Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Fecha
2013-10-21
Categoría
Comunicado
República mexicana, 21 de octubre de 2013
AL PUEBLO DE MEXICO
A LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS NACIONALES E INTERNACIONALES
A LAS ORGANIZACIONES POPULARES, POLÍTICAS Y REVOLUCIONARIAS
A LOS MEDIOS DE COMUNICACION DE MEXICO Y EL MUNDO
A LOS MEDIOS ALTERNATIVOS DE COMUNICACION
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!
¡Ofensiva del Estado contra los luchadores sociales y el movimiento popular!, ¡Crimen de Estado el asesinato político de la luchadora social Rocío Mesino Mesino!, ¡Intento de asesinato político del luchador social Juan Sosa Maldonado!, ¡Hostigamiento policiaco-militar contra organismos promotores y defensores de los derechos humanos no gubernamentales Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el Comité Cerezo,!; ¡Crimen de Estado con la desaparición forzada, tortura y ejecución del luchador social y maestro Raymundo Velázquez¡ Asesinato político de dos sindicalistas de la sección 7 de la CNTE de Chiapas!; cinco detenidos-desaparecidos y tres torturados y ejecutados de manera extrajudicial, luchadores sociales de la Unión Popular de Iguala; Todos crímenes de lesa humanidad perpetrados con premeditación, alevosía y ventaja por el Estado mexicano. También es criminal el ominoso silencio expresado en la censura y autocensura.
La guerra contra el pueblo como política de Estado, ahora bajo la tutela de la administración priista ha desatado una ofensiva represiva fundada en su concepción contrainsurgente contra luchadores sociales, organizaciones populares, defensores de derechos humanos, ambientalistas, sindicalistas, periodistas, líderes comunitarios, mujeres activistas por sus derechos y representantes estudiantiles.
Las amenazas, el hostigamiento, la persecución, el asesinato político, la desaparición forzada, la tortura, el desalojo violento, el asesinato selectivo, la criminalización de la pobreza y la protesta popular, el señalamiento policiaco de plumas y bocas mercenarias que de forma deliberada señalan a quienes el Estado debe asesinar y consumados los crímenes de Estado sospechosamente guardan silencio, forman parte del terrorismo de Estado para tratar de contener la protesta popular, la conciencia crítica, la voz que denuncia, la manifestación pública contra las reformas que atentan contra el pueblo y el escrito que desenmascara el carácter antipopular y represivo del gobierno de EPN.
Los crímenes de Estado y la represión generalizada se han acentuado en los estados de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Distrito Federal, Chiapas, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Entidades donde la mano criminal del Estado a través de sus cuerpos represivos y los grupos paramilitares se ha ensañado, actuando de forma cruel y sanguinaria contra indefensos ciudadanos, empeñado en esparcir el terrorismo de Estado emulando a los escuadrones de la muerte de las dictaduras de Centro y Sudamérica con un sólo fin, ahogar en un baño de sangre las protestas populares en defensa y exigencia de legítimos derechos.
El cobarde y abominable asesinato político de la luchadora social Rocío Mesino Mesino, constituye un crimen más de Estado de la actual junta administrativa personalizada en Enrique Peña Nieto en plena complicidad con el gobierno de Ángel Aguirre Rivero. La impunidad con que operaron los asesinos lleva la marca de los grupos especiales de las fuerzas represivas, creados exprofeso para masacrar al pueblo y sus verdaderos representantes. Estos dos gobiernos y personajes se suman a la larga lista de criminales de Estado contra el pueblo.
Constituye una burda mascarada la simulación de la búsqueda de los asesinos, de parte del ejército federal, PGJ y la “investigación que está en curso”. Los criminales siempre tuvieron campo libre para perpetrar el crimen, desde que se preparó, se ejecutó el asesinato y se cubrió la retirada hasta llegar a reportarse con sus superiores en sus bases de operación. Para esperar su gratificación económica y un nuevo ascenso.
