Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Fecha
2013-09-09
Categoría
Comunicado
Comunicado sobre el inicio del décimo cuarto ciclo
COMUNICADO - INICIO DEL DÉCIMO CUARTO CICLO
La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, septiembre 9 de 2013
Alcanzar un Acuerdo de Paz es, sin duda, necesidad fundamental de los colombianos. Pero un Acuerdo de tal naturaleza, no es posible si definitivamente no se asume que son las normas jurídicas las que se deben someter a la necesidad de esa paz y no al contrario.
Esta verdad implica asumir políticas de máximo interes social y no de coyuntura, sobre todo si estamos próximos a adentrarnos en el escabroso camino que significan los procesos electorales en Colombia.
Toda Colombia necesita de la paz, entonces, para qué atravesarle ruindades a un proceso como el de la Habana. Los problemas que tienen inconforme al pueblo más humilde, y reclamando justicia en las calles, no pueden ser enfrentados con medidas de represión militarista, que ya han causado 17 de muertos, cerca de 850 heridos, y más de medio millar de personas judicializadas en desarrollo de la criminalización de la protesta ciudadana, en un momento en que precisamente se debate en la Mesa de Diálogos, sobre el asunto de las garantías de oposición política que deben tener los partidos y movimientos políticos, como también los movimientos sociales a los que tradicionalmente se les desconoce estos y otros derechos fundamentales.
A la insurgencia se le pide confiar en el gobierno, y proceder a cambiar las armas por las urnas electorales. Se nos pide confianza en las instituciones mientras se dispara contra el pueblo inerme utilizando al escuadrón asesino del ESMAD. No se puede esperar más el desmantelamiento de esta máquina de muerte.
Colombia urge la paz, pero la paz se debe construir desde ya cesando esa infame represión desatada contra los de abajo y garantizándole sus derechos civiles; entre ellos el derecho a la protesta y a la oposición política.
Ya particularmente para el desenvolvimiento de la Mesa, creemos que ahora urge volver al orden de la Agenda, atendiendo a lo que está pactado desde los inicios del diálogo, lo cual ninguna de las partes puede pretender variar, tal como en ocasiones ha ocurrido por acción unilateral del gobierno, como cuando se echaron a andar mecanismos inicuos referidos a un marco jurídico para la paz que, obviamente, para nosotros no cuenta, o como cuando se ha abordado la definción de procedimientos de refrendación sin considerar la opinión de las FARC-EP, como ya es de público conocimiento.
No obstante, y debido a que al tema del referendo se le hadado un inusitado impulso en los medios de comunicación y en el Congreso de Colombia, sin descuidar nosotros el punto de participación política que es el que corresponde discutir, estamos pendientes de la visita de la Comisión de Senadores, Representantes a la Cámara y jefes de partidos políticos, entre los que se ha dicho que se incliuirá a la martirizada Unión Patriótica. Por invitación de las FARC-EP vienen los mencionados hasta la sede de las conversaciones a tratar lo concerniente a los mecanismos de refrendación que están en cuestión y aspectos del segundo punto de la agenda cuyo estudio está pendiente, entre los que podría incluirse lo que alude al estatuto de la oposición.
Públicamente, con los medios presentes y en tiempo real,el país debe conocer de estos temas a plenitud, como ya ocurrió con el gobierno en el capitolio en Bogotá. Luego en una sesión conjunta de ambas delegaciones de paz se deberá contar, incluso,con una exposición integral de parte de los representantes del gobierno en la mesa, de lo que es la propuesta que de manera recortada presentaron al país sobre el tema del referendo, pues es un deber de lealtad que Colombia conozca cuáles son las pretensiones del Presidente y su gobierno. Nada queremos a espaldas del pueblo, más cuando estamos convencidos de que no parece nada prudente, sensato, ni legítimo, ligar los asuntos de la paz al proceso electoral.
Muchas otras cosas prácticas habrá que hacer por la paz. Por ejemplo, pensar en mejorarla situación del ministerio de agricultura, el cual ahora tiene que soportar sin necesidad la presencia de un protagonista y representante del círculo de latifundistas que han acumulado tierras baldías mediante trucos y simulaciones jurídicas. ¿Puede ser el señor Lizarralde el ministro adecuado que resolverá los múltiples problemas planteados por los campesinos que sobre todo claman por la tierra que el mismo ministro se ha apropiado indebidamente en escenarios como el Vichada? ¿Puede ser este el funcionario idóneo para tratar los problemas derivados de la imposición de los TLC? ¿Qué garantías para la reforma agraria, podría brindar un ministro que se ha opuesto encarnizadamente a las zonas de reserva campesina?
Mientras el país está que arde, no podemos alargar el tiempo preguntándonos ¿cuándo van a bajar el precio de la gasolina? Congelarlo por unas semanas no es la solución; la medida debe ser la de bajarlo de manera significativa y por un largo término que beneficie a los usuarios.
¿Hasta dónde se seguirá acrecentando la deuda social? No se pueden seguir postergando las soluciones para los de abajo mientras se incrementan los gastos de guerra y se ratifica como ministro de la Defensa a Juan Carlos Pinzón, parlanchín que sataniza la protesta y ordena al ejército su aplastamiento a sangre y fuego.
¿Hasta cuándo se va a demorar la reforma a la justicia? ¿Hasta cuándo vamos a soportar la ausencia de su independencia orgánica? ¿Acaso resolver este entuerto será la tarea del otrora Fiscal del proceso 8.000, o por el contrario, será la de aplicar la ley de justicia y paz?
Y finalmente, por ahora, si en verdad deseamos que se escuche el clamor de todas las víctimas del conflicto, sin hacer uso utilitarista y demonizante del perdón y del dolor ajeno, ¿hasta cuándo el gobierno va a demorar la conformación de la Comisión de Revisión y Esclarecimiento de la verdad de la Historia del Conflicto Interno Colombiano que han solicitado las FARC-EP?
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP
La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, septiembre 9 de 2013
Alcanzar un Acuerdo de Paz es, sin duda, necesidad fundamental de los colombianos. Pero un Acuerdo de tal naturaleza, no es posible si definitivamente no se asume que son las normas jurídicas las que se deben someter a la necesidad de esa paz y no al contrario.
Esta verdad implica asumir políticas de máximo interes social y no de coyuntura, sobre todo si estamos próximos a adentrarnos en el escabroso camino que significan los procesos electorales en Colombia.
Toda Colombia necesita de la paz, entonces, para qué atravesarle ruindades a un proceso como el de la Habana. Los problemas que tienen inconforme al pueblo más humilde, y reclamando justicia en las calles, no pueden ser enfrentados con medidas de represión militarista, que ya han causado 17 de muertos, cerca de 850 heridos, y más de medio millar de personas judicializadas en desarrollo de la criminalización de la protesta ciudadana, en un momento en que precisamente se debate en la Mesa de Diálogos, sobre el asunto de las garantías de oposición política que deben tener los partidos y movimientos políticos, como también los movimientos sociales a los que tradicionalmente se les desconoce estos y otros derechos fundamentales.
A la insurgencia se le pide confiar en el gobierno, y proceder a cambiar las armas por las urnas electorales. Se nos pide confianza en las instituciones mientras se dispara contra el pueblo inerme utilizando al escuadrón asesino del ESMAD. No se puede esperar más el desmantelamiento de esta máquina de muerte.
Colombia urge la paz, pero la paz se debe construir desde ya cesando esa infame represión desatada contra los de abajo y garantizándole sus derechos civiles; entre ellos el derecho a la protesta y a la oposición política.
Ya particularmente para el desenvolvimiento de la Mesa, creemos que ahora urge volver al orden de la Agenda, atendiendo a lo que está pactado desde los inicios del diálogo, lo cual ninguna de las partes puede pretender variar, tal como en ocasiones ha ocurrido por acción unilateral del gobierno, como cuando se echaron a andar mecanismos inicuos referidos a un marco jurídico para la paz que, obviamente, para nosotros no cuenta, o como cuando se ha abordado la definción de procedimientos de refrendación sin considerar la opinión de las FARC-EP, como ya es de público conocimiento.
No obstante, y debido a que al tema del referendo se le hadado un inusitado impulso en los medios de comunicación y en el Congreso de Colombia, sin descuidar nosotros el punto de participación política que es el que corresponde discutir, estamos pendientes de la visita de la Comisión de Senadores, Representantes a la Cámara y jefes de partidos políticos, entre los que se ha dicho que se incliuirá a la martirizada Unión Patriótica. Por invitación de las FARC-EP vienen los mencionados hasta la sede de las conversaciones a tratar lo concerniente a los mecanismos de refrendación que están en cuestión y aspectos del segundo punto de la agenda cuyo estudio está pendiente, entre los que podría incluirse lo que alude al estatuto de la oposición.
Públicamente, con los medios presentes y en tiempo real,el país debe conocer de estos temas a plenitud, como ya ocurrió con el gobierno en el capitolio en Bogotá. Luego en una sesión conjunta de ambas delegaciones de paz se deberá contar, incluso,con una exposición integral de parte de los representantes del gobierno en la mesa, de lo que es la propuesta que de manera recortada presentaron al país sobre el tema del referendo, pues es un deber de lealtad que Colombia conozca cuáles son las pretensiones del Presidente y su gobierno. Nada queremos a espaldas del pueblo, más cuando estamos convencidos de que no parece nada prudente, sensato, ni legítimo, ligar los asuntos de la paz al proceso electoral.
Muchas otras cosas prácticas habrá que hacer por la paz. Por ejemplo, pensar en mejorarla situación del ministerio de agricultura, el cual ahora tiene que soportar sin necesidad la presencia de un protagonista y representante del círculo de latifundistas que han acumulado tierras baldías mediante trucos y simulaciones jurídicas. ¿Puede ser el señor Lizarralde el ministro adecuado que resolverá los múltiples problemas planteados por los campesinos que sobre todo claman por la tierra que el mismo ministro se ha apropiado indebidamente en escenarios como el Vichada? ¿Puede ser este el funcionario idóneo para tratar los problemas derivados de la imposición de los TLC? ¿Qué garantías para la reforma agraria, podría brindar un ministro que se ha opuesto encarnizadamente a las zonas de reserva campesina?
Mientras el país está que arde, no podemos alargar el tiempo preguntándonos ¿cuándo van a bajar el precio de la gasolina? Congelarlo por unas semanas no es la solución; la medida debe ser la de bajarlo de manera significativa y por un largo término que beneficie a los usuarios.
¿Hasta dónde se seguirá acrecentando la deuda social? No se pueden seguir postergando las soluciones para los de abajo mientras se incrementan los gastos de guerra y se ratifica como ministro de la Defensa a Juan Carlos Pinzón, parlanchín que sataniza la protesta y ordena al ejército su aplastamiento a sangre y fuego.
¿Hasta cuándo se va a demorar la reforma a la justicia? ¿Hasta cuándo vamos a soportar la ausencia de su independencia orgánica? ¿Acaso resolver este entuerto será la tarea del otrora Fiscal del proceso 8.000, o por el contrario, será la de aplicar la ley de justicia y paz?
Y finalmente, por ahora, si en verdad deseamos que se escuche el clamor de todas las víctimas del conflicto, sin hacer uso utilitarista y demonizante del perdón y del dolor ajeno, ¿hasta cuándo el gobierno va a demorar la conformación de la Comisión de Revisión y Esclarecimiento de la verdad de la Historia del Conflicto Interno Colombiano que han solicitado las FARC-EP?
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP