Luchas fratricidas

LUCHAS FRATRICIDAS

Jorge Lofredo
jorge.lofredo@gmail.com


Lejos de concluir, el nuevo capítulo de enfrentamiento entre grupos guerrilleros –donde el asesinato de Miguel Angel Mesino se volvió un parteaguas– se radicaliza todavía más: comunicados y apariciones públicas responden a la dinámica de mutuo repudio y acusaciones cruzadas. Las siglas expresan sus posiciones políticas y actúan militarmente en la disputa por un mismo espacio clandestino, la vía armada al socialismo, a la vez que el objetivo fundacional, la razón de ser de los insurgentes, se extravía hacia un destino incierto.

La aparición del CRP-VV

El escrito de un nuevo grupo –o desconocido públicamente hasta ahora– circula en la realidad virtual y su contenido se suma al enfrentamiento interno que domina esta coyuntura entre las organizaciones guerrilleras mexicanas. Titulado «Respuesta necesaria» y firmado por el Comité de Resistencia Popular «Viva Villa» (CRP-VV) el 20 de octubre, el escrito se divide en dos partes: la primera refiere a su posición sobre el narcotráfico, con particular énfasis en el estado de Guerrero, en tanto que la siguiente concluye en una descripción de los acontecimientos que provocaron la existencia de múltiples siglas que se reivindican armadas, revolucionarias y socialistas. Al mismo tiempo y dentro de la misma lógica de división intestina, el CJM-23 dio a conocer un nuevo comunicado donde fija su posición política. Y lo encabeza con un «informe de actividades» donde reporta la colocación de dos artefactos explosivos en sucursales bancarias en Temixco, Morelos, aunque sólo uno de ellos detonó. En un comunicado posterior volvió a reivindicar las acciones y amenazó con atentar en otras entidades bancarias.

El CRP-VV ensaya una crítica acérrima hacia el EPR y a las FARP, organización de la cual reconocen ser una ruptura. Los argumentos para decidir su salida se relacionan con la «reproducción de métodos centralistas y autoritarios»; la relación de un miembro de la dirección farpista con narcotraficantes y el uso de combatientes para saldar ajuste de cuentas entre narcos; el asesinato de un miembro de otra organización clandestina por «diferencias políticas» y el secuestro de un integrante de las FARP para obligarlo a incrementar su colaboración. «De las FARP salimos varios –aclara el CRP-VV– cuando dejamos de considerarla un proyecto político critico y alternativo a las formas de organización interna a las formas de organización interna y a la descomposición que vimos en el PDPR-EPR»; más aún: denuncian que las FARP, por lo menos desde el año 2002, es una sigla manipulada «para avalar al EPR» desde Guerrero. Los motivos que da a conocer el CRP-VV sobre su antecedente organizativo es muy similar a las críticas que hizo el EPR sobre el MRLCB. Pero serán los espacios populares y sociales quienes, en definitiva, avalen o ignoren la presentación de este nuevo proyecto, su política y su accionar a futuro.

Esta argumentación acerca de que las FARP es una sigla de fantasía del EPR es particularmente llamativa pues un año antes del que se señala en el texto reivindicaron los estallidos en sucursales bancarias del DF, pero la versión gubernamental siempre apuntó a señalar al EPR como responsable. Según esta lógica, las FARP no existen sino que forman parte de una estrategia del eperrismo para crear un clima de propagación de grupos guerrilleros en México. En aquella ocasión, el EPR desmintió que los hermanos Cerezo Contreras, inculpados a través de un proceso judicial irregular como autores materiales de las explosiones, formaran parte de sus filas a la vez que admitía que sus padres si eran miembros; sin embargo en el 2004, tras los sucesos de Tláhuac donde las corporaciones de seguridad apuntaban en señalar a «El Profesor» (padre de los Cerezo Contreras) como autor intelectual del linchamiento a los policías, los apresados negaron tal afirmación.

Similitudes y diferencias

El CJM-23 destaca en su critica que «quienes se autoproclaman verdaderos revolucionarios […] sirven al estado al poner en su mira a estructuras revolucionarias legales y clandestinas para que sean aniquiladas»; recurriendo a los mismos términos esgrimidos por el CPR-LPEP en sus argumentos contra las FARP a través de su comunicado del 8 de octubre. Estas similitudes discursivas entre los jaramillistas y LPEP parecen igualar sus respectivas posiciones políticas y definiciones militares, y son los únicos grupos que hoy manifiestan actividad pública, además de las recientes pintas aparecidas la madrugada del 24 de octubre en Atoyac firmadas por las FARP: «fuera seudo revolucionarios y paramilitares de la Costa Grande» rezaban muy cerca del lugar donde fue acribillado Mesino. Días después aparecieron nuevas pintas con las mismas consignas, dirigidas contra LPEP.

