Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Organización
Fecha
2012-03-23
Categoría
Comunicado
El gobierno de Santos: Demagogia, expectativas y dilemas inexistentes
EL GOBIERNO DE SANTOS: DEMAGOGIA, EXPECTATIVAS Y DILEMAS INEXISTENTES
Colombia, marzo de 2012
Con la llegada de Juan Manuel Santos al gobierno se crearon aparentes dilemas y sus artificiosas declaraciones de posesión fueron aprovechadas para establecer expectativas por supuestas diferencias de fondo entre él y Álvaro Uribe. Todos ellos se fortalecieron con los desplantes demagógicos del ex izquierdista Angelino Garzón desde la Vicepresidencia de Colombia, entre otros asuntos, como el ocultamiento del fraude tras los 9 millones de votos asignados a Santos y en medio de una abstención vencedora y ocultada de adrede.
Sin embargo al año y medio de gobierno de Santos, más allá del estilo y la forma de gobernar, se han ido caracterizando la esencia de sus medidas. Al detenerse en sus decisiones económicas vemos una repetición del neoliberalismo diseñado para que la crisis la paguen los pobres asegurando la salvación de los ricos y en materia política profundiza los aspectos más negativos del reaccionario régimen político vigente en Colombia, abonando el viejo camino de la polarización social y el ascenso de las luchas obreras y populares.
Falsa unidad nacional
Vale detenerse en el ruidoso nombre “Acuerdo de Unidad Nacional” anunciado como novedoso gran motor “democrático” del gobierno Santos. Este acuerdo es una visión parcial de la llamada “gobernabilidad”, convertida como siempre en reparto burocrático para controlar el Congreso y tratar de mostrar sin sentido y asunto de extremistas la existencia de la oposición al gobierno y al régimen.
Lo grave para sus mentores es que el “acuerdo nacional” no impide la agudización de las contradicciones ínter burguesas ni garantiza controlar al pueblo y contener sus deseos de lucha, así tenga como punta de lanza al ex sindicalista y Vicepresidente Angelino Garzón quien –liderando varias corrientes socialdemócratas- oficia de maestro de ceremonias de la concertación o conciliación entre sectores del pueblo y Santos.
A pesar del papel del Vicepresidente, fracasó rápidamente el proyecto de llevar al movimiento sindical a integrarse al “acuerdo nacional” –sólo acogido por una la mayoría de la pequeña Central General del Trabajo- y hoy es amplia la negativa sindical a dar apoyo a la aspiración de Santos de llevar a su Vicepresidente a presidir la OIT.
En Colombia el debate contra los agentes de Juan Manuel Santos en el movimiento social y de masas fortaleció la oposición al régimen y a inicios de este gobierno logró mover importantes volúmenes de masas y estuvo al frente en luchas como el paro cívico de La Guajira y la parálisis parcial de Villavicencio (capital del Meta) contra el recorte de las regalías que puso en la calle a poblaciones de todo el llano el 26 de mayo de 2011, pasando por las fuertes luchas de los obreros del petróleo y el carbón contra multinacionales como Pacific Rubiales y Drumond.
El paro de los transportadores fue vigoroso, las protestas campesinas y del magisterio así como las acciones de las víctimas de la violencia y los damnificados por los derechos humanos no se hicieron esperar. Tomaron por sorpresa al país la serie de asonadas contra el fraude electoral en octubre hasta llegar al gran triunfo de amplias masas juveniles universitarias en noviembre de 2011 obligando el retiro del Congreso del proyecto gubernamental de ley más privatizador de la educación superior y recogía otras imposiciones del TLC con el imperialismo yanqui.
Por tanto la llamada gobernabilidad de Santos con su “acuerdo de unidad nacional” es un intento de capotear la ascendente inconformidad social y no una solución efectiva para frenarla. Las luchas sobre la preparación práctica del Paro Cívico Nacional enseñan y dejan claro cuáles son las fuerzas políticas interesadas en fortalecerlas, muchas de las cuales están nucleadas en Comosocol.
