Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Organización
Fecha
2013-06-01
Categoría
Comunicado
Frente de Guerra Central: Queremos la paz, sin impunidad
QUEREMOS LA PAZ, SIN IMPUNIDAD
Presidentes de la Republica, vicepresidentes, más de una docena de Generales, varias docenas de oficiales criminales de las fuerzas militares, de policía y de inteligencia en su mayoría comandantes de División y de Brigadas; docenas de alcaldes, Congresistas, concejales relacionados con paramilitares y narcotraficantes abriéndole paso a un proyecto criminal desde el Estado, con asocio de importantes y reconocidas multinacionales, y por su puesto bajo el tutelaje y la dirección de los distintos gobiernos de los Estado Unidos, garantizando por décadas la guerra contra el pueblo, con él único propósito de robarse nuestros bienes naturales e imponer su modelo de miseria y muerte hacia todo el continente, tomando como punta de lanza la patria de Gaitán, y de Camilo.
Esa es la clase política, administrativa y militar que se ha empotrado en nuestro suelo colombiano y para mantenerse se ha valido de todo tipo de artimañas; ha contado con el apoyo de sofisticado armamento, bases y tècnicas de guerra orientados por el Estado de Israel, de los estados Unidos y sus diversos aliados en el escenario mundial. Es un Estado que basa su existencia en la criminalidad y la guerra. En esta perspectiva es que debemos comprender que en Colombia exista un Narco-paramilitar-Estado, pero no entendido como lo pretendieron hacer ver en su momento los medios de desinformación en el sentido que el paramilitarismo y el narcotráfico asaltaron el Poder del Estado, sino que este último se ha valido de la droga y la guerra sucia como estrategia para mantenerse e imponer el capitalismo.
Debe decirse por tanto, que el narcotráfico no es el gran placer de unos cuantos mafiosos ambiciosos, sino un lucrativo negocio en el cual el Estado Colombiano y sus socios en el pentágono y el Gobierno Norteamericano manejan la siembra, la producción, el suministro de insumos, el transporte y la distribución de toneladas de este veneno narcótico para la juventud del planeta entero, como una forma más de sometimiento y dominación. Y no olvidemos por ello, como las calles de las principales ciudades de Estados Unidos fueron inundadas de Crack (droga que en Colombia tiene su símil en el Bazuco) en aquella época que la resistencia de las Panteras Negras amenazaba con una revolución social al país del norte. De igual manera, la conformación de grupos paramilitares obedece a un diseño pensado desde las oficinas de guerra del imperio, en cabeza por ejemplo, a mediados del siglo pasado del General Yarboroug de los Estados Unidos, enseñando acciones encubiertas y paramilitares para desarrollar masacres de quienes piensan diferente y no comparten las políticas capitalistas y sus gobiernos lacayos, como una “necesaria formula” para acallar las voces indignadas y rebeldes de millones de personas, como mecanismo para amedrentar y ejercer control social en nuestros territorios
