Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Fecha
2012-03-01
Categoría
Comunicado
Mensaje a las comunidades indígenas del norte del Cauca
MENSAJE A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL NORTE DEL CAUCA
Nuevamente apelamos a la palabra para que como un puente, comunique las dos orillas de un mismo rio: la lucha civil de las comunidades indígenas y la resistencia armada del pueblo, ambas fundamentales en la brega de los colombianos por procurarse un futuro digno para todos y todas.
El panorama político del país muestra una élite dominante encabezada por el presidente Juan Manuel Santos, quien se empeña en profundizar las políticas neoliberales, orientadas a complacer los apetitos del Imperio y a salvaguardar los intereses de la oligarquía nacional.
Al tiempo que en el discurso habla de democracia, de devolución de la tierra usurpada a sus legítimos dueños, de reparación a las víctimas, de crecimiento económico y otras mentiras con las que logra maquillar la realidad y aplazar las aspiraciones populares, el gobierno continúa empecinado en la guerra con la promesa de que un día logrará derrotar la digna y justa resistencia guerrillera.
Mientras tanto, desatiende la problemática social y los múltiples llamados que tanto las FARC-EP como otras organizaciones populares, venimos haciendo en relación con la búsqueda de una solución política y verdadera al conflicto social y armado que desde hace varias décadas desangra a los colombianos.
En el norte del Cauca, habitantes comuneros y comuneras, han sido testigos de un criminal accionar de las tropas oficiales y de la respuesta de las unidades guerrilleras y milicianas que nos hemos enfrentado con decoro y entereza a la ofensiva militar de ese ejército opresor y mercenario que ocupa los territorios rurales, constituyendose en punta de lanza de las multinacionales que vienen por los recursos mineros, hídricos y ambientales, en implementación sangrienta de las locomotoras santistas en una especie de nueva cruzada de apropiación, ya no de tierras sino de los recursos naturales que hay en ellas.
Los altos mandos militares se afanan por doblegar la resistencia fariana y la lucha ancestral indígena y trabajan por romper el vínculo que nuestra organización política militar ha construido con amplias franjas de la población desde que juntos, en la segunda mitad del siglo XX, en una lucha que, como la de hoy, cobró muchas vidas de hijos del pueblo, reconquistamos para los indígenas estas tierras usurpadas que se encontraban en manos de terratenientes.
En ese propósito, y a causa de los precarios resultados conseguidos con su gigantesco pie de fuerza, su desmedido presupuesto, sus armas mercenarias, su aviación y tecnología de punta proporcionadas por los gringos, hoy involuctan a los comuneros en la guerra para que sean las comunidades las que sigan colocando su cuota de sacrificio al enfrentarse con la insurgencia, mientras ellos esperan los resultados, cobran su salario y preparan la penetración de las compañías extranjeras.
Es así como, en una errónea y engañosa interpretación de la Autonomía, ciertos “dirigentes” vienen sembrando odios en los comuneros y promueven en las asambleas el espíritu confrontacional, no solo contra la presencia guerrillera, sino también contra los propios hermanos indígenas que se alejan de sus políticas proclives al Estado. En esa dirección promueven acciones hostiles que terminan haciendo de las guardias indígernas una mera extensión de los cuerpos policíacos del Establecimiento, y de su hostilidad, la mejor herramienta a favor de las élites gobernantes y de las trasnacionales del Imperio.
Esta actitud, claramente expresa en la CIRCULAR Nº 005 de febrero 2 de 2012 del Cabildo indígena del Resguardo de Jambaló, cuando dice en su punto SEGUNDO: que continuarán “en el ejercicio de control y verificación e información a las autoridades competentes…” demuestra su toma de partido al lado de las fuerzas del Estado, defendiendo la legalidad por encima de la ilegitimidad de este gobierno, y de hecho, involucrándose peligrosamente en la guerra dentro del bando oficial.
Es esta la explicación por la que las personas en mención, a quienes se les han sumado algunas voces de los cascos urbanos de Toribío y Jambaló, no hacen nada concreto por impedir la presencia de la policía y el éjército de ocupación en las cabeceras municipales, que ellos conocen muy bien que es violatoria de normas del Derecho Internacional Humanotario (DIH), del cual es firmante el Estado colombiano, específicamente del Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra, Artículo 58. Contrariamente y de manera irresponsable, abogan por más pie de fuerza y más represión, sin importarles que a mayor presencia de las fuerzas estatales, mayor agudización de la guerra en el territorio y como consecuencia, más sufrimiento para las comunidades nortecaucanas.