Al impulsar el fascismo desde arriba Santos no se reduce al “acuerdo de unidad nacional” y usa la demagogia populista ahora intensificada hacia el campesinado con la engañosa “ley de Tierras” promovida con presencia del Secretario General de la ONU. La norma no restituye la tierra a los arruinados por la violencia oficial ni es una “revolución agraria”, ella se propone la legalización del despojo como lo enseñan las talanqueras para exigir la prueba de adquisición legal al tenedor de la tierra que incluyen grandes empresas nacionales y extranjeras, así como al solo reconocer lo ocurrido de 1985 en adelante desconociendo que el mayor número de víctimas del terrorismo de Estado vienen luego del salto en la violencia ocurrido con el asesinato de Gaitán en abril de 1948. Ese engaño lo completa la inexistente plena reparación y la ausencia de garantías de no repetición consignadas en la “Ley de víctimas”.
Esconden el autoritarismo
El presidente disimula su autoritarismo presidencialista utilizando aventureros políticos disfrazados de izquierda, sindicalistas vende obreros firmantes del acuerdo de “unidad nacional” y oportunistas socialdemócratas como su Vicepresidente Angelino Garzón son quienes le dan éxitos temporales en la cooptación de sindicatos pues el acuerdo tiene tintes corporativistas-fascistas atacando la independencia de las organizaciones sociales ante el Estado y perfilan una nueva reforma laboral neoliberal.
Santos también ha fortificado el presidencialismo por vías como la nueva ley de regalías aprobada en diciembre de 2011, ella toma gran parte de esos recursos para enjugar el déficit fiscal, entrega poco dinero a las regiones y les quita la poca autonomía dada por la Constitución del 91 al lograr del Congreso la facultad presidencial de intervenir en sus proyectos con el pretexto de la eficiencia y el combate a la corrupción.
La reforma administrativa de Santos crea agencias y consejerías de alto nivel girando en torno a la figura presidencial. Así mismo al promover la “regla fiscal” pone topes a los gastos y la inversión social en beneficio de la contabilidad del Estado y en detrimento del bienestar por cuenta de la acción directa del Presidente como depositario de la prerrogativa de tener la iniciativa en el gasto (Presupuesto y Plan de Desarrollo) castrando la independencia de la rama legislativa.
El diseño de presentarse como un demócrata víctima de la extrema derecha (o “mano negra”), y la extrema izquierda (todos los revolucionarios y demócratas) es una treta politiquera para tratar de diferenciarse de Uribe y conservar el guerrerismo, el paramilitarismo y la persecución a la oposición desde el gobierno y desde la Procuraduría donde el perseguidor Ordoñez hace oscurantismo con temas como el aborto y reparte látigo disciplinario a diestra y siniestra defendiendo al régimen, a Uribe y a Santos con sanciones como la destitución de la Senadora Piedad Córdoba.
Acentúan el terrorismo de Estado
Con Uribe el terrorismo de Estado fue despiadado e incluyó el bombardeo a Ecuador, los asesinatos llamados “falsos positivos”, las criminales provocaciones fascistas con los supuestos computadores del comandante fariano Raúl Reyes y su vínculo paramilitar con prolongación en la “parapolítica”; Santos hoy aparece al margen de todo aunque fue ministro estrella de Uribe, he allí otro recurso habilidoso para librarse de la crisis política generada en ocho años de mal gobierno del reelegido fascista Uribe.
El terrorismo como gran tendencia del proceso de fascistización, se ha endurecido con Santos, la ley de “convivencia ciudadana” incrementó la penalización de la protesta social condenando a 4 años de cárcel a organizadores de marchas de protesta; la “ley de inteligencia” recorta las libertades políticas y tiene el antecedente de las intercepciones telefónicas masivas del DAS (ahora Agencia Nacional de Inteligencia), simultáneamente la reforma a la justicia acentúa el militarismo con el fortalecimiento del fuero militar y policial fuente de impunidad.
Igualmente, Santos pisotea una y otra vez los restos del mal llamado “estado de derecho” con el autoritarismo presidencialista, vuelve a la práctica del “Estado de Opinión” expuesto por Uribe al enfrentarse a la rama judicial descalificando fallos democráticos de la Corte Suprema en temas significativos como el rechazo al uso de “los computadores de Reyes” como prueba válida para acusar a las fuerzas de oposición.
De la misma manera el presidente se enfrentó al fallo del Consejo de Estado admitiendo responsabilidades del Estado en los noventas cuando la batalla ejército-guerrilla en la base Las Delicias.
