Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Fecha
2013-08-19
Categoría
Comunicado
Jornada nacional de protesta y movilización social
JORNADA NACIONAL DE PROTESTA Y MOVILIZACIÓN SOCIAL
La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, agosto 19 de 2013
Colombia asiste hoy a una sentida jornada nacional de protesta y movilización social. Creemos que no hay nadie que no conozca las razones que motivan la indignación de los sectores populares más humildes y empobrecidos, o más golpeados por las políticas económicas neoliberales. Considerando los desafortunados anuncios gubernamentales de represión, queremos hacer las siguientes recomendaciones:
Primero: Que no se criminalice el derecho a la protesta social. Esperamos que la manida costumbre del gobierno de identificar toda manifestación de inconformidad social y popular con el supuesto coco de las FARC, no de motivo para tratamientos violentos por parte de las fuerzas del Estado contra quienes aspiran con la protesta obtener soluciones prontas y eficaces a sus represados problemas.
Segundo: Tampoco debe el gobierno fabricar y señalar responsables de manera acomodaticia, mencionando nombres o inculpando a organizaciones y personas que surgen de su imaginación, como agentes provocadores del desorden. Esto es pretexto cobarde dirigido a soslayar su incapacidad como gestor público.
Tercero: Sea esta la ocasión para llamar la atención del gobierno nacional para que inicie la revisión de los Tratados de Libre Comercio, TLC, que suscribió sin consideración de la realidad económica nacional y desconociendo la situación precaria de nuestros sectores productivos.
El libre comercio implica cero aranceles, cero subsidios, cero barreras no arancelarias, libre flujo de bienes y servicios; todo ello dentro de un marco competitivo. Nada de esto ha sido tenido en consideración por los negociadores colombianos. Por ejemplo, para la fecha de suscripción del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, la realidad, solo en materia de subsidios en el sector agropecuario, era la siguiente: Estados Unidos presupuestó para la vigencia 2003-2004, 72.000 millones de dólares, mientras que Colombia pretendió presupuestar 210 millones de dólares anuales durante 10 años para atender los subsidios locales. El programa nacional se denominó entonces Agricultura Ingreso Seguro. Traducido lo anterior en cifras por trabajador agrícola-año para la época aludida, tenemos lo siguiente: EEUU entregó a cada trabajador agrícola-año 22.220 dólares. Colombia plasmó una demagógica pretensión de entregarle a cada trabajador agrícola-año, irrisorios 300 dólares. En realidad, todo esto fue desviado a las arcas del empresariado de “músculo financiero”.
Maíz amarillo, trigo, cebada, soya, sorgo, fríjol, solo para mencionar unos pocos productos del campo, habrían de ser atendidos en Colombia por concepto de subsidio con un 1% de ayuda/tonelada de lo recibido por los productores americanos de su gobierno por ayuda/tonelada en tales rubros o productos. Valga ese solo ejemplo. ¿Cómo pudo entonces el Estado colombiano firmar el TLC con Estados Unidos si tenía conocimiento de esta desventajosa realidad económica?
Una sana competitividad en un país que se dice capitalista en apertura mundial depende de los precios de los salarios, de la tasa de cambio, de la tasa de interés, de los impuestos y de los precios de los servicios públicos. ¿Puede demostrarle el Estado colombiano a su pueblo víctima de los TLC’s, cómo relacionó esas variables para convertirnos de manera automática en país competidor de Europa, Corea, Japón y otras naciones desarrolladas sin detrimento de nuestros productos agropecuarios y de nuestra débil manufactura? Al respecto, nunca se consultó la voluntad popular.
Cuarto: Proponemos, en momentos de crisis cafetera, la liquidación de la Federación Nacional de Cafeteros. La Federación ha llevado a Colombia a competir en materia de café, no con Brasil sino con Honduras y El Salvador. El 70% del café que se consume en Colombia es importado. Se mezcla café nacional con café importado y se exporta como propio. Producir una carga de café (10 arrobas), le vale al productor nacional entre $650.000 y $700.000, mientras que su precio de compra es de aproximadamente $472.000. El subsidio solo llega a $165.000. Ni siquiera compensa la diferencia.
