Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Fecha
2013-10-03
Categoría
Comunicado
Primer informe sobre el estado de las conversaciones de paz
PRIMER INFORME SOBRE EL ESTADO DE LAS CONVERSACIONES DE PAZ
La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, octubre 3 de 2013
En desarrollo de la directriz del comandante de las FARC-EP, Timoleón Jiménez, presentamos al país el siguiente primer informe sobre el estado de las conversaciones de paz. No existe ninguna restricción para hablar de lo acordado. El propio presidente, en defensa del proceso de paz se ha referido al tema en variados escenarios. Y eso está bien. Además, en ninguna cláusula del acuerdo general se estipula que las partes deban guardar reserva sobre los avances del proceso.
El acuerdo dice que las discusiones de la mesa no se harán públicas, y para nada se refiere a lo convenido. Por ello jamás hemos objetado o nos han incomodado los informes que de manera particular el gobierno da a los gremios, a los militares, o a la opinión en general.
Habida cuenta que el gobierno ha llevado a debate público y a conocimiento de las ramas legislativa y jurisdiccional, tanto el marco jurídico como el referendo, las FARC se sienten en libertad de opinar frente a estos temas. Lo haremos de manera responsable en aras de entregar elementos de juicio a la ciudadanía, para que esta siga contribuyendo con sus iniciativas a la superación del largo conflicto colombiano.
Hoy, luego de catorce ciclos de intercambios en los que las FARC-EP han puesto sobre la mesa cerca de 200 propuestas mínimas para resolver los problemas rurales y los de Participación Política y ciudadana, aunque se haya llegado a algo más de 25 cuartillas de acuerdos parciales, los alcances son modestos. El reciente paro nacional agrario y popular corrobora la insatisfacción e inconformidad social, lo cual nos da la razón y expresa la justeza de los planteamientos que hemos llevado a la mesa para el debate. Los 19 muertos y los 850 heridos, y los centenares de detenidos y judicializados registrados en esa jornada, hacen urgente que se pacten garantías suficientes de oposición para las organizaciones y movimientos sociales que hoy están en la calle exigiendo sus derechos.
En la mesa se enfrentan dos visiones tratando de encontrar puntos de coincidencia. Por un lado, está el enfoque neoliberal de desarrollo del país, que en cabeza del gobierno prioriza los intereses de las trasnacionales, y por otro lado el enfoque de la insurgencia que enarbola las reivindicaciones de las mayorías, que por ejemplo, se manifiestan por una reforma agraria rural integral, por la justicia social y la democracia en función de paz con soberanía.
En teoría, respecto al primer punto de la agenda se ha logrado hacer un pacto de formalización de la propiedad de la tierra, con el compromiso gubernamental de que serán adjudicados los títulos de propiedad a todos los campesinos que poseen tierras de hecho, lo cual guarda suma trascendencia si se considera que más del 48 por ciento de nuestros campesinos poseen la tierra en situación de informalidad. Y en los procesos de construcción de las Zonas de Reserva Campesina, sus protagonistas calculan un involucramiento de 9.5 millones de hectáreas. Se agrega a esto el compromiso del gobierno de entregar la tierra al que no la tenga o el de ampliarle la propiedad a quienes la tengan de manera insuficiente. También se suscribieron acuerdos referidos a estímulos a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa, asistencia técnica, subsidios, crédito, generación de ingresos, mercadeo y formalización laboral.
Por otro lado, el gobierno se ha comprometido a la creación de un fondo de tierras, a la resolución de los conflictos de uso que existan sobre el suelo, a un cierre de frontera agrícola que proteja el medio ambiente, a la actualización del catastro que permita tener una visión real de la configuración de la propiedad para procurar su reordenamiento productivo socio-ambientalmente sostenible, y ha empeñado su palabra también en impulsar programas de desarrollo, encaminados a reparar la deuda histórica con el campo colombiano y a superar la enorme brecha que existe entre este y la ciudad.
Reconocemos la voluntad del gobierno por avanzar en el diálogo, y confiamos en que se encontrarán salidas a temas esenciales para la transformación rural, que aún están sin resolver. Nos referimos a asuntos cruciales como la búsqueda de medidas eficaces que permitan la superación del latifundio, el establecimiento de límites a la extranjerización de la tierra, la definición de las cantidades de hectáreas para distribuir, restituir y formalizar, la desastrosa explotación minero energética, los desventajosos TLC, el reordenamiento territorial y otros no menos trascendentales como el de los fondos para la financiación de lo pactado.
Conscientes de las salvedades y de la necesidad de resolverlas más adelante, las delegaciones de paz del gobierno y de la insurgencia valoraron y así se informó al país y al mundo, el primer acuerdo parcial, como positivo, y desde los ciclos iniciados el 11 de junio se abordó el segundo punto de la agenda referido a la participación política y ciudadana.
De los eventos de participación ciudadana que se han realizado surgieron las propuestas que las FARC han colocado en manos del gobierno para la discusión; entre ellas, la de la asamblea nacional constituyente, que es asunto que requerirá de un acuerdo político previo.
De manera convenida las delegaciones de paz del gobierno y de las FARC-EP abordaron en los últimos ciclos la casi totalidad del conjunto de la Agenda, lo cual ha entregado a la mesa de Diálogos bastantes instrumentos que harán más cercana la posibilidad de un acuerdo en función de la justicia y la reconciliación colombiana.
Por ello, las demoras que se hubieren suscitado por la circunstancia de variar el orden de discusión temática de la agenda, por el motivo de analizar otros asuntos de interés nacional, no son responsabilidad de las FARC y en tal sentido no pueden ser tomadas como factor para fustigarnos o conminarnos a una celeridad que no ha faltado.
Aparte de los asuntos que atañen al tema de Participación Política se han tocado aspectos referidos a la solución del problema de los cultivos ilícitos; sobre temas como el marco jurídico para la paz o la refrendación de acuerdos, se han dejado sentadas posiciones que dejan en claro los puntos de vista que cada una de las partes tiene, tratando de encontrar aproximaciones. A lo largo de estas conversaciones nos hemos referido de manera especial al tema de las víctimas de la confrontación inquiriendo por la responsabilidad histórica de quienes generaron y participaron en esta guerra que hoy requiere de un acto de contrición de todos.
Ponemos en conocimiento algunas reflexiones sobre los trascendentales temas que se han discutido públicamente con la contra-parte:
Sobre el denominado Marco Jurídico
En Colombia se declaró oficialmente que hay un conflicto entre dos partes con responsabilidades para cada una de ellas, pero además, se da la circunstancia terrible de que el conflicto continúa con la injerencia de bases militares norteamericanas que pisotean nuestra soberanía. Se requiere entonces que cualquier transicionalidad o normativa para la misma, sea producto de un pacto y no de una imposición.
Se debe tener en cuenta que de nada sirve la unilateralidad sobre todo si se observa que la aceptación de responsabilidad por el conflicto le quita al Estado la legitimidad necesaria para ser juez. No se puede ser juez y parte, sobre todo cuando se trata de un Estado responsable; y mucho más, cuando la guerra interna persiste sin vencedor ni vencido. Un proceso de paz requiere de absoluta soberanía jurídica, sin injerencias foráneas que obstruyan la reconciliación.
Sobre víctimas
De lo que se trata es de abrir en las conversaciones de La Habana el capítulo que permitirá establecer la verdad histórica que condujo a más de sesenta años de desangre nacional, a la identificación de las víctimas y a su necesaria reparación. Todo con el ánimo de resaltar la necesidad de que el resarcimiento incluya la obligación para las partes, del perdón colectivo, a efectos de que una vez alcanzada la paz definitiva -de llegarse a ella-, nos obliguemos todos a un “nunca más”.
En consecuencia, hemos propuesto que se proceda de inmediato a la integración de la comisión de revisión y esclarecimiento de la verdad de la historia del conflicto interno colombiano conformada por expertos nacionales y extranjeros para que establezca la verdad de lo acontecido durante la violencia partidista, el origen de la actual contienda como resultado de dicho enfrentamiento fratricida, el porqué del surgimiento de las guerrillas y el desencadenamiento desde entonces del conflicto social armado interno.
Hemos invitado al país entero a un día de reflexión y contrición, en el que todos los responsables por el conflicto social armado hagan presencia masiva en todos los rincones de la Patria adolorida. Un día para que se expresen los partidos tradicionales y aquellos que se han desprendido de estos como responsables que son; El Estado en cabeza del señor Presidente y sus ministros, haciendo eco de lo manifestado por el doctor Juan Manuel Santos ante la Corte Constitucional; las cabezas de la fuerza pública; los paramilitares desde los sitios en que encuentren; las cabezas de los demás órganos constituidos; quienes fueron las comandancias de fuerzas insurgentes hoy en retiro; los ex presidentes y ex comandantes de fuerzas, los gremios y empresarios, los medios de comunicación, las potencias extranjeras que han apoyado a los gobiernos en la guerra contra el pueblo, y la iglesia del régimen.
El día que se escoja para los fines propuestos, la insurgencia se estará manifestando de igual manera desde cada rincón de la Patria colombiana.
Sobre la propuesta de referendo del gobierno
En la mesa debe prevalecer el principio de igualdad en momentos en que la suerte del bien supremo de la paz está de por medio. Es con el concurso del pueblo, mediante mecanismos confiables, evitando que se cedan atribuciones a una sola persona, o a institucionalidades cuestionadas, que se deben refrendar los acuerdos.
Los colombianos debemos procurar un ente con reales atribuciones para conocer de la reforma a la justicia, de la independencia orgánica de la jurisdicción, del reordenamiento territorial, de la creación de un órgano electoral independiente. Un ente que resuelva el asunto de la seguridad jurídica que requiere el futuro de la paz.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP
La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, octubre 3 de 2013
En desarrollo de la directriz del comandante de las FARC-EP, Timoleón Jiménez, presentamos al país el siguiente primer informe sobre el estado de las conversaciones de paz. No existe ninguna restricción para hablar de lo acordado. El propio presidente, en defensa del proceso de paz se ha referido al tema en variados escenarios. Y eso está bien. Además, en ninguna cláusula del acuerdo general se estipula que las partes deban guardar reserva sobre los avances del proceso.
El acuerdo dice que las discusiones de la mesa no se harán públicas, y para nada se refiere a lo convenido. Por ello jamás hemos objetado o nos han incomodado los informes que de manera particular el gobierno da a los gremios, a los militares, o a la opinión en general.
Habida cuenta que el gobierno ha llevado a debate público y a conocimiento de las ramas legislativa y jurisdiccional, tanto el marco jurídico como el referendo, las FARC se sienten en libertad de opinar frente a estos temas. Lo haremos de manera responsable en aras de entregar elementos de juicio a la ciudadanía, para que esta siga contribuyendo con sus iniciativas a la superación del largo conflicto colombiano.
Hoy, luego de catorce ciclos de intercambios en los que las FARC-EP han puesto sobre la mesa cerca de 200 propuestas mínimas para resolver los problemas rurales y los de Participación Política y ciudadana, aunque se haya llegado a algo más de 25 cuartillas de acuerdos parciales, los alcances son modestos. El reciente paro nacional agrario y popular corrobora la insatisfacción e inconformidad social, lo cual nos da la razón y expresa la justeza de los planteamientos que hemos llevado a la mesa para el debate. Los 19 muertos y los 850 heridos, y los centenares de detenidos y judicializados registrados en esa jornada, hacen urgente que se pacten garantías suficientes de oposición para las organizaciones y movimientos sociales que hoy están en la calle exigiendo sus derechos.
En la mesa se enfrentan dos visiones tratando de encontrar puntos de coincidencia. Por un lado, está el enfoque neoliberal de desarrollo del país, que en cabeza del gobierno prioriza los intereses de las trasnacionales, y por otro lado el enfoque de la insurgencia que enarbola las reivindicaciones de las mayorías, que por ejemplo, se manifiestan por una reforma agraria rural integral, por la justicia social y la democracia en función de paz con soberanía.
En teoría, respecto al primer punto de la agenda se ha logrado hacer un pacto de formalización de la propiedad de la tierra, con el compromiso gubernamental de que serán adjudicados los títulos de propiedad a todos los campesinos que poseen tierras de hecho, lo cual guarda suma trascendencia si se considera que más del 48 por ciento de nuestros campesinos poseen la tierra en situación de informalidad. Y en los procesos de construcción de las Zonas de Reserva Campesina, sus protagonistas calculan un involucramiento de 9.5 millones de hectáreas. Se agrega a esto el compromiso del gobierno de entregar la tierra al que no la tenga o el de ampliarle la propiedad a quienes la tengan de manera insuficiente. También se suscribieron acuerdos referidos a estímulos a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa, asistencia técnica, subsidios, crédito, generación de ingresos, mercadeo y formalización laboral.
Por otro lado, el gobierno se ha comprometido a la creación de un fondo de tierras, a la resolución de los conflictos de uso que existan sobre el suelo, a un cierre de frontera agrícola que proteja el medio ambiente, a la actualización del catastro que permita tener una visión real de la configuración de la propiedad para procurar su reordenamiento productivo socio-ambientalmente sostenible, y ha empeñado su palabra también en impulsar programas de desarrollo, encaminados a reparar la deuda histórica con el campo colombiano y a superar la enorme brecha que existe entre este y la ciudad.
Reconocemos la voluntad del gobierno por avanzar en el diálogo, y confiamos en que se encontrarán salidas a temas esenciales para la transformación rural, que aún están sin resolver. Nos referimos a asuntos cruciales como la búsqueda de medidas eficaces que permitan la superación del latifundio, el establecimiento de límites a la extranjerización de la tierra, la definición de las cantidades de hectáreas para distribuir, restituir y formalizar, la desastrosa explotación minero energética, los desventajosos TLC, el reordenamiento territorial y otros no menos trascendentales como el de los fondos para la financiación de lo pactado.
Conscientes de las salvedades y de la necesidad de resolverlas más adelante, las delegaciones de paz del gobierno y de la insurgencia valoraron y así se informó al país y al mundo, el primer acuerdo parcial, como positivo, y desde los ciclos iniciados el 11 de junio se abordó el segundo punto de la agenda referido a la participación política y ciudadana.
De los eventos de participación ciudadana que se han realizado surgieron las propuestas que las FARC han colocado en manos del gobierno para la discusión; entre ellas, la de la asamblea nacional constituyente, que es asunto que requerirá de un acuerdo político previo.
De manera convenida las delegaciones de paz del gobierno y de las FARC-EP abordaron en los últimos ciclos la casi totalidad del conjunto de la Agenda, lo cual ha entregado a la mesa de Diálogos bastantes instrumentos que harán más cercana la posibilidad de un acuerdo en función de la justicia y la reconciliación colombiana.
Por ello, las demoras que se hubieren suscitado por la circunstancia de variar el orden de discusión temática de la agenda, por el motivo de analizar otros asuntos de interés nacional, no son responsabilidad de las FARC y en tal sentido no pueden ser tomadas como factor para fustigarnos o conminarnos a una celeridad que no ha faltado.
Aparte de los asuntos que atañen al tema de Participación Política se han tocado aspectos referidos a la solución del problema de los cultivos ilícitos; sobre temas como el marco jurídico para la paz o la refrendación de acuerdos, se han dejado sentadas posiciones que dejan en claro los puntos de vista que cada una de las partes tiene, tratando de encontrar aproximaciones. A lo largo de estas conversaciones nos hemos referido de manera especial al tema de las víctimas de la confrontación inquiriendo por la responsabilidad histórica de quienes generaron y participaron en esta guerra que hoy requiere de un acto de contrición de todos.
Ponemos en conocimiento algunas reflexiones sobre los trascendentales temas que se han discutido públicamente con la contra-parte:
Sobre el denominado Marco Jurídico
En Colombia se declaró oficialmente que hay un conflicto entre dos partes con responsabilidades para cada una de ellas, pero además, se da la circunstancia terrible de que el conflicto continúa con la injerencia de bases militares norteamericanas que pisotean nuestra soberanía. Se requiere entonces que cualquier transicionalidad o normativa para la misma, sea producto de un pacto y no de una imposición.
Se debe tener en cuenta que de nada sirve la unilateralidad sobre todo si se observa que la aceptación de responsabilidad por el conflicto le quita al Estado la legitimidad necesaria para ser juez. No se puede ser juez y parte, sobre todo cuando se trata de un Estado responsable; y mucho más, cuando la guerra interna persiste sin vencedor ni vencido. Un proceso de paz requiere de absoluta soberanía jurídica, sin injerencias foráneas que obstruyan la reconciliación.
Sobre víctimas
De lo que se trata es de abrir en las conversaciones de La Habana el capítulo que permitirá establecer la verdad histórica que condujo a más de sesenta años de desangre nacional, a la identificación de las víctimas y a su necesaria reparación. Todo con el ánimo de resaltar la necesidad de que el resarcimiento incluya la obligación para las partes, del perdón colectivo, a efectos de que una vez alcanzada la paz definitiva -de llegarse a ella-, nos obliguemos todos a un “nunca más”.
En consecuencia, hemos propuesto que se proceda de inmediato a la integración de la comisión de revisión y esclarecimiento de la verdad de la historia del conflicto interno colombiano conformada por expertos nacionales y extranjeros para que establezca la verdad de lo acontecido durante la violencia partidista, el origen de la actual contienda como resultado de dicho enfrentamiento fratricida, el porqué del surgimiento de las guerrillas y el desencadenamiento desde entonces del conflicto social armado interno.
Hemos invitado al país entero a un día de reflexión y contrición, en el que todos los responsables por el conflicto social armado hagan presencia masiva en todos los rincones de la Patria adolorida. Un día para que se expresen los partidos tradicionales y aquellos que se han desprendido de estos como responsables que son; El Estado en cabeza del señor Presidente y sus ministros, haciendo eco de lo manifestado por el doctor Juan Manuel Santos ante la Corte Constitucional; las cabezas de la fuerza pública; los paramilitares desde los sitios en que encuentren; las cabezas de los demás órganos constituidos; quienes fueron las comandancias de fuerzas insurgentes hoy en retiro; los ex presidentes y ex comandantes de fuerzas, los gremios y empresarios, los medios de comunicación, las potencias extranjeras que han apoyado a los gobiernos en la guerra contra el pueblo, y la iglesia del régimen.
El día que se escoja para los fines propuestos, la insurgencia se estará manifestando de igual manera desde cada rincón de la Patria colombiana.
Sobre la propuesta de referendo del gobierno
En la mesa debe prevalecer el principio de igualdad en momentos en que la suerte del bien supremo de la paz está de por medio. Es con el concurso del pueblo, mediante mecanismos confiables, evitando que se cedan atribuciones a una sola persona, o a institucionalidades cuestionadas, que se deben refrendar los acuerdos.
Los colombianos debemos procurar un ente con reales atribuciones para conocer de la reforma a la justicia, de la independencia orgánica de la jurisdicción, del reordenamiento territorial, de la creación de un órgano electoral independiente. Un ente que resuelva el asunto de la seguridad jurídica que requiere el futuro de la paz.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP