ESTAMOS AQUÍ PARA HABLAR DE PAZ CON JUSTICIA SOCIAL
Parafraseando al Libertador, y para referirnos a la conquista de la paz, decimos que por ella debemos hacer hasta lo imposible, porque de lo posible se ocupan los demás, todos los días.
Sin duda, hemos avanzado, y encontramos que el logro mayor de estas jornadas es coincidir en el propósito de dar acceso progresivo a la tierra al mayor número posible de colombianos que no la posean o la posean de manera insuficiente.
Estamos dentro de la agenda, desarrollándola y nutriéndola con las propuestas que con su sabiduría las organizaciones populares y políticas nos han hecho llegar a través de los foros, encuentros, iniciativas y diversos mecanismos que hasta ahora hay establecidos, en el campo de interrelación con la ciudadanía. Este es un proceso de paz, no de sometimiento.
Habrá que preguntarle al pueblo, al constituyente primario, si quiere que se arroje a los socavones del olvido el tema del saqueo minero-energético pretendido por la voraz política neoliberal, que atenta contra la soberanía y la sostenibilidad ambiental. El actual desastre ecológico que ha generado la Drummond en Santa Marta, nos da una idea de la debacle ambiental que nos espera. Debe escucharse la voz de los pobladores de Marmato, La Colosa, de los santanderes por la explotación de Santurbán, a los Wayuu del Rancherías, a los afectados por los proyectos del Quimbo, Cerromatoso y otras explotaciones depredadoras.
Si el gobierno persiste en sus proyectos minero-energéticos deberá prescindir de la idea de desarrollarlos sobre el territorio que el país necesita con urgencia para garantizar su soberanía alimentaria.
El gobierno no debe inquietarse tanto frente a las cada vez más aisladas maquinaciones “uribeñas”, del latifundismo mezquino y paramilitar; debe tener en cuenta que el pueblo colombiano, mayoritariamente clama por la paz. Debemos trabajar, todos, para dejar sin campo de tiro a los francotiradores que hoy atentan contra la voluntad nacional de reconciliación.
Son millares las víctimas del conflicto. Así que si el gobierno toma muy en serio el tema de las víctimas, deberá empeñarse en responderle a la sociedad por ese rosario histórico de crímenes del terrorismo de Estado. Es sin duda el Estado el peldaño último y fundamental de la imputación.
El pueblo debe movilizarse en defensa de esta oportunidad de solución política dialogada que establezca la justicia y la verdadera democracia en Colombia.