Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Fecha
2012-12-31
Categoría
Comunicado
La paz le pertenece al pueblo
LA PAZ LE PERTENECE AL PUEBLO
Quizás uno de los aspectos más positivo que nos deja este 2012 que agoniza, es la apertura de la Mesa de conversaciones entre el gobierno y las FARC-EP, en La Habana. Se abre así la posibilidad de encontrar una salida civilizada al prolongado y doloroso enfrentamiento entre colombianos con todo lo que un conflicto de tal naturaleza representa. Llegar a este punto no ha sido fácil. Se trata de vencer la resistencia de sectores económicos, políticos, sociales y militares muy poderosos que apoyados en la intervención norteamericana, se niegan a aceptar la necesidad de una solución política para el conflicto social y armado que desangra al país, porque consideran que sin la guerra estaría amenazada su hegemonía de clase y por esa razón le temen a la paz; como dicen que le teme el diablo a la cruz.
Le temen a la paz porque saben que para llegar a ella se debe garantizar la justicia social, construir una verdadera democracia de esencia popular y recuperar la soberanía patria; y una paz así concebida significa el fin de sus privilegios, porque la justicia social no es otra cosa que la obligación del estado de garantizar derechos fundamentales como educación, salud, vivienda, pensiones a todos los nacionales, sustrayendo tales derechos de las manos de la empresa privada a quien se los entregaron para convertirlos en negocios rentables a costa del drama que significa para millones de colombianos verse privados de los mismos, por no tener con qué comprarlos; saben que una verdadera democracia implica participación popular en las decisiones fundamentales, en la planeación de la economía, la política, lo social y las relaciones internacionales, es decir el fin del predominio que ejercen mediante el aplastamiento del contrario por la vía de la fuerza y saben que un régimen de dominación política, violento y criminal como el que regentan, solo se puede mantener por medio de la fuerza y para eso necesitan la guerra y el apoyo de los Estados Unidos, a cambio de empeñar la soberanía y permitir el saqueo de nuestros recursos naturales. Por eso no es cierto, como quieren hacer ver a través de sus medios de desinformación, que la apertura de los diálogos sea una dádiva del gobierno y una última oportunidad para la insurgencia producto de su generosidad. Nada más lejano de la realidad. Si la Mesa de La Habana existe hoy en día es gracias a la persistente lucha de millones y millones de colombianos, que mediante las más diversa formas de resistencia no nos resignamos a que la guerra fratricida, decretada desde el poder, sea el destino último de las próximas generaciones de compatriotas. Dos cosas ciertas hay en torno a esta cuestión. Una es la responsabilidad primera de la clase dominante en esta guerra que nos desangra desde hace décadas y segunda, que solamente el pueblo está en capacidad de imponer por la fuerza de su movilización, el fin del enfrentamiento cuyos únicos beneficiarios son una indolente minoría de privilegiados.
Tampoco es cierto que el dueño de la paz sea el presidente Santos, como parece que lo considera desde la grotesca arrogancia propia de la oligarquía colombiana. Acostumbrado desde la cuna a ver satisfechos sus caprichos, basta escucharlo decir en tono imperativo y en forma de ultimátum que si la Mesa no avanza como él desea, no tendrá ningún problema en levantarse de la misma, ahogando en sangre las esperanzas de millones de colombianos humildes que padecen en la carne y el espíritu las consecuencias del conflicto. Para la burguesía es fácil decretar la guerra porque para ellos la misma es la condición esencial para sostener sus privilegios, gracias a ella han podido mantenerse en el poder frenando a sangre y fuego las transformaciones que las fuerzas progresistas de la nación reclaman. Muy poco o nada los afecta la confrontación. Finalmente los combatientes muertos en las filas de las fuerzas armadas oficiales y en las de la insurgencia son hijos del pueblo, como lo son los dirigentes sindicales y populares asesinados en esa otra forma de la guerra que llaman sucia y también los campesinos, indígenas y afros desplazados de sus tierras por las bandas al servicio del narco- para- latifundismo y de las compañías transnacionales, así como lo son las comunidades que hoy ven amenaza su existencia por la arremetida de la locomotora minero-energética contra sus territorios.
Por nuestra parte, sin temor a equivocarnos, podemos decir que la paz le pertenece al pueblo y su conquista no podrá ser sino obra suya. Esta verdad tan simple es necesario no olvidarla porque lo que está en juego es nada más y nada menos que el destino de la patria, con todo lo que ello significa. Es vital entender la Mesa como el escenario donde se enfrentan dos visiones diametralmente opuestas de país. La tradicional que ha imperado desde cuando una mezquina minoría frustró el sueño del Libertador en los albores de nuestra nacionalidad y la otra; la idea de nación que emerge como construcción y sueño colectivo del sudor y la sangre de millones de compatriotas.
