Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Organización
Fecha
2012-10-01
Categoría
Comunicado
La paz que queremos los colombianos
LA PAZ QUE QUEREMOS LOS COLOMBIANOS
La paz que queremos, es justicia social, donde todos tengamos acceso a la alimentación, a la salud, a la educación, es decir a las básicas necesidades humanas entre ellas también a vivir en sociedad y como tal a decidir sobre el futuro del país con verdadera democracia y derecho a la resistencia, a la oposición. En este país no se ha permitido la oposición. El establecimiento ha exterminado la oposición. Sólo permiten gobernar a quienes no les atranquen su modelo de explotación, a su contrario lo eliminan, lo desaparecen.
En la mayoría de las guerras, las partes contendientes se han sentado a dialogar cuando el conflicto es de tal magnitud, que se hace necesario establecer acuerdos entre los enemigos. Colombia, que al iniciarse el siglo XX tenía a su haber una revolución conservadora, 9 guerras civiles de carácter nacional y 14 de carácter local, 2 guerras con Ecuador, 3 cuartelazos y 11 constituciones. Los enfrentamientos entre liberales y conservadores fueron sangrientos, cada uno tenía su grupo armado. Ya en el siglo XX se alternaron en el poder, pero la violencia regresó cuando la confrontación política derivó en el asesinato del líder liberal Eliécer Gaitán.
El país espera que le demos certezas diseñando un proceso de paz, entendido como proyecto de sociedad, como proyecto de nación. Tampoco la sociedad espera ser convidada de piedra, en este sentido el ELN se la juega por la paz, por una paz con sentido de nación que nos incluya a todos.
Colmar las expectativas de un proceso de paz más estable requiere que propiciemos un ambiente favorable hacia el país, pero no solo favorable para algunos sectores de la sociedad, sino para las mayorías y sobre todo para quienes soportan los más grandes dolores. Un acuerdo base debe tener en cuenta la participación de la sociedad en el proceso, la acción política, la generación de un ambiente para la paz nacional y la participación de la comunidad internacional.
En cuanto a participación de la sociedad en este proceso, reiteramos que es nuestra voluntad generar las condiciones propicias para la construcción de paz con la participación de la gente, para ello se requiere de un diseño que propenda por una participación nacional incluyente y ascendente, que articule los procesos regionales. La participación de la sociedad es esencial en una estrategia de paz, de lo contrario es quemar pólvora en gallinazos. Se debe hacer énfasis en la solución del drama de los cuatro millones de desplazados, así como la amnistía para los presos políticos y sociales. La población más afectada por el conflicto armado, como lo es el Movimiento Indígena colombiano, la población afro descendiente y campesina del país, los despojados, mujeres, jóvenes, quienes deben estar presentes en los posibles diálogos y concertación.
Este proceso, si ha de ser verdadero, debe propiciar las garantías para que todos los sectores sociales y políticos se conviertan en actores y puedan participar sin miedos por las amenazas contra sus vidas.
Desde las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC-EP también hay la voluntad y tienen una agenda que puede ser base de inicio.
El conflicto interno colombiano carga mucha complejidad por sus raíces históricas profundas; por las causas políticas, económicas y sociales que lo generan; por la diversidad de componentes y de manera especial el fenómeno de la corrupción de la clase en el poder y del narcotráfico integrado este último a la estrategia contrainsurgente del Estado, desde la década del ochenta del siglo anterior, bajo la modalidad de narcoparamilitarismo. La estructura terrorista del Estado y el narcoparamilitarismo son dos puntales del poder oligárquico que están en plena vigencia y no se ve por parte alguna la decisión real del régimen de desmontar esta estructura de la muerte contra la oposición política y social y parar la guerra sucia.
El ELN está decidido a contribuir en la superación del conflicto pero no es tarea fácil, ni un problema de voluntad política; se trata de crear condiciones reales y ganar las mayorías de la nación para superar los problemas y abrir el camino que conduzca a la paz estable y duradera construyendo un proceso que afronte los cambios que el país necesita.
