Este es el tratamiento que le ha dado el gobierno de Juan Manuel Santos a los pequeños mineros, a los cafeteros, a los campesinos del Catatumbo, a los paperos, en fin a todo el que se atreva a protestar. Es la trillada historia de criminalización de la protesta popular, para evadir los justos reclamos. Es entonces la continuidad de los Gobiernos y política de Estado en criminalizar la protesta, hasta el punto que el General de la Policía Nacional, José Roberto León Riaño, dijo que le hacía falta el expresidente Uribe, para mayor represión de forma directa, no de buenos modales, pero con el mazo dando y asesinando, como actualmente se viene dando para no permitir la protesta.
Con el neoliberalismo, una buena parte de la agricultura y de la industria nacional cayeron en la ruina, prueba es la situación de los campesinos del Catatumbo, los mineros artesanales, los cafeteros, lecheros, paperos, autopartistas, textileros, productores de cuero, calzado, que han llegado a la ruina por la imposición Estatal de facilitar a las multinacionales el despojo y permitir las importaciones.
Los pequeños mineros son más de 2 millones de colombianos que realizan duros trabajos en socavones, ríos y desiertos para conseguir el sustento de sus familias, arriesgando su salud, su vida desde hace ya varios siglos. Si bien es cierto que se causan daños ambientales, es necesario justamente que el gobierno les ayude para desarrollar sus labores de mejor calidad. Pero la locomotora minera, la gran minería que facilita el Estado genera daños incomparables e irreversibles sobre el ambiente, el territorio y la población. La minería de oro a gran escala en Marmato, produciría 160mil toneladas de escombros al día, y en la Colosa 100 mil; obtener un gramo de oro requiere medio gramo de cianuro y la remoción de una tonelada de roca. Es una persecución por medio de todas las formas de lucha, con decretos, con paramilitares, con judicialización, con policía, con helicópteros, con ejército, bajo el pretexto de no tener título minero. Pero es que los títulos son las legalizaciones de las apropiaciones que han hecho justamente desde hace varios siglos que se vienen adueñando de las tierras. Hace muchos siglos nadie era dueño de nada y como tal no se tenía título, recordemos que el hombre era recolector o cosechador silvestre de la naturaleza, son titulaciones que se han hecho de forma fraudulenta y se han adueñado de las tierras. La locomotora minera ya registró inversión extranjera directa en el sector energético por 12.239 millones de dólares; 2,9 millones de hectáreas destinadas a la explotación y 9.200 títulos mineros adjudicados y 900 por asignarse.
Así mismo la justa lucha de los pequeños y medianos cafeteros, que viene a ser otro medio millón de familias campesinas cafetaleras que les toca competir con los megamonopolios como la Nestlé, que arruinan a millones de familias con la complicidad del Estado y el capital financiero. Nestlé financia con préstamos del Banco Mundial y llega a acuerdos con el Gobierno colombiano para fijar la política cafetera colombiana con paquetes tecnológicos y reorganización territorial de la producción, lo que implica ruina de los pequeños campesinos. Así mismo se implementa a otros renglones de la producción agraria por eso el justo reclamo agrario. Fedecafé no representa las familias campesinas caficultoras, por eso el arreglo del pasado paro cafetero se quedó en el vil incumplimiento para los campesinos y se apoderaron de los recursos la burguesía ligada al capital financiero. El presidente Juan Manuel Santos ha sido de esa calaña y por eso vinculó en sus propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo PROSPERIDAD PARA TODOS, un acuerdo firmado por el Gerente General de FEDECAFÉ, Luis Genaro Muñoz y la NESTLÉ representado por Fiona Kendrick y Manuel Andrés K. Este plan lleva a bajar aún más el precio del café, llevando a la quiebra a las familias cafeteras. Esto se suma entonces a la crisis del modelo agrario capitalista.
El Estado capitalista no soluciona el problema agrario, territorial y mucho menos de humanidad y de la naturaleza, por eso la justeza de las luchas por una nueva sociedad y no como hasta ahora lo impone el capital, una "sociedad" de avaricia y codicia. Es por ello, para reproducir este modelo criminal que nuestros pobladores urbanos y rurales deben ser expulsados, erradicados, masacrados, eliminados, para entregarle sin problemas los territorios a las multinacionales.
A esta situación descrita debemos agregar otras realidades que vibran en el escenario nacional. La salud con sus cierres de hospitales, paseos de la muerte, falta de medicamentos y atención, sumado a la privatización de la educación, y las múltiples manifestaciones por el alto costo de los servicios públicos. Colombia es el país más desigual de Suramérica y el tercero con mayor desempleo en la región. Y como si fuera poco, los presos políticos y la población reclusa se levantan en contra del hacinamiento y por elementales derechos y dignidad. Todo este conjunto de hechos y realidades son los que hoy generan movilización permanente y lucha directa del pueblo colombiano, razones suficientes para despertar el grito de rebeldía de los pueblos.
La ingobernabilidad oligarca es un hecho, pero si nuestras acciones se mantienen de forma aislada no permitiremos que se cuaje la alternativa de los sectores populares, antes por el contrario se reacomodan las opciones oligárquicas y paracas.
El gasto militar se incrementa todos los días, los costos de la guerra los vive en primer lugar nuestro pueblo, que es quién coloca los muertos, los desaparecidos, los desplazados, quién paga un pie de fuerza de más de 500.000 efectivos, es el que costea todo el arsenal destructor que enfila sus baterías contra las luchas populares y particularmente contra la insurgencia que pese al dispositivo contrainsurgente actúa en todo el territorio nacional y mantiene intacta su línea de conducción, mandos y militancia y que en buena hora realizó en días pasados una cumbre encabezada por los máximos Comandantes de ambas fuerzas, aspecto que debe potenciar los procesos unitarios.
Con todo, es válida la propuesta de paz con justicia social, la paz que requiere el pueblo pobre, no la paz que los poderosos quieren, la de que nadie proteste, que todo sea como ellos dicen, que todos agachen la cabeza y le hagan venia.
El ELN, pone a disposición del pueblo sus armas, sus propuestas, sus ideales para defenderse de las atrocidades del Estado Terrorista, confrontarlo y abrirle paso a un nuevo Gobierno de Nación Paz y Equidad.