Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Organización
Fecha
2013-02-03
Categoría
Comunicado
A 48 años de Simacota, siempre junto al pueblo
A 48 AÑOS DE SIMACOTA, SIEMPRE JUNTO AL PUEBLO
El capitalismo sufre una crisis sistémica, que demanda desarrollar soluciones desde la sociedad, porque el Estado la agrava, más que ayudar a resolverla, de donde se desprende que al ser nosotros una fuerza de izquierda anti sistema, no es de nuestro interés hacer parte de un sistema político en decadencia, que sólo deja como única vía de cambio, su derrocamiento con la fuerza del pueblo.
Colombia como parte de este sistema capitalista con una élite fiel a ese modelo lo implanta con todas las formas de lucha. Hecho que se reproduce en nuestra región del frente de guerra central, quienes hacemos parte de esa fuerza del pueblo que ayudamos a empujar hacia ese cambio.
Destruyen la vida, un ejemplo de ello. Colombia es un país con gran diversidad natural, pero el bosque seco tropical es uno de los más escasos. Hace unas décadas el país contaba con 1.758.000 hectáreas de este bosque, hoy sólo cuenta con 28.810, es decir, a Colombia solo le queda el 1,6 por ciento del bosque seco tropical que antes tenía. Están los grandes terratenientes que ya han reconvertido sus procesos productivos y que se sienten seguros con la política de las cinco locomotoras neoliberales. Ellos no tienen propiamente intereses nacionales, lo que les interesa es conseguir un ambiente propicio para profundizar las inversiones extranjeras en infraestructura vial y energética, y en la explotación de recursos minerales y de agrocombustibles. Saben de la bonanza extractivista de materias primas (petróleo, gas, oro, carbón, cobre, coltán, agrocombustibles, etc.). Generan conflicto social y armado, pobreza, exclusión, despojo, inseguridad alimentaria, entre otros.
Para la reproducción de ese sistema hacen sus ajustes tales como; La reforma al Fuero Penal Militar, que especifica cortes o tribunales que estarán integrados por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo o en retiro; El Presupuesto Bianual de Regalías, que regula la entrega de dinero a las regiones por la explotación de materia prima; El TLC con Europa, que entraría en vigencia enero, además del Tratado de Libre Comercio con la India; La ley de Convivencia Escolar, para penetrar fuerzas policiales; Ley de Pensión Familiar, para dilatar obligación pensional por parte del estado; La reforma Tributaria para recolectar dineros a costa de los trabajadores y a favor de los ricos; La ley que capitaliza los bienes de la Fiscalía General de la Nación; El Régimen para las Áreas Metropolitanas para controlar las comunidades populares; El Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos para complementar la corrupción con las notarías; La Ley Marco Aduanera y la Ley de Distritos; Leyes ya aprobadas y otras que están por venir que en nada benefician a las grandes mayorías.
Para controlar las expresiones populares no escatiman esfuerzos en forma legal e ilegal. Esa elite que trabaja en la embajada de los EEUU, y en concordancia con la elite de los políticos y los capos narcoparamilitares elegidos por sus clientelas tradicionales en el llamado Parlamento colombiano. “El ESMAD (antidisturbios) de la policía arremete de forma violenta contra la muchedumbre utilizando artefactos explosivos aturdidores, gas pimienta, gases lacrimógenos, golpeando de manera salvaje a la comunidad indiscriminadamente, hombres, mujeres y niños. La fuerza armada hace bombardeos indiscriminados, ejemplo, a mediados de este año se denunció un bombardeo por parte de la aviación militar contra una comunidad de la zona rural de Puerto Asís. En tierra desarrollan empadronamientos, toma de fotos, restricción en la movilidad, reclutamiento forzado de menores de edad, desplazada, negritudes e indígenas, para ingresar a las filas militares obligatoriamente, mantienen el control en los barrios, continúan cobrando vacunas, vinculan a niñas y niños que transitan en motos armados como parte del control social. Los paramilitares en muchos barrios han impedido que después de las 5 p.m las personas salgan de sus viviendas. Los nexos de la Policía Nacional con la delincuencia en Colombia es una realidad constante cada vez más en aumento en la medida de que el sistema capitalista se hunde en su crisis estructural de carácter social, económica, política, cultural, ideológica y ética.
Un caso emblemático de legalidad es el del antiguo abogado de Víctor Carranza, convertido hoy en magistrado de la Corte Suprema de Justicia, es el ponente para resolver en casación el expediente por la masacre de Mapiripán contra el zar de las esmeraldas como verdadero jefe paramilitar de los llanos orientales, zona donde se cometió la masacre. El hoy magistrado de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Castro Caballero, ha querido atenuar su relación con Carranza, miembro de la cúpula nacional de las autodefensas con los Castaño Gil y que era conocido con el alias de “Clodomiro Agámez”, quien contaba con aliados en las Fuerzas Militares.
Es de público conocimiento las investigaciones contra miembros del Estado por la conformación del paramilitarismo, quienes según un informe de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía dado a conocer el 1 de enero de 2013 menciona que confesaron un total de 39.546 crímenes, que involucran a 51.906 víctimas. 1.046 masacres; 25.757 asesinatos; 1.618 reclutamientos forzados; 3.551 desapariciones forzadas; 11.132 desplazamientos forzados; 1.168 extorsiones; 1.916 secuestros; 96 violaciones sexuales; 773 torturas y 65 acciones de tráfico de drogas. En cuanto a fosas comunes los criminales del terrorismo de Estado confesaron lo siguiente: 3.929 fosas exhumadas; 4.809 cadáveres encontrados; 748 cuerpos con identificación indiciaria (con muestra de ADN y esperando resultados de laboratorio);- 1.994 cuerpos plenamente identificados por pruebas de ADN o Carta Dental; 1.813 cuerpos entregados a familiares y 181 cuerpos identificados y pendientes de entrega a familiares. Igualmente los para-agentes del terrorismo de Estado confesaron haber contado con la complicidad de: 1.124 políticos; 1.023 militares; 393 servidores públicos. De acuerdo al informe, el ente investigador atendió casos de 1.802 víctimas en el año 2006; 15.704 en 2007; 24.865 en 2008; 42.456 en 2009; 28.868 en 2010; 26.606 en 2011 y 11.849 en 2012; para un total de 152.150 víctimas. Igualmente informa 3.527 secuestros; 3.532 extorsiones; 3.557 reclutamientos de menores; 677 violaciones sexuales de mujeres y niñas; 68 casos de narcotráfico y otros 28.167 actos criminales entre ellos 2.133 niñas y niños que fueron asesinados cruelmente, desparecidos, reclutados o desplazados forzadamente. El informe confirma que la mal llamada Ley de Justicia y Paz, es en realidad una coartada de repugnante impunidad y legalización de la estrategia paramilitar del régimen, ideada y materializada por el gobierno.
Entre los políticos encontramos a Álvaro Uribe Vélez quien es fundador de las Autodefensas Unidas de Colombia en San Roque, Antioquia, cuando se desempeñó como gobernador de ese departamento. El Bloque Metro de las AUC tuvo como base de operaciones la Hacienda Guacharacas, de propiedad de la familia Uribe. Otros fundadores de ese grupo paramilitar es el empresario Luis Alberto Villegas; su hermano Juan Guillermo, diputado a la Asamblea de Antioquia, y el ganadero Santiago Gallón.
Contrario a todo ese maremágnum de privilegios, nuestros presos son tratados en pésimas condiciones aun más paupérrimas que la de los presos sociales. Decenas de presos murieron en 2012 a causa de problemas de salud y sin que se les preste adecuada atención médica.
Deficiente control de sintomatología, de la evaluación, la omisión en las órdenes para cirugías, tratamientos externos y sobre la entrega de medicamentos. El hacinamiento, que ya alcanza niveles impensables, así como los problemas de infraestructura. Hay humedades en las baterías sanitarias, duchas, pasillos y zonas comunes de los pabellones. No cuentan con agua potable y los presos deben acomodarse, como pueden. Las enfermedades abundan y hay poco personal médico. El tema de salubridad es tan complicado, que la recolección de basuras, que la realizan los mismos presos. Para el caso de la cárcel de Pedregal, en Antioquia, que cuenta con 2.520 internos y 1.248 internas, no hay hacinamiento, pero sí un problema con el servicio de salud de los reclusos, allí hay seis mujeres y 11 hombres diagnosticados con infección por VIH, pero los medicamentos llegan esporádicamente. Allí también hay tres pacientes con tuberculosis, pero la atención y el seguimiento no se les están practicando. En este penal no existe contrato con ninguna IPS, de tal manera que no hay profesional de la salud que atienda a la población reclusa. Tampoco cuentan con insumo hospitalario alguno. Durante el año se presentaron 18 suicidios y 134 muertes naturales. Se fugaron 192 presos que no aguantaron los maltratos.
Se suma a todo ello que el 12% de los colombianos, unas 5 millones de personas se encuentran en condiciones de desnutrición. A los trabajadores se les aumentó el salario en un 4.02%, a los empresarios se les premio con una reducción en el pago de parafiscales en la reforma tributaria. Una persona que se esté ganando el salario mínimo con un descuento en el 12 por ciento en salud y 13 por ciento en el tema de pensión, es demasiado alto. La cacareada restitución de tierras a más de seis millones de campesinos víctimas del despojo paramilitar es un fracaso.
Nosotros cumplimos un papel de referente de cambio y de izquierda, para varios sectores de la nación y si insistimos en el socialismo como alternativa al capitalismo, es para reiterar nuestra convicción y voluntad de lucha por un futuro digno para el pueblo.
A 48 años de Simacota. Unidad, lucha insurgente y popular; caminos hacia la paz.
Colombia para los trabajadores, ni un paso atrás, liberación o muerte.
Frente de Guerra Central
El capitalismo sufre una crisis sistémica, que demanda desarrollar soluciones desde la sociedad, porque el Estado la agrava, más que ayudar a resolverla, de donde se desprende que al ser nosotros una fuerza de izquierda anti sistema, no es de nuestro interés hacer parte de un sistema político en decadencia, que sólo deja como única vía de cambio, su derrocamiento con la fuerza del pueblo.
Colombia como parte de este sistema capitalista con una élite fiel a ese modelo lo implanta con todas las formas de lucha. Hecho que se reproduce en nuestra región del frente de guerra central, quienes hacemos parte de esa fuerza del pueblo que ayudamos a empujar hacia ese cambio.
Destruyen la vida, un ejemplo de ello. Colombia es un país con gran diversidad natural, pero el bosque seco tropical es uno de los más escasos. Hace unas décadas el país contaba con 1.758.000 hectáreas de este bosque, hoy sólo cuenta con 28.810, es decir, a Colombia solo le queda el 1,6 por ciento del bosque seco tropical que antes tenía. Están los grandes terratenientes que ya han reconvertido sus procesos productivos y que se sienten seguros con la política de las cinco locomotoras neoliberales. Ellos no tienen propiamente intereses nacionales, lo que les interesa es conseguir un ambiente propicio para profundizar las inversiones extranjeras en infraestructura vial y energética, y en la explotación de recursos minerales y de agrocombustibles. Saben de la bonanza extractivista de materias primas (petróleo, gas, oro, carbón, cobre, coltán, agrocombustibles, etc.). Generan conflicto social y armado, pobreza, exclusión, despojo, inseguridad alimentaria, entre otros.
Para la reproducción de ese sistema hacen sus ajustes tales como; La reforma al Fuero Penal Militar, que especifica cortes o tribunales que estarán integrados por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo o en retiro; El Presupuesto Bianual de Regalías, que regula la entrega de dinero a las regiones por la explotación de materia prima; El TLC con Europa, que entraría en vigencia enero, además del Tratado de Libre Comercio con la India; La ley de Convivencia Escolar, para penetrar fuerzas policiales; Ley de Pensión Familiar, para dilatar obligación pensional por parte del estado; La reforma Tributaria para recolectar dineros a costa de los trabajadores y a favor de los ricos; La ley que capitaliza los bienes de la Fiscalía General de la Nación; El Régimen para las Áreas Metropolitanas para controlar las comunidades populares; El Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos para complementar la corrupción con las notarías; La Ley Marco Aduanera y la Ley de Distritos; Leyes ya aprobadas y otras que están por venir que en nada benefician a las grandes mayorías.
Para controlar las expresiones populares no escatiman esfuerzos en forma legal e ilegal. Esa elite que trabaja en la embajada de los EEUU, y en concordancia con la elite de los políticos y los capos narcoparamilitares elegidos por sus clientelas tradicionales en el llamado Parlamento colombiano. “El ESMAD (antidisturbios) de la policía arremete de forma violenta contra la muchedumbre utilizando artefactos explosivos aturdidores, gas pimienta, gases lacrimógenos, golpeando de manera salvaje a la comunidad indiscriminadamente, hombres, mujeres y niños. La fuerza armada hace bombardeos indiscriminados, ejemplo, a mediados de este año se denunció un bombardeo por parte de la aviación militar contra una comunidad de la zona rural de Puerto Asís. En tierra desarrollan empadronamientos, toma de fotos, restricción en la movilidad, reclutamiento forzado de menores de edad, desplazada, negritudes e indígenas, para ingresar a las filas militares obligatoriamente, mantienen el control en los barrios, continúan cobrando vacunas, vinculan a niñas y niños que transitan en motos armados como parte del control social. Los paramilitares en muchos barrios han impedido que después de las 5 p.m las personas salgan de sus viviendas. Los nexos de la Policía Nacional con la delincuencia en Colombia es una realidad constante cada vez más en aumento en la medida de que el sistema capitalista se hunde en su crisis estructural de carácter social, económica, política, cultural, ideológica y ética.
Un caso emblemático de legalidad es el del antiguo abogado de Víctor Carranza, convertido hoy en magistrado de la Corte Suprema de Justicia, es el ponente para resolver en casación el expediente por la masacre de Mapiripán contra el zar de las esmeraldas como verdadero jefe paramilitar de los llanos orientales, zona donde se cometió la masacre. El hoy magistrado de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Castro Caballero, ha querido atenuar su relación con Carranza, miembro de la cúpula nacional de las autodefensas con los Castaño Gil y que era conocido con el alias de “Clodomiro Agámez”, quien contaba con aliados en las Fuerzas Militares.
Es de público conocimiento las investigaciones contra miembros del Estado por la conformación del paramilitarismo, quienes según un informe de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía dado a conocer el 1 de enero de 2013 menciona que confesaron un total de 39.546 crímenes, que involucran a 51.906 víctimas. 1.046 masacres; 25.757 asesinatos; 1.618 reclutamientos forzados; 3.551 desapariciones forzadas; 11.132 desplazamientos forzados; 1.168 extorsiones; 1.916 secuestros; 96 violaciones sexuales; 773 torturas y 65 acciones de tráfico de drogas. En cuanto a fosas comunes los criminales del terrorismo de Estado confesaron lo siguiente: 3.929 fosas exhumadas; 4.809 cadáveres encontrados; 748 cuerpos con identificación indiciaria (con muestra de ADN y esperando resultados de laboratorio);- 1.994 cuerpos plenamente identificados por pruebas de ADN o Carta Dental; 1.813 cuerpos entregados a familiares y 181 cuerpos identificados y pendientes de entrega a familiares. Igualmente los para-agentes del terrorismo de Estado confesaron haber contado con la complicidad de: 1.124 políticos; 1.023 militares; 393 servidores públicos. De acuerdo al informe, el ente investigador atendió casos de 1.802 víctimas en el año 2006; 15.704 en 2007; 24.865 en 2008; 42.456 en 2009; 28.868 en 2010; 26.606 en 2011 y 11.849 en 2012; para un total de 152.150 víctimas. Igualmente informa 3.527 secuestros; 3.532 extorsiones; 3.557 reclutamientos de menores; 677 violaciones sexuales de mujeres y niñas; 68 casos de narcotráfico y otros 28.167 actos criminales entre ellos 2.133 niñas y niños que fueron asesinados cruelmente, desparecidos, reclutados o desplazados forzadamente. El informe confirma que la mal llamada Ley de Justicia y Paz, es en realidad una coartada de repugnante impunidad y legalización de la estrategia paramilitar del régimen, ideada y materializada por el gobierno.
Entre los políticos encontramos a Álvaro Uribe Vélez quien es fundador de las Autodefensas Unidas de Colombia en San Roque, Antioquia, cuando se desempeñó como gobernador de ese departamento. El Bloque Metro de las AUC tuvo como base de operaciones la Hacienda Guacharacas, de propiedad de la familia Uribe. Otros fundadores de ese grupo paramilitar es el empresario Luis Alberto Villegas; su hermano Juan Guillermo, diputado a la Asamblea de Antioquia, y el ganadero Santiago Gallón.
Contrario a todo ese maremágnum de privilegios, nuestros presos son tratados en pésimas condiciones aun más paupérrimas que la de los presos sociales. Decenas de presos murieron en 2012 a causa de problemas de salud y sin que se les preste adecuada atención médica.
Deficiente control de sintomatología, de la evaluación, la omisión en las órdenes para cirugías, tratamientos externos y sobre la entrega de medicamentos. El hacinamiento, que ya alcanza niveles impensables, así como los problemas de infraestructura. Hay humedades en las baterías sanitarias, duchas, pasillos y zonas comunes de los pabellones. No cuentan con agua potable y los presos deben acomodarse, como pueden. Las enfermedades abundan y hay poco personal médico. El tema de salubridad es tan complicado, que la recolección de basuras, que la realizan los mismos presos. Para el caso de la cárcel de Pedregal, en Antioquia, que cuenta con 2.520 internos y 1.248 internas, no hay hacinamiento, pero sí un problema con el servicio de salud de los reclusos, allí hay seis mujeres y 11 hombres diagnosticados con infección por VIH, pero los medicamentos llegan esporádicamente. Allí también hay tres pacientes con tuberculosis, pero la atención y el seguimiento no se les están practicando. En este penal no existe contrato con ninguna IPS, de tal manera que no hay profesional de la salud que atienda a la población reclusa. Tampoco cuentan con insumo hospitalario alguno. Durante el año se presentaron 18 suicidios y 134 muertes naturales. Se fugaron 192 presos que no aguantaron los maltratos.
Se suma a todo ello que el 12% de los colombianos, unas 5 millones de personas se encuentran en condiciones de desnutrición. A los trabajadores se les aumentó el salario en un 4.02%, a los empresarios se les premio con una reducción en el pago de parafiscales en la reforma tributaria. Una persona que se esté ganando el salario mínimo con un descuento en el 12 por ciento en salud y 13 por ciento en el tema de pensión, es demasiado alto. La cacareada restitución de tierras a más de seis millones de campesinos víctimas del despojo paramilitar es un fracaso.
Nosotros cumplimos un papel de referente de cambio y de izquierda, para varios sectores de la nación y si insistimos en el socialismo como alternativa al capitalismo, es para reiterar nuestra convicción y voluntad de lucha por un futuro digno para el pueblo.
A 48 años de Simacota. Unidad, lucha insurgente y popular; caminos hacia la paz.
Colombia para los trabajadores, ni un paso atrás, liberación o muerte.
Frente de Guerra Central