El ELN considera que es posible la salida política al conflicto en base a un gran consenso nacional, una política de Estado favorable para la paz y la participación de la sociedad en dicho proceso. Es desde este enfoque que concebimos los diálogos. Mientras que para el gobierno no existe conflicto social y armado sino grupos terroristas y la paz es igual a pacificación, desmovilización y desarme de las guerrillas para que el país siga igual, ojalá cambien. Para el ELN la paz implica partir de abordar un proceso hacia las transformaciones que conduzca a superar las causas originarias y que alimentan el conflicto interno actual.
El ELN tiene la disposición, como aporte al ambiente de paz, un acuerdo de cese al fuego y hostilidades con verificación por un tiempo determinado, experimental y bilateral. El pacto es que se desmontan los operativos y dispositivos ofensivos, nadie ataca al otro y todo el mundo mantiene la actitud defensiva. Se lleven de cara al país y garanticen la más amplia participación. No de rendición, nosotros no tenemos por qué entregar las armas a nadie, porque nadie no las ha dado.
Pero a la vez exige que el gobierno haga igualmente aportes para generar ambiente de paz con medidas reales frente al desplazamiento, medidas que neutralicen la persecución a opositores políticos y dirigentes sociales, medidas que lleven un alivio frente al problema de la desaparición forzada. El Estado debe cesar las muertes, desapariciones, desplazamientos, bombardeos, terror en la población campesina y daños a sus bienes y enseres. Nuestra población no resiste más acciones bélicas en sus territorios, ni la barbarie de la intolerancia e impunidad. El respeto a los derechos humanos es siempre vehículo imprescindible para llegar a la paz.
Ya se han desarrollado experiencias de movimientos que se han desmovilizado, pero que no hay solución al conflicto social y armado, entonces el problema no es la entrega de las armas. Los crímenes de lesa humanidad y de guerra perpetrados y que continúan en la impunidad, por lo menos con respecto a los altos mandos militares o sectores políticos, económicos y aún sociales que los determinaron y permitieron. Las estructuras paramilitares y su actuación, han constituido expresiones no superadas en toda su dimensión hasta el presente, lo que ha atentado y atenta de fondo contra las posibilidades de cualquier proceso de paz.
Y mientras avanzan los juicios contra los generales del paramilitarismo, el gobierno de Santos Calderón, continúa empecinado en dotar a los miembros de las Fuerzas Armadas y de Policía de un nuevo instrumento que refuerce la impunidad de ciertas operaciones militares. El proyecto de reforma de la denominada justicia penal militar, radicado el 16 de marzo de 2012 fue aprobado en cuarto debate en el Senado el 6 de junio del mismo año. El 13 de junio se aprobó la conciliación en la Cámara de Representantes. A la iniciativa, que desborda el concepto de fuero militar, le restan cuatro debates.
Está interesado el gobierno porque considera la insurgencia como un obstáculo para atraer capital extranjero para la explotación; quiere reencausar la fama de paramilitarismo y mafia en el Estado; Y necesita territorios sin conflicto para la explotación minera y macro proyectos energéticos, acabando con el agua y la biodiversidad.
Reafirmamos nuestra vocación de paz y proponemos como mecanismo un Campamento de organizaciones populares para que discutan sobre la paz que quiere el país. A quien no le gusta vivir en paz?, el tema minero ambiental debe estar incluido en la agenda, mujeres, niños, tierras, situación carcelaria, presupuesto para víctimas del conflicto armado, justicia transicional, comisión de la verdad y la necesaria legitimidad. Que se discutan las formas de lucha de todos, las de los revolucionarios y las del establecimiento, las de la élite. Una discusión nacional donde se establezca con claridad qué pasó, porque aquí hay miles de muertos, se cuentan por decenas de miles los asesinatos, encarcelamientos, exiliados y desplazados, producto de la criminalización de la acción y lucha política, hay responsables, hay un genocidio que no se ha detenido y hay que parar la máquina que lo hace y que se sepa la verdad sobre esto, que se mire en qué términos de justicia se actúa y se pacta para que se dé un paso definitivo hacia la paz. Esa no puede ser una discusión solo de una mesa.
Afirmamos al mundo que creemos en la construcción colectiva de la solución política al conflicto social y armado, en tanto el Estado colombiano se comprometa de verdad a ella. Esta oferta de diálogo la desarrollan simultánea a golpes contundentes a la insurgencia, al tiempo que le hacen exigencias públicas unilaterales. La esencia genocida del régimen colombiano, sostenida por sus diversos gobiernos, cuyos niveles de corrupción, esencia mafiosa, terrorista y de entrega al imperialismo no tiene límite; éste régimen no permite una activa participación política del movimiento popular como hemos dicho, mucho menos de parte del movimiento guerrillero.
Nuestro pensamiento, nuestra manera de ver la vida, el futuro, el sistema social que debemos darnos, la firmeza en nuestros ideales y objetivos, trazados desde nuestro surgimiento y demostrar en el terreno teórico y práctico que hemos estado, estamos y estaremos siempre del lado del pueblo y la nación para integrarnos todos, en la lucha popular, un Gobierno de Nación, Paz y Equidad, que sustituya al actual.
Construir una Solución Política para el conflicto interno, tiene hoy la gran oportunidad de ser una obra colectiva, que va más allá del esquema tradicional, de ser una mesa de diálogo entre dos Partes. No pedimos nada para nosotros, es decir no es un negocio que me da y que le doy, no, es de diálogos, acuerdos, salida política. Por ejemplo, que se libere a todos los presos políticos que sean de organizaciones gremiales, comunitarias, sindicales, partidos de oposición, que tiene detenidos bajo el cargo de rebelión o como disidentes políticos. Nosotros queremos alivio para la sociedad, no para el ELN.
Luego la paz no es un negocio, es la construcción de una sociedad en paz, sin desigualdad. Por eso nuestra propuesta de nueva sociedad con justicia, paz y equidad.
¡COLOMBIA PARA LOS TRABAJADORES!
¡NI UN PASO ATRÁS, LIBERACIÓN O MUERTE!
EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL - ELN
¡POR UN NUEVO GOBIERNO DE NACIÓN PAZ Y EQUIDAD!
Dirección Frente de Guerra Central - FGC
Montañas del Oriente Antioqueño, del Eje Cafetero y el Tolima
Octubre de 2012
La paz que queremos, es justicia social, donde todos tengamos acceso a la alimentación, a la salud, a la educación, es decir a las básicas necesidades humanas entre ellas también a vivir en sociedad y como tal a decidir sobre el futuro del país con verdadera democracia y derecho a la resistencia, a la oposición. En este país no se ha permitido la oposición. El establecimiento ha exterminado la oposición. Sólo permiten gobernar a quienes no les atranquen su modelo de explotación, a su contrario lo eliminan, lo desaparecen.
En la mayoría de las guerras, las partes contendientes se han sentado a dialogar cuando el conflicto es de tal magnitud, que se hace necesario establecer acuerdos entre los enemigos. Colombia, que al iniciarse el siglo XX tenía a su haber una revolución conservadora, 9 guerras civiles de carácter nacional y 14 de carácter local, 2 guerras con Ecuador, 3 cuartelazos y 11 constituciones. Los enfrentamientos entre liberales y conservadores fueron sangrientos, cada uno tenía su grupo armado. Ya en el siglo XX se alternaron en el poder, pero la violencia regresó cuando la confrontación política derivó en el asesinato del líder liberal Eliécer Gaitán.
El país espera que le demos certezas diseñando un proceso de paz, entendido como proyecto de sociedad, como proyecto de nación. Tampoco la sociedad espera ser convidada de piedra, en este sentido el ELN se la juega por la paz, por una paz con sentido de nación que nos incluya a todos.
Colmar las expectativas de un proceso de paz más estable requiere que propiciemos un ambiente favorable hacia el país, pero no solo favorable para algunos sectores de la sociedad, sino para las mayorías y sobre todo para quienes soportan los más grandes dolores. Un acuerdo base debe tener en cuenta la participación de la sociedad en el proceso, la acción política, la generación de un ambiente para la paz nacional y la participación de la comunidad internacional.
En cuanto a participación de la sociedad en este proceso, reiteramos que es nuestra voluntad generar las condiciones propicias para la construcción de paz con la participación de la gente, para ello se requiere de un diseño que propenda por una participación nacional incluyente y ascendente, que articule los procesos regionales. La participación de la sociedad es esencial en una estrategia de paz, de lo contrario es quemar pólvora en gallinazos. Se debe hacer énfasis en la solución del drama de los cuatro millones de desplazados, así como la amnistía para los presos políticos y sociales. La población más afectada por el conflicto armado, como lo es el Movimiento Indígena colombiano, la población afro descendiente y campesina del país, los despojados, mujeres, jóvenes, quienes deben estar presentes en los posibles diálogos y concertación.
Este proceso, si ha de ser verdadero, debe propiciar las garantías para que todos los sectores sociales y políticos se conviertan en actores y puedan participar sin miedos por las amenazas contra sus vidas.
Desde las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC-EP también hay la voluntad y tienen una agenda que puede ser base de inicio.
El conflicto interno colombiano carga mucha complejidad por sus raíces históricas profundas; por las causas políticas, económicas y sociales que lo generan; por la diversidad de componentes y de manera especial el fenómeno de la corrupción de la clase en el poder y del narcotráfico integrado este último a la estrategia contrainsurgente del Estado, desde la década del ochenta del siglo anterior, bajo la modalidad de narcoparamilitarismo. La estructura terrorista del Estado y el narcoparamilitarismo son dos puntales del poder oligárquico que están en plena vigencia y no se ve por parte alguna la decisión real del régimen de desmontar esta estructura de la muerte contra la oposición política y social y parar la guerra sucia.
El ELN está decidido a contribuir en la superación del conflicto pero no es tarea fácil, ni un problema de voluntad política; se trata de crear condiciones reales y ganar las mayorías de la nación para superar los problemas y abrir el camino que conduzca a la paz estable y duradera construyendo un proceso que afronte los cambios que el país necesita.
El ELN considera que es posible la salida política al conflicto en base a un gran consenso nacional, una política de Estado favorable para la paz y la participación de la sociedad en dicho proceso. Es desde este enfoque que concebimos los diálogos. Mientras que para el gobierno no existe conflicto social y armado sino grupos terroristas y la paz es igual a pacificación, desmovilización y desarme de las guerrillas para que el país siga igual, ojalá cambien. Para el ELN la paz implica partir de abordar un proceso hacia las transformaciones que conduzca a superar las causas originarias y que alimentan el conflicto interno actual.
El ELN tiene la disposición, como aporte al ambiente de paz, un acuerdo de cese al fuego y hostilidades con verificación por un tiempo determinado, experimental y bilateral. El pacto es que se desmontan los operativos y dispositivos ofensivos, nadie ataca al otro y todo el mundo mantiene la actitud defensiva. Se lleven de cara al país y garanticen la más amplia participación. No de rendición, nosotros no tenemos por qué entregar las armas a nadie, porque nadie no las ha dado.
Pero a la vez exige que el gobierno haga igualmente aportes para generar ambiente de paz con medidas reales frente al desplazamiento, medidas que neutralicen la persecución a opositores políticos y dirigentes sociales, medidas que lleven un alivio frente al problema de la desaparición forzada. El Estado debe cesar las muertes, desapariciones, desplazamientos, bombardeos, terror en la población campesina y daños a sus bienes y enseres. Nuestra población no resiste más acciones bélicas en sus territorios, ni la barbarie de la intolerancia e impunidad. El respeto a los derechos humanos es siempre vehículo imprescindible para llegar a la paz.
Ya se han desarrollado experiencias de movimientos que se han desmovilizado, pero que no hay solución al conflicto social y armado, entonces el problema no es la entrega de las armas. Los crímenes de lesa humanidad y de guerra perpetrados y que continúan en la impunidad, por lo menos con respecto a los altos mandos militares o sectores políticos, económicos y aún sociales que los determinaron y permitieron. Las estructuras paramilitares y su actuación, han constituido expresiones no superadas en toda su dimensión hasta el presente, lo que ha atentado y atenta de fondo contra las posibilidades de cualquier proceso de paz.