Tan difuso se ha vuelto el cuadro de situación de los grupos guerrilleros como las incógnitas que rodean a la relación que vincula o divide a las organizaciones. De acuerdo a la carta suscripta por el «combatiente Tomás» de las FARP, la cual es una larga crítica hacia el «comandante Francisco» (quien integró las FARP luego de su salida del EPR en febrero de 1999), asegura que tras integrar otras siglas, logra alcanzar una coordinación con el ERPI pero obstaculizó a las FARP y el ERPI para que no pudieran acordar una nueva coordinación. En los mismos términos, el EPR señaló que el MRLCB había logrado establecer una coordinación, aunque no aporta más datos, aseveración que fue rotundamente negada por el MRLCB. Así, el escenario se acerca de una manera brutal a la de «bandos en pugna».

En cuanto a la muerte del ex preso político Miguel Angel Mesino, sobre el cual el CJM-23 no hizo mención alguna, el CRP-VV señala que «fue un desenlace lógico». Según el nuevo grupo, reproducía la metodología que regía al interior del PROCUP-EPR «y otros de sus espejos» a la vez que reconoce haber pertenecido al mismo espacio político-militar. Expresa más adelante que desde 1993 Mesino fue usado «para asesinar a otros argumentando diferencias políticas. Es la metodología de la vieja dirección del PROCUP». En clara referencia al comunicado del EPR del 25 de septiembre, el escrito lo involucra con la guerrilla desde dos años antes que ocurriera la masacre de Aguas Blancas. No obstante que el eperrismo reconoció ser la continuidad histórica del PROCUP, también relaciona a la OCSS con el EPR con anterioridad a su primera presentación pública en 1996. Cabe recordar que el ex gobernador Rubén Figueroa (bajo su mandato político ocurrió la masacre de Aguas Blancas) sentenció que la OCSS era una organización de fachada del grupo armado. «Se dice mucho que ustedes son guerrilleros» fueron sus palabras en abril de 1995.

Posiciones irreconciliables

El enfrentamiento que generó el asesinato alcanza también a las organizaciones no clandestinas. Actualmente la OCSS y el CCCLCB se encuentran enfrentados en esta coyuntura y su relación recorre un sendero de denuncias y graves acusaciones mutuas; en tanto que caracteriza a LPEP como «grupo paramilitar que se escuda en un movimiento revolucionario». La OPIZ, por su parte, estableció semejanzas entre las realidades de Guerrero y Oaxaca, y denuncia que miembros de la TDR desarrollan, como grupo en descomposición, paramilitar y delincuencial, una guerra de baja intensidad en la región Loxicha. Hasta ahora, sólo la OPIZ involucra a TDR en esta vorágine.

De acuerdo a los comunicados conocidos, continúan profundizándose las diferencias entre los grupos insurgentes: el CJM-23 y el CPR-LPEP (que implícitamente reconoce haber integrado el EPR) aparecen más cercanos en sus posiciones (tanto así que los jaramillistas fueron los primeros en reconocer a LPEP; posteriormente hizo lo propio el MRLCB). Algo similar ocurre entre las FARP y el EPR, lo que podría confirmar algunas de las acusaciones que el CRP-VV realizó de las FARP. A la vez, las críticas del eperrismo al MRLCB (antes de la reivindicación del asesinato de Mesino por LPEP el EPR señaló como responsable al MRLCB) son inclementes, al igual que las conocidas del CRP-VV con respecto a las FARP; mientras que los farpistas apuntan duramente contra LPEP. El comunicado de Tendencia y el silencio del ERPI no forman parte en estas disyuntivas.

Las sospechas entre ex camaradas se volvieron certezas que estrechan los espacios de la estrategia política y militar de cada organización; circunstancias que disocian el pensamiento radical de la acción revolucionaria mientras se reducen sus tácticas y estrategias en ajustes de cuentas. La represión, en tanto, acecha y la razón de Estado se descarga con «todo el peso de la ley»: la seguridad nacional será su coartada. La razón política de cada organización vuelve mutuamente excluyente cualquier otra y la conclusión en múltiples escisiones definen el cuerpo guerrillero desde 1996, antes que una unidad recientemente reconocida como inexistente («invento» es el exacto término eperrista).

Una lucha fratricida que no concluye.