Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Fecha
2013-08-05
Categoría
Comunicado
La responsabilidad histórica de la violencia
La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, agosto 5 de 2013
LA RESPONSABILIDAD HISTÓRICA DE LA VIOLENCIA
En otras ocasiones hemos dicho e insistido, como ahora lo repetimos sin dubitaciones, que el Estado es responsable, por acción o por omisión, de lo sucedido durante el conflicto. Agregaríamos ahora, que así lo ha reconocido el Presidente Juan Manuel Santos en la Corte Constitucional, tras sugerirlo el Informe General del Grupo de Memoria Histórica.
En la actual coyuntura política, desde todos los flancos se habla de “transición” y de la necesidad de un tipo de justicia para ello. Pero pasar de un estado de cosas a otro, implica necesariamente la implementación de cambios estructurales en la institucionalidad, que permitan la reconciliación a partir de la justicia social. Por lo que, entonces, sería inconsecuente con el propósito, pretender que queden intactos todos los órganos de la cuestionada institucionalidad.
Pero, incluso, si se tratara de la transición de un estado de conflicto interno a un estado de paz, o de la oportunidad para los alzados en armas de acogerse a la Constitución, debemos decir que, indefectiblemente, si se quiere pasar de la guerra a la normalización de las relaciones sociales, saliendo del terrorismo de Estado para entrar en la construcción de la democracia verdadera, son ambas partes las que se deben acoger a la Carta fundamental. Lo cual implica que las partes acepten en la mesa de La Habana que entre otras reformas y cambios estructurales, hay que reformar la justicia para que la rama jurisdiccional logre su independencia orgánica. Pues ha sido ésta politizada por la rama ejecutiva, y la la responsabilidad del Estado en los hechos de guerra, la ha venido descalificando cada día más.
Por otro lado, debemos subrayar que al no haber vencedor ni vencido, y no habiendo concluido aún el conflicto porque el Estado, por decisión del gobierno que lo representa, no lo quiere, es entonces el Estado el mayor responsable por las consecuencias de la contienda.
Mientras siga la guerra, el derecho a la paz está por encima de cualquiera otra consideración; así, rehusar la tregua que se le ha ofrecido al Estado de manera reiterada por parte de la insurgencia, indica que no quiere aplicar el mandato del artículo 22 que dice que “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. Actitud esta de la que, también por acción o por omisión, le sobrevienen nuevas responsabilidades que se suman a las que ya tiene por no haber querido aceptar a tiempo la existencia del conflicto interno.
Como mucho se habla de asumir responsabilidades, y las FARC-EP han indicado que el importante asunto de las víctimas por el que tanto inquiere la gran prensa alimentando odios, debe ser asumido con sensatez, realismo y apego a la verdad, proponemos la integración inmediata de una Comisión con nacionales y extranjeros, que estudie la historia de la confrontación, desde el inicio de la violencia, a fin de preparar el material requerido para evacuar el punto Cinco de la Agenda de Diálogos, referido a victimas, el cual textualmente expresa que “Resarcir a las víctimas está en el centro del acuerdo Gobierno Nacional - FARC-EP. En este sentido se tratarán: 1. Derechos humanos de víctimas. 2. Verdad”.
Considerando que el gobierno nacional impulsó el llamado Informe General del Grupo de Memoria Histórica, las FARC-EP, en desarrollo de la propuesta anterior, solicitan que la Comisión independiente que emprenda el estudio de la confrontación, lo primero que haga sea iniciar la pronta revisión y complementación del mencionado informe, atendiendo a que de él depende en gran medida el éxito de la evacuación del punto Cinco de la Agenda.
La Comisión que se establezca, deberá estudiar el tema de la violencia partidista y su incidencia en los acontecimientos posteriores y en el surgimiento de las FARC-EP, como deberá evaluar la responsabilidad también de los medios de comunicación, de la iglesia oficialista, de las potencias extranjeras injerencistas (especialmente de los Estados Unidos de América), de los latifundistas, de los empresarios y del sector financiero, hasta nuestros días.
Para mayor rigor histórico, se deberán tomar como parte fundamental de la investigación de la historia del conflicto, los archivos de los organismos de inteligencia de los años 40 y 50, del SIC, del DAS, de la inteligencia de la Policía y el Ejército, y demás organismos secretos de inteligencia, así como las actas de los Consejos de Ministros que recogen las órdenes de detención impartidas por el gobierno sin orden judicial, a la luz de la aberrante facultad que le otorgaba el artículo 28 de la Constitución, antes de la constituyente del 91.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP
LA RESPONSABILIDAD HISTÓRICA DE LA VIOLENCIA
En otras ocasiones hemos dicho e insistido, como ahora lo repetimos sin dubitaciones, que el Estado es responsable, por acción o por omisión, de lo sucedido durante el conflicto. Agregaríamos ahora, que así lo ha reconocido el Presidente Juan Manuel Santos en la Corte Constitucional, tras sugerirlo el Informe General del Grupo de Memoria Histórica.
En la actual coyuntura política, desde todos los flancos se habla de “transición” y de la necesidad de un tipo de justicia para ello. Pero pasar de un estado de cosas a otro, implica necesariamente la implementación de cambios estructurales en la institucionalidad, que permitan la reconciliación a partir de la justicia social. Por lo que, entonces, sería inconsecuente con el propósito, pretender que queden intactos todos los órganos de la cuestionada institucionalidad.
Pero, incluso, si se tratara de la transición de un estado de conflicto interno a un estado de paz, o de la oportunidad para los alzados en armas de acogerse a la Constitución, debemos decir que, indefectiblemente, si se quiere pasar de la guerra a la normalización de las relaciones sociales, saliendo del terrorismo de Estado para entrar en la construcción de la democracia verdadera, son ambas partes las que se deben acoger a la Carta fundamental. Lo cual implica que las partes acepten en la mesa de La Habana que entre otras reformas y cambios estructurales, hay que reformar la justicia para que la rama jurisdiccional logre su independencia orgánica. Pues ha sido ésta politizada por la rama ejecutiva, y la la responsabilidad del Estado en los hechos de guerra, la ha venido descalificando cada día más.
Por otro lado, debemos subrayar que al no haber vencedor ni vencido, y no habiendo concluido aún el conflicto porque el Estado, por decisión del gobierno que lo representa, no lo quiere, es entonces el Estado el mayor responsable por las consecuencias de la contienda.
Mientras siga la guerra, el derecho a la paz está por encima de cualquiera otra consideración; así, rehusar la tregua que se le ha ofrecido al Estado de manera reiterada por parte de la insurgencia, indica que no quiere aplicar el mandato del artículo 22 que dice que “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. Actitud esta de la que, también por acción o por omisión, le sobrevienen nuevas responsabilidades que se suman a las que ya tiene por no haber querido aceptar a tiempo la existencia del conflicto interno.
Como mucho se habla de asumir responsabilidades, y las FARC-EP han indicado que el importante asunto de las víctimas por el que tanto inquiere la gran prensa alimentando odios, debe ser asumido con sensatez, realismo y apego a la verdad, proponemos la integración inmediata de una Comisión con nacionales y extranjeros, que estudie la historia de la confrontación, desde el inicio de la violencia, a fin de preparar el material requerido para evacuar el punto Cinco de la Agenda de Diálogos, referido a victimas, el cual textualmente expresa que “Resarcir a las víctimas está en el centro del acuerdo Gobierno Nacional - FARC-EP. En este sentido se tratarán: 1. Derechos humanos de víctimas. 2. Verdad”.
Considerando que el gobierno nacional impulsó el llamado Informe General del Grupo de Memoria Histórica, las FARC-EP, en desarrollo de la propuesta anterior, solicitan que la Comisión independiente que emprenda el estudio de la confrontación, lo primero que haga sea iniciar la pronta revisión y complementación del mencionado informe, atendiendo a que de él depende en gran medida el éxito de la evacuación del punto Cinco de la Agenda.
La Comisión que se establezca, deberá estudiar el tema de la violencia partidista y su incidencia en los acontecimientos posteriores y en el surgimiento de las FARC-EP, como deberá evaluar la responsabilidad también de los medios de comunicación, de la iglesia oficialista, de las potencias extranjeras injerencistas (especialmente de los Estados Unidos de América), de los latifundistas, de los empresarios y del sector financiero, hasta nuestros días.
Para mayor rigor histórico, se deberán tomar como parte fundamental de la investigación de la historia del conflicto, los archivos de los organismos de inteligencia de los años 40 y 50, del SIC, del DAS, de la inteligencia de la Policía y el Ejército, y demás organismos secretos de inteligencia, así como las actas de los Consejos de Ministros que recogen las órdenes de detención impartidas por el gobierno sin orden judicial, a la luz de la aberrante facultad que le otorgaba el artículo 28 de la Constitución, antes de la constituyente del 91.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP