La región del Catatumbo es hoy víctima predilecta de las políticas de intromisión extranjera aplicadas servilmente por el gobierno de Juan Manuel Santos, quien no para mientes en militarizar y reprimir con balas, garrote y gases la movilización del pueblo del Norte de Santander en reclamo de sus justos derechos. Parece increíble que el mismo Presidente que clama en diversos escenarios internacionales por una nueva política antidrogas, aplique de manera indolente y brutal las estrategias y métodos recomendados por Washington.
La más que justa aspiración de los campesinos del Catatumbo, en el sentido de que la erradicación de los llamados cultivos ilícitos sea realizada de manera manual y con previa concertación con las comunidades de la región, unida a su demanda porque las autoridades regionales y nacionales den curso a la conformación de la zona de reserva campesina prevista por la ley desde hace veinte años, sólo encuentra eco en los cañones de los fusiles de la tropa y la arremetida de los salvajes escuadrones antidisturbios de la Policía Nacional.
El grave conflicto que se desarrolla hoy en los municipios de Tibú y Sardinata es en realidad una manifestación de inconformidad y protesta contra los planes en desarrollo de la llamada locomotora minera. La gran mina de carbón y los hidrocarburos que las multinacionales avaladas por el gobierno nacional pretenden explotar en la región para su beneficio exclusivo, han sido la fuente que ha inspirado la larga cadena de violencias oficiales y paraoficiales que azotan al Catatumbo desde muchos años atrás. Antes que proteger y apoyar los campesinos, los distintos gobiernos han buscado desplazarlos del territorio para limpiar el camino a la inversión foránea.
Por eso, los desiguales enfrentamientos entre la fuerza pública vestida a la manera de robots y las comunidades campesinas, asediadas al tiempo desde el aire por el fuego de las ametralladoras que despiden los helicópteros artillados de la Fuerza Aérea y el Ejército Nacional, son reflejo de un Estado y de un régimen político que sólo entiende de violencias y amenazas cuando se trata de solucionar las grandes contradicciones sociales originadas por la desigualdad en Colombia. Los campesinos muertos, heridos, golpeados y encarcelados son mártires de la lucha popular y no vándalos ni terroristas como lo aseguran los voceros del Establecimiento.
Cuando el pueblo colombiano habla de paz no habla de rendición incondicional de las guerrillas, sino de solución a sus más urgentes necesidades y del derecho a participar en la toma de decisiones relacionadas con su propia suerte y la de sus hijos. Colombia entera y la comunidad internacional, testigos hoy del comportamiento de las autoridades colombianas, deben levantar su voz para reclamar por una verdadera actitud de paz por parte del gobierno y el Estado colombianos, al igual que lo hace hoy la insurgencia armada, que siempre ha estado y estará del lado de los pobres y vilipendiados eternamente ignorados y aplastados por los poderosos.
Montañas de Colombia, 18 de junio de 2013.
ESTADO MAYOR DEL BLOQUE DEL MAGDALENA MEDIO FARC-EP