Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Fecha
2013-02-17
Categoría
Comunicado
¿Cárceles o basureros humanos?
¿CÁRCELES O BASUREROS HUMANOS?
En agosto de 2012, los prisioneros de Guerra de la Cárcel La Dorada (Caldas), explicaron a la opinión nacional que en el lapso de tres meses habían muerto tres internos en ese sitio de reclusión. La desatención médica los mató sin piedad. Ellos eran JAMES ALBERTO GIRALDO CHIQUITO, fallecido el 8 de mayo; LUIS CARLOS FLORES VILLAREAL, fallecido el 17 de agosto y WENLLY ALEXANDER ZULETA MURIEL, quien fue asesinado el 8 de agosto. Wenlly murió como consecuencia de 59 puñaladas que le propinó otro interno estando a dos metros del puesto de guardia de la penitenciaría.
Alrededor de 9500 prisioneros políticos viven el calvario del sistema penitenciario colombiano, que en realidad se ha convertido en un laberinto de torturas, vejaciones y muerte para los reclusos de cualquier índole. El 90% de los prisioneros políticos son actores civiles encarcelados con la intención inocultable de desmantelar las organizaciones populares y aplastar la inconformidad popular frente a la injusticia social que existe en Colombia. El 10% restante son prisioneros políticos y de guerra sometidos a la utilización del sistema judicial y penitenciario como arma contra-insurgente de disuasión y castigo.
El panorama carcelario es de hacinamiento, fetidez, suicidios, enfermedades infecciosas, asesinatos a manos de la guardia como el denunciado por los internos del patio 7 de la cárcel de la Dorada en octubre de 2011 (el victimario fue el Dragoneante GALLO), prisioneros ciegos, lisiados, paralíticos, o muertos a causa de la desatención médica que no se resuelve ni con el recurso de tutela porque los jueces no sancionan los desacatos.
Impera la iniquidad expresa en desatención médica, encalabozamientos colectivos hasta por setenta y dos horas, hambre, garrote, gases lacrimógenos al granel, vejámenes y humillaciones, violación del debido proceso, en medio de un peligroso contubernio criminal armado entre el INPEC dirigido por el sórdido General Ricaurte Tapias, la Procuraduría, Jueces y Fiscales, sin que exista la opción de la denuncia en la medida en que casi el 100% de las quejas de los reclusos son engavetadas con el argumento de que no existen méritos para adelantar investigaciones.
En enero 8 de 2011 José Albeiro Manjarrez murió en su celda devorado por un cáncer de estomago. Ningún recurso, ni siquiera el de la huelga de sus compañeros de prisión le bastó al INPEC para que propiciara su atención médica. Luego de su muerte lo inscribieron como NN en la morgue aunque tuviesen los datos precisos de sus familiares y amigos. Nunca les informaron de su deceso.
Nombres como el de Arcecio Lemus, Ricardo Contreras, Jhon Jairo García, Jonathan Snith Aria, Yovani Montes, Luis Fernando Pavoni, Oscar de Jesús Pérez, entre muchos otros casos que sobrepasan la decena, hacen parte del listado de muertes por causa de las torturas, los maltratos y la desatención médica, a lo que se suma la persecución aleve contra las familias de los dirigentes revolucionarios que caen en prisión.
En las cárceles de Colombia, más de 400 prisioneros están lisiados y más de 400 están en situación de enfermos terminales, sin que se les dé el derecho a la reducción de penas.
En estas prisiones, convertidas en verdaderos basureros humanos por obra de la indolencia y la perfidia del régimen, los internos no son clasificados, alentándose de manera premeditada, que se produzcan riñas que puedan conducir a la muerte de los prisioneros de guerra y políticos, o su intimidación permanente.
Contrario a lo que contempla la Ley 65/93, de que en el tratamiento penitenciario, las relaciones con la familia son un elemento fuerte para avanzar en el proceso re-socializador, estos penales han sido diseñados para hacer que se pierda el núcleos familiar, ya que por potestad del INPEC se les ubica deliberadamente a 4, 6, 10 y hasta 24 horas de distancia de sus regiones de origen. La posibilidad de que puedan ver a sus seres queridos y familiares es remota.
Sedentarismo al 100%, estafa en el uso de la telefonía, privación de la información, traslados en condiciones de animales y el hacinamiento más inhumano imaginable de hasta el 500% en cárceles como Bellavista. En Riohacha la capacidad es de 100 reclusos y el número existente es de 512, en La Modelo el cupo es de 2950, pero concentra a 7965 reclusos. En la cárcel la Tramacúa de Valledupar, a 40 grados de temperatura, 1350 prisioneros se ahogan de calor; en el mejor de los casos, solamente durante 15 minutos del día tienen posibilidad de acceder al agua. Son estas violaciones a los derechos humanos, flagrantes, descaradas y perversas que comete el gobierno sin que se le vea intención alguna de rectificación.
Pedimos al gobierno comprometerse a no continuar con la perfidia de dejar que las lesiones de los heridos de guerra terminen en inmovilidad y pérdida física o funcional de sus miembros. Solicitamos la libertad a los enfermos terminales y con cáncer.
Pedimos al gobierno declarar el estado de emergencia sanitaria y humanitaria para las cárceles del país, permitir la veeduría pública, sin secretos ni ocultamientos y tomar medidas de emergencia que al menos evite la muerte de los prisioneros que se encuentran en situación de salud extrema.
Pedimos al gobierno que si existe un ápice de humanidad y seriedad, responda ante la opinión nacional por las denuncias que estamos haciendo.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FUERZAS ARMADAS REVOLCUIONARIAS DE COLOMBIA, EJÉRCITO DEL PUEBLO (FARC-EP).
En agosto de 2012, los prisioneros de Guerra de la Cárcel La Dorada (Caldas), explicaron a la opinión nacional que en el lapso de tres meses habían muerto tres internos en ese sitio de reclusión. La desatención médica los mató sin piedad. Ellos eran JAMES ALBERTO GIRALDO CHIQUITO, fallecido el 8 de mayo; LUIS CARLOS FLORES VILLAREAL, fallecido el 17 de agosto y WENLLY ALEXANDER ZULETA MURIEL, quien fue asesinado el 8 de agosto. Wenlly murió como consecuencia de 59 puñaladas que le propinó otro interno estando a dos metros del puesto de guardia de la penitenciaría.
Alrededor de 9500 prisioneros políticos viven el calvario del sistema penitenciario colombiano, que en realidad se ha convertido en un laberinto de torturas, vejaciones y muerte para los reclusos de cualquier índole. El 90% de los prisioneros políticos son actores civiles encarcelados con la intención inocultable de desmantelar las organizaciones populares y aplastar la inconformidad popular frente a la injusticia social que existe en Colombia. El 10% restante son prisioneros políticos y de guerra sometidos a la utilización del sistema judicial y penitenciario como arma contra-insurgente de disuasión y castigo.
El panorama carcelario es de hacinamiento, fetidez, suicidios, enfermedades infecciosas, asesinatos a manos de la guardia como el denunciado por los internos del patio 7 de la cárcel de la Dorada en octubre de 2011 (el victimario fue el Dragoneante GALLO), prisioneros ciegos, lisiados, paralíticos, o muertos a causa de la desatención médica que no se resuelve ni con el recurso de tutela porque los jueces no sancionan los desacatos.
Impera la iniquidad expresa en desatención médica, encalabozamientos colectivos hasta por setenta y dos horas, hambre, garrote, gases lacrimógenos al granel, vejámenes y humillaciones, violación del debido proceso, en medio de un peligroso contubernio criminal armado entre el INPEC dirigido por el sórdido General Ricaurte Tapias, la Procuraduría, Jueces y Fiscales, sin que exista la opción de la denuncia en la medida en que casi el 100% de las quejas de los reclusos son engavetadas con el argumento de que no existen méritos para adelantar investigaciones.
En enero 8 de 2011 José Albeiro Manjarrez murió en su celda devorado por un cáncer de estomago. Ningún recurso, ni siquiera el de la huelga de sus compañeros de prisión le bastó al INPEC para que propiciara su atención médica. Luego de su muerte lo inscribieron como NN en la morgue aunque tuviesen los datos precisos de sus familiares y amigos. Nunca les informaron de su deceso.
Nombres como el de Arcecio Lemus, Ricardo Contreras, Jhon Jairo García, Jonathan Snith Aria, Yovani Montes, Luis Fernando Pavoni, Oscar de Jesús Pérez, entre muchos otros casos que sobrepasan la decena, hacen parte del listado de muertes por causa de las torturas, los maltratos y la desatención médica, a lo que se suma la persecución aleve contra las familias de los dirigentes revolucionarios que caen en prisión.
En las cárceles de Colombia, más de 400 prisioneros están lisiados y más de 400 están en situación de enfermos terminales, sin que se les dé el derecho a la reducción de penas.
En estas prisiones, convertidas en verdaderos basureros humanos por obra de la indolencia y la perfidia del régimen, los internos no son clasificados, alentándose de manera premeditada, que se produzcan riñas que puedan conducir a la muerte de los prisioneros de guerra y políticos, o su intimidación permanente.
Contrario a lo que contempla la Ley 65/93, de que en el tratamiento penitenciario, las relaciones con la familia son un elemento fuerte para avanzar en el proceso re-socializador, estos penales han sido diseñados para hacer que se pierda el núcleos familiar, ya que por potestad del INPEC se les ubica deliberadamente a 4, 6, 10 y hasta 24 horas de distancia de sus regiones de origen. La posibilidad de que puedan ver a sus seres queridos y familiares es remota.
Sedentarismo al 100%, estafa en el uso de la telefonía, privación de la información, traslados en condiciones de animales y el hacinamiento más inhumano imaginable de hasta el 500% en cárceles como Bellavista. En Riohacha la capacidad es de 100 reclusos y el número existente es de 512, en La Modelo el cupo es de 2950, pero concentra a 7965 reclusos. En la cárcel la Tramacúa de Valledupar, a 40 grados de temperatura, 1350 prisioneros se ahogan de calor; en el mejor de los casos, solamente durante 15 minutos del día tienen posibilidad de acceder al agua. Son estas violaciones a los derechos humanos, flagrantes, descaradas y perversas que comete el gobierno sin que se le vea intención alguna de rectificación.
Pedimos al gobierno comprometerse a no continuar con la perfidia de dejar que las lesiones de los heridos de guerra terminen en inmovilidad y pérdida física o funcional de sus miembros. Solicitamos la libertad a los enfermos terminales y con cáncer.
Pedimos al gobierno declarar el estado de emergencia sanitaria y humanitaria para las cárceles del país, permitir la veeduría pública, sin secretos ni ocultamientos y tomar medidas de emergencia que al menos evite la muerte de los prisioneros que se encuentran en situación de salud extrema.
Pedimos al gobierno que si existe un ápice de humanidad y seriedad, responda ante la opinión nacional por las denuncias que estamos haciendo.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FUERZAS ARMADAS REVOLCUIONARIAS DE COLOMBIA, EJÉRCITO DEL PUEBLO (FARC-EP).