Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Fecha
2013-07-19
Categoría
Comunicado
A los pobladores del Catatumbo
A LOS POBLADORES DEL CATATUMBO
Una enorme y valerosa movilización campesina se lleva a cabo en el departamento de Norte de Santander. Desde hace un mes y medio, el gobierno nacional presidido por Juan Manuel Santos presta oídos sordos a las solicitudes de las comunidades. Propone conceder una serie de migajas que nada tienen que ver con lo planteado por la marcha, y exige que los campesinos detengan la protesta y deshagan la movilización.
De lo contrario, advierte que las autoridades procederán en cumplimiento de la Constitución y la ley. Lo que equivale a decir que Ejército, Policía y Fiscalía están listos para arremeter de nuevo contra la marcha campesina, disparar contra sus integrantes, garrotearlos, patearlos, bombardearlos con gases, capturar a sus dirigentes y judicializar a cuantos pueda de manera ejemplar. Porque cuando se trata de reclamos del pueblo, así es como el gobierno responde.
Siempre lo ha hecho así. Los pobladores del Catatumbo lo saben muy bien. Porque no es la primera vez que se movilizan. Para lo oligarquía liberal conservadora que ha gobernado históricamente nuestro país, y que ahora se pone las máscaras de uribista y santista, los derechos del pueblo colombiano están bien en la letra de la Constitución o en los textos de la ley, pero están muy mal cuando ese pueblo exige que se los reconozcan y respeten.
Si los pobladores del Catatumbo marchan porque se les respete su dignidad humana, su derecho a ejercer la opción política que prefieran, su libertad y su tranquilidad, permanentemente desconocidos o vulnerados por las autoridades militares y policiales que llegan en masa a la región en aviones, helicópteros o aviones, la oligarquía gobernante busca el modo de burlarles esos derechos, acusándolos de los peores delitos, tildándolos de guerrilleros y terroristas.
Si los campesinos del Catatumbo plantean que se reconozca a la región la condición de zona de reserva campesina, estatuto jurídico previsto por la propia Constitución Política de Colombia y consagrado en la ley 160 de 1994, con el propósito de acceder a proyectos de desarrollo y de rehabilitación social que no signifiquen la pérdida de sus tierras, ni el cambio de su destinación agrícola, ni la destrucción de la naturaleza, entonces la oligarquía se escandaliza y niega.
Si los campesinos del Catatumbo exigen que se cumplan los acuerdos firmados con el anterior gobierno tras el campamento humanitario del año 2009, en los que quedó claramente establecido que no se acudiría a métodos violentos, ni se desconocerían los intereses de las comunidades a objeto de conseguir la erradicación de los llamados cultivos ilícitos, es porque el propio gobierno ha desconocido y vulnerado esos acuerdos a pesar de su compromiso con los campesinos.
Así que los marchantes no son delincuentes, son mujeres y hombres del pueblo, trabajadores y humildes, que en este rincón de la patria han construido sus comunidades por encima de todas las violencias oficiales y paramilitares. Son colombianos que tienen derecho a ser tenidos en cuenta por los gobiernos, a ser escuchados y atendidos en sus justas reclamaciones. Nadie tiene la facultad de presentarse a su región para imponerles planes y proyectos que los perjudiquen.
Como lo hace el gobierno de Santos ahora. Para nadie es un secreto que su gobierno encarna los intereses de las grandes compañías de inversionistas extranjeros y de los grupos económicos más poderosos del país. Santos, como lo hicieron antes Uribe y Pastrana, se empeña en que esas empresas del gran capital hagan su negocio aquí, sin importar la suerte de los colombianos pobres. Sus proyectos de locomotoras minera y agroindustrial requieren sacar la gente del Catatumbo.
Es la misma política de los gobiernos anteriores. De guerra y paramilitarismo. De represión y desplazamiento forzado. Esos son los propósitos que se esconden tras la erradicación forzosa de los cultivos de coca, quebrar la gente para que no tenga más remedio que negociar su tierra con los empresarios. Ya se trate de multinacionales mineras o de empresarios de palma africana. Lo mismo buscan con la guerra. Es contra eso que se opone la marcha campesina del Catatumbo.
Y por eso cuenta con todo nuestro apoyo. No nos avergonzamos ni intimidamos al reconocer que lo que hacen los campesinos del Catatumbo coincide plenamente con nuestras posiciones políticas. La concientización, la organización, la unidad, la lucha y la movilización del pueblo por sus derechos han sido siempre consignas de las FARC-EP, consignas de todos los revolucionarios de Colombia y el mundo. Es el pueblo haciendo política sin politiqueros de por medio.
Y eso no es ilegal, hace parte de derechos consagrados en la Constitución: el libre pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de organización política, la protesta, la movilización popular. Saludamos por eso con sincera emoción patriótica la lucha de los pobladores del Catatumbo, al tiempo que respetamos su autonomía y sus decisiones. Nos solidarizamos con ellos, los aplaudimos y acompañamos en sus propósitos.
Y eso no es infiltrar ninguna protesta o marcha, como aseguran el gobierno y los militares. No son las marchas y protestas campesinas las infiltradas. Es Colombia entera la que se haya infiltrada por la corrupción politiquera, por la concepción violenta que ordena enfrentar con soldados y policías al pueblo cuando reclama, por los capitalistas transnacionales y los monopolios económicos que saquean las riquezas del país y despojan de sus derechos a los colombianos.
No es por capricho que las FARC-EP llevamos medio siglo alzadas en armas. Somos la respuesta de un pueblo agredido, encarcelado, perseguido, asesinado y desplazado por exigir justas condiciones de vida y respeto a su pensamiento. Sabemos que en el Catatumbo los campesinos y pobladores llevan varias décadas movilizándose también. Y recibiendo el trato violento de los gobiernos. Por eso decimos a la gente: si no los escuchan y vuelven a agredirlos, aquí estamos nosotros.
Pueden contar con nuestras filas, con nuestras armas, con nuestros combatientes. Dispuestos a recibirlos, a apoyarlos, a conducirlos a la victoria final. Es cierto que adelantamos con este gobierno un proceso encaminado a pactar la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Pero debe quedarles claro a ustedes y a todos los colombianos que mientras el pueblo colombiano siga siendo violentado como hoy, ese acuerdo será imposible.
ESTADO MAYOR DEL BLOQUE DEL MAGDALENA MEDIO FARC-EP
Montañas de Colombia, 19 de julio de 2013.
Una enorme y valerosa movilización campesina se lleva a cabo en el departamento de Norte de Santander. Desde hace un mes y medio, el gobierno nacional presidido por Juan Manuel Santos presta oídos sordos a las solicitudes de las comunidades. Propone conceder una serie de migajas que nada tienen que ver con lo planteado por la marcha, y exige que los campesinos detengan la protesta y deshagan la movilización.
De lo contrario, advierte que las autoridades procederán en cumplimiento de la Constitución y la ley. Lo que equivale a decir que Ejército, Policía y Fiscalía están listos para arremeter de nuevo contra la marcha campesina, disparar contra sus integrantes, garrotearlos, patearlos, bombardearlos con gases, capturar a sus dirigentes y judicializar a cuantos pueda de manera ejemplar. Porque cuando se trata de reclamos del pueblo, así es como el gobierno responde.
Siempre lo ha hecho así. Los pobladores del Catatumbo lo saben muy bien. Porque no es la primera vez que se movilizan. Para lo oligarquía liberal conservadora que ha gobernado históricamente nuestro país, y que ahora se pone las máscaras de uribista y santista, los derechos del pueblo colombiano están bien en la letra de la Constitución o en los textos de la ley, pero están muy mal cuando ese pueblo exige que se los reconozcan y respeten.
Si los pobladores del Catatumbo marchan porque se les respete su dignidad humana, su derecho a ejercer la opción política que prefieran, su libertad y su tranquilidad, permanentemente desconocidos o vulnerados por las autoridades militares y policiales que llegan en masa a la región en aviones, helicópteros o aviones, la oligarquía gobernante busca el modo de burlarles esos derechos, acusándolos de los peores delitos, tildándolos de guerrilleros y terroristas.
Si los campesinos del Catatumbo plantean que se reconozca a la región la condición de zona de reserva campesina, estatuto jurídico previsto por la propia Constitución Política de Colombia y consagrado en la ley 160 de 1994, con el propósito de acceder a proyectos de desarrollo y de rehabilitación social que no signifiquen la pérdida de sus tierras, ni el cambio de su destinación agrícola, ni la destrucción de la naturaleza, entonces la oligarquía se escandaliza y niega.
Si los campesinos del Catatumbo exigen que se cumplan los acuerdos firmados con el anterior gobierno tras el campamento humanitario del año 2009, en los que quedó claramente establecido que no se acudiría a métodos violentos, ni se desconocerían los intereses de las comunidades a objeto de conseguir la erradicación de los llamados cultivos ilícitos, es porque el propio gobierno ha desconocido y vulnerado esos acuerdos a pesar de su compromiso con los campesinos.
Así que los marchantes no son delincuentes, son mujeres y hombres del pueblo, trabajadores y humildes, que en este rincón de la patria han construido sus comunidades por encima de todas las violencias oficiales y paramilitares. Son colombianos que tienen derecho a ser tenidos en cuenta por los gobiernos, a ser escuchados y atendidos en sus justas reclamaciones. Nadie tiene la facultad de presentarse a su región para imponerles planes y proyectos que los perjudiquen.
Como lo hace el gobierno de Santos ahora. Para nadie es un secreto que su gobierno encarna los intereses de las grandes compañías de inversionistas extranjeros y de los grupos económicos más poderosos del país. Santos, como lo hicieron antes Uribe y Pastrana, se empeña en que esas empresas del gran capital hagan su negocio aquí, sin importar la suerte de los colombianos pobres. Sus proyectos de locomotoras minera y agroindustrial requieren sacar la gente del Catatumbo.
Es la misma política de los gobiernos anteriores. De guerra y paramilitarismo. De represión y desplazamiento forzado. Esos son los propósitos que se esconden tras la erradicación forzosa de los cultivos de coca, quebrar la gente para que no tenga más remedio que negociar su tierra con los empresarios. Ya se trate de multinacionales mineras o de empresarios de palma africana. Lo mismo buscan con la guerra. Es contra eso que se opone la marcha campesina del Catatumbo.
Y por eso cuenta con todo nuestro apoyo. No nos avergonzamos ni intimidamos al reconocer que lo que hacen los campesinos del Catatumbo coincide plenamente con nuestras posiciones políticas. La concientización, la organización, la unidad, la lucha y la movilización del pueblo por sus derechos han sido siempre consignas de las FARC-EP, consignas de todos los revolucionarios de Colombia y el mundo. Es el pueblo haciendo política sin politiqueros de por medio.
Y eso no es ilegal, hace parte de derechos consagrados en la Constitución: el libre pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de organización política, la protesta, la movilización popular. Saludamos por eso con sincera emoción patriótica la lucha de los pobladores del Catatumbo, al tiempo que respetamos su autonomía y sus decisiones. Nos solidarizamos con ellos, los aplaudimos y acompañamos en sus propósitos.
Y eso no es infiltrar ninguna protesta o marcha, como aseguran el gobierno y los militares. No son las marchas y protestas campesinas las infiltradas. Es Colombia entera la que se haya infiltrada por la corrupción politiquera, por la concepción violenta que ordena enfrentar con soldados y policías al pueblo cuando reclama, por los capitalistas transnacionales y los monopolios económicos que saquean las riquezas del país y despojan de sus derechos a los colombianos.
No es por capricho que las FARC-EP llevamos medio siglo alzadas en armas. Somos la respuesta de un pueblo agredido, encarcelado, perseguido, asesinado y desplazado por exigir justas condiciones de vida y respeto a su pensamiento. Sabemos que en el Catatumbo los campesinos y pobladores llevan varias décadas movilizándose también. Y recibiendo el trato violento de los gobiernos. Por eso decimos a la gente: si no los escuchan y vuelven a agredirlos, aquí estamos nosotros.
Pueden contar con nuestras filas, con nuestras armas, con nuestros combatientes. Dispuestos a recibirlos, a apoyarlos, a conducirlos a la victoria final. Es cierto que adelantamos con este gobierno un proceso encaminado a pactar la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Pero debe quedarles claro a ustedes y a todos los colombianos que mientras el pueblo colombiano siga siendo violentado como hoy, ese acuerdo será imposible.
ESTADO MAYOR DEL BLOQUE DEL MAGDALENA MEDIO FARC-EP
Montañas de Colombia, 19 de julio de 2013.