Las FARC-EP somos pueblo en armas y en los distintos lugares del territorio nacional nos debemos a las comunidades de base por cuanto sus necesidades insatisfechas son la razón de ser de nuestra lucha.
Muy al contrario de lo que dicen los mensajes que a diario difunde la emisora RADIO NASA en una campaña similar a las de Caracol y RCN, y que lleva engaño y confusión a las comunidades de Toribío, nuestra Organización no persigue ningun interés material existente en suelo indígena. Nuestras aspiraciones son el restablecimiento y garantía de los derechos ancestrales y constitucionales y el fortalecimiento de los principios que ha abrazado el Movimiento Indígena.
Igual que el inmortal José Carlos Mariátegui nosotros creemos que “la tierra ha sido siempre toda la alegría del indio” (en su valoración material y espiritual), y es por eso que consideramos que mientras los territorios indígenas no se encuentren efectivamente asegurados para sus pueblos, mientras “los gobiernos propios” no constituyan garantía de justicia social y pulcritud para las comunidades, mientras la fuerza pública se mantenga con su presencia amenazante, y mientras exista peligro de saqueo de los recursos naturales de los territorios, la presencia de las FARC-EP seguirá siendo legítima en ellos.
Renunciar a combatir estas amenazas crecietes, significaría también dejar las comunidades a merced de la represión estatal y a disposición de las trasnacionales, al despojo de sus tierras y de sus recursos naturales. Y, por supuesto, representaría la complacencia del comandante de la fuerza de tarea Apolo, general Jorge Humberto Jerez, del ministro Pinzón y del presidente Santos, siniestros personajes que dirigen la estrategia de reclutar a dirigentes, guardias indígenas y comuneros para su bando.
Hacemos un llamado a las comunidades para que no caigan en la trampa de dejarse guiar por agentes abiertos o encubiertos del Estado. Las convocamos a que redoblen los esfuerzos de lucha por la Unidad, la Tierra, la Cultura, la verdadera Autonomía y la Justicia Social, en el marco de buscar la solución política a la guerra, es decir, una paz que resuelva las causas sociales que dieron origen al alzamiento armado, único escenario que puede hacer realidad el justo, y tantas veces frustrado, proyecto indígena.
¡POR UN GOBIERNO PARA CONSTRUIR LA PAZ!
FARC-Ejército del Pueblo
COMANDO CONJUNTO DE OCCIDENTE
Montañas del Cauca, Marzo de 2012
Nuevamente apelamos a la palabra para que como un puente, comunique las dos orillas de un mismo rio: la lucha civil de las comunidades indígenas y la resistencia armada del pueblo, ambas fundamentales en la brega de los colombianos por procurarse un futuro digno para todos y todas.
El panorama político del país muestra una élite dominante encabezada por el presidente Juan Manuel Santos, quien se empeña en profundizar las políticas neoliberales, orientadas a complacer los apetitos del Imperio y a salvaguardar los intereses de la oligarquía nacional.
Al tiempo que en el discurso habla de democracia, de devolución de la tierra usurpada a sus legítimos dueños, de reparación a las víctimas, de crecimiento económico y otras mentiras con las que logra maquillar la realidad y aplazar las aspiraciones populares, el gobierno continúa empecinado en la guerra con la promesa de que un día logrará derrotar la digna y justa resistencia guerrillera.
Mientras tanto, desatiende la problemática social y los múltiples llamados que tanto las FARC-EP como otras organizaciones populares, venimos haciendo en relación con la búsqueda de una solución política y verdadera al conflicto social y armado que desde hace varias décadas desangra a los colombianos.
En el norte del Cauca, habitantes comuneros y comuneras, han sido testigos de un criminal accionar de las tropas oficiales y de la respuesta de las unidades guerrilleras y milicianas que nos hemos enfrentado con decoro y entereza a la ofensiva militar de ese ejército opresor y mercenario que ocupa los territorios rurales, constituyendose en punta de lanza de las multinacionales que vienen por los recursos mineros, hídricos y ambientales, en implementación sangrienta de las locomotoras santistas en una especie de nueva cruzada de apropiación, ya no de tierras sino de los recursos naturales que hay en ellas.
Los altos mandos militares se afanan por doblegar la resistencia fariana y la lucha ancestral indígena y trabajan por romper el vínculo que nuestra organización política militar ha construido con amplias franjas de la población desde que juntos, en la segunda mitad del siglo XX, en una lucha que, como la de hoy, cobró muchas vidas de hijos del pueblo, reconquistamos para los indígenas estas tierras usurpadas que se encontraban en manos de terratenientes.
En ese propósito, y a causa de los precarios resultados conseguidos con su gigantesco pie de fuerza, su desmedido presupuesto, sus armas mercenarias, su aviación y tecnología de punta proporcionadas por los gringos, hoy involuctan a los comuneros en la guerra para que sean las comunidades las que sigan colocando su cuota de sacrificio al enfrentarse con la insurgencia, mientras ellos esperan los resultados, cobran su salario y preparan la penetración de las compañías extranjeras.
Es así como, en una errónea y engañosa interpretación de la Autonomía, ciertos “dirigentes” vienen sembrando odios en los comuneros y promueven en las asambleas el espíritu confrontacional, no solo contra la presencia guerrillera, sino también contra los propios hermanos indígenas que se alejan de sus políticas proclives al Estado. En esa dirección promueven acciones hostiles que terminan haciendo de las guardias indígernas una mera extensión de los cuerpos policíacos del Establecimiento, y de su hostilidad, la mejor herramienta a favor de las élites gobernantes y de las trasnacionales del Imperio.
Esta actitud, claramente expresa en la CIRCULAR Nº 005 de febrero 2 de 2012 del Cabildo indígena del Resguardo de Jambaló, cuando dice en su punto SEGUNDO: que continuarán “en el ejercicio de control y verificación e información a las autoridades competentes…” demuestra su toma de partido al lado de las fuerzas del Estado, defendiendo la legalidad por encima de la ilegitimidad de este gobierno, y de hecho, involucrándose peligrosamente en la guerra dentro del bando oficial.
Es esta la explicación por la que las personas en mención, a quienes se les han sumado algunas voces de los cascos urbanos de Toribío y Jambaló, no hacen nada concreto por impedir la presencia de la policía y el éjército de ocupación en las cabeceras municipales, que ellos conocen muy bien que es violatoria de normas del Derecho Internacional Humanotario (DIH), del cual es firmante el Estado colombiano, específicamente del Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra, Artículo 58. Contrariamente y de manera irresponsable, abogan por más pie de fuerza y más represión, sin importarles que a mayor presencia de las fuerzas estatales, mayor agudización de la guerra en el territorio y como consecuencia, más sufrimiento para las comunidades nortecaucanas.
Las FARC-EP somos pueblo en armas y en los distintos lugares del territorio nacional nos debemos a las comunidades de base por cuanto sus necesidades insatisfechas son la razón de ser de nuestra lucha.
Muy al contrario de lo que dicen los mensajes que a diario difunde la emisora RADIO NASA en una campaña similar a las de Caracol y RCN, y que lleva engaño y confusión a las comunidades de Toribío, nuestra Organización no persigue ningun interés material existente en suelo indígena. Nuestras aspiraciones son el restablecimiento y garantía de los derechos ancestrales y constitucionales y el fortalecimiento de los principios que ha abrazado el Movimiento Indígena.
Igual que el inmortal José Carlos Mariátegui nosotros creemos que “la tierra ha sido siempre toda la alegría del indio” (en su valoración material y espiritual), y es por eso que consideramos que mientras los territorios indígenas no se encuentren efectivamente asegurados para sus pueblos, mientras “los gobiernos propios” no constituyan garantía de justicia social y pulcritud para las comunidades, mientras la fuerza pública se mantenga con su presencia amenazante, y mientras exista peligro de saqueo de los recursos naturales de los territorios, la presencia de las FARC-EP seguirá siendo legítima en ellos.
Renunciar a combatir estas amenazas crecietes, significaría también dejar las comunidades a merced de la represión estatal y a disposición de las trasnacionales, al despojo de sus tierras y de sus recursos naturales. Y, por supuesto, representaría la complacencia del comandante de la fuerza de tarea Apolo, general Jorge Humberto Jerez, del ministro Pinzón y del presidente Santos, siniestros personajes que dirigen la estrategia de reclutar a dirigentes, guardias indígenas y comuneros para su bando.
Hacemos un llamado a las comunidades para que no caigan en la trampa de dejarse guiar por agentes abiertos o encubiertos del Estado. Las convocamos a que redoblen los esfuerzos de lucha por la Unidad, la Tierra, la Cultura, la verdadera Autonomía y la Justicia Social, en el marco de buscar la solución política a la guerra, es decir, una paz que resuelva las causas sociales que dieron origen al alzamiento armado, único escenario que puede hacer realidad el justo, y tantas veces frustrado, proyecto indígena.
¡POR UN GOBIERNO PARA CONSTRUIR LA PAZ!
FARC-Ejército del Pueblo
COMANDO CONJUNTO DE OCCIDENTE
Montañas del Cauca, Marzo de 2012