Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Fecha
2013-06-21
Categoría
Comunicado
Una Constituyente para la Paz
Rueda de prensa, La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, junio 21 de 2013
UNA CONSTITUYENTE PARA LA PAZ
La Constituyente que hoy proponen las FARC-EP emerge desde la más profunda raigambre insurgente de sus fundadores, de la avanzada concepción política y visión estratégica de Manuel Marulanda Vélez y Jacobo Arenas. Ellos la concibieron democrática y popular. Esto quiere decir, que su composición debiera ser convenida, y no derivada exclusivamente del marco del actual sistema electoral, una institucionalidad cuestionada y sin prestigio, de tal manera que garantice la efectiva participación de todos los sectores sociales del país. De ahí su innovadora idea de que la elección de sus integrantes se realizara en eventos democráticos internos de las organizaciones sociales, políticas y gremiales, asegurando que las gentes del común, los obreros, campesinos, estudiantes, indígenas, afros, las mujeres, la Colombia excluida, puedan aportar a la construcción de una la ley fundamental que garantice la paz a futuro sobre bases de justicia social, democracia y soberanía. No puede ser democrática una elección, si solamente resultan elegidos los que tienen grandes fortunas para financiar sus millonarias campañas. Surge entonces la Constituyente como una necesidad que el pueblo tiene de lograr una verdadera participación en la definición de los destinos del país; consecuentemente, sería la concreción de un derecho síntesis, como lo es el derecho a la paz, sin el cual ningún otro es realizable a cabalidad.
A la solución definitiva de 60 años de guerra se le debe una Constituyente. Es un imperativo originado en la urgencia de la paz.
Una iniciativa con este propósito altruista, superior, tiene una diferencia abismal con la pretendida por Uribe. Mientras éste la promueve como esperanza de blindaje jurídico asustado por los fantasmas de Videla, Ríos Montt y Fujimory, la que proponemos busca sentar las bases para la paz, como nuevo contrato social legitimado por el poder constituyente, el pueblo soberano, la voluntad nacional que prevalece sobre toda jurisdicción. No está subordinada a poderes constituidos, dóciles a la voluntad de los imperios y de las élites locales.
De forma ordinaria la convocatoria está en manos del Congreso de la República. Según la Constitución, esta instancia define la competencia, el período y la composición. Pero, naturalmente, un rumbo de este tipo sólo puede tomarse a partir de un gran acuerdo de sectores políticos, sociales y gremiales, que con grandeza decidan anteponer sus intereses particulares o de grupo en pro del interés social y la reconciliación nacional.
El ejecutivo y el poder legislativo deben dejar la prevención -si es que realmente existe- frente a la propuesta del aplazamiento por un año del calendario electoral. Lo que se busca es darle tiempo al proceso de paz y colocar este fuera del alcance de los agites electorales, así como generar el espacio para que la augusta Asamblea Nacional Constituyente al cabo de sus sesiones nos entregue de sus manos una paz pura que permita trabajar colectivamente por la igualdad, la democracia y la justicia social.
Y si el gobierno, de verdad quisiera emplearse a fondo en la solución definitiva a esta confrontación que desangra al país, no dudaría en admitir los mecanismos que hemos propuesto para que todo el establecimiento se vincule sin reticencias a la edificación de la paz.
Hemos planteado una iniciativa en la que nadie sea perdedor, y en la que todos podamos aportar a la elaboración de un tratado de paz para la historia. Debe haber una sola presea y un solo triunfador: la paz con justicia social para el pueblo.
La Asamblea Nacional Constituyente debe ser más que un mecanismo refrendatario; es el escenario ideal para la construcción de la paz. Ella debe dar prelación al Acuerdo de La Habana y dirimir los desencuentros, los disensos de la mesa, y unir sus propias elaboraciones al sentimiento nacional que de origen a una nueva institucionalidad que garantice una larga era de paz.
Inicialmente podríamos decir que con urgencia el país debe resolver problemas profundos que tienen que ver con la soberanía, la desigualdad, la democracia…, o asuntos como la reforma a la justicia, a la salud, a la educación, al sistema electoral. Debe establecer un estatuto para la oposición, preservar el interés nacional frente a la depredación minero-energética, la extranjerización de la tierra y proteger la industria nacional. La Constituyente intervendría los organismos de control, generaría una reforma política profunda, sentaría las bases para la democratización del acceso y uso a los medios de comunicación, establecería la doble instancia para los congresistas, ampliaría a cinco años el periodo presidencial, sin reelección. Se ocuparía de materializar por fin un adecuado ordenamiento territorial y establecería nuevos parámetros para convenir el presupuesto militar para una época de post conflicto.
La descentralización política y administrativa, el derecho a la tutela, un régimen fiscal que garantice la inversión social, así como una doctrina militar patriótica que erradique la teoría del "enemigo interno" e integre una institución policial desmilitarizada, deben hacer parte fundamental del espíritu del nuevo ordenamiento constitucional.
Hemos pensado también en la creación de las figuras del Ombudsman de la Naturaleza para que apoyado en un marco jurídico defienda nuestras riquezas y el medio ambiente que pertenece a todos, y la del Ombudsman de la Paz que se encargue de velar por el cumplimiento de los acuerdos y la preservación de la armonía nacional.
La reparación integral a las víctimas del conflicto debe ser preocupación de primer orden de la Constituyente.
No se trata de una refundación del Estado como sugieren algunos para descalificar la iniciativa, pero sí requiere el país de una reestructuración urgente de sus necrosadas instituciones.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP
UNA CONSTITUYENTE PARA LA PAZ
La Constituyente que hoy proponen las FARC-EP emerge desde la más profunda raigambre insurgente de sus fundadores, de la avanzada concepción política y visión estratégica de Manuel Marulanda Vélez y Jacobo Arenas. Ellos la concibieron democrática y popular. Esto quiere decir, que su composición debiera ser convenida, y no derivada exclusivamente del marco del actual sistema electoral, una institucionalidad cuestionada y sin prestigio, de tal manera que garantice la efectiva participación de todos los sectores sociales del país. De ahí su innovadora idea de que la elección de sus integrantes se realizara en eventos democráticos internos de las organizaciones sociales, políticas y gremiales, asegurando que las gentes del común, los obreros, campesinos, estudiantes, indígenas, afros, las mujeres, la Colombia excluida, puedan aportar a la construcción de una la ley fundamental que garantice la paz a futuro sobre bases de justicia social, democracia y soberanía. No puede ser democrática una elección, si solamente resultan elegidos los que tienen grandes fortunas para financiar sus millonarias campañas. Surge entonces la Constituyente como una necesidad que el pueblo tiene de lograr una verdadera participación en la definición de los destinos del país; consecuentemente, sería la concreción de un derecho síntesis, como lo es el derecho a la paz, sin el cual ningún otro es realizable a cabalidad.
A la solución definitiva de 60 años de guerra se le debe una Constituyente. Es un imperativo originado en la urgencia de la paz.
Una iniciativa con este propósito altruista, superior, tiene una diferencia abismal con la pretendida por Uribe. Mientras éste la promueve como esperanza de blindaje jurídico asustado por los fantasmas de Videla, Ríos Montt y Fujimory, la que proponemos busca sentar las bases para la paz, como nuevo contrato social legitimado por el poder constituyente, el pueblo soberano, la voluntad nacional que prevalece sobre toda jurisdicción. No está subordinada a poderes constituidos, dóciles a la voluntad de los imperios y de las élites locales.
De forma ordinaria la convocatoria está en manos del Congreso de la República. Según la Constitución, esta instancia define la competencia, el período y la composición. Pero, naturalmente, un rumbo de este tipo sólo puede tomarse a partir de un gran acuerdo de sectores políticos, sociales y gremiales, que con grandeza decidan anteponer sus intereses particulares o de grupo en pro del interés social y la reconciliación nacional.
El ejecutivo y el poder legislativo deben dejar la prevención -si es que realmente existe- frente a la propuesta del aplazamiento por un año del calendario electoral. Lo que se busca es darle tiempo al proceso de paz y colocar este fuera del alcance de los agites electorales, así como generar el espacio para que la augusta Asamblea Nacional Constituyente al cabo de sus sesiones nos entregue de sus manos una paz pura que permita trabajar colectivamente por la igualdad, la democracia y la justicia social.
Y si el gobierno, de verdad quisiera emplearse a fondo en la solución definitiva a esta confrontación que desangra al país, no dudaría en admitir los mecanismos que hemos propuesto para que todo el establecimiento se vincule sin reticencias a la edificación de la paz.
Hemos planteado una iniciativa en la que nadie sea perdedor, y en la que todos podamos aportar a la elaboración de un tratado de paz para la historia. Debe haber una sola presea y un solo triunfador: la paz con justicia social para el pueblo.
La Asamblea Nacional Constituyente debe ser más que un mecanismo refrendatario; es el escenario ideal para la construcción de la paz. Ella debe dar prelación al Acuerdo de La Habana y dirimir los desencuentros, los disensos de la mesa, y unir sus propias elaboraciones al sentimiento nacional que de origen a una nueva institucionalidad que garantice una larga era de paz.
Inicialmente podríamos decir que con urgencia el país debe resolver problemas profundos que tienen que ver con la soberanía, la desigualdad, la democracia…, o asuntos como la reforma a la justicia, a la salud, a la educación, al sistema electoral. Debe establecer un estatuto para la oposición, preservar el interés nacional frente a la depredación minero-energética, la extranjerización de la tierra y proteger la industria nacional. La Constituyente intervendría los organismos de control, generaría una reforma política profunda, sentaría las bases para la democratización del acceso y uso a los medios de comunicación, establecería la doble instancia para los congresistas, ampliaría a cinco años el periodo presidencial, sin reelección. Se ocuparía de materializar por fin un adecuado ordenamiento territorial y establecería nuevos parámetros para convenir el presupuesto militar para una época de post conflicto.
La descentralización política y administrativa, el derecho a la tutela, un régimen fiscal que garantice la inversión social, así como una doctrina militar patriótica que erradique la teoría del "enemigo interno" e integre una institución policial desmilitarizada, deben hacer parte fundamental del espíritu del nuevo ordenamiento constitucional.
Hemos pensado también en la creación de las figuras del Ombudsman de la Naturaleza para que apoyado en un marco jurídico defienda nuestras riquezas y el medio ambiente que pertenece a todos, y la del Ombudsman de la Paz que se encargue de velar por el cumplimiento de los acuerdos y la preservación de la armonía nacional.
La reparación integral a las víctimas del conflicto debe ser preocupación de primer orden de la Constituyente.
No se trata de una refundación del Estado como sugieren algunos para descalificar la iniciativa, pero sí requiere el país de una reestructuración urgente de sus necrosadas instituciones.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP