímenes que solamente han sido superados por el paramilitarismo contemporáneo.
Rebelión: derecho de los pueblos oprimidos
La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) de 1948 plantea lo siguiente respecto al derecho a la rebelión:
“Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión.”
Ante las macabras cifras de violencia y genocidio políticos de la “democracia” colombiana, que reflejan claramente un régimen que se sustenta sobre la base de la tiranía y el exterminio social y político y ante el monstruoso proyecto de guerra de la clase dominante, se rebelan y se sublevan los de abajo.
La rebeldía popular es consecuencia y no causa de la guerra y por tanto, la rebelión tiene que ser contemplado derecho legítimo de los oprimidos de Colombia y una obligación de los revolucionarios y las revolucionarias.
Rebelión y paz
La paz siempre ha sido la utopía de los pobres de la tierra. Empuñar las armas en legítima defensa y por el derrocamiento de un régimen despótico ha sido y continúa siendo, el último recurso, cuando las rutas institucionales y pacíficas para lograr cambios, ha sido clausurada por la violencia del Estado.
Pero para que la paz real, estable y duradera pueda ser lograda, debe haber un reconocimiento que dichos pueblos y comunidades alzadas en armas están ejerciendo un legítimo derecho a la rebelión y, por tanto son una fuerza beligerante; es decir, que se trata de contrincantes legítimos.
Lograr lo anterior implica, entre otras cosas, propinarle un revés ideológico a la oligarquía y el imperialismo, que descalifica los rebeldes y los define como terroristas. La guerra no existe por capricho o voluntarismo ideológico de los guerrilleros, sino por razones estructurales, se trata de “un proyecto histórico de guerra por el poder” de la oligarquía y el imperialismo norteamericano.
La insurgencia es el pueblo en armas
Los insurgentes de Colombia no empuñamos las armas por absolutizar la lucha armada como la única y mejor forma de lucha, ni la priorizamos por encima de las demás formas. El contexto de extrema violencia en Colombia, es lo que nos ha obligado a mantener la resistencia armada.
Como ELN, insistimos que nuestra rebelión es legítima y nuestra causa es justa. No desconocemos los errores cometidos en esta larga guerra, muchos de ellos producto de la guerra misma, pero siempre hemos asumido una postura autocrítica y la disposición permanente a rectificar los equívocos.
En conclusión, una tarea fundamental del movimiento revolucionario colombiano e internacional es asumir de lleno la batalla ideológica y rescatar el concepto de rebelión como un derecho esencial de los pueblos y la beligerancia popular como una posición legítima para luchar contra los regímenes opresores y los sistemas de dominación.
De lo contrario, el logro pleno de la paz estará siempre obstaculizado.