Si la aparición de un nuevo grupo que se proclama armado, clandestino y revolucionario no constituye ya una novedad en el México contemporáneo, el aumento de las acciones que ejecutan y reivindican estas organizaciones como propias tampoco puede causar sorpresa. Tan sólo en los últimos cinco meses se anunciaron tres nuevas agrupaciones; en tanto que las «actividades revolucionarias» de distinta intensidad y conocidas públicamente alcanzaron a romper la inercia de silencio e inactividad manifiesta que sostuvieron hasta mayo de 2004, cuyo momento culminante se alcanza con el «ajusticiamiento» de José Rubén Robles Catalán en Acapulco. Además, el espacio geográfico de sus actividades descubre un desplazamiento desde el sur-sureste (Chiapas, Oaxaca y Guerrero) hacia Morelos, con la detonación de artefactos explosivos rudimentarios; Guerrero, con los asesinatos mencionados, y más recientemente en el Estado de México y las orillas del DF, también con petardos colocados en sucursales bancarias (metodología inaugurada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo -FARP- en agosto de 2001), estados que constituyen el actual teatro de operaciones, al menos de «superficie», de los grupos. Y aún para agregar una mayor cuota de incertidumbre, los enfrentamientos intestinos entre siglas escindidas del Ejército Popular Revolucionario (EPR) se recrudecieron y encontraron en el asesinato de Miguel Angel Mesino, en la Costa Grande de Guerrero, el punto más alto en esta nueva etapa de enfrentamientos.
I
En tanto que continúan pendientes las amenazas del Comando Jaramillista Morelense 23 de Mayo (CJM-23) sobre la colocación de bombas en sucursales bancarias -lo que permite descifrar, al menos en parte, su ideario contrario al neoliberalismo, al igual que las FARP que recurrentemente se ha encargado de remarcar- el Comando Revolucionario del Trabajo «México Bárbaro» (CRT-MB) suscribió en primera persona la colocación de artefactos explosivos en los municipios de Atizapán de Zaragoza y Tlalnepantla, el 18 de noviembre. Su presentación pública refiere a la modalidad de atentar contra cajeros automáticos de bancos de capital extranjero, modus operandi que no se circunscribe únicamente a la realidad mexicana sino que se extiende hasta toda América Latina. No obstante, la sigla «México Bárbaro» ya existía al menos desde el 2003, cuando el Comando México Bárbaro (CMB) se responsabilizó del secuestro del ex diputado priísta y empresario Fernando Castro Suárez, también en el estado de México.
En este sentido, es necesario destacar que desde 1994 (cuando el EPR sí reivindicó este accionar) y hasta la aparición de aquel CMB, los grupos guerrilleros no han reconocido el secuestro como forma de financiar sus operaciones: nada induce a pensar que aquel CMB y el actual CRT-MB son el mismo grupo. En el sentido contrario, vale el mismo cuestionamiento: ¿qué organización asume la misma denominación si sus objetivos y proyectos son distintos? Aunque fuera de Morelos, pero con una similitud innegable, ninguna reacción se obtuvo del CJM-23 ante idénticos objetivos: ¿acaso los jaramillistas comprenden esta circunstancia dentro de su propia estrategia? Quedan flotando en el ambiente interrogantes que aún no han sido respondidos: ¿son jaramillistas y México Bárbaro lo mismo?, ¿es una provocación al CJM-23?, ¿o son parte de una misma política?
Alfonso Navarrete Prida, procurador general de Justicia del Estado de México, negó la presencia de grupos armados en el Estado de México aunque sostuvo que los comunicados encontrados en el lugar de las explosiones referían a la denominación «México unido contra la pobreza» (que no aparece a lo largo del texto de la organización clandestina); pero el gobernador Enrique Peña Nieto lo contradijo cuando admitió que sí «existen células del EPR». En el mismo sentido, el titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada contra la Delincuencia Organizada, José Luis Santiago Vasconcelos, aseguró que el autor de los atentados fue el EPR, manteniendo así la línea oficial que sostiene la actual administración (y que el mandatario estatal también suscribe) en el sentido que las rupturas eperristas no son sino una estrategia del grupo armado: «sólo cambian de cachucha» y buscan publicidad por la proximidad de las elecciones.
