Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Fecha
2012-11-13
Categoría
Comunicado
Carta abierta al Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos
Montañas de Colombia, noviembre 13 de 2012.
Señor Presidente
Juan Manuel Santos
Casa de Nariño, Bogotá.
Me dirijo a usted en mi condición de jefe del Bloque Occidental Comandante Alfonso Cano de las FARC EP, para poner en su conocimiento la siguiente situación.
Desde hace más de 6 meses, unidades de la Policía de la ciudad de Popayán que se identifican con credenciales oficiales y, según ellos, hasta con el respaldo de la embajada norteamericana, mantienen privada de libertad en su vivienda, bajo amenaza de muerte, a la familia de mi compañera sentimental y de lucha, la guerrillera Mireya. Las víctimas son ocho personas, entre las que se cuentan una señora anciana, dos adultos, tres adolescentes y dos niños. El objetivo: obligarlos a colaborar para conseguir mi ubicación con el fin de asesinarme.
Los familiares de Mireya sufren además las amenazas de ser judicializados, o perder la custodia de sus hijos, si no me entregan a mí, o delatan a su propia hija y hermana. Estos hechos ocurren, señor Presidente, a plena luz del día, en Popayán, sin que se intente ocultarlos y sin importar la opinión de los vecinos.
El único hecho que se podría imputar a las señoras Rosa Amelia Escobar y Marisol Urbano, es tener una hija y hermana respectivamente, revolucionaria y guerrillera que convive conmigo. ¿Es acaso eso un delito? Si Mireya eligió el camino de la lucha armada, lo hizo para combatir un régimen que persigue a muerte a sus opositores. ¿Su familia también tiene que pagar por ello?
Mireya adoptó la decisión de ingresar a la guerrilla después que su compañero, Javier Castillo Castillo, concejal de Miranda y diputado electo por la Unión Patriótica a la Asamblea del departamento del Cauca, fuedesaparecido y asesinado por policías y paramilitares del municipio de Miranda en aciagas épocas. Y luego que otro escuadrón de la muerte integrado por la Policía, asesinó a su señor padre, junto con otros amigos, en el interior de su propia residencia. Estos asesinos, tras consumar el hecho, corrieron a refugiarse en el cuartel de la Policía de Miranda, seguros de la impunidad que los cobijaría, como efectivamente ocurrió. No hubo autoridad que investigara lo sucedido. La misma tragedia que sufren tantos colombianos que ven destinados al olvido los crímenes del terrorismo estatal.
Persecuciones infames como las que sufre hoy la familia de Mireya, ¿son aplicación de la Constitución que recientemente cumplió veinte años de vigencia? ¿O son desarrollos de la política de prosperidad democrática que usted, como jefe supremo de las fuerzas armadas, encabeza? ¿Tienen alguna presentación en el pregonado estado social de derecho?
A ese tipo de actuaciones de los agentes estatales son las que nosotros calificamos como guerra sucia y terrorismo de Estado. ¿Son esas el tipo de reglas del juego que tuvo usted en consideración al ordenar la ejecución del Comandante Alfonso Cano?
En las celebraciones consiguientes, altos oficiales colombianos han revelado sin pudor, que no pocos de los publicitados golpes a las FARC-EP se han fundado en las persecuciones, secuestros y presiones de colaboración, bajo amenazas de muerte o judicialización, a padres, madres, hermanas e hijos de los comandantes guerrilleros, así como en el ofrecimiento de jugosas recompensas y protección, métodos propios de las mafias del bajo mundo en sus revanchas internas.
Amenazas que en no pocos casos se han cumplido, encarcelando y asesinando a familiares nuestros, personas inocentes y ajenas al conflicto, como si ellos tuvieran qué ver con los fracasos de la fuerza pública en el campo de batalla.
Estas prácticas son más ignominiosas, en tanto que ya ni siquiera cuentan con la máscara del paramilitarismo. Es el Estado mismo, sus fuerzas policiales, el Ejército, quienes a manera de venganza se ensañan con las familias o conocidos de los guerrilleros. Es la guerra sucia degradada al último peldaño.
Por lo visto, no resultan suficientes la máquina de medio millón de hombres, la tecnología más avanzada jamás conocida por la humanidad, los recursos del Plan Colombia y los que sigue aportando la ayuda norteamericana. También requieren violar su propia legalidad, recurriendo a métodos criminales.
Con esta lógica de confrontación sin reglas, en la que los círculos familiares y afectivos se convierten en objetivo militar, el Estado colombiano está abriendo un peligroso boquete de consecuencias impredecibles. Mucho más peligroso aún, cuando estos acontecimientos no son aislados ni causados por ciertas manzanas podridas, como es corriente disculparse. Se trata de una política reiterada y sistematizada, que ocurre al mismo tiempo que el régimen colombiano se ufana ante el mundo de ser una democracia con voluntad de paz, asaltando la buena fe de la comunidad internacional.
Y que ocurre en el preciso momento en que se adelantan en Cuba conversaciones de paz entre nuestra organización y su gobierno, en búsqueda de una solución política a esta guerra de casi medio siglo. Al mismo tiempo que se desprecian nuestras proposiciones de acordar un cese bilateral de fuegos o, en su defecto, un tratado de regulación de la guerra para ahorrarnos muertos de ambas partes, así como salvar de daños materiales y morales a la población civil.
Para nadie es un secreto que esta metodología de guerra es pilar fundamental del llamado Plan Espada de Honor, tan publicitado por los generales, y en el cual cifran las esperanzas de dar la estocada final a las FARC-EP, complementada con el fuero militar próximo a aprobarse, a fin de asegurar a los agentes de la fuerza pública que sus crímenes quedarán impunes.
Estamos muy lejos de desear que la irracionalidad conduzca a una vorágine peor a la que hoy sufre nuestro pueblo por la arrogancia, la intolerancia y la mezquindad de la llamada clase dirigente de nuestro país, motivos que iniciaron esta guerra hace 48 años, con saldo trágico de millones de víctimas.
Señor Presidente: en sus manos está ordenar la suspensión de estos métodos. Si se siguieran aplicando impunemente, sólo traerán más dolor y sangre a la familia colombiana, deshonrarán aún más nuestra sociedad y nos alejarán del camino de la paz al que hoy le estamos apostando.
Esperamos de usted sensatez en la vía por alcanzar la paz de Colombia, por la reconciliación de la Patria y el bien de la Nación entera. Por nuestra parte, seguiremos apostándole a una paz verdadera, con justicia social.
Al tiempo que dejamos en sus manos esta denuncia, que comunicamos a la Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Fiscalía y organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, hacemos responsable al gobierno nacional y a los organismos de seguridad del Estado por lo que pueda ocurrirá esta familia en su integridad física y moral.
Compatriota,
Francisco González
Comandante del Bloque Occidental Alfonso Cano de las FARC-EP
Señor Presidente
Juan Manuel Santos
Casa de Nariño, Bogotá.
Me dirijo a usted en mi condición de jefe del Bloque Occidental Comandante Alfonso Cano de las FARC EP, para poner en su conocimiento la siguiente situación.
Desde hace más de 6 meses, unidades de la Policía de la ciudad de Popayán que se identifican con credenciales oficiales y, según ellos, hasta con el respaldo de la embajada norteamericana, mantienen privada de libertad en su vivienda, bajo amenaza de muerte, a la familia de mi compañera sentimental y de lucha, la guerrillera Mireya. Las víctimas son ocho personas, entre las que se cuentan una señora anciana, dos adultos, tres adolescentes y dos niños. El objetivo: obligarlos a colaborar para conseguir mi ubicación con el fin de asesinarme.
Los familiares de Mireya sufren además las amenazas de ser judicializados, o perder la custodia de sus hijos, si no me entregan a mí, o delatan a su propia hija y hermana. Estos hechos ocurren, señor Presidente, a plena luz del día, en Popayán, sin que se intente ocultarlos y sin importar la opinión de los vecinos.
El único hecho que se podría imputar a las señoras Rosa Amelia Escobar y Marisol Urbano, es tener una hija y hermana respectivamente, revolucionaria y guerrillera que convive conmigo. ¿Es acaso eso un delito? Si Mireya eligió el camino de la lucha armada, lo hizo para combatir un régimen que persigue a muerte a sus opositores. ¿Su familia también tiene que pagar por ello?
Mireya adoptó la decisión de ingresar a la guerrilla después que su compañero, Javier Castillo Castillo, concejal de Miranda y diputado electo por la Unión Patriótica a la Asamblea del departamento del Cauca, fuedesaparecido y asesinado por policías y paramilitares del municipio de Miranda en aciagas épocas. Y luego que otro escuadrón de la muerte integrado por la Policía, asesinó a su señor padre, junto con otros amigos, en el interior de su propia residencia. Estos asesinos, tras consumar el hecho, corrieron a refugiarse en el cuartel de la Policía de Miranda, seguros de la impunidad que los cobijaría, como efectivamente ocurrió. No hubo autoridad que investigara lo sucedido. La misma tragedia que sufren tantos colombianos que ven destinados al olvido los crímenes del terrorismo estatal.
