Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Fecha
2013-08-28
Categoría
Comunicado
Reflexiones sobre el décimo tercer ciclo de conversaciones
La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, Agosto 28 de 2013
RUEDA DE PRENSA, Reflexiones de las FARC-EP sobre el décimo tercer ciclo de conversaciones.
De manera convenida las delegaciones de paz del gobierno y de las FARC-EP han abordado en este ciclo que culmina la casi totalidad del conjunto de Agenda, lo cual ha entregado a la mesa de Diálogos bastantes instrumentos que posibilitarán hacer más cercana la posibilidad de un acuerdo en función de la justicia y la reconciliación colombiana.
Aparte de los asuntos que atañen al tema de Participación Política se han tocado aspectos referidos a la solución del problema de las drogas ilícitas con la indicación de fechas y procedimientos para la realización del Foro que permita la presencia de las comunidades en el análisis del problema; sobre temas como el marco jurídico para la paz o la refrendación de acuerdos, se han dejado sentadas posiciones que dejan en claro los puntos de vista que cada una de las partes tiene, tratando de encontrar aproximaciones. A lo largo de estas conversaciones nos hemos referido de manera especial al tema de las víctimas de la confrontación inquiriendo por la responsabilidad histórica de quienes generaron y participaron en esta guerra que hoy requiere de un acto de contrición de todos.
Discutido todo esto, aparte de las propuestas mínimas para la democracia real, la paz con justicia social y la reconciliación nacional, las FARC-EP han lanzado otras importantes iniciativas que despejan el camino hacia la paz. Entre ellas tenemos:
1. La de integrar una comisión de Revisión y Esclarecimiento de la Verdad de las Historia del Conflicto Interno Colombiano que complemente el informe del grupo de memoria histórica.
2. Nuestras reflexiones sobre un marco jurídico fuera de contexto, que por la manera inconsulta en que fue tramitado resultará inane para el desenvolvimiento del proceso.
3. Nuestras consideraciones sobre la iniciativa gubernamental no consensuada de referendo que con carácter de urgencia se discute en el Congreso. A propósito del referendo, para nuestras reflexiones partimos del criterio de que una vez impuesto tal mecanismo, se estaría eliminando de facto el punto sexto de la agenda, lo cual no es admisible por parte de la Delegación insurgente.
En consecuencia, el contenido de un eventual Tratado de Paz como el que se podría vislumbrar entre el Gobierno y las FARC-EP, además de lo que representa para la historia del país, en términos de generar nuevas condiciones para el pleno ejercicio de la política, sin necesidad de recurrir al alzamiento armado contra el Estado, supera las posibilidades políticas, jurídicas y técnicas de un referendo constitucional, por las siguientes razones:
1. Se trata, en efecto, de un nuevo pacto social sobre todo si observamos que las FARC-EP no se sienten comprometidas con el pacto social que dio lugar a la Constitución de 1991. Si así fuera, hubieran desistido del alzamiento armado contra el Estado desde hace más de dos décadas. El tratado de paz inconcluso de 1991, al haber excluido a las más importantes fuerzas guerrilleras de la historia colombiana, las FARC-EP y el ELN tiene la posibilidad real, producto del inicio de los diálogos con el Gobierno nacional, de completar esa tarea histórica inacaba. Y eso no se puede lograr con un referendo de sometimiento al orden jurídico existente, que incluya un conjunto de actos legislativos, dado que no se está negociando con una guerrilla derrotada.
2. Aunque los diálogos y la negociación se adelantan con el Gobierno actual, la fuerza política y jurídica de un Acuerdo Final, debe comprometer a toda la institucionalidad colombiana, es decir, al Estado en su conjunto. En ese sentido, caminos hacia una verdadera solución política demandan una creatividad en los diseños institucionales que satisfagan a las partes y, sobre todo, al pueblo colombiano. Un referendo no alcanza a responder a las complejidades de semejante cometido.
3. Si se considera la experiencia de redacción de los acuerdos parciales, de lograrse un acuerdo final, se llegara a un texto muy extenso, probablemente de más de cincuenta folios. No se entendería, cómo un acuerdo de semejante extensión podría ser reducido a una pregunta de aprobación o negación. En igual sentido, tampoco queda claro quién se encargaría de interpretar el Acuerdo para definir cuáles son las reformas de alcance constitucional que serían sometidas a referendo, con qué criterios se formularían, quién diseñaría las preguntas, etc. No es aceptable, sería poco convincente y nada transparente, que el texto del Acuerdo quedara en manos del Gobierno y del Congreso para que éstos definieran un eventual referendo con su interpretación de lo acordado.
