Publicado en El Sur, Acapulco, 14 de enero de 2013, p. 20.
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El año que viene
Jorge Lofredo
La guerrilla no parece ser prioritaria en la agenda política nacional. De hecho, de la reciente administración federal no se conoce ninguna iniciativa ni el lugar que ocupa este tema en la agenda presidencial. Tampoco la guerrilla accionó. Sin embargo, empiezan a conocerse distintos argumentos que procuran confundir antes que permitir establecer un escenario real sobre el tema.
1. Guerrilla anti-PRI
A menudo se han pretendido igualar la intencionalidad, los tiempos y las razones de las organizaciones político-militares mexicanas contemporáneas con alguna situación coyuntural de la vida política del país. Estas especulaciones no tienen sustento o razón como así tampoco existen datos concretos que permitan comprobar la existencia de pactos o negociaciones. Pero este argumento no tiene como objetivo dar a luz los presuntos acuerdos entre las fuerzas clandestinas y una administración federal sino sostener la existencia de una guerrilla anti-PRI (Partido Revolucionario Institucional) lo que implica, además, acuerdos con el Partido de Acción Nacional (PAN).
Antes que nada, resulta necesario establecer el espacio temporal: desde la aparición de esta nueva generación de guerrilleros, en junio de 1996, transcurrieron poco más de 16 años, los cuales 12 fueron gobernados por el PAN y el resto por el PRI. Por lo tanto, ya desde un comienzo se torna engorroso establecer una comparación que establezca fehacientemente una mayor presencia guerrillera respecto a una u otra gestión federal.
Uno de los argumentos para sostener la intencionalidad hacia un instituto político y un acuerdo con el otro se basa en que el proceso de división que se produjo en el seno del eperrismo lo fue por la distinta posición sostenida entre dialoguistas y no dialoguistas con la administración federal iniciada en el año 2000. Esta circunstancia, sin embargo, no resuelve el dilema fundamental: el grueso de las escisiones sucedió al menos dos años antes; y más aún, existen documentos del año 1997 que ya marcaban claros indicios de malestar y que presagiaban una ruptura inminente, que de hecho ocurrió a la mitad del año siguiente, en 1998. Cabe aclarar que la diáspora que se conoció a partir del 2000 es el resultado de un proceso de discusión interno que comenzó bastante tiempo antes.
En el transcurso del nuevo siglo se anunciaron otros grupos que protagonizaron acciones políticas y militares. Por eso, tras un brevísimo y somero recuento, puede anotarse la existencia de más organizaciones de estas características desde el 2000 que antes de ese año (véase “PAN y guerrilla” en: http://cedema.org/ver.php?id=1549); y no solo ello sino que también puede comprobarse la reunificación y coordinación de varias de estas organizaciones en nuevos partidos y ejércitos clandestinos en el período 2000-2012. La mayoría de las organizaciones clandestinas activas actualmente operaron militarmente bajo los dos sexenios precedentes.
Es posible subrayar la aparición de más grupos durante el panismo que el priísmo; pero, además, es incomprensible el marco de los presuntos acuerdos, ya que cabría establecer tanto los interlocutores con quienes se establecieron como así también las condiciones de los mismos. Primero, debido a que la totalidad de las facciones eperristas accionaron durante todos los años del panismo, lo que vuelve inviable sostener la idea de un acuerdo, aunque éste hubiese sido con alguna de ellas; y, por otra parte, porque estas acciones incluyeron (dentro de la dinámica golpe-contragolpe) las desapariciones forzadas de eperristas, el ataque a los ductos de Petróleos Mexicanos, el asesinato del comandante Ramiro, las acciones político-militares tanto en el DF como en otros estados de la república y otra larga serie de hechos.
No es anti-PRI ni tampoco anti-PAN: es antisistema.
2. El mito de la “unidad guerrillera”
En el contexto de la actividad de una guerrilla anti-PRI y por la inusitada resonancia en los medios masivos de comunicación por una no demostrada participación guerrillera en los hechos del primero de diciembre pasado, se intentó vincular a las organizaciones conocidas con otras ignotas en sucesos que evidentemente las exceden y a las cuales se les atribuye la capacidad de desestabilización institucional. Esta circunstancia dio espacio a otra especie de asidua presencia periodística: la existencia de una unidad guerrillera y su configuración como amenaza a la seguridad nacional. Si bien desde los grupos eperristas hubo intentos por establecer alianzas con otros semejantes (son dos las que actualmente muestran actividad política), es muy difícil establecer la identidad de la unión de organizaciones de la cual no se cuenta con información mínima ni tampoco de sus integrantes.
Tal es el caso de la Coordinadora Nacional Guerrillera (CNG) y de la Triple Alianza Guerrillera Indígena Nacional (TAGIN). Sobre la CNG sólo existe un artículo basado en información de un centro de inteligencia no mexicano que mezcla organizaciones existentes con siglas inexistentes y, sumadas a ellas, con otras más que ya dejaron de actuar. Ahí se establece como un hecho ya consumado la interacción guerrilla-narco y se lo presenta como una amenaza a la seguridad nacional. Este artículo tuvo mínimo eco en la red y quedaría archivado como otra noticia más sobre el tema sino se tratase de que el artículo en cuestión, publicado el 31 de diciembre de 2012, es una copia exacta de otro publicado el 23 de octubre del 2009 por el mismo autor, en el mismo medio y en el mismo lugar.
Presenta, eso sí, sutiles diferencias: en el del 2009 destaca la convergencia narco-guerrilla y los riesgos inminentes en el mítico horizonte revolucionario que se auguraba para el 2010. Señala: “el golpe maestro sería en 2012” pero “a partir de marzo de 2010 comenzarían operaciones de interdicción”. En el artículo del 2012, el escenario parece haber cambiado sus prioridades ya que ahora la amenaza es una alianza guerrillera, la CNG: “el golpe maestro sería en 2014” pero “se prevé que sea en marzo del mismo año cuando iniciarían las operaciones de interdicción”. Y no sólo ello. También presenta a la TAGIN como una amenaza latente, de la cual advirtió en el 2009 que cuenta con una “incipiente formación militar”, pero que “su apuesta se concentraría en la coyuntura presidencial 2012”. Tres años después, el autor señala que TAGIN sigue con “incipiente formación militar”, pero ahora “su apuesta se concentraría en la coyuntura de las elecciones intermedias del 2015”. Ello es lo que se conoce sobre la CNG.
Las versiones que existen sobre TAGIN son un poco más añejas y complejas pero tampoco presentan bases sólidas y concretas para establecer una historia lo suficientemente verosímil. El primer dato que se conoce de ella data de principios de noviembre de 1999, de acuerdo a información de “grupos de inteligencia militar y civil” en Morelos y se constituiría como la posibilidad de un “estado mayor de la guerrilla” entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el Ejército Popular Revolucionario y el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente. En esa ocasión se hacía referencia al “horizonte insurreccional” que se habilitaba para el año 2000 con el cambio de signo político en el ejecutivo federal. Un año más tarde, el mismo tema vuelve al tapete a través de la información de un periodista extranjero pero señala que la TAGIN sería la unión de tres desconocidas organizaciones: el Ejército Revolucionario Indígena Campesino, el Ejército Nacionalista Mexicano Insurgente Indígena y el Ejército Campesino-Comando Indígena de Liberación. Si bien ambos refieren que fue en Morelos donde se conoció por vez primera la referencia, cambia por completo la misma idea de construcción de la alianza, ya que el primero refiere a que su presencia está en Guerrero, Oaxaca y Chiapas; en cambio la segunda indica que aspira a la reconstrucción de las ciudades sagradas aztecas.
En la distancia que existe entre una y otra versión se aloja su credibilidad.
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Con una definición que exclusivamente contenga su oposición respecto a otra, se busca despersonalizar a la organización y quitarle su razón de ser. Por cualquier circunstancia, la intención es omitir los hechos que produjeron su emergencia y reducir su existencia a partir de una ecuación excluyente respecto a otra. Algo semejante comentó Luis Hernández Navarro respecto a lo ocurrido sobre el EZLN y el PRI. Por otra parte, la creación de amenazas siempre es funcional a la ausencia de políticas en la materia y ese vacío puede ser ocupado por distintas iniciativas no políticas que, a largo plazo, no sólo no resuelve el problema sino que termina ocasionando un costo más alto para ser resuelto a futuro.
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[Publicado en El Sur, Acapulco, 14 de enero de 2013, p. 20.]