Recordemos para que no haya lugar a duda: Presidentes de la Republica entre ellos Juan Manuel Santos con orden de captura por masacre en Ecuador, Álvaro Uribe el narcotraficante 82 y paramilitar; Andrés Pastrana quien asiló al delincuente golpista venezolano Carmona en 2002; Vicepresidente Francisco Santos promotor del bloque Capital de las AUC en Bogotá; General Mauricio Santoyo, general jefe de seguridad de la casa de Nariño, creador de la terraza, luego jefe de la oficina de Envigado y quien ordeno el asesinato de Claudia Patricia Monsalve y Ángel Quintero defensores de derechos Humanos en Antioquia ; General Jaime Humberto Uscátegui perpetrador de la masacre de Mapiripán; General Carlos Alberto Ospina, que cuando era jefe de la IV Brigada en Antioquia ejecutó la masacre del Aro y La granja; General Mario Montoya Uribe, comandante del ejército en Medellín con su operación Orión; General Alfonso Manosalva; General Hugo Aguilar paramilitar; General Álvaro Velandia Hurtado responsable de desaparición forzada, cuando fue comandante del Batallón Charry Solano; Mayor de la Policía Hector Edison Castro Corredor, masacre de Mondoñedo; Capitán Carlos Alberto Niño criminal en Soacha; Héctor Jaime Fandiño, de la masacre de San José de Apartadó; General Oscar Naranjo con vínculos con narcotraficantes ; General Rito Alejo del Río, pacificador de Urabá, época de extermino de la UP; Comandante de la Brigada XVII y paramilitar, Martín Orlando Carreño; Germán Eduardo Flórez Sánchez comandante del Gaula del Valle de Aburrá; Capitán Nelson Baracaldo Caballero, Sargento José Emiliano Piza Reyes; Sargento Arley de Jesús Durango por interceptaciones; Comandante de la XI brigada, Iván Ramírez reclutador de paramilitares; Vicealmirante Rodrigo Quiñones de la masacre El Salado en los montes de María; Alfonso Vaca Perilla y Juan Salcedo Lora de la masacre de La Rochela; Farouk Yanine desapareció decenas de gente; Miguel Antonio Beltrán Chacón, teniente coronel del Ejército, asesino de campesinos; Coronel de la policía William Alberto Montezuma, narcoparamilitar; General Ricaurte, director del inpec, protector de paramilitares; Andrés Tobón Sub Intendente de la policía narcotraficante; Jorge noguera director del DAS quien entrego a los grupos paramilitares las listas de los dirigentes sindicales y populares; Marta Leal del DAS; La protegida por el gobierno panameño, María Del Pilar Hurtado; José Miguel Narvaez, Subdirector del DAS, asesino de Manuel Cepeda Vargas y de Jaime Garzón; Enrique Ariza, Director de inteligencia; Carlos Arzayuz, subdirector de inteligencia; Rodolfo Medina Alemán subdirector de contrainteligencia; Hugo Daney Ortiz, subdirector de operaciones; Gean Carlo Auque secretario general del DAS; Luis Carlos Restrepo, prófugo; Rodrigo Bastidas supervisor de seguridad de Empresas Publicas de Medellín por interceptación; Wilder Ríos, alcalde de Ríohacha entrego los fondos de salud al paramilitarismo; Ramiro Suárez, alcalde de Cúcuta; Miguel Ángel Pérez, gobernador de Casanare; Germán Chaparro, alcalde de Villavicencio asesino de otro alcalde; Gobernador Acosta; gobernador de la Guajira, Juan Francisco Gómez, narcoparamilitar; César Pérez de la masacre de Segovia; Alejandro Char robó ayudas humanitarias; Turbay Quintero y Sandra Morelli, ladrones del erario; siete presidentes del Senado del período 2002-2012 con nexos con el paramilitarismo, dos que pasaron como Fiscales Generales de la Nación, 139 Congresistas, 20 gobernadores, ministros.
La clase mafiosa, son ladrones que han despojado de 6 millones de hectáreas a campesinos, negros e indígenas de nuestro país, convirtiéndolos en desplazados. Y para garantizar el control de las tierras arrebatadas a nuestra gente, han creado batallones de alta montaña, bases militares para salvaguardar los intereses de las multinacionales que se roban el petróleo, el carbón, el oro y todos nuestros bienes naturales, para eso es el control de las armas por parte del Estado y en esto ponen como carne de cañón a soldados y policías en una guerra que no es su guerra.