Y mientras avanzan los juicios contra los generales del paramilitarismo, el gobierno de Santos Calderón, continúa empecinado en dotar a los miembros de las Fuerzas Armadas y de Policía de un nuevo instrumento que refuerce la impunidad de ciertas operaciones militares. El proyecto de reforma de la denominada justicia penal militar, radicado el 16 de marzo de 2012 fue aprobado en cuarto debate en el Senado el 6 de junio del mismo año. El 13 de junio se aprobó la conciliación en la Cámara de Representantes. A la iniciativa, que desborda el concepto de fuero militar, le restan cuatro debates.
Está interesado el gobierno porque considera la insurgencia como un obstáculo para atraer capital extranjero para la explotación; quiere reencausar la fama de paramilitarismo y mafia en el Estado; Y necesita territorios sin conflicto para la explotación minera y macro proyectos energéticos, acabando con el agua y la biodiversidad.
Reafirmamos nuestra vocación de paz y proponemos como mecanismo un Campamento de organizaciones populares para que discutan sobre la paz que quiere el país. A quien no le gusta vivir en paz?, el tema minero ambiental debe estar incluido en la agenda, mujeres, niños, tierras, situación carcelaria, presupuesto para víctimas del conflicto armado, justicia transicional, comisión de la verdad y la necesaria legitimidad. Que se discutan las formas de lucha de todos, las de los revolucionarios y las del establecimiento, las de la élite. Una discusión nacional donde se establezca con claridad qué pasó, porque aquí hay miles de muertos, se cuentan por decenas de miles los asesinatos, encarcelamientos, exiliados y desplazados, producto de la criminalización de la acción y lucha política, hay responsables, hay un genocidio que no se ha detenido y hay que parar la máquina que lo hace y que se sepa la verdad sobre esto, que se mire en qué términos de justicia se actúa y se pacta para que se dé un paso definitivo hacia la paz. Esa no puede ser una discusión solo de una mesa.
Afirmamos al mundo que creemos en la construcción colectiva de la solución política al conflicto social y armado, en tanto el Estado colombiano se comprometa de verdad a ella. Esta oferta de diálogo la desarrollan simultánea a golpes contundentes a la insurgencia, al tiempo que le hacen exigencias públicas unilaterales. La esencia genocida del régimen colombiano, sostenida por sus diversos gobiernos, cuyos niveles de corrupción, esencia mafiosa, terrorista y de entrega al imperialismo no tiene límite; éste régimen no permite una activa participación política del movimiento popular como hemos dicho, mucho menos de parte del movimiento guerrillero.
Nuestro pensamiento, nuestra manera de ver la vida, el futuro, el sistema social que debemos darnos, la firmeza en nuestros ideales y objetivos, trazados desde nuestro surgimiento y demostrar en el terreno teórico y práctico que hemos estado, estamos y estaremos siempre del lado del pueblo y la nación para integrarnos todos, en la lucha popular, un Gobierno de Nación, Paz y Equidad, que sustituya al actual.
Construir una Solución Política para el conflicto interno, tiene hoy la gran oportunidad de ser una obra colectiva, que va más allá del esquema tradicional, de ser una mesa de diálogo entre dos Partes. No pedimos nada para nosotros, es decir no es un negocio que me da y que le doy, no, es de diálogos, acuerdos, salida política. Por ejemplo, que se libere a todos los presos políticos que sean de organizaciones gremiales, comunitarias, sindicales, partidos de oposición, que tiene detenidos bajo el cargo de rebelión o como disidentes políticos. Nosotros queremos alivio para la sociedad, no para el ELN.
Luego la paz no es un negocio, es la construcción de una sociedad en paz, sin desigualdad. Por eso nuestra propuesta de nueva sociedad con justicia, paz y equidad.
¡COLOMBIA PARA LOS TRABAJADORES!
¡NI UN PASO ATRÁS, LIBERACIÓN O MUERTE!
EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL - ELN
¡POR UN NUEVO GOBIERNO DE NACIÓN PAZ Y EQUIDAD!
Dirección Frente de Guerra Central - FGC
Montañas del Oriente Antioqueño, del Eje Cafetero y el Tolima
Octubre de 2012