Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Organización
Fecha
2001-09-01
Categoría
Comunicado
La validez de la comisión de la verdad en Perú
LA VALIDEZ DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD EN PERÚ
El Movimiento Revolucionario Tupac Amarú (MRTA), frente a la conformación de la llamada Comisión de la Verdad, se dirige a nuestro pueblo, a las organizaciones defensoras de los derechos humanos, a las organizaciones sociales y sindicales, a las organizaciones políticas y de solidaridad, para expresar lo siguiente:
1.- La paz es una aspiración de la humanidad y de nuestro pueblo; pero la paz no puede hallarse donde la equidad y la justicia no impere.
Por esa razón el MRTA a manifestado reiteradamente que: Sin justicia social, no habrá paz.
2.- Para las clases dominantes y las Fuerzas Armadas y Policiales, las llamadas fuerzas de seguridad, la paz es la aceptación del orden imperante y la conculcación del derecho a reclamar ante cualquier injusticia.
3.- Es evidente que existen dos concepciones sobre la paz, una basada en la búsqueda de la justicia social y la otra basada en la imposición de la injusticia social, la opresión y explotación.
4.- Bajo la lógica de paz que enarbolan los defensores del status quo; la justicia, la dignidad, la igualdad y los derechos humanos devendrán en subversivos.
5.- La permanente agresión contra nuestro pueblo cuando este reclama el derecho a un trabajo y una vida digna, educación, salud y vivienda hicieron necesario una respuesta organizada a la violencia estructural real y física que se manifestaba en brutales palizas cuando no éramos abaleados indiscriminadamente. Hombres ,mujeres y niños que desarmados y en forma pacifica reclamábamos nuestros derechos fuimos objetos de violentas represiones, por lo que cansados de tanta violencia, decidimos responder a esa violencia con el mismo lenguaje que ellos, las fuerzas de seguridad usaban contra nuestro pueblo.
6.- La existencia de un movimiento insurgente, no solo se da como resultado de la necesidad de responder con el lenguaje que el estado usa para reprimir a nuestro pueblo, sino que este se da en el marco del legitimo derecho a la defensa que tienen los individuos y el derecho que tiene los pueblos a revelarse contra un régimen autoritario que no defienda ni satisfaga los derechos del pueblo. El Derecho a la Insurgencia esta consagrado en la Constitución Política del 79 y que incluso recoge la constitución espuria del 93.
7.- Este es el marco general que da origen a lo que en el Perú se a dado por denominar violencia política, y que se desarrolla como una guerra interna; la misma que están enmarcadas en el cumplimiento de determinadas leyes especificas que están consagradas en la Convención de Ginebra y de manera específica en el Protocolo Adicional del 79, referentes a los conflictos internos, el cual a sido subscrito y ratificado por el Perú por tanto es de obligado cumplimiento.
8.- En el contexto de esta guerra interna se han sucedido hechos que contravienen derechos consagrados en la constitución política del país así como de Pactos y Convenios Internacionales que el Perú a suscrito en materia de derechos humanos, procedimientos penales e independencia del poder judicial, sistema penitenciario y tratamiento de prisioneros de guerra y presos políticos así como prevención y prescripción de la tortura.
9.- Estas violaciones van desde las detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, genocidio contra la población civil no combatiente, perpetrados en las llamadas zonas de emergencia bajo control de las fuerzas de seguridad y que hasta hoy permanecen sin esclarecer ni responsabilizar y mucho menos sancionar a los culpables de estos delitos.
10.- Estos hechos deben ser investigados para así evitar se vuelvan a repetir en el futuro y para que la impunidad no proteja a los causantes de tanta muerte y dolor de nuestro pueblo. Esta es la tarea que la llamada comisión de la verdad esta encargada de realizar.
Los tupacamaristas debemos llamar la atención sobre algunos hechos que despiertan serias dudas sobre la imparcialidad , objetividad y los verdaderos fines y objetivos de esta comisión.
- En primer lugar, se ha negado la posibilidad de participación de juristas, defensores de los DDHH u otras personalidades cuya nacionalidad no sea peruana, cuya imparcialidad y objetividad pueda garantizarse.
- En segundo lugar, esta comisión ha sido conformada sin tener en cuenta la participación de importantes sectores sociales y sus organizaciones representativas.
- En tercer lugar, esta comisión esta integrada por personas que no cumplen el mínimo de independencia e imparcialidad, requisito indispensable para evaluar los acontecimientos con objetividad. No podemos dejar de señalar la trayectoria de los señores Bernales y De Gregori quienes han representado al gobierno de Alberto Fujimori en foros internacionales o la del Sr. Tapia, quien asumió la cerrada defensa de la política psicosocial del gobierno dictatorial y del honor de los militares comprometidos seriamente en acciones de violación de los mas elementales derechos humanos. Sin hablar ya de la presencia de la incondicional fujimorista Beatriz Merino. Por si esto fuera poco, la comisión a empezado por afirmar que se investigaran la violencia terrorista y los excesos de las fuerzas de seguridad con lo que es evidente que niegan la existencia del terrorismo de estado, la existencia de escuadrones de la muerte y la impunidad con la que actuaron al amparo del gobierno fujimorista y el estado peruano.
Los tupacamaristas, conscientes de la necesidad que tiene nuestro pueblo de la paz con justicia social, no podemos dejar de señalar que este tiene el derecho de conocer con objetividad los hechos y acciones ocurridos durante estas dos décadas de guerra interna y por elemental justicia, los responsables de tanta muerte y miseria de nuestro pueblo deben ser juzgados para escarnio de quienes pretendan volver a imponerse por la fuerza y contra la voluntad popular.
Los tupacamaristas no podemos aceptar ni dejar de denunciar el verdadero fin con el que se a creado a la llamada comisión de la verdad el cual estamos seguros tiene como única función la de criminalizar la resistencia del pueblo y su derecho a la Insurgencia el cual ya a sido calificado de terrorismo; en tanto que el accionar de las fuerzas de seguridad son benignamente tipificadas de excesos. Con esto se justifica las aberrantes leyes de venganza contra los luchadores sociales, las cárceles de exterminio y la amnistía otorgada a los mas de 1500 miembros de las fuerzas de seguridad, probadamente violadores de derechos humanos, torturas, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y genocidio, quienes han vuelto a ser admitidos al servicio activo.
Es evidente que lo que se pretende es lavar la deteriorada imagen del estado peruano así como de sus instituciones armadas. Fuerzas armadas y policiales comprometidas con crímenes de lesa humanidad, corrupción, trafico no solo de influencias sino también de armas y drogas.
Esta comisión pretende borrar la memoria histórica de nuestro pueblo, para cubrir con el manto de la impunidad sus crímenes.
En nuestro país cualquier esfuerzo en la búsqueda de la paz no puede darse sobre la base de la impunidad, sobre la base del mantenimiento de las desigualdades sociales y sin esclarecer los crímenes perpetrados contra nuestro pueblo, por lo que el MRTA se reafirma en la propuesta de paz con justicia social y en esa dinámica nos comprometemos con la búsqueda de la verdad de lo acontecido durante las dos décadas de guerra interna, guerra que a dejado mas de 30 mil muertos, cientos de miles de hombres y mujeres torturados, más de 5 mil desaparecidos en el Perú.
El MRTA llama a nuestro pueblo, a la militancia tupacamarista y a los sectores progresistas y humanitarios de nuestro pueblo a no hacerse eco de esta nueva farsa de Comisión de la Verdad, cuyo único objetivo como lo explicamos líneas arriba es consagrar la impunidad y lavarle la cara a un sistema decrépito que no tiene voluntad política para cambiar mínimamente esta situación y que sin la menor vergüenza se apresta a justificar los crímenes de la dictadura en los últimos 10 años y los de las FFAA en los últimos 20, para no hablar de toda nuestra historia republicana, plagada de múltiples crímenes, que han tenido la misma motivación: mantener un sistema económico y social que sólo favorece a un reducido número de familias "dueñas del Perú", ligados a los intereses transnacionales.
El MRTA considera que solo el pueblo organizado en el poder garantizara la formación de una verdadera comisión de la verdad, que investigue con imparcialidad y objetividad este periodo de nuestra historia.
El MRTA convoca a nuestro pueblo a seguir fortaleciendo sus organizaciones autónomas de base y seguir luchando por una sociedad donde la impunidad, la opresión y la explotación solo sean un mal recuerdo del pasado.
¡NO A LA FARSA DE COMISION DE LA VERDAD!
¡SIN LUCHAS NO HAY VICTORIAS!
¡TUPAC AMARU VIVE Y VENCERA!
DIRECCION NACIONAL DEL MRTA
Agosto-Setiembre del 2001
El Movimiento Revolucionario Tupac Amarú (MRTA), frente a la conformación de la llamada Comisión de la Verdad, se dirige a nuestro pueblo, a las organizaciones defensoras de los derechos humanos, a las organizaciones sociales y sindicales, a las organizaciones políticas y de solidaridad, para expresar lo siguiente:
1.- La paz es una aspiración de la humanidad y de nuestro pueblo; pero la paz no puede hallarse donde la equidad y la justicia no impere.
Por esa razón el MRTA a manifestado reiteradamente que: Sin justicia social, no habrá paz.
2.- Para las clases dominantes y las Fuerzas Armadas y Policiales, las llamadas fuerzas de seguridad, la paz es la aceptación del orden imperante y la conculcación del derecho a reclamar ante cualquier injusticia.
3.- Es evidente que existen dos concepciones sobre la paz, una basada en la búsqueda de la justicia social y la otra basada en la imposición de la injusticia social, la opresión y explotación.
4.- Bajo la lógica de paz que enarbolan los defensores del status quo; la justicia, la dignidad, la igualdad y los derechos humanos devendrán en subversivos.
5.- La permanente agresión contra nuestro pueblo cuando este reclama el derecho a un trabajo y una vida digna, educación, salud y vivienda hicieron necesario una respuesta organizada a la violencia estructural real y física que se manifestaba en brutales palizas cuando no éramos abaleados indiscriminadamente. Hombres ,mujeres y niños que desarmados y en forma pacifica reclamábamos nuestros derechos fuimos objetos de violentas represiones, por lo que cansados de tanta violencia, decidimos responder a esa violencia con el mismo lenguaje que ellos, las fuerzas de seguridad usaban contra nuestro pueblo.
6.- La existencia de un movimiento insurgente, no solo se da como resultado de la necesidad de responder con el lenguaje que el estado usa para reprimir a nuestro pueblo, sino que este se da en el marco del legitimo derecho a la defensa que tienen los individuos y el derecho que tiene los pueblos a revelarse contra un régimen autoritario que no defienda ni satisfaga los derechos del pueblo. El Derecho a la Insurgencia esta consagrado en la Constitución Política del 79 y que incluso recoge la constitución espuria del 93.
7.- Este es el marco general que da origen a lo que en el Perú se a dado por denominar violencia política, y que se desarrolla como una guerra interna; la misma que están enmarcadas en el cumplimiento de determinadas leyes especificas que están consagradas en la Convención de Ginebra y de manera específica en el Protocolo Adicional del 79, referentes a los conflictos internos, el cual a sido subscrito y ratificado por el Perú por tanto es de obligado cumplimiento.
8.- En el contexto de esta guerra interna se han sucedido hechos que contravienen derechos consagrados en la constitución política del país así como de Pactos y Convenios Internacionales que el Perú a suscrito en materia de derechos humanos, procedimientos penales e independencia del poder judicial, sistema penitenciario y tratamiento de prisioneros de guerra y presos políticos así como prevención y prescripción de la tortura.
9.- Estas violaciones van desde las detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, genocidio contra la población civil no combatiente, perpetrados en las llamadas zonas de emergencia bajo control de las fuerzas de seguridad y que hasta hoy permanecen sin esclarecer ni responsabilizar y mucho menos sancionar a los culpables de estos delitos.
10.- Estos hechos deben ser investigados para así evitar se vuelvan a repetir en el futuro y para que la impunidad no proteja a los causantes de tanta muerte y dolor de nuestro pueblo. Esta es la tarea que la llamada comisión de la verdad esta encargada de realizar.
Los tupacamaristas debemos llamar la atención sobre algunos hechos que despiertan serias dudas sobre la imparcialidad , objetividad y los verdaderos fines y objetivos de esta comisión.
- En primer lugar, se ha negado la posibilidad de participación de juristas, defensores de los DDHH u otras personalidades cuya nacionalidad no sea peruana, cuya imparcialidad y objetividad pueda garantizarse.
- En segundo lugar, esta comisión ha sido conformada sin tener en cuenta la participación de importantes sectores sociales y sus organizaciones representativas.
- En tercer lugar, esta comisión esta integrada por personas que no cumplen el mínimo de independencia e imparcialidad, requisito indispensable para evaluar los acontecimientos con objetividad. No podemos dejar de señalar la trayectoria de los señores Bernales y De Gregori quienes han representado al gobierno de Alberto Fujimori en foros internacionales o la del Sr. Tapia, quien asumió la cerrada defensa de la política psicosocial del gobierno dictatorial y del honor de los militares comprometidos seriamente en acciones de violación de los mas elementales derechos humanos. Sin hablar ya de la presencia de la incondicional fujimorista Beatriz Merino. Por si esto fuera poco, la comisión a empezado por afirmar que se investigaran la violencia terrorista y los excesos de las fuerzas de seguridad con lo que es evidente que niegan la existencia del terrorismo de estado, la existencia de escuadrones de la muerte y la impunidad con la que actuaron al amparo del gobierno fujimorista y el estado peruano.
Los tupacamaristas, conscientes de la necesidad que tiene nuestro pueblo de la paz con justicia social, no podemos dejar de señalar que este tiene el derecho de conocer con objetividad los hechos y acciones ocurridos durante estas dos décadas de guerra interna y por elemental justicia, los responsables de tanta muerte y miseria de nuestro pueblo deben ser juzgados para escarnio de quienes pretendan volver a imponerse por la fuerza y contra la voluntad popular.
Los tupacamaristas no podemos aceptar ni dejar de denunciar el verdadero fin con el que se a creado a la llamada comisión de la verdad el cual estamos seguros tiene como única función la de criminalizar la resistencia del pueblo y su derecho a la Insurgencia el cual ya a sido calificado de terrorismo; en tanto que el accionar de las fuerzas de seguridad son benignamente tipificadas de excesos. Con esto se justifica las aberrantes leyes de venganza contra los luchadores sociales, las cárceles de exterminio y la amnistía otorgada a los mas de 1500 miembros de las fuerzas de seguridad, probadamente violadores de derechos humanos, torturas, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y genocidio, quienes han vuelto a ser admitidos al servicio activo.
Es evidente que lo que se pretende es lavar la deteriorada imagen del estado peruano así como de sus instituciones armadas. Fuerzas armadas y policiales comprometidas con crímenes de lesa humanidad, corrupción, trafico no solo de influencias sino también de armas y drogas.
Esta comisión pretende borrar la memoria histórica de nuestro pueblo, para cubrir con el manto de la impunidad sus crímenes.
En nuestro país cualquier esfuerzo en la búsqueda de la paz no puede darse sobre la base de la impunidad, sobre la base del mantenimiento de las desigualdades sociales y sin esclarecer los crímenes perpetrados contra nuestro pueblo, por lo que el MRTA se reafirma en la propuesta de paz con justicia social y en esa dinámica nos comprometemos con la búsqueda de la verdad de lo acontecido durante las dos décadas de guerra interna, guerra que a dejado mas de 30 mil muertos, cientos de miles de hombres y mujeres torturados, más de 5 mil desaparecidos en el Perú.
El MRTA llama a nuestro pueblo, a la militancia tupacamarista y a los sectores progresistas y humanitarios de nuestro pueblo a no hacerse eco de esta nueva farsa de Comisión de la Verdad, cuyo único objetivo como lo explicamos líneas arriba es consagrar la impunidad y lavarle la cara a un sistema decrépito que no tiene voluntad política para cambiar mínimamente esta situación y que sin la menor vergüenza se apresta a justificar los crímenes de la dictadura en los últimos 10 años y los de las FFAA en los últimos 20, para no hablar de toda nuestra historia republicana, plagada de múltiples crímenes, que han tenido la misma motivación: mantener un sistema económico y social que sólo favorece a un reducido número de familias "dueñas del Perú", ligados a los intereses transnacionales.
El MRTA considera que solo el pueblo organizado en el poder garantizara la formación de una verdadera comisión de la verdad, que investigue con imparcialidad y objetividad este periodo de nuestra historia.
El MRTA convoca a nuestro pueblo a seguir fortaleciendo sus organizaciones autónomas de base y seguir luchando por una sociedad donde la impunidad, la opresión y la explotación solo sean un mal recuerdo del pasado.
¡NO A LA FARSA DE COMISION DE LA VERDAD!
¡SIN LUCHAS NO HAY VICTORIAS!
¡TUPAC AMARU VIVE Y VENCERA!
DIRECCION NACIONAL DEL MRTA
Agosto-Setiembre del 2001