En especial Santos se enfrentó al Tribunal Superior de Bogotá ratificando la condena al coronel Plazas Vega por desaparición forzada y ordenando pedir perdón a las víctimas de las tropelías del ejército. No solo no pide perdón, felicita al ex presidente Betancur y a la plana mayor de las fuerzas militares, al tiempo pisotea el valor jurídico del indulto al extinto M-19. De esta manera el presidente valida la brutalidad sin límites en la retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985.
También hoy tenemos a Santos admitiendo la existencia del conflicto armado en Colombia pero no le da tratamiento político sino guerrerista, en el fondo no se diferencia mucho de la tesis de “amenaza terrorista”, intenta expiar sus prácticas de ministro militarista y ganar espacio internacional vociferando de paz y del derecho internacional humanitario, continuando la política guerrerista y militarista de Álvaro Uribe; sosteniendo décadas de economía de guerra cuyos gastos incrementa la disminución de aportes yanquis, la cruda realidad lleva al gobierno a buscar otras cartas para jugar.
Santos dice “tener la llave de la paz” y amaga diálogos con la insurgencia pero cuando se los plantean los califica de “circo” porque no quiere la solución política, aspira a la paz de los vencidos y de los sepulcros, en cambio se afana a crear condiciones para negociar con paramilitares y narcos.
Lo real es que a pesar de los duros golpes por la pérdida de dirigentes las organizaciones insurgentes no han menguado el accionar sacudiendo sin tregua y con éxito al ejército en el suroccidente, la costa y el oriente, demostrando el fracaso de las teorías del gobierno de Santos sobre el post conflicto. Las guerrillas están de cara a unas fuerzas militares gubernamentales sin nada por “consolidar” dados los fracasos de la “seguridad democrática” de Uribe-Santos, carcomidas por la corrupción en sus filas, sitiadas por las limitaciones para impulsar reformas atractivas para el pueblo y minadas en la moral con las derrotas asestadas por las FARC, el ELN y nuestro EPL fortalecido en el combate con la guía del Partido Comunista de Colombia (m-l) que lo orienta en la lucha por la unidad de acción del movimiento insurgente y del pueblo argumentando cómo las diferencias se resuelven fraternalmente y sin acciones militares con sus daños irreparables en el pueblo.
Relaciones internacionales pragmáticas
Otro golpe de opinión del gobierno Santos ha sido el cambio en la forma de relacionarse con sus homólogos de Caracas y Quito, ese pragmatismo apunta a mejorar el comercio consiguiendo aplausos de la burguesía y logrando pescar incautos y supuestos contradictores pues Santos no apoya la integración bolivariana del Presidente de Venezuela, pero sí presiona permanentemente a esos países por apoyo contrainsurgente en las fronteras sin él reparar los daños causados con su belicismo como ministro de defensa.
La convocatoria de la Cumbre de las Américas en Cartagena dejó al desnudo el papel de agente imperialista de Juan Manuel Santos, muy empeñado en quedar bien con Washington viajó a Cuba a conversar con Castro y Chávez para cuidar apariencias y tratar el imposible de ser coherente con sus mentirosos discursos integracionistas en las giras por países miembros del ALBA, Mercosur y Unasur
La falsa “lucha anticorrupción”
El audaz cambio de método e imagen del actual presidente frente a su debilitado antecesor utiliza el progresivo destape de las múltiples relaciones del gobierno del ex presidente Uribe con la corrupción; los escándalos en contratación, las donaciones con agro ingreso seguro que sigue vigente y el vulgar aprovechamiento del Fondo Nacional de Estupefacientes como fórmula de capitalismo de Estado para las expropiaciones de inmensas fortunas en la “guerra contra las drogas” y como vía para irrigarlas a los burgueses e imperialistas.
Estallaron los escándalos por la corrupción en Saludcoop y otras grandes empresas prestadoras de salud, EPS, Santos trata de acallarlos pues la intervención del Estado no modifica la causa de las defraudaciones con la vigencia de la Ley 100. Las EPS son mimadas del sistema financiero y bajo su sombra pelechan las multinacionales farmacéuticas favorecidas por la libertad de precios y el monopolio del mercado dejando sin piso la prédica de las ventajas de la privatización de la salud y la seguridad social.
En este orden de intereses Santos favorece el parasitismo de la oligarquía financiera y entre otras medidas arremete como su antecesor contra el derecho a las pensiones. Con engaños promueve la afiliación masiva a los fondos privados de pensiones para captar ahorros sin garantizar el derecho a la pensión y dándoles más poder para especular en los mercados financieros. Entre tanto el Seguro Social se marchita creando Colpensiones para eliminar el sistema de prima media que si genera pensionados.