Persecuciones infames como las que sufre hoy la familia de Mireya, ¿son aplicación de la Constitución que recientemente cumplió veinte años de vigencia? ¿O son desarrollos de la política de prosperidad democrática que usted, como jefe supremo de las fuerzas armadas, encabeza? ¿Tienen alguna presentación en el pregonado estado social de derecho?
A ese tipo de actuaciones de los agentes estatales son las que nosotros calificamos como guerra sucia y terrorismo de Estado. ¿Son esas el tipo de reglas del juego que tuvo usted en consideración al ordenar la ejecución del Comandante Alfonso Cano?
En las celebraciones consiguientes, altos oficiales colombianos han revelado sin pudor, que no pocos de los publicitados golpes a las FARC-EP se han fundado en las persecuciones, secuestros y presiones de colaboración, bajo amenazas de muerte o judicialización, a padres, madres, hermanas e hijos de los comandantes guerrilleros, así como en el ofrecimiento de jugosas recompensas y protección, métodos propios de las mafias del bajo mundo en sus revanchas internas.
Amenazas que en no pocos casos se han cumplido, encarcelando y asesinando a familiares nuestros, personas inocentes y ajenas al conflicto, como si ellos tuvieran qué ver con los fracasos de la fuerza pública en el campo de batalla.
Estas prácticas son más ignominiosas, en tanto que ya ni siquiera cuentan con la máscara del paramilitarismo. Es el Estado mismo, sus fuerzas policiales, el Ejército, quienes a manera de venganza se ensañan con las familias o conocidos de los guerrilleros. Es la guerra sucia degradada al último peldaño.
Por lo visto, no resultan suficientes la máquina de medio millón de hombres, la tecnología más avanzada jamás conocida por la humanidad, los recursos del Plan Colombia y los que sigue aportando la ayuda norteamericana. También requieren violar su propia legalidad, recurriendo a métodos criminales.
Con esta lógica de confrontación sin reglas, en la que los círculos familiares y afectivos se convierten en objetivo militar, el Estado colombiano está abriendo un peligroso boquete de consecuencias impredecibles. Mucho más peligroso aún, cuando estos acontecimientos no son aislados ni causados por ciertas manzanas podridas, como es corriente disculparse. Se trata de una política reiterada y sistematizada, que ocurre al mismo tiempo que el régimen colombiano se ufana ante el mundo de ser una democracia con voluntad de paz, asaltando la buena fe de la comunidad internacional.
Y que ocurre en el preciso momento en que se adelantan en Cuba conversaciones de paz entre nuestra organización y su gobierno, en búsqueda de una solución política a esta guerra de casi medio siglo. Al mismo tiempo que se desprecian nuestras proposiciones de acordar un cese bilateral de fuegos o, en su defecto, un tratado de regulación de la guerra para ahorrarnos muertos de ambas partes, así como salvar de daños materiales y morales a la población civil.
Para nadie es un secreto que esta metodología de guerra es pilar fundamental del llamado Plan Espada de Honor, tan publicitado por los generales, y en el cual cifran las esperanzas de dar la estocada final a las FARC-EP, complementada con el fuero militar próximo a aprobarse, a fin de asegurar a los agentes de la fuerza pública que sus crímenes quedarán impunes.
Estamos muy lejos de desear que la irracionalidad conduzca a una vorágine peor a la que hoy sufre nuestro pueblo por la arrogancia, la intolerancia y la mezquindad de la llamada clase dirigente de nuestro país, motivos que iniciaron esta guerra hace 48 años, con saldo trágico de millones de víctimas.
Señor Presidente: en sus manos está ordenar la suspensión de estos métodos. Si se siguieran aplicando impunemente, sólo traerán más dolor y sangre a la familia colombiana, deshonrarán aún más nuestra sociedad y nos alejarán del camino de la paz al que hoy le estamos apostando.
Esperamos de usted sensatez en la vía por alcanzar la paz de Colombia, por la reconciliación de la Patria y el bien de la Nación entera. Por nuestra parte, seguiremos apostándole a una paz verdadera, con justicia social.
Al tiempo que dejamos en sus manos esta denuncia, que comunicamos a la Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Fiscalía y organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, hacemos responsable al gobierno nacional y a los organismos de seguridad del Estado por lo que pueda ocurrirá esta familia en su integridad física y moral.
Compatriota,
Francisco González
Comandante del Bloque Occidental Alfonso Cano de las FARC-EP