El Ejército de Liberación Nacional libera a 5 de la empresa canadiense Geo Explorer, retenidos en Casa de Barro, el 18 de enero. Tres colombianos y dos peruanos se liberan tras darles a conocer los cargos en su contra, en el juicio que se adelanta contra la locomotora minera, en su paso por el Sur de Bolívar.
Santos heredó de Uribe, la locomotora minera. La echaron a andar con la feria de Títulos Mineros, en que la tajada mayor la entregaron a testaferros de mafiosos como Mancusso y los Noguera, quienes para camuflarse, vendieron sus Títulos o se asociaron con capital extranjero, la mayoría canadiense y surafricano. Para gestionar estas transacciones colocaron a Visbal Martelo como embajador en Canadá y luego en Perú.
Otra parte de esta maquinaria son los funcionarios corruptos del Estado, sobornados por las multinacionales y las mafias, quienes ponen a su servicio la información geológica y jurídica que poseen, para que esta operación de despojo resulte exitosa.
Las fuerzas armadas del régimen son el parachoques de la locomotora. Para proteger este despojo, no paran de crear batallones enteros. Hoy la mitad de la fuerza represiva gubernamental está convertida en celadores de oscuros intereses particulares, pero sus sueldos salen de los impuestos que pagan los colombianos.
Al techo con que cubren este tren de saqueo, quieren darle apariencia de legalidad. En 2012 expidieron el Decreto 2235, para reglamentar la Decisión 774 de la Comunidad Andina de Naciones, por la que declaran ilegal, a todo aquel que no cuente con unos de estos Títulos Mineros.
Según este Decreto hay que proceder a la “destrucción de maquinaria pesada y sus partes”. Preguntamos a la opinión pública nacional e internacional, ¿se refiere a los pequeños y medianos mineros tradicionales o a esta locomotora saqueadora? ¿Cuál es la minería ilegal e ilícita?
Solamente el uno por ciento de los Títulos Mineros de la Serranía de San Lucas fue asignado a las comunidades, el resto lo acaparan las mafias y los extranjeros.
El Título de Casa de Barro cubre 200 hectáreas y el de Mina Seca 2800, ambos fueron reconocidos y asignados a las respectivas comunidades, pero en abierto fraude y soborno, pasaron a manos de una compañía canadiense. Lo legal es que estos Títulos sean devueltos a sus legítimos dueños.
Desde el Ejército de Liberación Nacional seguiremos denunciando el despojo de recursos naturales y la miseria de las regiones en cuyo suelo se encuentran estos bienes, propiedad de todos los colombianos.
Convocamos a la sociedad colombiana a la defensa del patrimonio común y del bien público, justa causa, que otorga legitimidad a la lucha por soberanía y dignidad para Colombia y su gente.
¡Colombia para los trabajadores!
¡Ni un paso atrás, liberación o muerte!
Dirección del Frente Darío Ramírez Castro
Ejército de Liberación Nacional