Entre tanto los altos cargos de la Federación, ya en Colombia, ya en el exterior, son inmensamente costosos. El gobierno nacional debiera dar a conocer a cuánto asciende la nómina y qué se le paga mensualmente a dichos funcionarios privilegiados que conforman la burocracia. Son seis centavos de dólar los que se retienen por libra de café para atender a estos burócratas.
¿Qué sucedió con el Banco Cafetero? ¿Con la Flota Mercante Grancolombiana? Con las corporaciones financieras del sector? ¿Con la empresa ACES? ¿Cuánto vale la carga prestacional de la antigua flota?
La supresión de la Federación Nacional de Cafeteros es una necesidad sentida. No se puede seguir premiando tanta equivocación. Son más de quinientas mil familias colombianas las que dependen del ingreso cafetero. Frente a esto proponemos un sistema de cooperativas cafeteras manejadas por los propios productores que haga sus veces para ir saneando la política cafetera estableciendo mecanismos eficientes que liberen al cultivador de cargas innecesarias y logren para él un ingreso más justo. Estamos dispuestos a entrar en el debate cafetero.
Quinto: Colombia logró sobrepasar la extracción del millón de barriles diarios de petróleo. Sin embargo el combustible para el parque automotor en todas sus formas hace inalcanzable sus precios. Según un sencillo pero elocuente estudio del periodista Juan Gossaín, publicado en el diario El Tiempo, “Colombia es uno de los 10 países del mundo, y el primero entre todos los de América Latina, donde más cara se paga la gasolina”. Compara los precios de venta del galón de gasolina de algunos países con los precios de venta al consumidor final en nuestro país, encontrándose que en dónde es más caro el galón, el ingreso per cápita del lugar correspondiente supera con creces el ingreso per cápita nacional (Colombia 5.000 dólares, frente a Holanda, 52.000 dólares por habitante y 45.000 dólares en Noruega).
Se pone de presente que a Ecopetrol le cuesta 3.320 pesos un galón de gasolina. Al final de las cuentas se embolsa 1.770 pesos por galón, lo que equivale al 51% como utilidad. Tras demostrar cómo la cadena de costos, intermediación e impuestos lleva a que el consumidor final pague hoy el galón de gasolina corriente a $ 8.635,54, se concluye que países como Corea, importador lejano de crudo colombiano, vende a su nacional el galón de gasolina muy por debajo del precio colombiano.
No es el caso entrar en estos momentos a analizar el “hipernegocio” que ha montado el Estado en cabeza de Ecopetrol en detrimento del consumidor colombiano, llámese usuario de carro de familia o transportador de tractomula; trátese de gasolina corriente o kerosene o ACPM. Con razón dice Gossaín: “El perro más gordo es Ecopetrol y por eso no se le pegan las pulgas”. Golpeando a la “familia” colombiana no es la manera de montar una caja menor para el manejo caprichoso del gobierno que se agrega a los recaudos de las regalías, más conocidas como “mermelada” nacional.
Sexto: ¿Para qué destruir la maquinaria de aquellos mineros que no han sido objeto de reconocimiento por parte del Estado? En un país donde los títulos mineros se acumulan en cabeza de una sola persona para ser vendidos como ganado en feria a quien pueda hacer los estudios que ameriten la final comercialización del producto extraído -generalmente una multinacional ajena a las realidades locales y nacionales-, pequeños mineros son perseguidos y puestos por fuera del comercio. Un Estado que en sus páginas de historia económica registra la “ventanilla siniestra” para beneficiar mafiosos, y amnistías tributarias para favorecer el blanqueo de dineros, ¿cómo no puede estudiar una amnistía minera que permita vincular al pequeño y mediano trabajador de mina a las ventajas de la economía formal?
Séptimo: Por último, nos preguntamos ¿Cuál es la razón para no entregar títulos de propiedad a campesinos que durante años han habitado y trabajado sus tierras en el Catatumbo y otras regiones? ¿Por qué el temor de reconocer las zonas de reserva campesinas si existe le ley que las garantiza? Solicitamos que se haga justicia.