4. En ese sentido, si se espera que un referendo sea fruto de un Acuerdo entre las partes, ello implicaría que serían éstas quienes tendrían que proceder a su diseño, a acordar las preguntas, a definir el contenido de cada uno de los posibles actos legislativos, etc. Es decir, ello conllevaría introducir aspectos no contemplados hasta el momento en la Mesa de diálogos.
5. Dada la complejidad del texto a refrendar y de los actos legislativos a aprobar, las condiciones para una participación ciudadana informada no están dadas. Un verdadero Tratado de paz exige la más amplia y activa participación social y popular.
6. El texto de un eventual acuerdo no compromete exclusivamente reformas constitucionales, comprende igualmente el rediseño de políticas públicas, nuevos desarrollos legales, asignación de recursos, entre otros. Asuntos, que desde el punto de vista de la técnica de refrendación no podrían incorporarse en un referendo constitucional, pues demandan otro tipo de diseños institucionales.
7. La discusión no se refiere sólo a la refrendación, compromete el cumplimiento de los Acuerdos.
Estas son algunas de las razones sobre los límites de un referendo constitucional.
Son “loables” las preocupaciones de quienes están pensando ya en ello. Pero se quedan cortas respecto de la responsabilidad histórica de buscarle una efectiva salida política al conflicto social y armado.
En consideración a lo anterior, un gran acuerdo político nacional para la convocatoria de una ANC continúa siendo la salida más responsable y consecuente hacia la refrendación de un eventual acuerdo de paz.
Por lo demás es insensato presentar a la negación del referendo la guerra como única alternativa. El sexto punto de la agenda está por discutirse. Esperemos su momento, todo tiene su tiempo. Propiciemos que para este debate la nación en masa exprese su opinión.
Aunque los avances son concretos, estamos invitando al gobierno a retomar con celeridad el segundo punto de la agenda, que es el que en su orden corresponde al desarrollo de los presentes ciclos.
Finalmente, en el marco del proceso electoral que ya está en marcha, proponemos nuevamente una tregua bilateral de fuegos vigilada por organismos internacionales latinoamericanos, que blinde el proceso de las zozobras de la confrontación y de los intereses partidarios de quienes participan en la contienda.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP
RUEDA DE PRENSA, Reflexiones de las FARC-EP sobre el décimo tercer ciclo de conversaciones.
De manera convenida las delegaciones de paz del gobierno y de las FARC-EP han abordado en este ciclo que culmina la casi totalidad del conjunto de Agenda, lo cual ha entregado a la mesa de Diálogos bastantes instrumentos que posibilitarán hacer más cercana la posibilidad de un acuerdo en función de la justicia y la reconciliación colombiana.
Aparte de los asuntos que atañen al tema de Participación Política se han tocado aspectos referidos a la solución del problema de las drogas ilícitas con la indicación de fechas y procedimientos para la realización del Foro que permita la presencia de las comunidades en el análisis del problema; sobre temas como el marco jurídico para la paz o la refrendación de acuerdos, se han dejado sentadas posiciones que dejan en claro los puntos de vista que cada una de las partes tiene, tratando de encontrar aproximaciones. A lo largo de estas conversaciones nos hemos referido de manera especial al tema de las víctimas de la confrontación inquiriendo por la responsabilidad histórica de quienes generaron y participaron en esta guerra que hoy requiere de un acto de contrición de todos.
Discutido todo esto, aparte de las propuestas mínimas para la democracia real, la paz con justicia social y la reconciliación nacional, las FARC-EP han lanzado otras importantes iniciativas que despejan el camino hacia la paz. Entre ellas tenemos:
1. La de integrar una comisión de Revisión y Esclarecimiento de la Verdad de las Historia del Conflicto Interno Colombiano que complemente el informe del grupo de memoria histórica.
2. Nuestras reflexiones sobre un marco jurídico fuera de contexto, que por la manera inconsulta en que fue tramitado resultará inane para el desenvolvimiento del proceso.
3. Nuestras consideraciones sobre la iniciativa gubernamental no consensuada de referendo que con carácter de urgencia se discute en el Congreso. A propósito del referendo, para nuestras reflexiones partimos del criterio de que una vez impuesto tal mecanismo, se estaría eliminando de facto el punto sexto de la agenda, lo cual no es admisible por parte de la Delegación insurgente.
En consecuencia, el contenido de un eventual Tratado de Paz como el que se podría vislumbrar entre el Gobierno y las FARC-EP, además de lo que representa para la historia del país, en términos de generar nuevas condiciones para el pleno ejercicio de la política, sin necesidad de recurrir al alzamiento armado contra el Estado, supera las posibilidades políticas, jurídicas y técnicas de un referendo constitucional, por las siguientes razones:
1. Se trata, en efecto, de un nuevo pacto social sobre todo si observamos que las FARC-EP no se sienten comprometidas con el pacto social que dio lugar a la Constitución de 1991. Si así fuera, hubieran desistido del alzamiento armado contra el Estado desde hace más de dos décadas. El tratado de paz inconcluso de 1991, al haber excluido a las más importantes fuerzas guerrilleras de la historia colombiana, las FARC-EP y el ELN tiene la posibilidad real, producto del inicio de los diálogos con el Gobierno nacional, de completar esa tarea histórica inacaba. Y eso no se puede lograr con un referendo de sometimiento al orden jurídico existente, que incluya un conjunto de actos legislativos, dado que no se está negociando con una guerrilla derrotada.
2. Aunque los diálogos y la negociación se adelantan con el Gobierno actual, la fuerza política y jurídica de un Acuerdo Final, debe comprometer a toda la institucionalidad colombiana, es decir, al Estado en su conjunto. En ese sentido, caminos hacia una verdadera solución política demandan una creatividad en los diseños institucionales que satisfagan a las partes y, sobre todo, al pueblo colombiano. Un referendo no alcanza a responder a las complejidades de semejante cometido.
3. Si se considera la experiencia de redacción de los acuerdos parciales, de lograrse un acuerdo final, se llegara a un texto muy extenso, probablemente de más de cincuenta folios. No se entendería, cómo un acuerdo de semejante extensión podría ser reducido a una pregunta de aprobación o negación. En igual sentido, tampoco queda claro quién se encargaría de interpretar el Acuerdo para definir cuáles son las reformas de alcance constitucional que serían sometidas a referendo, con qué criterios se formularían, quién diseñaría las preguntas, etc. No es aceptable, sería poco convincente y nada transparente, que el texto del Acuerdo quedara en manos del Gobierno y del Congreso para que éstos definieran un eventual referendo con su interpretación de lo acordado.
4. En ese sentido, si se espera que un referendo sea fruto de un Acuerdo entre las partes, ello implicaría que serían éstas quienes tendrían que proceder a su diseño, a acordar las preguntas, a definir el contenido de cada uno de los posibles actos legislativos, etc. Es decir, ello conllevaría introducir aspectos no contemplados hasta el momento en la Mesa de diálogos.
5. Dada la complejidad del texto a refrendar y de los actos legislativos a aprobar, las condiciones para una participación ciudadana informada no están dadas. Un verdadero Tratado de paz exige la más amplia y activa participación social y popular.
6. El texto de un eventual acuerdo no compromete exclusivamente reformas constitucionales, comprende igualmente el rediseño de políticas públicas, nuevos desarrollos legales, asignación de recursos, entre otros. Asuntos, que desde el punto de vista de la técnica de refrendación no podrían incorporarse en un referendo constitucional, pues demandan otro tipo de diseños institucionales.
7. La discusión no se refiere sólo a la refrendación, compromete el cumplimiento de los Acuerdos.
Estas son algunas de las razones sobre los límites de un referendo constitucional.
Son “loables” las preocupaciones de quienes están pensando ya en ello. Pero se quedan cortas respecto de la responsabilidad histórica de buscarle una efectiva salida política al conflicto social y armado.
En consideración a lo anterior, un gran acuerdo político nacional para la convocatoria de una ANC continúa siendo la salida más responsable y consecuente hacia la refrendación de un eventual acuerdo de paz.
Por lo demás es insensato presentar a la negación del referendo la guerra como única alternativa. El sexto punto de la agenda está por discutirse. Esperemos su momento, todo tiene su tiempo. Propiciemos que para este debate la nación en masa exprese su opinión.
Aunque los avances son concretos, estamos invitando al gobierno a retomar con celeridad el segundo punto de la agenda, que es el que en su orden corresponde al desarrollo de los presentes ciclos.
Finalmente, en el marco del proceso electoral que ya está en marcha, proponemos nuevamente una tregua bilateral de fuegos vigilada por organismos internacionales latinoamericanos, que blinde el proceso de las zozobras de la confrontación y de los intereses partidarios de quienes participan en la contienda.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP