Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Fecha
1997-04-15
Categoría
Comunicado
Riesgos y peligros para la democracia y la paz: este es un momento crucial
RIESGOS Y PELIGROS PARA LA DEMOCRACIA Y LA PAZ: ESTE ES UN MOMENTO CRUCIAL
Declaración Política de URNG
Es indispensable reafirmar el proceso de paz. No olvidar el pasado. Cimentarse en sus orígenes. Remarcar sus objetivos. Vivimos un momento crucial: los primeros pasos de la implementación y cumplimiento de los acuerdos, pueden marcar su futuro, llevar adelante el proyecto de manera coherente y exitosa o desnaturalizarlo, quitándole su contenido.
Con gran preocupación planteamos ante el Gobierno de la Republica, la opinión pública del país y la comunidad internacional, una reflexión a fondo con el propósito de aportar mejores soluciones y preservar el proceso, que corre riesgos y peligros.
Las negociaciones de paz de Guatemala fueron un caso inédito al ir plasmando en sus acuerdos, aspectos que no solían incorporarse para poner fin a un enfrentamiento armado. Su gran virtud fue comprender que sin ir a las causas que motivaban la guerra no era posible su solución y lograr una paz firme y duradera.
Su esencia esta en el contenido económico, político, social, étnico e histórico de los acuerdos que, en su conjunto, constituyen la plataforma de un acuerdo nacional y el gran compromiso de toda la sociedad para llevarlo adelante.
Los acuerdos de paz tienen objetivos claros y definidos y su implementación debe producir efectos concretos para estabilizar económica, política, social y culturalmente al país, alcanzar la democratización plena, la modernización del Estado y sus instituciones, impulsar los cambios y adoptar medidas en beneficio de la población.
El cumplimiento es lo esencial
La fase de implementación y ejecución de los acuerdos es ahora lo esencial. De nada hubiera servido firmar la paz en las condiciones que se hizo si en el momento de su concreción esta se diluye. Los intereses que se oponían a la firma de la paz siguen presentes y ejercen presiones para que esta no se concrete.
Es perceptible como después del 29 de diciembre, estas presiones se manifiestan con más fuerza, tienden a crear un clima de inestabilidad política en el país y fomentan el crimen organizado.
Por otra parte hay quienes tratan de incidir negativamente en el desarrollo del proceso así como también a inducir medidas de carácter económico y social que son contradictorias con el espíritu y objetivo del acuerdo de paz.
Preocupa hondamente que la imagen que se transmite a la opinión publica sobre el proceso de paz se limite a los temas de la concentración y desmovilización de las fuerzas de URNG, de manera negativa creando confusión y dudas en la población y si como que con esto culminara el proceso de paz y no como lo que debería ser: el inicio de una nueva época de transformaciones y concreciones en el mas amplio espacio.
Se trata de disminuir la importancia del proceso de paz y, entre otras cosas restándole protagonismo a las instancias que tienen que ver con el cumplimiento de los acuerdos de paz, limitando sus funciones y proyección. Esto ha sucedido con la Comisión de Acompañamiento y con la incorporación de URNG a la vida política del país.
En lo político, el ambiente de concertación y dialogo se ha ido reduciendo, dando paso a una situación de tensión. Ello, no ayuda. Más bien, dificulta llevar adelante un proceso que debe basarse esencialmente en el entendimiento con diferentes actores.
Ha contribuido también a generar un clima de aislamiento y desgaste para el gobierno, las precipitaciones legislativas, limitándole las posibilidades de apoyos más amplios y necesarios.
En tanto la situación económica de grandes sectores de la población se deteriora, las políticas económicas que se están impulsando entran cada vez más en contradicción con el espíritu de los acuerdos y comprometen el futuro del país.
No es compatible con una visión de desarrollo equilibrado, plasmado a lo largo de todos los acuerdos, la liberación de precios de los productos básicos y de los combustibles, asi como el incremento de las tarifas de los servicios. Ello produce indefectiblemente un alza en el costo de la vida y una mayor pauperización de los sectores mayoritarios.
Entra en contradicción con la definición sobre el papel rector del Estado en relación a los servicios públicos, el código de salud que se promueve y el esquema de patronatos a los hospitales que se propugna. Las reformas a la seguridad social no garantizan los derechos de retiro en condiciones de equidad.
Para lograr una meta que promueva el pleno empleo, el Estado debe garantizar la seguridad y estabilidad en el trabajo, y una política salarial justa y flexible.
El papel del Estado
A lo largo de los acuerdos, pero muy especialmente en el socioeconómico, se asentó que las debilidades del Estado para poder cumplir con sus funciones, están en la carencia de recursos económicos motivada por una estructura económica productiva obsoleta y un sistema impositivo en general con enormes incapacidades de recaudación, la evasión de los impuestos y una tabla fiscal que no corresponde la realidad y a los preceptos constitucionales.
Los anteriores gobiernos sucumbieron ante estos problemas y recurrieron al expediente de generar una deuda interna con objeto de cubrir sus déficits presupuestarios. Esto ha generado un enorme lastre que día a día se va incrementando, absorbiendo solo para el pago de intereses, más del cincuenta por ciento de los recursos del Estado, razón por la cual no hay posibilidades de ninguna inversión.
La evasión de impuestos y la incapacidad del Estado para garantizar su recaudación, son uno de los problemas centrales. Mientras esto no se resuelva, cualquier otra solución que se busque será transitoria y producirá efectos de agravamiento al mediano plazo.
Lo hecho en esta dirección es insuficiente y es insostenible que se recurra como solución para cubrir la deuda interna, a la venta de los activos del Estado en forma precipitada y riesgosa.
Los activos del Estado constituyen una riqueza que es propiedad de la nación, y deben conservarse para convertirles en rentables. Su liquidación no debe hacerse con criterios de emergencia para salvar una situación de déficit. El uso de ellos debe hacerse de manera muy meditada, salvaguardando lo más posible esa riqueza y los recursos que de ellas se obtengan.
No es justificable la enajenación de los activos del Estado para evadir una reforma impositiva que es urgente y necesaria para sentar las bases de una sociedad moderna y mas equitativa. Tampoco es conveniente venderlos sin salvaguardar una parte de esa riqueza. Las condiciones en que cualquier operación de esta naturaleza se realice, son necesarias de reglamentar y definir muy claramente para que se van a usar y a quienes deben beneficiar.
La ley de contratación y venta de bienes del Estado, recién aprobada, no llena las condiciones idóneas. Más bien, permite una aplicación que puede en el futuro ser dañina a la economía del país.
Debe considerarse y analizar otra solución para cubrir la deuda interna y cumplirse con el espíritu y la letra de los acuerdos en cuanto a lo impositivo para llegar a una solución de fondo. Hacer lo contrario, le quitaría sustento y afectaría el proyecto de paz y el desarrollo de la democracia.
El proceso de paz, con su característica agenda, tiene una coherencia y concordancia en todos los aspectos y con todas las medidas que se tomen. Por lo mismo, es el proceso de paz lo principal y alrededor de lo que deben ser todos los esfuerzos gubernamentales y de los diferentes sectores de la sociedad.
No puede existir una agenda propia del Gobierno que entre en contraposición con los objetivos y el sentido de la paz. De cierta forma es lo que empieza a suceder. Tampoco debe aplicarse una política de ajuste estructural que entraría, con sus efectos de shock, en contradicción evidente con el contenido de los acuerdos.
Un gran esfuerzo y desafío
Estamos pues en un momento crucial. Es necesario hacer un gran esfuerzo encaminado a restablecer un ambiente de concertación y confianza, de convergencia y concordancia. Reafirmar el contenido del proceso de paz para preservarlo y profundizarlo.
La desestabilización afecta seriamente la seguridad ciudadana. Hay que fortalecer, siguiendo los principios y las normas establecidas en los acuerdos, el papel de las fuerzas de seguridad, el respeto a los derechos humanos y la correcta y debida aplicación de la justicia.
A noventa días del inicio del cumplimiento de los acuerdos, la paz confronta riesgos y peligros. Pero no son fatales. Pueden superarse si se mantiene la voluntad política que permitió llegar a la firma de la paz, abriendo cauces para la efectiva continuidad del dialogo y la concertación. Resistir las presiones, apoyándose en los sectores que desean y quieren un nuevo país.
El compromiso de la sociedad guatemalteca sigue vigente. La responsabilidad del Gobierno es muy grande y decisiva. URNG como fuerza política legal encaminada a constituirse en partido y, en tanto parte de la negociación, seguirá expresando con claridad sus preocupaciones y positivamente manifiesta su disposición de buscar las mejores soluciones.
INSTANCIA DE COORDINACION Y CONDUCCION DE LA DIRECCION NACIONAL PROVISIONAL DE URNG
Ricardo RAMIREZ DE LEON
Rolando Moran
Jorge Ismael SOTO GARCIA
Pablo Monsanto
Rodrigo ASTURIAS AMADO
Gaspar Ilom
Ricardo ROSALES ROMAN
Carlos Gonzales
15 de abril de 1997
Declaración Política de URNG
Es indispensable reafirmar el proceso de paz. No olvidar el pasado. Cimentarse en sus orígenes. Remarcar sus objetivos. Vivimos un momento crucial: los primeros pasos de la implementación y cumplimiento de los acuerdos, pueden marcar su futuro, llevar adelante el proyecto de manera coherente y exitosa o desnaturalizarlo, quitándole su contenido.
Con gran preocupación planteamos ante el Gobierno de la Republica, la opinión pública del país y la comunidad internacional, una reflexión a fondo con el propósito de aportar mejores soluciones y preservar el proceso, que corre riesgos y peligros.
Las negociaciones de paz de Guatemala fueron un caso inédito al ir plasmando en sus acuerdos, aspectos que no solían incorporarse para poner fin a un enfrentamiento armado. Su gran virtud fue comprender que sin ir a las causas que motivaban la guerra no era posible su solución y lograr una paz firme y duradera.
Su esencia esta en el contenido económico, político, social, étnico e histórico de los acuerdos que, en su conjunto, constituyen la plataforma de un acuerdo nacional y el gran compromiso de toda la sociedad para llevarlo adelante.
Los acuerdos de paz tienen objetivos claros y definidos y su implementación debe producir efectos concretos para estabilizar económica, política, social y culturalmente al país, alcanzar la democratización plena, la modernización del Estado y sus instituciones, impulsar los cambios y adoptar medidas en beneficio de la población.
El cumplimiento es lo esencial
La fase de implementación y ejecución de los acuerdos es ahora lo esencial. De nada hubiera servido firmar la paz en las condiciones que se hizo si en el momento de su concreción esta se diluye. Los intereses que se oponían a la firma de la paz siguen presentes y ejercen presiones para que esta no se concrete.
Es perceptible como después del 29 de diciembre, estas presiones se manifiestan con más fuerza, tienden a crear un clima de inestabilidad política en el país y fomentan el crimen organizado.
Por otra parte hay quienes tratan de incidir negativamente en el desarrollo del proceso así como también a inducir medidas de carácter económico y social que son contradictorias con el espíritu y objetivo del acuerdo de paz.
Preocupa hondamente que la imagen que se transmite a la opinión publica sobre el proceso de paz se limite a los temas de la concentración y desmovilización de las fuerzas de URNG, de manera negativa creando confusión y dudas en la población y si como que con esto culminara el proceso de paz y no como lo que debería ser: el inicio de una nueva época de transformaciones y concreciones en el mas amplio espacio.
Se trata de disminuir la importancia del proceso de paz y, entre otras cosas restándole protagonismo a las instancias que tienen que ver con el cumplimiento de los acuerdos de paz, limitando sus funciones y proyección. Esto ha sucedido con la Comisión de Acompañamiento y con la incorporación de URNG a la vida política del país.
En lo político, el ambiente de concertación y dialogo se ha ido reduciendo, dando paso a una situación de tensión. Ello, no ayuda. Más bien, dificulta llevar adelante un proceso que debe basarse esencialmente en el entendimiento con diferentes actores.
Ha contribuido también a generar un clima de aislamiento y desgaste para el gobierno, las precipitaciones legislativas, limitándole las posibilidades de apoyos más amplios y necesarios.
En tanto la situación económica de grandes sectores de la población se deteriora, las políticas económicas que se están impulsando entran cada vez más en contradicción con el espíritu de los acuerdos y comprometen el futuro del país.
No es compatible con una visión de desarrollo equilibrado, plasmado a lo largo de todos los acuerdos, la liberación de precios de los productos básicos y de los combustibles, asi como el incremento de las tarifas de los servicios. Ello produce indefectiblemente un alza en el costo de la vida y una mayor pauperización de los sectores mayoritarios.
Entra en contradicción con la definición sobre el papel rector del Estado en relación a los servicios públicos, el código de salud que se promueve y el esquema de patronatos a los hospitales que se propugna. Las reformas a la seguridad social no garantizan los derechos de retiro en condiciones de equidad.
Para lograr una meta que promueva el pleno empleo, el Estado debe garantizar la seguridad y estabilidad en el trabajo, y una política salarial justa y flexible.
El papel del Estado
A lo largo de los acuerdos, pero muy especialmente en el socioeconómico, se asentó que las debilidades del Estado para poder cumplir con sus funciones, están en la carencia de recursos económicos motivada por una estructura económica productiva obsoleta y un sistema impositivo en general con enormes incapacidades de recaudación, la evasión de los impuestos y una tabla fiscal que no corresponde la realidad y a los preceptos constitucionales.
Los anteriores gobiernos sucumbieron ante estos problemas y recurrieron al expediente de generar una deuda interna con objeto de cubrir sus déficits presupuestarios. Esto ha generado un enorme lastre que día a día se va incrementando, absorbiendo solo para el pago de intereses, más del cincuenta por ciento de los recursos del Estado, razón por la cual no hay posibilidades de ninguna inversión.
La evasión de impuestos y la incapacidad del Estado para garantizar su recaudación, son uno de los problemas centrales. Mientras esto no se resuelva, cualquier otra solución que se busque será transitoria y producirá efectos de agravamiento al mediano plazo.
Lo hecho en esta dirección es insuficiente y es insostenible que se recurra como solución para cubrir la deuda interna, a la venta de los activos del Estado en forma precipitada y riesgosa.
Los activos del Estado constituyen una riqueza que es propiedad de la nación, y deben conservarse para convertirles en rentables. Su liquidación no debe hacerse con criterios de emergencia para salvar una situación de déficit. El uso de ellos debe hacerse de manera muy meditada, salvaguardando lo más posible esa riqueza y los recursos que de ellas se obtengan.
No es justificable la enajenación de los activos del Estado para evadir una reforma impositiva que es urgente y necesaria para sentar las bases de una sociedad moderna y mas equitativa. Tampoco es conveniente venderlos sin salvaguardar una parte de esa riqueza. Las condiciones en que cualquier operación de esta naturaleza se realice, son necesarias de reglamentar y definir muy claramente para que se van a usar y a quienes deben beneficiar.
La ley de contratación y venta de bienes del Estado, recién aprobada, no llena las condiciones idóneas. Más bien, permite una aplicación que puede en el futuro ser dañina a la economía del país.
Debe considerarse y analizar otra solución para cubrir la deuda interna y cumplirse con el espíritu y la letra de los acuerdos en cuanto a lo impositivo para llegar a una solución de fondo. Hacer lo contrario, le quitaría sustento y afectaría el proyecto de paz y el desarrollo de la democracia.
El proceso de paz, con su característica agenda, tiene una coherencia y concordancia en todos los aspectos y con todas las medidas que se tomen. Por lo mismo, es el proceso de paz lo principal y alrededor de lo que deben ser todos los esfuerzos gubernamentales y de los diferentes sectores de la sociedad.
No puede existir una agenda propia del Gobierno que entre en contraposición con los objetivos y el sentido de la paz. De cierta forma es lo que empieza a suceder. Tampoco debe aplicarse una política de ajuste estructural que entraría, con sus efectos de shock, en contradicción evidente con el contenido de los acuerdos.
Un gran esfuerzo y desafío
Estamos pues en un momento crucial. Es necesario hacer un gran esfuerzo encaminado a restablecer un ambiente de concertación y confianza, de convergencia y concordancia. Reafirmar el contenido del proceso de paz para preservarlo y profundizarlo.
La desestabilización afecta seriamente la seguridad ciudadana. Hay que fortalecer, siguiendo los principios y las normas establecidas en los acuerdos, el papel de las fuerzas de seguridad, el respeto a los derechos humanos y la correcta y debida aplicación de la justicia.
A noventa días del inicio del cumplimiento de los acuerdos, la paz confronta riesgos y peligros. Pero no son fatales. Pueden superarse si se mantiene la voluntad política que permitió llegar a la firma de la paz, abriendo cauces para la efectiva continuidad del dialogo y la concertación. Resistir las presiones, apoyándose en los sectores que desean y quieren un nuevo país.
El compromiso de la sociedad guatemalteca sigue vigente. La responsabilidad del Gobierno es muy grande y decisiva. URNG como fuerza política legal encaminada a constituirse en partido y, en tanto parte de la negociación, seguirá expresando con claridad sus preocupaciones y positivamente manifiesta su disposición de buscar las mejores soluciones.
INSTANCIA DE COORDINACION Y CONDUCCION DE LA DIRECCION NACIONAL PROVISIONAL DE URNG
Ricardo RAMIREZ DE LEON
Rolando Moran
Jorge Ismael SOTO GARCIA
Pablo Monsanto
Rodrigo ASTURIAS AMADO
Gaspar Ilom
Ricardo ROSALES ROMAN
Carlos Gonzales
15 de abril de 1997