Saludo de patria en esta jornada de protesta a los estudiantes, a los educadores, a los trabajadores de la salud, los floricultores, paneleros, arroceros, lecheros, y en fin, a los sectores encargados de la producción alimentaria, y a los movimientos políticos y sociales que hoy levantan su voz contra la injusticia.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP
La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, agosto 19 de 2013
Colombia asiste hoy a una sentida jornada nacional de protesta y movilización social. Creemos que no hay nadie que no conozca las razones que motivan la indignación de los sectores populares más humildes y empobrecidos, o más golpeados por las políticas económicas neoliberales. Considerando los desafortunados anuncios gubernamentales de represión, queremos hacer las siguientes recomendaciones:
Primero: Que no se criminalice el derecho a la protesta social. Esperamos que la manida costumbre del gobierno de identificar toda manifestación de inconformidad social y popular con el supuesto coco de las FARC, no de motivo para tratamientos violentos por parte de las fuerzas del Estado contra quienes aspiran con la protesta obtener soluciones prontas y eficaces a sus represados problemas.
Segundo: Tampoco debe el gobierno fabricar y señalar responsables de manera acomodaticia, mencionando nombres o inculpando a organizaciones y personas que surgen de su imaginación, como agentes provocadores del desorden. Esto es pretexto cobarde dirigido a soslayar su incapacidad como gestor público.
Tercero: Sea esta la ocasión para llamar la atención del gobierno nacional para que inicie la revisión de los Tratados de Libre Comercio, TLC, que suscribió sin consideración de la realidad económica nacional y desconociendo la situación precaria de nuestros sectores productivos.
El libre comercio implica cero aranceles, cero subsidios, cero barreras no arancelarias, libre flujo de bienes y servicios; todo ello dentro de un marco competitivo. Nada de esto ha sido tenido en consideración por los negociadores colombianos. Por ejemplo, para la fecha de suscripción del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, la realidad, solo en materia de subsidios en el sector agropecuario, era la siguiente: Estados Unidos presupuestó para la vigencia 2003-2004, 72.000 millones de dólares, mientras que Colombia pretendió presupuestar 210 millones de dólares anuales durante 10 años para atender los subsidios locales. El programa nacional se denominó entonces Agricultura Ingreso Seguro. Traducido lo anterior en cifras por trabajador agrícola-año para la época aludida, tenemos lo siguiente: EEUU entregó a cada trabajador agrícola-año 22.220 dólares. Colombia plasmó una demagógica pretensión de entregarle a cada trabajador agrícola-año, irrisorios 300 dólares. En realidad, todo esto fue desviado a las arcas del empresariado de “músculo financiero”.
Maíz amarillo, trigo, cebada, soya, sorgo, fríjol, solo para mencionar unos pocos productos del campo, habrían de ser atendidos en Colombia por concepto de subsidio con un 1% de ayuda/tonelada de lo recibido por los productores americanos de su gobierno por ayuda/tonelada en tales rubros o productos. Valga ese solo ejemplo. ¿Cómo pudo entonces el Estado colombiano firmar el TLC con Estados Unidos si tenía conocimiento de esta desventajosa realidad económica?
Una sana competitividad en un país que se dice capitalista en apertura mundial depende de los precios de los salarios, de la tasa de cambio, de la tasa de interés, de los impuestos y de los precios de los servicios públicos. ¿Puede demostrarle el Estado colombiano a su pueblo víctima de los TLC’s, cómo relacionó esas variables para convertirnos de manera automática en país competidor de Europa, Corea, Japón y otras naciones desarrolladas sin detrimento de nuestros productos agropecuarios y de nuestra débil manufactura? Al respecto, nunca se consultó la voluntad popular.
Cuarto: Proponemos, en momentos de crisis cafetera, la liquidación de la Federación Nacional de Cafeteros. La Federación ha llevado a Colombia a competir en materia de café, no con Brasil sino con Honduras y El Salvador. El 70% del café que se consume en Colombia es importado. Se mezcla café nacional con café importado y se exporta como propio. Producir una carga de café (10 arrobas), le vale al productor nacional entre $650.000 y $700.000, mientras que su precio de compra es de aproximadamente $472.000. El subsidio solo llega a $165.000. Ni siquiera compensa la diferencia.
Entre tanto los altos cargos de la Federación, ya en Colombia, ya en el exterior, son inmensamente costosos. El gobierno nacional debiera dar a conocer a cuánto asciende la nómina y qué se le paga mensualmente a dichos funcionarios privilegiados que conforman la burocracia. Son seis centavos de dólar los que se retienen por libra de café para atender a estos burócratas.
¿Qué sucedió con el Banco Cafetero? ¿Con la Flota Mercante Grancolombiana? Con las corporaciones financieras del sector? ¿Con la empresa ACES? ¿Cuánto vale la carga prestacional de la antigua flota?
La supresión de la Federación Nacional de Cafeteros es una necesidad sentida. No se puede seguir premiando tanta equivocación. Son más de quinientas mil familias colombianas las que dependen del ingreso cafetero. Frente a esto proponemos un sistema de cooperativas cafeteras manejadas por los propios productores que haga sus veces para ir saneando la política cafetera estableciendo mecanismos eficientes que liberen al cultivador de cargas innecesarias y logren para él un ingreso más justo. Estamos dispuestos a entrar en el debate cafetero.
Quinto: Colombia logró sobrepasar la extracción del millón de barriles diarios de petróleo. Sin embargo el combustible para el parque automotor en todas sus formas hace inalcanzable sus precios. Según un sencillo pero elocuente estudio del periodista Juan Gossaín, publicado en el diario El Tiempo, “Colombia es uno de los 10 países del mundo, y el primero entre todos los de América Latina, donde más cara se paga la gasolina”. Compara los precios de venta del galón de gasolina de algunos países con los precios de venta al consumidor final en nuestro país, encontrándose que en dónde es más caro el galón, el ingreso per cápita del lugar correspondiente supera con creces el ingreso per cápita nacional (Colombia 5.000 dólares, frente a Holanda, 52.000 dólares por habitante y 45.000 dólares en Noruega).
Se pone de presente que a Ecopetrol le cuesta 3.320 pesos un galón de gasolina. Al final de las cuentas se embolsa 1.770 pesos por galón, lo que equivale al 51% como utilidad. Tras demostrar cómo la cadena de costos, intermediación e impuestos lleva a que el consumidor final pague hoy el galón de gasolina corriente a $ 8.635,54, se concluye que países como Corea, importador lejano de crudo colombiano, vende a su nacional el galón de gasolina muy por debajo del precio colombiano.
No es el caso entrar en estos momentos a analizar el “hipernegocio” que ha montado el Estado en cabeza de Ecopetrol en detrimento del consumidor colombiano, llámese usuario de carro de familia o transportador de tractomula; trátese de gasolina corriente o kerosene o ACPM. Con razón dice Gossaín: “El perro más gordo es Ecopetrol y por eso no se le pegan las pulgas”. Golpeando a la “familia” colombiana no es la manera de montar una caja menor para el manejo caprichoso del gobierno que se agrega a los recaudos de las regalías, más conocidas como “mermelada” nacional.
Sexto: ¿Para qué destruir la maquinaria de aquellos mineros que no han sido objeto de reconocimiento por parte del Estado? En un país donde los títulos mineros se acumulan en cabeza de una sola persona para ser vendidos como ganado en feria a quien pueda hacer los estudios que ameriten la final comercialización del producto extraído -generalmente una multinacional ajena a las realidades locales y nacionales-, pequeños mineros son perseguidos y puestos por fuera del comercio. Un Estado que en sus páginas de historia económica registra la “ventanilla siniestra” para beneficiar mafiosos, y amnistías tributarias para favorecer el blanqueo de dineros, ¿cómo no puede estudiar una amnistía minera que permita vincular al pequeño y mediano trabajador de mina a las ventajas de la economía formal?
Séptimo: Por último, nos preguntamos ¿Cuál es la razón para no entregar títulos de propiedad a campesinos que durante años han habitado y trabajado sus tierras en el Catatumbo y otras regiones? ¿Por qué el temor de reconocer las zonas de reserva campesinas si existe le ley que las garantiza? Solicitamos que se haga justicia.
Saludo de patria en esta jornada de protesta a los estudiantes, a los educadores, a los trabajadores de la salud, los floricultores, paneleros, arroceros, lecheros, y en fin, a los sectores encargados de la producción alimentaria, y a los movimientos políticos y sociales que hoy levantan su voz contra la injusticia.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP