Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Fecha
2013-05-12
Categoría
Comunicado
Carta abierta a la dirigencia de la ACIN, el CRIC y a los pueblos indígenas
CARTA ABIERTA A LA DIRIGENCIA DE LA ACIN, EL CRIC Y A LOS PUEBLOS INDÍGENAS
Señores voceros de la Asociación de cabildos indígenas del Norte del Cauca y el consejo regional indígena del Cauca. El Bloque Occidental Comandante Alfonso Cano de las FARC EP, en relación con los sucesos del 28 y el 29 de Abril de 2013 en San Francisco Toribio nos permitimos hacer las siguientes precisiones.
1. Las FARC-EP desde su nacimiento ha estado comprometida con las luchas populares, incluida la justa y valerosa lucha indígena por la tierra, encarnada por importantes representantes de su etnia a lo largo de la historia, entre ellos José Gonzalo Sánchez, Manuel Quintín Lame, Eutiquio Timoté, Juan De la Cruz Perafán, Álvaro Ulcué Chocué y Avelino Ul, entre otros.
2. Esta política está consagrada de la siguiente manera en el punto 6 del programa Agrario del movimiento guerrillero, firmado el 20 de Julio de 1964: “se protegerán las comunidades indígenas otorgándoles tierras auto suficientes para su desarrollo, devolviéndoles las que le han usurpado los latifundistas y modernizando sus sistemas de cultivo […] las comunidades indígenas gozaran de todos los beneficios de la reforma agraria revolucionaria. Al mismo tiempo se estabilizara la organización autónoma de las comunidades, respetando sus cabildos, sus formas de vida interna, su cultura, su lengua propia y sus formas de organización”.
3. Las políticas de las FARC EP en favor del pueblo colombiano guardan coherencia con los principios revolucionarios y con las conclusiones emanadas de nuestras conferencias y plenos del Estado Mayor Central, así como con las disposiciones y orientaciones del Secretariado Nacional. Rechazamos enfáticamente la calumniosa, pérfida y provocadora sindicación al Comandante Matías de estar desarrollado un “plan sistemático de exterminio físico y cultural del movimiento indígena colombiano. Nunca han respondido al capricho y querer de determinados comandantes, como lo sugiere el comunicado de la ACIN y CRIC leído el 29 de abril de 2013, con ocasión del juicio adelantado contra seis comuneros del resguardo de San Francisco.
4. Nos mantenemos fieles a los principios del respeto a los intereses de las comunidades; a la defensa de los intereses de los pueblos indígenas, amenazados por la cultura mercantilista del capitalismo, por las políticas neoliberales promovidas por el Estado, por las trasnacionales que codician las riquezas de esos territorios; al rechazo al paramilitarismo; y a la confrontación de la fuerza pública, que viola los derechos humanos a los comuneros y comuneras, haciendo que organicen las redes de sapos, y sirve de avanzada de las multinacionales que tiene como mira el campo colombiano.
5. Hoy como en todas las épocas, el movimiento popular, y en particular el movimiento indígena es traicionado por algunos de sus dirigentes que dejan de lado el sentir y las aspiraciones de las comunidades humildes, para plegarse al Estado, adquiriendo compromisos con organismos de seguridad y, en ocasiones, con el paramilitarismo. Es el caso del señor Alcibíades Ulcué quien, como ha sido de amplio conocimiento público, entregaba a los paramilitares dineros destinados a resolver los problemas de salud de las comunidades indígenas mientras estuvo presidiendo la dirección de la empresa de Salud de los pueblos indígenas (AIC). En la actualidad es quien facilita el reclutamiento de jóvenes y mayores NASA para vincularlos a la guerra como informantes del ejército en los territorios indígenas.
6. Resultados de esta política es el “juicio” adelantados el 29 de Abril en el resguardo de San Francisco en contra de 6 comuneros indígenas y los pronunciamientos verbales y escritos hechos con ocasión del mismo. En el juzgamiento resultaron condenados a 40 años de cárcel 3 comuneros indígenas de manera injusta (sin pruebas y sin garantizarles plenamente el derecho a la defensa). Este veredicto emitido por un grupo minúsculo en una asamblea manipulada por la ACIN y la “amenaza” de detener a milicianos y guerrilleros para entregarlos al INPEC y hacer que purguen largas condenas en las cárceles del régimen, le mereció al señor Feliciano Valencia el reconocimiento y felicitación publica por parte del comandante de la 3 división del ejército. Justamente, el ejército y los organismos de inteligencia del Estado tienen en la actual dirigencia de la ACIN una eficaz avanzada contrainsurgente.
7. Ante esta situación y el propósito expreso de los dirigentes de la ACIN de continuar con la requerida política de persecución a los revolucionarios, hemos dado la orden a todos los milicianos y guerrilleros de no dejarse capturar ni desarmar por las guardias indígenas. Hacemos desde ahora responsables de las consecuencias que acarreen los intentos de detención, juzgamiento y desarme a las dirigencias de la ACIN y el CRIC.
8. Hacemos un llamado a las autoridades indígenas que aún les queda sensatez y no se han comprometido con los organismos de seguridad del Estado, a que reflexionen en bien de las comunidades y asuman posiciones consecuentes con sus intereses, dejando de lado el discurso y la actitud belicista y macartista contra sus propios hermanos, y buscando la unidad y el reconocimiento como sujetos de derecho a todos los comuneros NASA, para luchar mancomunadamente contra las injusticias de que han sido víctimas por quienes detentan el poder desde siglos.
9. Reiteramos el respeto a los principios de unidad, territorio, cultura y autonomía; nos solidarizamos con las reivindicaciones de las comunidades indígenas; reafirmamos nuestra voluntad por atender y solucionar de manera dialogada las dificultades que se puedan presentar entre nosotros y la comunidad indígena.
10. El conflicto armado colombiano tiene cobertura nacional, con raíces en la problemática social, y por tanto la solución del mismo debe ser también nacional. En consecuencia mientras el conflicto no se resuelva ni se cambien las estructuras económicas, el régimen político ni las políticas de despojo articuladas al modelo agro industrial y extractivo destinado a la exportación que tiene el gobierno para el campo colombiano, tampoco los indígenas, como ningún otro sector popular podrán resolver su problemática de forma estructural.
11. Nuestra presencia no representa una amenaza para los intereses de los pueblos indígenas. La aplicación de las normas que rigen la actividad de los guerrilleros de la FARC protege a las comunidades indígenas, campesinas y afros. Mantenemos nuestro espíritu unitario y nuestra disposición de lograr acuerdos concertados porque estamos convencidos que es el pueblo el mayor afectado por los enfrentamientos entre organizaciones populares.
12. Nuestra lucha armada es histórica y ha sido sostenida por la vinculación a nuestra organización de campesinos, indígenas, afros y mestizos; toda una amalgama de pueblo con su esfuerzo y sangre ha contribuido al logro de buena parte de las reivindicaciones del movimiento popular. Como forma de lucha asumida por el pueblo colombiano, y en particular por el pueblo NASA, debe ser respetada por quienes también se proclaman luchadores populares.
13. Mantenemos nuestra disposición de dialogar con las autoridades indígenas que tengan legitimidad en sus bases, en un espíritu de mutuo respeto, con el objetivo de superar de manera concertada las contradicciones y de llegar a un acuerdo en relación con la humanización de la guerra.
Bloque Occidental Comandante Alfonso Cano
Compañías del Suroccidente Colombiano.
Mayo de 2013
Señores voceros de la Asociación de cabildos indígenas del Norte del Cauca y el consejo regional indígena del Cauca. El Bloque Occidental Comandante Alfonso Cano de las FARC EP, en relación con los sucesos del 28 y el 29 de Abril de 2013 en San Francisco Toribio nos permitimos hacer las siguientes precisiones.
1. Las FARC-EP desde su nacimiento ha estado comprometida con las luchas populares, incluida la justa y valerosa lucha indígena por la tierra, encarnada por importantes representantes de su etnia a lo largo de la historia, entre ellos José Gonzalo Sánchez, Manuel Quintín Lame, Eutiquio Timoté, Juan De la Cruz Perafán, Álvaro Ulcué Chocué y Avelino Ul, entre otros.
2. Esta política está consagrada de la siguiente manera en el punto 6 del programa Agrario del movimiento guerrillero, firmado el 20 de Julio de 1964: “se protegerán las comunidades indígenas otorgándoles tierras auto suficientes para su desarrollo, devolviéndoles las que le han usurpado los latifundistas y modernizando sus sistemas de cultivo […] las comunidades indígenas gozaran de todos los beneficios de la reforma agraria revolucionaria. Al mismo tiempo se estabilizara la organización autónoma de las comunidades, respetando sus cabildos, sus formas de vida interna, su cultura, su lengua propia y sus formas de organización”.
3. Las políticas de las FARC EP en favor del pueblo colombiano guardan coherencia con los principios revolucionarios y con las conclusiones emanadas de nuestras conferencias y plenos del Estado Mayor Central, así como con las disposiciones y orientaciones del Secretariado Nacional. Rechazamos enfáticamente la calumniosa, pérfida y provocadora sindicación al Comandante Matías de estar desarrollado un “plan sistemático de exterminio físico y cultural del movimiento indígena colombiano. Nunca han respondido al capricho y querer de determinados comandantes, como lo sugiere el comunicado de la ACIN y CRIC leído el 29 de abril de 2013, con ocasión del juicio adelantado contra seis comuneros del resguardo de San Francisco.
4. Nos mantenemos fieles a los principios del respeto a los intereses de las comunidades; a la defensa de los intereses de los pueblos indígenas, amenazados por la cultura mercantilista del capitalismo, por las políticas neoliberales promovidas por el Estado, por las trasnacionales que codician las riquezas de esos territorios; al rechazo al paramilitarismo; y a la confrontación de la fuerza pública, que viola los derechos humanos a los comuneros y comuneras, haciendo que organicen las redes de sapos, y sirve de avanzada de las multinacionales que tiene como mira el campo colombiano.
5. Hoy como en todas las épocas, el movimiento popular, y en particular el movimiento indígena es traicionado por algunos de sus dirigentes que dejan de lado el sentir y las aspiraciones de las comunidades humildes, para plegarse al Estado, adquiriendo compromisos con organismos de seguridad y, en ocasiones, con el paramilitarismo. Es el caso del señor Alcibíades Ulcué quien, como ha sido de amplio conocimiento público, entregaba a los paramilitares dineros destinados a resolver los problemas de salud de las comunidades indígenas mientras estuvo presidiendo la dirección de la empresa de Salud de los pueblos indígenas (AIC). En la actualidad es quien facilita el reclutamiento de jóvenes y mayores NASA para vincularlos a la guerra como informantes del ejército en los territorios indígenas.
6. Resultados de esta política es el “juicio” adelantados el 29 de Abril en el resguardo de San Francisco en contra de 6 comuneros indígenas y los pronunciamientos verbales y escritos hechos con ocasión del mismo. En el juzgamiento resultaron condenados a 40 años de cárcel 3 comuneros indígenas de manera injusta (sin pruebas y sin garantizarles plenamente el derecho a la defensa). Este veredicto emitido por un grupo minúsculo en una asamblea manipulada por la ACIN y la “amenaza” de detener a milicianos y guerrilleros para entregarlos al INPEC y hacer que purguen largas condenas en las cárceles del régimen, le mereció al señor Feliciano Valencia el reconocimiento y felicitación publica por parte del comandante de la 3 división del ejército. Justamente, el ejército y los organismos de inteligencia del Estado tienen en la actual dirigencia de la ACIN una eficaz avanzada contrainsurgente.
7. Ante esta situación y el propósito expreso de los dirigentes de la ACIN de continuar con la requerida política de persecución a los revolucionarios, hemos dado la orden a todos los milicianos y guerrilleros de no dejarse capturar ni desarmar por las guardias indígenas. Hacemos desde ahora responsables de las consecuencias que acarreen los intentos de detención, juzgamiento y desarme a las dirigencias de la ACIN y el CRIC.
8. Hacemos un llamado a las autoridades indígenas que aún les queda sensatez y no se han comprometido con los organismos de seguridad del Estado, a que reflexionen en bien de las comunidades y asuman posiciones consecuentes con sus intereses, dejando de lado el discurso y la actitud belicista y macartista contra sus propios hermanos, y buscando la unidad y el reconocimiento como sujetos de derecho a todos los comuneros NASA, para luchar mancomunadamente contra las injusticias de que han sido víctimas por quienes detentan el poder desde siglos.
9. Reiteramos el respeto a los principios de unidad, territorio, cultura y autonomía; nos solidarizamos con las reivindicaciones de las comunidades indígenas; reafirmamos nuestra voluntad por atender y solucionar de manera dialogada las dificultades que se puedan presentar entre nosotros y la comunidad indígena.
10. El conflicto armado colombiano tiene cobertura nacional, con raíces en la problemática social, y por tanto la solución del mismo debe ser también nacional. En consecuencia mientras el conflicto no se resuelva ni se cambien las estructuras económicas, el régimen político ni las políticas de despojo articuladas al modelo agro industrial y extractivo destinado a la exportación que tiene el gobierno para el campo colombiano, tampoco los indígenas, como ningún otro sector popular podrán resolver su problemática de forma estructural.
11. Nuestra presencia no representa una amenaza para los intereses de los pueblos indígenas. La aplicación de las normas que rigen la actividad de los guerrilleros de la FARC protege a las comunidades indígenas, campesinas y afros. Mantenemos nuestro espíritu unitario y nuestra disposición de lograr acuerdos concertados porque estamos convencidos que es el pueblo el mayor afectado por los enfrentamientos entre organizaciones populares.
12. Nuestra lucha armada es histórica y ha sido sostenida por la vinculación a nuestra organización de campesinos, indígenas, afros y mestizos; toda una amalgama de pueblo con su esfuerzo y sangre ha contribuido al logro de buena parte de las reivindicaciones del movimiento popular. Como forma de lucha asumida por el pueblo colombiano, y en particular por el pueblo NASA, debe ser respetada por quienes también se proclaman luchadores populares.
13. Mantenemos nuestra disposición de dialogar con las autoridades indígenas que tengan legitimidad en sus bases, en un espíritu de mutuo respeto, con el objetivo de superar de manera concertada las contradicciones y de llegar a un acuerdo en relación con la humanización de la guerra.
Bloque Occidental Comandante Alfonso Cano
Compañías del Suroccidente Colombiano.
Mayo de 2013