Es importante tener en cuenta que, como pocos, el año que se inicia, será decisivo para el futuro de Colombia. De un lado de la Mesa, ya el establecimiento ha venido hablando por boca de sus voceros y de qué manera. Presidente, ministros, gremios, directores de medios de comunicación, congresistas de los partidos de la coalición de gobierno, opinadores y expertólogos pagos, algunos altos mandos militares, el jefe de la delegación de gobierno en La Habana. Todos a una, repiten en coro: Esta es la última oportunidad, si no aceptan las generosas condiciones de la sociedad serán aniquilados, el modelo económico no está en discusión, el sistema democrático no es negociable, las reformas que requiere el país ya están siendo discutidas por el Congreso, la seguridad inversionista y los derechos del capital están garantizados, si las FARC aspiran a algunos cambios deben entregar las armas, desmovilizarse y cuando sean elegidos por las mayorías podrán hacer los cambios que quieran y un larguísimo etcétera que desnuda de pies a cabeza la verdadera catadura de la clase dominante. La reciente aprobación del TLC con la Unión Europea, del fuero militar, la reforma tributaria y los anunciados incrementos del presupuesto de guerra, el píe de fuerza y todo el demagógico y reaccionario paquete de leyes y reformas impulsado desde el gobierno ratifican el rumbo por el que pretenden mantener el país.
Por esto, las FARC-EP, al saludar a los colombianos al inicio del 2013 no puede más que convocarlo a que asuma un papel protagónico en ese escenario de discusión de los grandes temas nacionales que es la Mesa de conversaciones, algo que sabemos no podrá conseguirse sino a través de su propia movilización y lucha, única forma de romper el aislamiento y la distancia que busca imponer el gobierno a la Mesa respecto del país nacional. Requisito indispensable para avanzar en esa dirección es la convergencia de los distintos sectores alternativos, de las diversas formas de resistencias que mediante variadas formas de acción de masas se han venido oponiendo al modelo oligárquico y anti patriota imperante. Que se escuche al otro lado de la Mesa. Que junto a la insurgencia, el pueblo tome la palabra. Que la otra visión de país haga escuchar su voz: trabajadores, campesinos, desplazados, indígenas, afros, mineros artesanales, jóvenes, estudiantes, defensores de derechos humanos, partidos y movimientos políticos distintos a los tradicionales, las iglesias, organizaciones sociales, personalidades democráticas, mujeres y hombres del común, la comunidad LGBTI; todos, absolutamente todos los matices que integran el arco iris de nuestra nacionalidad deben estar allí presentes, si de verdad lo que se pretende es la construcción de una paz estable y duradera. Entender que no se trata solamente de solicitar al gobierno que permita su participación, se trata de imponer este derecho mediante la movilización de todos los sectores interesados en la construcción de una verdadera paz con justicia social, democracia y soberanía. Que se abra la Mesa a la participación de todos aquellos interesados en la reconstrucción del país, que confluyan en un solo proceso las conversaciones con todos los grupos insurgentes, que se posibilite el más amplio y democrático intercambio entre los colombianos y el resultado sea un nuevo contrato social que refleje la diversidad y riqueza de nuestra nacionalidad. Solo así, estaremos cimentando sobre bases ciertas una nueva Colombia.
Alcanzar la paz es una necesidad inaplazable para Colombia. Por esto, no podemos permitir que los afanes electorales del gobernante de turno primen por sobre el interés de todos los colombianos; poner plazos perentorios no solo no es realista, es una actitud criminal. La paz es el bien más preciado de una nación. La paz le pertenece al pueblo y su misión histórica es imponerla a quienes insisten en el camino de la guerra. Esa debe ser la tarea central que cope la agenda de todos los colombianos en el año que comienza. Desbordar con una masiva participación los escenarios convocados por la Mesa e imponer la paz a los enemigos del pueblo mediante la movilización y lucha en las calles y carreteras del país.
Y junto a nuestro pueblo, a ese empeño, estarán dedicados todos los esfuerzos, toda la voluntad, todo el trabajo de los combatientes farianos, a lo largo y ancho del territorio nacional. Nuestra vocación por la paz, hoy testimoniada en la orden unilateral de cese al fuego por 60 días, se levanta como muralla frente a los que insisten en el camino de la guerra, seguros como estamos que la paz con justicia social, democracia y soberanía, es el mayor anhelo de los colombianos, su necesidad más imperiosa, la más revolucionaria de todas sus aspiraciones. Esa es la senda que desde 1964 nos dejaron trazada los indómitos marquetalianos.
¡Por la paz con justicia social, democracia y soberanía! Movilización y lucha de masas.