De acuerdo al cuadro compuesto por las organizaciones clandestinas, es posible comprender la aparición de un nuevo grupo en la dinámica de enfrentamiento que ocupa la actualidad de la guerrilla mexicana, pero también es viable encontrar otras razones que relacionen su emergencia con otras circunstancias de la política doméstica, pero que no alcanzan a explicar el trabajo que cada uno de ellos emprenda a futuro; esto es, si son funcionales a determinadas coyunturas, circunstancias o intereses políticos y sectoriales. Es por eso que lo único que decidirá la intencionalidad y objetivos que se impone el CRT-MB es si su accionar se agota en esta acción -como sucedió con otras siglas que luego de su aparición esporádica nada ha vuelto a saberse- o continúa como una expresión política-militar.
II
Para graficar la evolución y el desarrollo de las siglas, que trasluce crudamente el proceso de escisiones, entre los años 2000-2005 se han conocido manifiestos, proclamas, comunicados, partes de guerra, etcétera, de más de una veintena de expresiones que se reivindican armadas. En esos cinco años, y aún abarcando también a 1999, no puede establecerse una relación directa entre apariciones de escritos y actos eleccionarios. Más todavía: 2001, 2003 y 2005 aparecen como los más agitados en esta cuestión. Los escritos provienen de distintos puntos de México, desde -al menos- diez estados, y son muy disímiles entre sí, tanto por sus contenidos como en así también en los argumentos y reivindicaciones esgrimidas.
Los registros de actividad política muestran otro tanto. En los mismos años (2001, 2003 y 2005) se contabilizan la mayor cantidad de acciones de «superficie» y que rompen con la inercia predominante que se limita a la manifestación escrita, generalmente a través de correos electrónicos y páginas en la red. Presentaciones públicas en poblados apartados, conferencias de prensa en la clandestinidad, paradas militares en aniversarios luctuosos, reparto de material partidario y pintas son los hechos recurrentes. Queda pendiente considerar el secuestro de Castro Suárez como una actividad insurgente o un acto delincuencial.
Sin embargo, la actividad militar encuentra dos puntos culminantes. Los años 2001 y 2004 se verifican atentados a sucursales bancarias con explosivos manufacturados, acciones de propaganda armada y ataques con morteros a bases militares. Pero es desde la segunda mitad de 2005 donde los hechos comienzan a recrudecerse. Tanto como un aumento cualitativo de la actividad militar («ajusticiamiento» de Robles Catalán) o como una radicalización del enfrentamiento interno entre los grupos (asesinato de Mesino), el incremento de las actividades militares se ponen de manifiesto conjuntamente con la consecución de aquellas actividades políticas de «superficie» antes mencionadas y las otras militares de menor intensidad.
Es entre los años 2004 y 2005 cuando puede confirmarse la reafirmación de los grupos más allá de las fronteras del sur-sureste. Una línea imaginaria puede trazarse hacia el sur de la capital y desde la costa del Pacífico hacia el Caribe, mientras continúan poblándose los puntos intermedios: un corredor que divide a México en dos. Y aunque en 2003 la mayoría reconoce a Guerrero como su epicentro, en el 2004-2005 ha variado, fundamentalmente por las acciones en Morelos y Estado de México. A la vez, las últimas siglas conocidas durante el 2005 se autodenominan «comandos», y en un solo caso «comité», con obvias referencias de pertenencia a un ámbito político-militar superior.
III
Casi una decena de grupos aseguraron su existencia durante este año a través de distintos medios, pero existe una llamativa ausencia: el Comité Clandestino Revolucionario de los Pobres-Comando Justiciero 28 de Junio (CJ28), cuyo último escrito conocido data de agosto de 2004. Luego de las durísimas críticas y asesinato de Mesino asumido por el Comando Popular Revolucionario «La Patria es Primero», donde lo señalaron -entre otras cosas- como el líder del CJ28, éste no se ha manifestado y de su defensa se hicieron cargo las FARP, a través del «combatiente Tomás» y que también involucró a la ahora controversial figura del «comandante Francisco». A continuación, el Comité de Resistencia Popular «Viva Villa», del que sólo se lo conoce por un comunicado, también criticó a Mesino (su «eliminación» era previsible, argumentó) y a las FARP, hecho que tampoco mereció respuesta por parte del CJ28. Ello pone al descubierto que junto al incremento de presencia y actividad de las guerrillas también se radicalizaron los enfrentamientos internos, lo que agrava aún más este cuadro de situación.