Aire al capital financiero y asfixia popular
Ese apuntalamiento del capital financiero y la asfixia de la economía popular se incrementan dando continuidad a la economía de guerra, confirmado la “confianza inversionista” del gobierno Uribe y profundizado el papel de las llamadas “locomotoras” o sector minero energético hoy a sus anchas con Santos pues los deja sin impuestos mientras aumenta la base y los recaudos tributarios entre los asalariados y capas medias de la ciudad y el campo con los impuestos indirectos y la amenaza de nueva reforma tributaria.
Las importaciones (cargadas de facturaciones ficticias) crecen sin estar orientadas a fortalecer el aparato productivo y vigorizar el mercado interno, el sesgo exportador marca una pauta que no tiene el objetivo de lograr el desarrollo industrial y económico del país. Al tiempo, la sobrevaluación del peso y la elevación de la tasa de interés por el Banco de la República atizan contradicciones ínter burguesas al perjudicar a los exportadores y favorecer la invasión de capitales de origen legal e ilegal.
Las cifras de crecimiento del Producto Interno en el 2011 cuentan con la mirada crítica de diferentes economistas prestigiosos de distintas escuelas y experiencias indicando sobre su inestabilidad, a diferencia de los cantos de sirena sobre la “inmejorable situación” lanzados por el gobierno y la Asociación Nacional de Industriales al mirar los bolsillos de los exportadores mas no la realidad de las pequeñas y medianas empresas como generadoras de empleo.
Uno de los factores alimentadores de la discusión es el peligro de la crisis económica mundial que puede atascar exportaciones. El otro factor es el incremento del crédito de consumo y los riesgos de la cartera generados al constituir progresos sobre expectativas de ingreso sin asegurar. La demagogia con el incremento del salario mínimo no pasó de ser una bomba navideña y se desinfló; sólo las luchas como las de los controladores aéreos, los petroleros y otros sindicatos combativos pueden arrancar conquistas cercanas a la realidad del costo de la vida de los trabajadores y sus familias.
Asuntos económicos como el desempleo no bajan de preocupantes titulares y encuestas. La Ley del “primer empleo” redujo el salario mínimo para los jóvenes y engrosó el bolsillo de los capitalistas sin hacer realidad la formalización anunciada ni los nuevos puestos de trabajo. “Según un estudio del Departamento Administrativo Nacional de Estadística en octubre-diciembre de 2011, el 34,3% de esta población (económicamente activa) se encontraba inactiva (12 millones 144 mil personas).” (El Nuevo Siglo, febrero 13 de 2010).
Tanto por las medidas económicas como por las políticas ya enunciadas, la polarización social sigue creciendo en medio de los intentos por mostrar una Colombia próspera y unida entorno a Santos y “contra los violentos” (léase demócratas y de izquierda).
El gobierno se debate entre las expectativas creadas a lo largo de año y medio de titulares y publicidad sobre una falsa “prosperidad democrática”, pero la realidad es de una economía con dificultades estructurales insuperables y un ilusorio momento “estelar” insostenible.
A los colombianos del pueblo que reclaman realizaciones gubernamentales les ocultan realidades crudas como el alto faltante fiscal para dar solución urgente a los graves daños de la infraestructura causados por más de un año de lluvias y la reparación a los damnificados. Los costos de la “ley de víctimas” tampoco tienen presupuesto y el inmenso incremento del precio de la guerra pone a Santos en apuros para cubrirlo.
Entre tanto, están claras las inmensas ganancias de las multinacionales y la oligarquía financiera, así como el esmero de Santos en pagar cumplidamente la deuda a los agiotistas internacionales y sostener los gastos en guerra y seguridad rebasando el actual presupuesto nacional.
A pesar de medidas como la regla fiscal los compromisos en gasto e inversión social quedan sin soporte, de allí su ofensiva contra las pensiones y la gratuidad de la educación y la salud públicas que anuncian nuevas luchas sociales y condiciones para desarrollar el movimiento de oposición al régimen al calor de luchas locales y sectoriales ligadas a la preparación del Paro Cívico Nacional con un pliego de peticiones capaz de atraer a las acciones de calles a las mayorías populares.
Realmente, es un artificial dilema preguntarse ¿es mejor Santos o Uribe?
───────────────────
Artículo del Partido Comunista de Colombia (marxista-leninista) para el número 24 de la revista internacional Unidad y Lucha, elaborada por la CIPO-ML.
Colombia, marzo de 2012
Con la llegada de Juan Manuel Santos al gobierno se crearon aparentes dilemas y sus artificiosas declaraciones de posesión fueron aprovechadas para establecer expectativas por supuestas diferencias de fondo entre él y Álvaro Uribe. Todos ellos se fortalecieron con los desplantes demagógicos del ex izquierdista Angelino Garzón desde la Vicepresidencia de Colombia, entre otros asuntos, como el ocultamiento del fraude tras los 9 millones de votos asignados a Santos y en medio de una abstención vencedora y ocultada de adrede.
Sin embargo al año y medio de gobierno de Santos, más allá del estilo y la forma de gobernar, se han ido caracterizando la esencia de sus medidas. Al detenerse en sus decisiones económicas vemos una repetición del neoliberalismo diseñado para que la crisis la paguen los pobres asegurando la salvación de los ricos y en materia política profundiza los aspectos más negativos del reaccionario régimen político vigente en Colombia, abonando el viejo camino de la polarización social y el ascenso de las luchas obreras y populares.
Falsa unidad nacional
Vale detenerse en el ruidoso nombre “Acuerdo de Unidad Nacional” anunciado como novedoso gran motor “democrático” del gobierno Santos. Este acuerdo es una visión parcial de la llamada “gobernabilidad”, convertida como siempre en reparto burocrático para controlar el Congreso y tratar de mostrar sin sentido y asunto de extremistas la existencia de la oposición al gobierno y al régimen.
Lo grave para sus mentores es que el “acuerdo nacional” no impide la agudización de las contradicciones ínter burguesas ni garantiza controlar al pueblo y contener sus deseos de lucha, así tenga como punta de lanza al ex sindicalista y Vicepresidente Angelino Garzón quien –liderando varias corrientes socialdemócratas- oficia de maestro de ceremonias de la concertación o conciliación entre sectores del pueblo y Santos.
A pesar del papel del Vicepresidente, fracasó rápidamente el proyecto de llevar al movimiento sindical a integrarse al “acuerdo nacional” –sólo acogido por una la mayoría de la pequeña Central General del Trabajo- y hoy es amplia la negativa sindical a dar apoyo a la aspiración de Santos de llevar a su Vicepresidente a presidir la OIT.
En Colombia el debate contra los agentes de Juan Manuel Santos en el movimiento social y de masas fortaleció la oposición al régimen y a inicios de este gobierno logró mover importantes volúmenes de masas y estuvo al frente en luchas como el paro cívico de La Guajira y la parálisis parcial de Villavicencio (capital del Meta) contra el recorte de las regalías que puso en la calle a poblaciones de todo el llano el 26 de mayo de 2011, pasando por las fuertes luchas de los obreros del petróleo y el carbón contra multinacionales como Pacific Rubiales y Drumond.
El paro de los transportadores fue vigoroso, las protestas campesinas y del magisterio así como las acciones de las víctimas de la violencia y los damnificados por los derechos humanos no se hicieron esperar. Tomaron por sorpresa al país la serie de asonadas contra el fraude electoral en octubre hasta llegar al gran triunfo de amplias masas juveniles universitarias en noviembre de 2011 obligando el retiro del Congreso del proyecto gubernamental de ley más privatizador de la educación superior y recogía otras imposiciones del TLC con el imperialismo yanqui.
Por tanto la llamada gobernabilidad de Santos con su “acuerdo de unidad nacional” es un intento de capotear la ascendente inconformidad social y no una solución efectiva para frenarla. Las luchas sobre la preparación práctica del Paro Cívico Nacional enseñan y dejan claro cuáles son las fuerzas políticas interesadas en fortalecerlas, muchas de las cuales están nucleadas en Comosocol.
Al impulsar el fascismo desde arriba Santos no se reduce al “acuerdo de unidad nacional” y usa la demagogia populista ahora intensificada hacia el campesinado con la engañosa “ley de Tierras” promovida con presencia del Secretario General de la ONU. La norma no restituye la tierra a los arruinados por la violencia oficial ni es una “revolución agraria”, ella se propone la legalización del despojo como lo enseñan las talanqueras para exigir la prueba de adquisición legal al tenedor de la tierra que incluyen grandes empresas nacionales y extranjeras, así como al solo reconocer lo ocurrido de 1985 en adelante desconociendo que el mayor número de víctimas del terrorismo de Estado vienen luego del salto en la violencia ocurrido con el asesinato de Gaitán en abril de 1948. Ese engaño lo completa la inexistente plena reparación y la ausencia de garantías de no repetición consignadas en la “Ley de víctimas”.
Esconden el autoritarismo
El presidente disimula su autoritarismo presidencialista utilizando aventureros políticos disfrazados de izquierda, sindicalistas vende obreros firmantes del acuerdo de “unidad nacional” y oportunistas socialdemócratas como su Vicepresidente Angelino Garzón son quienes le dan éxitos temporales en la cooptación de sindicatos pues el acuerdo tiene tintes corporativistas-fascistas atacando la independencia de las organizaciones sociales ante el Estado y perfilan una nueva reforma laboral neoliberal.
Santos también ha fortificado el presidencialismo por vías como la nueva ley de regalías aprobada en diciembre de 2011, ella toma gran parte de esos recursos para enjugar el déficit fiscal, entrega poco dinero a las regiones y les quita la poca autonomía dada por la Constitución del 91 al lograr del Congreso la facultad presidencial de intervenir en sus proyectos con el pretexto de la eficiencia y el combate a la corrupción.
La reforma administrativa de Santos crea agencias y consejerías de alto nivel girando en torno a la figura presidencial. Así mismo al promover la “regla fiscal” pone topes a los gastos y la inversión social en beneficio de la contabilidad del Estado y en detrimento del bienestar por cuenta de la acción directa del Presidente como depositario de la prerrogativa de tener la iniciativa en el gasto (Presupuesto y Plan de Desarrollo) castrando la independencia de la rama legislativa.
El diseño de presentarse como un demócrata víctima de la extrema derecha (o “mano negra”), y la extrema izquierda (todos los revolucionarios y demócratas) es una treta politiquera para tratar de diferenciarse de Uribe y conservar el guerrerismo, el paramilitarismo y la persecución a la oposición desde el gobierno y desde la Procuraduría donde el perseguidor Ordoñez hace oscurantismo con temas como el aborto y reparte látigo disciplinario a diestra y siniestra defendiendo al régimen, a Uribe y a Santos con sanciones como la destitución de la Senadora Piedad Córdoba.
Acentúan el terrorismo de Estado
Con Uribe el terrorismo de Estado fue despiadado e incluyó el bombardeo a Ecuador, los asesinatos llamados “falsos positivos”, las criminales provocaciones fascistas con los supuestos computadores del comandante fariano Raúl Reyes y su vínculo paramilitar con prolongación en la “parapolítica”; Santos hoy aparece al margen de todo aunque fue ministro estrella de Uribe, he allí otro recurso habilidoso para librarse de la crisis política generada en ocho años de mal gobierno del reelegido fascista Uribe.
El terrorismo como gran tendencia del proceso de fascistización, se ha endurecido con Santos, la ley de “convivencia ciudadana” incrementó la penalización de la protesta social condenando a 4 años de cárcel a organizadores de marchas de protesta; la “ley de inteligencia” recorta las libertades políticas y tiene el antecedente de las intercepciones telefónicas masivas del DAS (ahora Agencia Nacional de Inteligencia), simultáneamente la reforma a la justicia acentúa el militarismo con el fortalecimiento del fuero militar y policial fuente de impunidad.
Igualmente, Santos pisotea una y otra vez los restos del mal llamado “estado de derecho” con el autoritarismo presidencialista, vuelve a la práctica del “Estado de Opinión” expuesto por Uribe al enfrentarse a la rama judicial descalificando fallos democráticos de la Corte Suprema en temas significativos como el rechazo al uso de “los computadores de Reyes” como prueba válida para acusar a las fuerzas de oposición.
De la misma manera el presidente se enfrentó al fallo del Consejo de Estado admitiendo responsabilidades del Estado en los noventas cuando la batalla ejército-guerrilla en la base Las Delicias.
En especial Santos se enfrentó al Tribunal Superior de Bogotá ratificando la condena al coronel Plazas Vega por desaparición forzada y ordenando pedir perdón a las víctimas de las tropelías del ejército. No solo no pide perdón, felicita al ex presidente Betancur y a la plana mayor de las fuerzas militares, al tiempo pisotea el valor jurídico del indulto al extinto M-19. De esta manera el presidente valida la brutalidad sin límites en la retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985.
También hoy tenemos a Santos admitiendo la existencia del conflicto armado en Colombia pero no le da tratamiento político sino guerrerista, en el fondo no se diferencia mucho de la tesis de “amenaza terrorista”, intenta expiar sus prácticas de ministro militarista y ganar espacio internacional vociferando de paz y del derecho internacional humanitario, continuando la política guerrerista y militarista de Álvaro Uribe; sosteniendo décadas de economía de guerra cuyos gastos incrementa la disminución de aportes yanquis, la cruda realidad lleva al gobierno a buscar otras cartas para jugar.
Santos dice “tener la llave de la paz” y amaga diálogos con la insurgencia pero cuando se los plantean los califica de “circo” porque no quiere la solución política, aspira a la paz de los vencidos y de los sepulcros, en cambio se afana a crear condiciones para negociar con paramilitares y narcos.
Lo real es que a pesar de los duros golpes por la pérdida de dirigentes las organizaciones insurgentes no han menguado el accionar sacudiendo sin tregua y con éxito al ejército en el suroccidente, la costa y el oriente, demostrando el fracaso de las teorías del gobierno de Santos sobre el post conflicto. Las guerrillas están de cara a unas fuerzas militares gubernamentales sin nada por “consolidar” dados los fracasos de la “seguridad democrática” de Uribe-Santos, carcomidas por la corrupción en sus filas, sitiadas por las limitaciones para impulsar reformas atractivas para el pueblo y minadas en la moral con las derrotas asestadas por las FARC, el ELN y nuestro EPL fortalecido en el combate con la guía del Partido Comunista de Colombia (m-l) que lo orienta en la lucha por la unidad de acción del movimiento insurgente y del pueblo argumentando cómo las diferencias se resuelven fraternalmente y sin acciones militares con sus daños irreparables en el pueblo.
Relaciones internacionales pragmáticas
Otro golpe de opinión del gobierno Santos ha sido el cambio en la forma de relacionarse con sus homólogos de Caracas y Quito, ese pragmatismo apunta a mejorar el comercio consiguiendo aplausos de la burguesía y logrando pescar incautos y supuestos contradictores pues Santos no apoya la integración bolivariana del Presidente de Venezuela, pero sí presiona permanentemente a esos países por apoyo contrainsurgente en las fronteras sin él reparar los daños causados con su belicismo como ministro de defensa.
La convocatoria de la Cumbre de las Américas en Cartagena dejó al desnudo el papel de agente imperialista de Juan Manuel Santos, muy empeñado en quedar bien con Washington viajó a Cuba a conversar con Castro y Chávez para cuidar apariencias y tratar el imposible de ser coherente con sus mentirosos discursos integracionistas en las giras por países miembros del ALBA, Mercosur y Unasur
La falsa “lucha anticorrupción”
El audaz cambio de método e imagen del actual presidente frente a su debilitado antecesor utiliza el progresivo destape de las múltiples relaciones del gobierno del ex presidente Uribe con la corrupción; los escándalos en contratación, las donaciones con agro ingreso seguro que sigue vigente y el vulgar aprovechamiento del Fondo Nacional de Estupefacientes como fórmula de capitalismo de Estado para las expropiaciones de inmensas fortunas en la “guerra contra las drogas” y como vía para irrigarlas a los burgueses e imperialistas.
Estallaron los escándalos por la corrupción en Saludcoop y otras grandes empresas prestadoras de salud, EPS, Santos trata de acallarlos pues la intervención del Estado no modifica la causa de las defraudaciones con la vigencia de la Ley 100. Las EPS son mimadas del sistema financiero y bajo su sombra pelechan las multinacionales farmacéuticas favorecidas por la libertad de precios y el monopolio del mercado dejando sin piso la prédica de las ventajas de la privatización de la salud y la seguridad social.
En este orden de intereses Santos favorece el parasitismo de la oligarquía financiera y entre otras medidas arremete como su antecesor contra el derecho a las pensiones. Con engaños promueve la afiliación masiva a los fondos privados de pensiones para captar ahorros sin garantizar el derecho a la pensión y dándoles más poder para especular en los mercados financieros. Entre tanto el Seguro Social se marchita creando Colpensiones para eliminar el sistema de prima media que si genera pensionados.
Aire al capital financiero y asfixia popular
Ese apuntalamiento del capital financiero y la asfixia de la economía popular se incrementan dando continuidad a la economía de guerra, confirmado la “confianza inversionista” del gobierno Uribe y profundizado el papel de las llamadas “locomotoras” o sector minero energético hoy a sus anchas con Santos pues los deja sin impuestos mientras aumenta la base y los recaudos tributarios entre los asalariados y capas medias de la ciudad y el campo con los impuestos indirectos y la amenaza de nueva reforma tributaria.
Las importaciones (cargadas de facturaciones ficticias) crecen sin estar orientadas a fortalecer el aparato productivo y vigorizar el mercado interno, el sesgo exportador marca una pauta que no tiene el objetivo de lograr el desarrollo industrial y económico del país. Al tiempo, la sobrevaluación del peso y la elevación de la tasa de interés por el Banco de la República atizan contradicciones ínter burguesas al perjudicar a los exportadores y favorecer la invasión de capitales de origen legal e ilegal.
Las cifras de crecimiento del Producto Interno en el 2011 cuentan con la mirada crítica de diferentes economistas prestigiosos de distintas escuelas y experiencias indicando sobre su inestabilidad, a diferencia de los cantos de sirena sobre la “inmejorable situación” lanzados por el gobierno y la Asociación Nacional de Industriales al mirar los bolsillos de los exportadores mas no la realidad de las pequeñas y medianas empresas como generadoras de empleo.
Uno de los factores alimentadores de la discusión es el peligro de la crisis económica mundial que puede atascar exportaciones. El otro factor es el incremento del crédito de consumo y los riesgos de la cartera generados al constituir progresos sobre expectativas de ingreso sin asegurar. La demagogia con el incremento del salario mínimo no pasó de ser una bomba navideña y se desinfló; sólo las luchas como las de los controladores aéreos, los petroleros y otros sindicatos combativos pueden arrancar conquistas cercanas a la realidad del costo de la vida de los trabajadores y sus familias.
Asuntos económicos como el desempleo no bajan de preocupantes titulares y encuestas. La Ley del “primer empleo” redujo el salario mínimo para los jóvenes y engrosó el bolsillo de los capitalistas sin hacer realidad la formalización anunciada ni los nuevos puestos de trabajo. “Según un estudio del Departamento Administrativo Nacional de Estadística en octubre-diciembre de 2011, el 34,3% de esta población (económicamente activa) se encontraba inactiva (12 millones 144 mil personas).” (El Nuevo Siglo, febrero 13 de 2010).
Tanto por las medidas económicas como por las políticas ya enunciadas, la polarización social sigue creciendo en medio de los intentos por mostrar una Colombia próspera y unida entorno a Santos y “contra los violentos” (léase demócratas y de izquierda).
El gobierno se debate entre las expectativas creadas a lo largo de año y medio de titulares y publicidad sobre una falsa “prosperidad democrática”, pero la realidad es de una economía con dificultades estructurales insuperables y un ilusorio momento “estelar” insostenible.
A los colombianos del pueblo que reclaman realizaciones gubernamentales les ocultan realidades crudas como el alto faltante fiscal para dar solución urgente a los graves daños de la infraestructura causados por más de un año de lluvias y la reparación a los damnificados. Los costos de la “ley de víctimas” tampoco tienen presupuesto y el inmenso incremento del precio de la guerra pone a Santos en apuros para cubrirlo.
Entre tanto, están claras las inmensas ganancias de las multinacionales y la oligarquía financiera, así como el esmero de Santos en pagar cumplidamente la deuda a los agiotistas internacionales y sostener los gastos en guerra y seguridad rebasando el actual presupuesto nacional.
A pesar de medidas como la regla fiscal los compromisos en gasto e inversión social quedan sin soporte, de allí su ofensiva contra las pensiones y la gratuidad de la educación y la salud públicas que anuncian nuevas luchas sociales y condiciones para desarrollar el movimiento de oposición al régimen al calor de luchas locales y sectoriales ligadas a la preparación del Paro Cívico Nacional con un pliego de peticiones capaz de atraer a las acciones de calles a las mayorías populares.
Realmente, es un artificial dilema preguntarse ¿es mejor Santos o Uribe?
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Artículo del Partido Comunista de Colombia (marxista-leninista) para el número 24 de la revista internacional Unidad y Lucha, elaborada por la CIPO-ML.