¡Somos FARC, ejército del pueblo!
Montañas de Colombia, diciembre de 2012.
Quizás uno de los aspectos más positivo que nos deja este 2012 que agoniza, es la apertura de la Mesa de conversaciones entre el gobierno y las FARC-EP, en La Habana. Se abre así la posibilidad de encontrar una salida civilizada al prolongado y doloroso enfrentamiento entre colombianos con todo lo que un conflicto de tal naturaleza representa. Llegar a este punto no ha sido fácil. Se trata de vencer la resistencia de sectores económicos, políticos, sociales y militares muy poderosos que apoyados en la intervención norteamericana, se niegan a aceptar la necesidad de una solución política para el conflicto social y armado que desangra al país, porque consideran que sin la guerra estaría amenazada su hegemonía de clase y por esa razón le temen a la paz; como dicen que le teme el diablo a la cruz.
Le temen a la paz porque saben que para llegar a ella se debe garantizar la justicia social, construir una verdadera democracia de esencia popular y recuperar la soberanía patria; y una paz así concebida significa el fin de sus privilegios, porque la justicia social no es otra cosa que la obligación del estado de garantizar derechos fundamentales como educación, salud, vivienda, pensiones a todos los nacionales, sustrayendo tales derechos de las manos de la empresa privada a quien se los entregaron para convertirlos en negocios rentables a costa del drama que significa para millones de colombianos verse privados de los mismos, por no tener con qué comprarlos; saben que una verdadera democracia implica participación popular en las decisiones fundamentales, en la planeación de la economía, la política, lo social y las relaciones internacionales, es decir el fin del predominio que ejercen mediante el aplastamiento del contrario por la vía de la fuerza y saben que un régimen de dominación política, violento y criminal como el que regentan, solo se puede mantener por medio de la fuerza y para eso necesitan la guerra y el apoyo de los Estados Unidos, a cambio de empeñar la soberanía y permitir el saqueo de nuestros recursos naturales. Por eso no es cierto, como quieren hacer ver a través de sus medios de desinformación, que la apertura de los diálogos sea una dádiva del gobierno y una última oportunidad para la insurgencia producto de su generosidad. Nada más lejano de la realidad. Si la Mesa de La Habana existe hoy en día es gracias a la persistente lucha de millones y millones de colombianos, que mediante las más diversa formas de resistencia no nos resignamos a que la guerra fratricida, decretada desde el poder, sea el destino último de las próximas generaciones de compatriotas. Dos cosas ciertas hay en torno a esta cuestión. Una es la responsabilidad primera de la clase dominante en esta guerra que nos desangra desde hace décadas y segunda, que solamente el pueblo está en capacidad de imponer por la fuerza de su movilización, el fin del enfrentamiento cuyos únicos beneficiarios son una indolente minoría de privilegiados.
Tampoco es cierto que el dueño de la paz sea el presidente Santos, como parece que lo considera desde la grotesca arrogancia propia de la oligarquía colombiana. Acostumbrado desde la cuna a ver satisfechos sus caprichos, basta escucharlo decir en tono imperativo y en forma de ultimátum que si la Mesa no avanza como él desea, no tendrá ningún problema en levantarse de la misma, ahogando en sangre las esperanzas de millones de colombianos humildes que padecen en la carne y el espíritu las consecuencias del conflicto. Para la burguesía es fácil decretar la guerra porque para ellos la misma es la condición esencial para sostener sus privilegios, gracias a ella han podido mantenerse en el poder frenando a sangre y fuego las transformaciones que las fuerzas progresistas de la nación reclaman. Muy poco o nada los afecta la confrontación. Finalmente los combatientes muertos en las filas de las fuerzas armadas oficiales y en las de la insurgencia son hijos del pueblo, como lo son los dirigentes sindicales y populares asesinados en esa otra forma de la guerra que llaman sucia y también los campesinos, indígenas y afros desplazados de sus tierras por las bandas al servicio del narco- para- latifundismo y de las compañías transnacionales, así como lo son las comunidades que hoy ven amenaza su existencia por la arremetida de la locomotora minero-energética contra sus territorios.
Por nuestra parte, sin temor a equivocarnos, podemos decir que la paz le pertenece al pueblo y su conquista no podrá ser sino obra suya. Esta verdad tan simple es necesario no olvidarla porque lo que está en juego es nada más y nada menos que el destino de la patria, con todo lo que ello significa. Es vital entender la Mesa como el escenario donde se enfrentan dos visiones diametralmente opuestas de país. La tradicional que ha imperado desde cuando una mezquina minoría frustró el sueño del Libertador en los albores de nuestra nacionalidad y la otra; la idea de nación que emerge como construcción y sueño colectivo del sudor y la sangre de millones de compatriotas.
Es importante tener en cuenta que, como pocos, el año que se inicia, será decisivo para el futuro de Colombia. De un lado de la Mesa, ya el establecimiento ha venido hablando por boca de sus voceros y de qué manera. Presidente, ministros, gremios, directores de medios de comunicación, congresistas de los partidos de la coalición de gobierno, opinadores y expertólogos pagos, algunos altos mandos militares, el jefe de la delegación de gobierno en La Habana. Todos a una, repiten en coro: Esta es la última oportunidad, si no aceptan las generosas condiciones de la sociedad serán aniquilados, el modelo económico no está en discusión, el sistema democrático no es negociable, las reformas que requiere el país ya están siendo discutidas por el Congreso, la seguridad inversionista y los derechos del capital están garantizados, si las FARC aspiran a algunos cambios deben entregar las armas, desmovilizarse y cuando sean elegidos por las mayorías podrán hacer los cambios que quieran y un larguísimo etcétera que desnuda de pies a cabeza la verdadera catadura de la clase dominante. La reciente aprobación del TLC con la Unión Europea, del fuero militar, la reforma tributaria y los anunciados incrementos del presupuesto de guerra, el píe de fuerza y todo el demagógico y reaccionario paquete de leyes y reformas impulsado desde el gobierno ratifican el rumbo por el que pretenden mantener el país.
Por esto, las FARC-EP, al saludar a los colombianos al inicio del 2013 no puede más que convocarlo a que asuma un papel protagónico en ese escenario de discusión de los grandes temas nacionales que es la Mesa de conversaciones, algo que sabemos no podrá conseguirse sino a través de su propia movilización y lucha, única forma de romper el aislamiento y la distancia que busca imponer el gobierno a la Mesa respecto del país nacional. Requisito indispensable para avanzar en esa dirección es la convergencia de los distintos sectores alternativos, de las diversas formas de resistencias que mediante variadas formas de acción de masas se han venido oponiendo al modelo oligárquico y anti patriota imperante. Que se escuche al otro lado de la Mesa. Que junto a la insurgencia, el pueblo tome la palabra. Que la otra visión de país haga escuchar su voz: trabajadores, campesinos, desplazados, indígenas, afros, mineros artesanales, jóvenes, estudiantes, defensores de derechos humanos, partidos y movimientos políticos distintos a los tradicionales, las iglesias, organizaciones sociales, personalidades democráticas, mujeres y hombres del común, la comunidad LGBTI; todos, absolutamente todos los matices que integran el arco iris de nuestra nacionalidad deben estar allí presentes, si de verdad lo que se pretende es la construcción de una paz estable y duradera. Entender que no se trata solamente de solicitar al gobierno que permita su participación, se trata de imponer este derecho mediante la movilización de todos los sectores interesados en la construcción de una verdadera paz con justicia social, democracia y soberanía. Que se abra la Mesa a la participación de todos aquellos interesados en la reconstrucción del país, que confluyan en un solo proceso las conversaciones con todos los grupos insurgentes, que se posibilite el más amplio y democrático intercambio entre los colombianos y el resultado sea un nuevo contrato social que refleje la diversidad y riqueza de nuestra nacionalidad. Solo así, estaremos cimentando sobre bases ciertas una nueva Colombia.
Alcanzar la paz es una necesidad inaplazable para Colombia. Por esto, no podemos permitir que los afanes electorales del gobernante de turno primen por sobre el interés de todos los colombianos; poner plazos perentorios no solo no es realista, es una actitud criminal. La paz es el bien más preciado de una nación. La paz le pertenece al pueblo y su misión histórica es imponerla a quienes insisten en el camino de la guerra. Esa debe ser la tarea central que cope la agenda de todos los colombianos en el año que comienza. Desbordar con una masiva participación los escenarios convocados por la Mesa e imponer la paz a los enemigos del pueblo mediante la movilización y lucha en las calles y carreteras del país.
Y junto a nuestro pueblo, a ese empeño, estarán dedicados todos los esfuerzos, toda la voluntad, todo el trabajo de los combatientes farianos, a lo largo y ancho del territorio nacional. Nuestra vocación por la paz, hoy testimoniada en la orden unilateral de cese al fuego por 60 días, se levanta como muralla frente a los que insisten en el camino de la guerra, seguros como estamos que la paz con justicia social, democracia y soberanía, es el mayor anhelo de los colombianos, su necesidad más imperiosa, la más revolucionaria de todas sus aspiraciones. Esa es la senda que desde 1964 nos dejaron trazada los indómitos marquetalianos.
¡Por la paz con justicia social, democracia y soberanía! Movilización y lucha de masas.
¡Somos FARC, ejército del pueblo!
Montañas de Colombia, diciembre de 2012.