La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, agosto 20 de 2013
UN MARCO JURÍDICO FUERA DE CONTEXTO
(Segunda Reflexión)
El punto 5 del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, firmado el 26 de agosto de 2012 por el gobierno de la República de Colombia y las FARC-EP, obliga a las partes a abocar el tema de las víctimas del conflicto interno y a estudiar las formas de resarcirlas.
Para ello indica la necesidad de establecer sus derechos y la obligación de conocer o averiguar la verdad de lo acontecido durante tantos años de lucha social armada.
De lo que se trata entonces, es de abrir en la mesa de las conversaciones de La Habana el capítulo que permitirá establecer la verdad histórica que condujo a más de sesenta años de desangre nacional, a la identificación de las víctimas y a su necesaria reparación.
Todo con el ánimo de resaltar la necesidad de que el resarcimiento incluya la obligación para las partes, del perdón colectivo, a efectos de que una vez alcanzada la paz definitiva -de llegarse a ella-, nos obliguemos todos a un “nunca más”.
Las FARC-EP son conscientes de que a la fecha no hay vencedores ni vencidos y que la lucha continúa.
No de otra manera se puede interpretar el empecinamiento del señor Presidente Santos en no aceptar la tregua bilateral que desde nuestras filas le hemos propuesto con generosidad y patriotismo. Son testigos de esto último, el país entero y los representantes de los países amigos del proceso que le hacen seguimiento a las conversaciones desde hace más de dos años.
No obstante ello, estamos prestos a ir preparando el camino que conduzca a la manifestación de nuestro sentimiento de pesar por lo que ha acontecido.
En efecto, y no es otra la realidad, somos una de las partes del conflicto.
Nuestras guerrilleras y guerrilleros , nuestras familias, los sectores sociales que desde los albores de la contienda hemos defendido con lealtad y decisión, hemos sido y han sido víctimas de dolorosos, despiadados y sangrientos episodios provocados por fuerzas gubernamentales y paragubernamentales -oficiales y para oficiales-, aupadas con dineros del Estado y dineros privados; todo y más con la colaboración proveniente desde privilegiados, exclusivos y excluyentes sectores de la sociedad que a manos llenas han promovido, financiado y aplaudido la acción aberrante y atroz de fuerzas paramilitares.
Es que en las zonas urbanas de altos estratos no se tiene en cuenta, ni se padeció el rugir de las moto sierras ensangrentadas, ni el olor a carne humana freída en hornos crematorios, ni la visión de cadáveres desmembrados bajando por los caudales de casi todos los ríos de la patria.
Sin duda, también ha habido crudeza y dolor provocados desde nuestras filas. El enemigo nunca fue ni ha sido fácil; no se sujetó a normas de combate. Fue ayudado, entrenado y financiado por fuerzas foráneas que nunca tuvieron una visión del país nacional nuestro; nunca conocieron las angustias de los pobladores de nuestras zonas tomadas por la pobreza, la injusticia, el desamparo y la represión. Confundieron la patria con su guerra fría y crearon y auspiciaron fuerzas desalmadas, so pretexto de buscar al enemigo interno que amenazaba sus privilegios de clase.
Así y todo, debemos reconocer la necesidad de aproximar el tema de víctimas, su identificación y su reparación con total lealtad a la causa de la paz y la reconciliación.
Es por ello que le hemos propuesto a los señores del gobierno que integran la mesa de diálogo, que se proceda de inmediato a la integración de una comisión conformada por expertos nacionales y extranjeros en aras de investigación de la historia, para que se establezca la verdad de lo acontecido durante la violencia partidista, el origen de la actual contienda como resultado de dicho enfrentamiento fratricida, el porqué del surgimiento de las guerrillas y el desencadenamiento desde entonces del conflicto social armado interno, que hasta solo en fecha reciente vino a ser reconocido por el Estado a fin de permitir la aplicación del Derecho Internacional Humanitario.
Esa comisión en nuestra opinión debe ser integrada inmediatamente.
Ya el gobierno nacional por boca del señor Presidente Santos reconoció ante los jueces de la Corte Constitucional la responsabilidad de Estado por acción y por omisión en la contienda, y también su responsabilidad causal de miles de víctimas, tal como se desprende del reciente informe del Centro Nacional de Memoria Histórica titulado ¡Basta ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad.
Bien se ha dicho que la mencionada Memoria, si ciertamente está bien intencionada, se quedó corta.
Que la fecha establecida como punto de partida de la investigación es caprichosa y que por ello no permite incluir autores, ni causas, ni explicaciones colocándola así por fuera del real y necesario contexto. La Comisión propuesta podría perfeccionar los trabajos adelantados hasta la fecha agotando la investigación, estudio y análisis de lo acontecido. Es así como se logra establecer la verdad y señalar responsabilidades.
Sea esta la oportunidad para invitar al país entero a un día de reflexión y contrición. Que todos los responsables por el conflicto social y armado hagan presencia masiva en todos los rincones de la Patria adolorida.
Un día para que se expresen los partidos tradicionales y aquellos que se han desprendido de estos como responsables que son; el Estado en cabeza del señor Presidente y sus ministros, haciendo eco de lo manifestado por el doctor Juan Manuel Santos ante la Corte Constitucional; las cabezas de la fuerza pública; los paramilitares desde los sitios en que se encuentren; las cabezas de los demás órganos constituidos; quienes fueron las comandancias de fuerzas insurgentes hoy en retiro; los ex presidentes, las potencias extranjeras que han apoyado a los gobiernos en la guerra contra el pueblo, los ex comandantes de fuerzas, y la iglesia del régimen, que lo es del régimen, por no haber construido durante todos estos años pasados un verdadero púlpito de reconciliación y de paz.
El día que se escoja para los fines propuestos, nuestros guerrilleros y guerrilleras, se estarán manifestando de igual manera desde todos los rincones de la Patria adolorida.
Aprovechamos para invitar de nuevo y de manera pública al gobierno nacional a que suscriba un acuerdo especial de regulación del conflicto mientras se acata nuestra propuesta de tregua bilateral de fuegos.