La aplicación sistemática de esta estrategia criminal ha dejado un número de víctimas mortales que se cuentan por millones; el gobierno tiene centenares de secuestrados en sus mazmorras, miles de ejecuciones, 60.000 desapariciones forzadas, miles de atentados, de mutilados y asesinados por el ESMAD, 4.800 homicidios cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. Es entonces un Estado terrorista, represor, narcoparamilitar, criminal, que no ha permitido que opositor alguno, ni los movimientos políticos y sociales consoliden un proyecto alternativo desde los concejos municipales, ni alcaldías, gobernaciones, ni desde la cámara de representantes o el senado de la república, mucho menos desde la Presidencia de la República. Por eso el exterminio de la UP, de A luchar, del Frente Popular; han asesinado entre otros a Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo, Manuel Cepeda, José Antequera, Carlos Pizarro León Gómez., además de miles de luchadores y luchadoras sociales. Y cuando en algún momento de nuestra maltratada historia ha aparecido un liderazgo que logra ocupar un cargo de elección popular y que amenaza los intereses del capital, no solo las balas han sido la respuesta, también la persecución política, la criminalización y la judicialización. Los montajes, las tácticas de desprestigio y divisionismo han sido parte del recetario aprendido por la oligarquía colombiana para frenar y mutilar los sueños de un país en paz de justicia y equidad.
El gobierno de Juan Manuel Santos insiste en el fuero penal militar para cubrirse en la trinchera de la impunidad. No renuncian a su explotación, no reducen el gasto militar, un 5 % de esa clase es dueña del 60% de la tierra. Para su protección cuentan con 438.000 soldados y policías, es decir tiene 881 soldados y policías por cada 100.000 habitantes, muy por encima de Brasil que dispone de 384 hombres por cada cien mil habitantes. Solo el 2012, se efectuaron 160 atentados contra defensores de derechos humanos y líderes sindicales, y fueron asesinados 60 líderes sociales, ocupando Colombia el primer lugar en asesinatos de líderes sindicales. El desplazamiento de 2008 a 2011 sobrepasó el millón de personas.
Ahora, pese a esta realidad latente y desgarradora, el actual gobierno habla y se autoproclama el garante de la Paz y genera un proceso, donde ninguna de sus políticas puede ser cuestionada y mucho menos está sometida a ser cambiada y aún así pretenden que la lucha insurgente termine, sin garantías, sin posibilidades reales de participación política, pero peor aún sin cambios estructurales en el modelo económico, político social y militar y negando de tajo que el papel fundamental en la construcción de la Paz le corresponde al pueblo.
Esta es la clase política, mafiosa y criminal que no debemos dejar pasar a la impunidad.
Bienvenidos entonces a subirse al bus de la paz, sin impunidad.
Claro que queramos dejar las armas, continuamos con ellas, no por opción sino por imposición, pues nuestra historia como Ejercito de Liberación Nacional ha demostrado que no tenemos una postura guerrerista, que hemos insistido desde hace ya muchas décadas, en buscar una salida política al conflicto social y armado y en ese sentido, dejamos las armas en la medida en que todos los colombianos vamos eliminando las causas que nos han llevado a la rebeldía.
El ELN se aproxima al medio siglo de existencia, tenemos un híbrido de tres generaciones, desde compañeros que permanecen desde su nacimiento, hasta los jóvenes de éste siglo. No buscamos ningún privilegio para nosotros como individuos, ni para la organización, somos una propuesta, somos una opción de vida y como tal somos pasajeros, pervive es el ideal, el anhelo de buen vivir. Queremos es una nueva sociedad, que el pueblo tenga vida digna, paz y equidad. Ya hacemos parte de esta historia por eso es que hemos hecho la propuesta de Convención Nacional.
La Convención nacional quiere decir el pueblo en acción, en las calles, en las escuelas, en las veredas, en los campos, en las cárceles, en las universidades, en los sindicatos, en los barrios; con los movimientos sociales, los sectores excluidos, marginados buscando salidas a la crisis alimentaría, social y humanitaria, trabajando sin desfallecer por edificar un gobierno de nación, paz y equidad donde valga la pena vivir y recrear la vida a diario.
COLOMBIA PARA LOS TRABAJADORES, NI UN PASO ATRÀS, LIBERACIÓN O MUERTE.
Dirección Frente de Guerra Central
1 de junio de 2013
Presidentes de la Republica, vicepresidentes, más de una docena de Generales, varias docenas de oficiales criminales de las fuerzas militares, de policía y de inteligencia en su mayoría comandantes de División y de Brigadas; docenas de alcaldes, Congresistas, concejales relacionados con paramilitares y narcotraficantes abriéndole paso a un proyecto criminal desde el Estado, con asocio de importantes y reconocidas multinacionales, y por su puesto bajo el tutelaje y la dirección de los distintos gobiernos de los Estado Unidos, garantizando por décadas la guerra contra el pueblo, con él único propósito de robarse nuestros bienes naturales e imponer su modelo de miseria y muerte hacia todo el continente, tomando como punta de lanza la patria de Gaitán, y de Camilo.
Esa es la clase política, administrativa y militar que se ha empotrado en nuestro suelo colombiano y para mantenerse se ha valido de todo tipo de artimañas; ha contado con el apoyo de sofisticado armamento, bases y tècnicas de guerra orientados por el Estado de Israel, de los estados Unidos y sus diversos aliados en el escenario mundial. Es un Estado que basa su existencia en la criminalidad y la guerra. En esta perspectiva es que debemos comprender que en Colombia exista un Narco-paramilitar-Estado, pero no entendido como lo pretendieron hacer ver en su momento los medios de desinformación en el sentido que el paramilitarismo y el narcotráfico asaltaron el Poder del Estado, sino que este último se ha valido de la droga y la guerra sucia como estrategia para mantenerse e imponer el capitalismo.
Debe decirse por tanto, que el narcotráfico no es el gran placer de unos cuantos mafiosos ambiciosos, sino un lucrativo negocio en el cual el Estado Colombiano y sus socios en el pentágono y el Gobierno Norteamericano manejan la siembra, la producción, el suministro de insumos, el transporte y la distribución de toneladas de este veneno narcótico para la juventud del planeta entero, como una forma más de sometimiento y dominación. Y no olvidemos por ello, como las calles de las principales ciudades de Estados Unidos fueron inundadas de Crack (droga que en Colombia tiene su símil en el Bazuco) en aquella época que la resistencia de las Panteras Negras amenazaba con una revolución social al país del norte. De igual manera, la conformación de grupos paramilitares obedece a un diseño pensado desde las oficinas de guerra del imperio, en cabeza por ejemplo, a mediados del siglo pasado del General Yarboroug de los Estados Unidos, enseñando acciones encubiertas y paramilitares para desarrollar masacres de quienes piensan diferente y no comparten las políticas capitalistas y sus gobiernos lacayos, como una “necesaria formula” para acallar las voces indignadas y rebeldes de millones de personas, como mecanismo para amedrentar y ejercer control social en nuestros territorios
Recordemos para que no haya lugar a duda: Presidentes de la Republica entre ellos Juan Manuel Santos con orden de captura por masacre en Ecuador, Álvaro Uribe el narcotraficante 82 y paramilitar; Andrés Pastrana quien asiló al delincuente golpista venezolano Carmona en 2002; Vicepresidente Francisco Santos promotor del bloque Capital de las AUC en Bogotá; General Mauricio Santoyo, general jefe de seguridad de la casa de Nariño, creador de la terraza, luego jefe de la oficina de Envigado y quien ordeno el asesinato de Claudia Patricia Monsalve y Ángel Quintero defensores de derechos Humanos en Antioquia ; General Jaime Humberto Uscátegui perpetrador de la masacre de Mapiripán; General Carlos Alberto Ospina, que cuando era jefe de la IV Brigada en Antioquia ejecutó la masacre del Aro y La granja; General Mario Montoya Uribe, comandante del ejército en Medellín con su operación Orión; General Alfonso Manosalva; General Hugo Aguilar paramilitar; General Álvaro Velandia Hurtado responsable de desaparición forzada, cuando fue comandante del Batallón Charry Solano; Mayor de la Policía Hector Edison Castro Corredor, masacre de Mondoñedo; Capitán Carlos Alberto Niño criminal en Soacha; Héctor Jaime Fandiño, de la masacre de San José de Apartadó; General Oscar Naranjo con vínculos con narcotraficantes ; General Rito Alejo del Río, pacificador de Urabá, época de extermino de la UP; Comandante de la Brigada XVII y paramilitar, Martín Orlando Carreño; Germán Eduardo Flórez Sánchez comandante del Gaula del Valle de Aburrá; Capitán Nelson Baracaldo Caballero, Sargento José Emiliano Piza Reyes; Sargento Arley de Jesús Durango por interceptaciones; Comandante de la XI brigada, Iván Ramírez reclutador de paramilitares; Vicealmirante Rodrigo Quiñones de la masacre El Salado en los montes de María; Alfonso Vaca Perilla y Juan Salcedo Lora de la masacre de La Rochela; Farouk Yanine desapareció decenas de gente; Miguel Antonio Beltrán Chacón, teniente coronel del Ejército, asesino de campesinos; Coronel de la policía William Alberto Montezuma, narcoparamilitar; General Ricaurte, director del inpec, protector de paramilitares; Andrés Tobón Sub Intendente de la policía narcotraficante; Jorge noguera director del DAS quien entrego a los grupos paramilitares las listas de los dirigentes sindicales y populares; Marta Leal del DAS; La protegida por el gobierno panameño, María Del Pilar Hurtado; José Miguel Narvaez, Subdirector del DAS, asesino de Manuel Cepeda Vargas y de Jaime Garzón; Enrique Ariza, Director de inteligencia; Carlos Arzayuz, subdirector de inteligencia; Rodolfo Medina Alemán subdirector de contrainteligencia; Hugo Daney Ortiz, subdirector de operaciones; Gean Carlo Auque secretario general del DAS; Luis Carlos Restrepo, prófugo; Rodrigo Bastidas supervisor de seguridad de Empresas Publicas de Medellín por interceptación; Wilder Ríos, alcalde de Ríohacha entrego los fondos de salud al paramilitarismo; Ramiro Suárez, alcalde de Cúcuta; Miguel Ángel Pérez, gobernador de Casanare; Germán Chaparro, alcalde de Villavicencio asesino de otro alcalde; Gobernador Acosta; gobernador de la Guajira, Juan Francisco Gómez, narcoparamilitar; César Pérez de la masacre de Segovia; Alejandro Char robó ayudas humanitarias; Turbay Quintero y Sandra Morelli, ladrones del erario; siete presidentes del Senado del período 2002-2012 con nexos con el paramilitarismo, dos que pasaron como Fiscales Generales de la Nación, 139 Congresistas, 20 gobernadores, ministros.
La clase mafiosa, son ladrones que han despojado de 6 millones de hectáreas a campesinos, negros e indígenas de nuestro país, convirtiéndolos en desplazados. Y para garantizar el control de las tierras arrebatadas a nuestra gente, han creado batallones de alta montaña, bases militares para salvaguardar los intereses de las multinacionales que se roban el petróleo, el carbón, el oro y todos nuestros bienes naturales, para eso es el control de las armas por parte del Estado y en esto ponen como carne de cañón a soldados y policías en una guerra que no es su guerra.
La aplicación sistemática de esta estrategia criminal ha dejado un número de víctimas mortales que se cuentan por millones; el gobierno tiene centenares de secuestrados en sus mazmorras, miles de ejecuciones, 60.000 desapariciones forzadas, miles de atentados, de mutilados y asesinados por el ESMAD, 4.800 homicidios cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. Es entonces un Estado terrorista, represor, narcoparamilitar, criminal, que no ha permitido que opositor alguno, ni los movimientos políticos y sociales consoliden un proyecto alternativo desde los concejos municipales, ni alcaldías, gobernaciones, ni desde la cámara de representantes o el senado de la república, mucho menos desde la Presidencia de la República. Por eso el exterminio de la UP, de A luchar, del Frente Popular; han asesinado entre otros a Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo, Manuel Cepeda, José Antequera, Carlos Pizarro León Gómez., además de miles de luchadores y luchadoras sociales. Y cuando en algún momento de nuestra maltratada historia ha aparecido un liderazgo que logra ocupar un cargo de elección popular y que amenaza los intereses del capital, no solo las balas han sido la respuesta, también la persecución política, la criminalización y la judicialización. Los montajes, las tácticas de desprestigio y divisionismo han sido parte del recetario aprendido por la oligarquía colombiana para frenar y mutilar los sueños de un país en paz de justicia y equidad.
El gobierno de Juan Manuel Santos insiste en el fuero penal militar para cubrirse en la trinchera de la impunidad. No renuncian a su explotación, no reducen el gasto militar, un 5 % de esa clase es dueña del 60% de la tierra. Para su protección cuentan con 438.000 soldados y policías, es decir tiene 881 soldados y policías por cada 100.000 habitantes, muy por encima de Brasil que dispone de 384 hombres por cada cien mil habitantes. Solo el 2012, se efectuaron 160 atentados contra defensores de derechos humanos y líderes sindicales, y fueron asesinados 60 líderes sociales, ocupando Colombia el primer lugar en asesinatos de líderes sindicales. El desplazamiento de 2008 a 2011 sobrepasó el millón de personas.
Ahora, pese a esta realidad latente y desgarradora, el actual gobierno habla y se autoproclama el garante de la Paz y genera un proceso, donde ninguna de sus políticas puede ser cuestionada y mucho menos está sometida a ser cambiada y aún así pretenden que la lucha insurgente termine, sin garantías, sin posibilidades reales de participación política, pero peor aún sin cambios estructurales en el modelo económico, político social y militar y negando de tajo que el papel fundamental en la construcción de la Paz le corresponde al pueblo.
Esta es la clase política, mafiosa y criminal que no debemos dejar pasar a la impunidad.
Bienvenidos entonces a subirse al bus de la paz, sin impunidad.
Claro que queramos dejar las armas, continuamos con ellas, no por opción sino por imposición, pues nuestra historia como Ejercito de Liberación Nacional ha demostrado que no tenemos una postura guerrerista, que hemos insistido desde hace ya muchas décadas, en buscar una salida política al conflicto social y armado y en ese sentido, dejamos las armas en la medida en que todos los colombianos vamos eliminando las causas que nos han llevado a la rebeldía.
El ELN se aproxima al medio siglo de existencia, tenemos un híbrido de tres generaciones, desde compañeros que permanecen desde su nacimiento, hasta los jóvenes de éste siglo. No buscamos ningún privilegio para nosotros como individuos, ni para la organización, somos una propuesta, somos una opción de vida y como tal somos pasajeros, pervive es el ideal, el anhelo de buen vivir. Queremos es una nueva sociedad, que el pueblo tenga vida digna, paz y equidad. Ya hacemos parte de esta historia por eso es que hemos hecho la propuesta de Convención Nacional.
La Convención nacional quiere decir el pueblo en acción, en las calles, en las escuelas, en las veredas, en los campos, en las cárceles, en las universidades, en los sindicatos, en los barrios; con los movimientos sociales, los sectores excluidos, marginados buscando salidas a la crisis alimentaría, social y humanitaria, trabajando sin desfallecer por edificar un gobierno de nación, paz y equidad donde valga la pena vivir y recrear la vida a diario.
COLOMBIA PARA LOS TRABAJADORES, NI UN PASO ATRÀS, LIBERACIÓN O MUERTE.
Dirección Frente de Guerra Central
1 de junio de 2013