Por encima de las divergencias de opinión y enfoque, una ojeada a la prensa nacional permite formarse una idea del país en que vivimos. El 6 de julio, por ejemplo, reviso la relación periodística del día anterior y no puedo menos que intentar un breve comentario al respecto. Por razones obvias, prefiero las noticias relacionadas con el conflicto colombiano y la paz.
Bajo el titular Condenan a tres militares a 32 años de prisión por falso positivo, leo sobre el fallo de un Juzgado de Medellín contra el capitán John Alexander Sandoval Díaz, el subteniente Edwin Leonardo Tora Ramírez y el cabo Carlos Medardo Cuesta Pizarro. Por encima de la versión oficial sobre los hechos del 18 de mayo de 2004, primaron los testimonios en el sentido de que las víctimas fueron apartadas, golpeadas, acusadas de guerrilleros y acribilladas en cercanías de la finca en la que trabajaban en Ituango, Antioquia.
También leo que el actual embajador de Colombia ante los Estados Unidos, ha sido denunciado penalmente por la adquisición fraudulenta de 40.000 hectáreas de tierras baldías en el Vichada, destinadas a convertirse en ingenios azucareros, y que su firma de abogados Brigard y Urrutia es investigada por el Consejo Superior de la Judicatura por los mismos hechos, que judicialmente han sido tipificados como asesoramiento ilegal, falsedad en documento privado y estafa.
Encuentro que funcionarios de la Defensoría del Pueblo acompañaron la salida de seis familias del municipio de Valencia, Córdoba, con el fin de salvaguardar sus vidas e integridad personal. En total se trató de 34 personas, entre ellos 22 menores. Todas eran familiares de un líder reclamante de tierras que fue asesinado en días pasados. Fueron acompañados también por funcionarios de la Misión de apoyo al Proceso de Paz de la OEA (con los paramilitares) y la Policía Nacional.
La llamada crisis del Catatumbo, originada por las protestas del campesinado, es objeto de diversos informes. Por una parte, el Viceministro de Trabajo José Noé Ríos advierte que el gobierno está listo para sentarse a conversar, siempre que los labriegos levanten el paro que realizan.
Por su parte, el Vicefiscal General de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, explica que determinará si se han presentado hechos ilícitos en la movilización. Su intención es manifiesta: La fiscalía está valorando información para… ver si algunas personas que participan en estas marchas pueden ser objeto de alguna medida o acción judicial.
Dicha noticia se relaciona con la titulada Por protestas en el Catatumbo, Santos cita a reunión extraordinaria. En ella se indica que el Presidente convocó al mininterior y al viceministro de defensa para discutir la situación que se vive en la región del Catatumbo. Y se aclara que La decisión del mandatario de pedir ‘cuentas’ se da luego de conocerse que uno de los líderes de la protesta, César Jerez, fue relacionado con las Farc.
Juan Diego Restrepo, con el titular La del Catatumbo, una triste historia, escribe para Semana Online una crónica en la que resume el viejo conflicto. Y subtitula: Ante el fracaso del Estado en la región del Catatumbo, a las autoridades solo les queda estigmatizar la protesta campesina y sus justas peticiones.
En eso coincide con Leonardo León, quien escribió para Prensa Rural una nota titulada En defensa de César Jerez. Es probable que la clave del asunto se halle en el último párrafo de su artículo, que dice: Esperemos que la Mesa de Interlocución y Acuerdo llegue a feliz término, que el poder militar y el poder mediático cesen sus acciones de odio contra el campesinado y que la zona de reserva campesina para el Catatumbo sea una realidad para frenar la gran minería y el latifundio en beneficio de las comunidades que sólo quieren vivir en paz.
Pasando al tema de la paz, reseño el artículo de fe del periodista Enrique Santos Molano en el diario El Tiempo, Una paz para mascar. De manera serena, describe el actual proceso así: Lo que hay en La Habana no es una charla cordial de amigos alrededor de unos tragos y sobre temas en los que no necesitan discutir, porque están de acuerdo. Es una conversación entre enemigos, que tienen cada uno su punto de vista, que defienden sus respectivas posiciones, y que en medio de sus divergencias intentan conciliar un acuerdo…
Y remato este largo resumen con el titular del diario El Espectador: FARC plantean que Ejército y Policía sean fuerzas para la paz. La guerrilla insta a la celebración de ese debate nacional.
Falsos positivos probados, seguramente objetos de apelaciones y demás recursos, con pleno respaldo de las instituciones militares y el Estado empeñados en probar a ultranza la inocencia de sus leales tropas. La legalidad violada abiertamente por cuenta de sus más preclaros representantes en el campo internacional, por cuenta de la codicia generada por la locomotora agroindustrial. La misma que consigue, por encima de la ley de víctimas y de restitución, que ahora, con apoyo humanitario oficial e internacional, continúen los desplazamientos forzados en el país.
Videos y fotografías que circulan, permiten observar la desbandada masiva provocada por el Ejército Nacional y la Policía, tras emplear sus armas de fuego contra la marcha campesina en Ocaña. Dos muertos y nueve heridos a bala no significan nada para el Estado colombiano porque se trata de campesinos humildes. En cambio urge investigar y judicializar a sus líderes. O mandarlos matar, si es posible. Esa, ni más ni menos, ha sido la causa del conflicto armado interno.
La misma lógica con que se exige a los campesinos levantar el paro para entrar en conversaciones, nos exige a nosotros desmovilizarnos primero para hacer política. Lo acordado con los campesinos siempre ha sido incumplido, al tiempo que a nosotros siempre nos han cerrado violentamente la vía de la política abierta. Si los de abajo exigimos que los gobernantes cambien su modo de relacionarse con nosotros, tan solo obtenemos que crezca la hilaridad de los poderosos y su prensa.
La terminación del conflicto y la paz no van a ser producto de conciliábulos entre gobierno y guerrillas en el exterior, sino el producto de profundas transformaciones en la vida colombiana. Definitivamente el modelo de democracia que defiende la oligarquía de este país, no va más. Quedó claro en el Foro sobre Participación Política, lo exigen la serie de paros y protestas anunciados, lo atestan 49 años de lucha armada continua, lo certifican las miles y miles de vidas ahogadas en sangre.
Se puede leer en las noticias. El modelo de imposiciones e intolerancias se ha agotado. La democracia colombiana, por encima de los discursos, es una vergüenza, Santos. Vamos a cambiarla.