“Nada es tan conforme con las doctrinas populares como consultar a la nación en masa sobre los puntos capitales en que se fundan los estados, las leyes fundamentales y el magistrado supremo…”
Simón Bolívar
La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, lo consagra la Constitución de la República de Colombia. En consecuencia, amenazar con una eventual judicialización a las organizaciones sociales y políticas del país, a los ciudadanos en general, que quieran hablar de paz directamente con las FARC-EP en la Habana, en medio de un proceso de paz, y sin órdenes de captura contra los voceros insurgentes, no deja de causar asombro y una fragorosa sensación interna de duda y desconfianza frente a funcionarios que abusan con sus pretensiones restrictivas. Nadie viene a la Habana a hablar de guerra; la gente viene hablar de paz y solución política al conflicto social y armado, de todas maneras atendiendo a un mandato constitucional justo y perentorio, pero también a un dictado de su conciencia.
Por otra parte valoramos como positivo que el presidente Juan Manuel Santos haya avanzado en coincidir con nosotros, en que es un mecanismo de consulta popular el que debe refrendar un posible acuerdo de paz. Las colombianas y los colombianos que aman la paz, propugnan por una Asamblea Nacional Constituyente como mecanismo refrendatario de los eventuales Acuerdos de la Habana, o como manifestación de la majestad incuestionable del Constituyente Primario, mil veces más determinante que el poder constituido, para señalizar caminos expeditos y dinámicos hacia la consecución del objetivo supremo de la paz.
Queremos que la búsqueda de la paz para Colombia se cimente en una política de Estado y no en la aspiración efímera de un gobierno. Sólo así la lograremos estable y duradera, porque no estaría sujeta a decisiones caprichosas de un gobierno futuro que quiera reversar un acuerdo de paz. La Asamblea Nacional Constituyente es la única instancia que puede garantizar legitimidad y seguridad jurídica al proceso de paz, porque como enseña Bolívar, El Libertador, “la soberanía del pueblo es la única autoridad legítima de las naciones”.
La paz tiene que ser el fruto de un nuevo contrato social. La Constituyente debe cimentar con sus propias manos la estructura del nuevo edificio de la paz que desde el norte de Suramérica, irradiará sosiego a todo un continente.
Finalmente, destacamos el reconocimiento que el presidente Santos hiciera del cumplimiento por parte de las FARC-EP de la cesación unilateral de sus acciones ofensivas durante 60 días, en medio, diríamos nosotros, de una incensata ofensiva militar del Estado contra nuestros campamentos en todo el territorio nacional.