Por décadas gobiernos de toda laya y caciques de horca y cuchillo se han estado ensañando contra familias enteras en Guerrero, que han puesto en alto las banderas de la dignidad y la lucha, la familia Mesino es una de ellas.
El intento de asesinato del luchador social Juan Sosa Maldonado, forma parte de la misma espiral de violencia del terrorismo de Estado contra todo luchador social que dedique su esfuerzo a la defensa de los derechos de los pueblos originarios y la promoción de los derechos humanos. Se nota a leguas la marca de la misma mano criminal, el mismo modus operandi, el mismo escenario táctico operativo para asesinar a luchadores sociales como Rocío Mesino y Heriberto Pasos, dirigente histórico del pueblo Triqui.
En esta lógica criminal el gobierno federal en complicidad con los estatales también se han estado ensañando contra los presos políticos de los Loxicha y sus familiares, acusados los primeros injustamente de militar en nuestras filas, esa garra criminal alcanza a quienes los han estado defendiendo, sus vidas y la de sus familiares penden de un hilo.
El hostigamiento contra defensores de derechos humanos, activistas políticos y líderes comunitarios igualmente proviene de los cuerpos represivos y las instituciones de seguridad del Estado mexicano. El acoso, el hostigamiento y la amenaza velada y abierta contra organismos no gubernamentales de derechos humanos como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y el Comité Cerezo tiene un largo antecedente y todos los hilos del siniestro entramado conducen a los diferentes órganos de inteligencia civil, policiaca y militar del régimen represivo-opresivo que lacera a los mexicanos.
La represión, la amenaza y el hostigamiento contra trabajadores de la educación es parte de la violencia institucionalizada con que se resuelven policiacamente en el país las demandas más sentidas del pueblo, fiel a su esencia criminal la actual junta administrativa adquiere significación represiva al designar al chacal genocida de Aguas Blancas y Acteal, Emilio Chuayffet Chemor, como secretario de educación pública, y desde ésta junto con la Secretaría de Gobernación han orquestado la actual campaña de linchamiento y represión contra el movimiento magisterial-popular llegando a la agresión policiaca y al asesinato de dos sindicalistas en Chiapas.
Oleada represiva y sangrienta que es uno de los resultados del mafioso “Pacto por México”, la cuota de sangre permanente que exige para su cumplimiento diligentemente se está cubriendo ¡Bravo señores de la izquierda “moderna” y legisladores que lo secundan!, ciertamente no han traicionado al pueblo, se asumen como cancerberos del capital y la oligarquía, hoy el pueblo los reconoce como parte de sus verdugos.
Todos estos crímenes con patente de Estado reafirman la existencia de un régimen neoliberal policiaco-militar. La actual junta administrativa solo puede sostenerse “gobernando” a fuerza de terror policiaco-militar y paramilitar.
El dolor de los familiares que han sido víctimas del régimen es nuestro dolor, su pérdida también es nuestra, su exigencia de justicia y castigo a los criminales de Estado es nuestra bandera. También repudiamos estos aborrecibles crímenes.
¡Hermanos, hermanas, camaradas!, a nuestro entrañable pueblo, a todos los agraviados del régimen, a quienes resisten desde la dignidad y la combatividad, a los que se organizan y luchan en los diferentes sectores, a todos los luchadores que impulsan las distintas formas de lucha en el país:
Ante la escalada de la violencia contra el pueblo el principio de la justicia popular es legítimo, necesario e imprescindible; a organizar y generalizar la autodefensa popular, hagamos efectivo el principio de la justicia popular, ningún crimen de Estado debe quedar impune; que la acción política de masas atruene en todo el país y confluya en una acción política conjunta multisectorial a nivel nacional contra el régimen.
Cada quien en su sector y trinchera de lucha, a ubicar a los enemigos del pueblo y a actuar en consecuencia.
A nuestros militantes y combatientes, ¡Atención! Activen todos los mecanismos de autodefensa.
¡A IMPULSAR LA RESISTENCIA POPULAR!
¡A ORGANIZAR Y ESTRUCTURAR LA AUTODEFENSA DEL PUEBLO!
¡PRESENTACIÓN CON VIDA DE TODOS LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS DE AYER Y HOY!
¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
¡LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS Y DE CONCIENCIA DEL PAÍS!
¡JUICIO Y CASTIGO A LOS CRIMINALES DE ESTADO!
¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARA!
COMITÉ CENTRAL
DEL
PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO
(CC-PDPR)
COMANDANCIA GENERAL DEL
EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
(CG-EPR)
AÑO 49
República mexicana, a 21 de octubre de 2013.
A LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS NACIONALES E INTERNACIONALES
A LAS ORGANIZACIONES POPULARES, POLÍTICAS Y REVOLUCIONARIAS
A LOS MEDIOS DE COMUNICACION DE MEXICO Y EL MUNDO
A LOS MEDIOS ALTERNATIVOS DE COMUNICACION
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!
¡Ofensiva del Estado contra los luchadores sociales y el movimiento popular!, ¡Crimen de Estado el asesinato político de la luchadora social Rocío Mesino Mesino!, ¡Intento de asesinato político del luchador social Juan Sosa Maldonado!, ¡Hostigamiento policiaco-militar contra organismos promotores y defensores de los derechos humanos no gubernamentales Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el Comité Cerezo,!; ¡Crimen de Estado con la desaparición forzada, tortura y ejecución del luchador social y maestro Raymundo Velázquez¡ Asesinato político de dos sindicalistas de la sección 7 de la CNTE de Chiapas!; cinco detenidos-desaparecidos y tres torturados y ejecutados de manera extrajudicial, luchadores sociales de la Unión Popular de Iguala; Todos crímenes de lesa humanidad perpetrados con premeditación, alevosía y ventaja por el Estado mexicano. También es criminal el ominoso silencio expresado en la censura y autocensura.
La guerra contra el pueblo como política de Estado, ahora bajo la tutela de la administración priista ha desatado una ofensiva represiva fundada en su concepción contrainsurgente contra luchadores sociales, organizaciones populares, defensores de derechos humanos, ambientalistas, sindicalistas, periodistas, líderes comunitarios, mujeres activistas por sus derechos y representantes estudiantiles.
Las amenazas, el hostigamiento, la persecución, el asesinato político, la desaparición forzada, la tortura, el desalojo violento, el asesinato selectivo, la criminalización de la pobreza y la protesta popular, el señalamiento policiaco de plumas y bocas mercenarias que de forma deliberada señalan a quienes el Estado debe asesinar y consumados los crímenes de Estado sospechosamente guardan silencio, forman parte del terrorismo de Estado para tratar de contener la protesta popular, la conciencia crítica, la voz que denuncia, la manifestación pública contra las reformas que atentan contra el pueblo y el escrito que desenmascara el carácter antipopular y represivo del gobierno de EPN.
Los crímenes de Estado y la represión generalizada se han acentuado en los estados de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Distrito Federal, Chiapas, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Entidades donde la mano criminal del Estado a través de sus cuerpos represivos y los grupos paramilitares se ha ensañado, actuando de forma cruel y sanguinaria contra indefensos ciudadanos, empeñado en esparcir el terrorismo de Estado emulando a los escuadrones de la muerte de las dictaduras de Centro y Sudamérica con un sólo fin, ahogar en un baño de sangre las protestas populares en defensa y exigencia de legítimos derechos.
El cobarde y abominable asesinato político de la luchadora social Rocío Mesino Mesino, constituye un crimen más de Estado de la actual junta administrativa personalizada en Enrique Peña Nieto en plena complicidad con el gobierno de Ángel Aguirre Rivero. La impunidad con que operaron los asesinos lleva la marca de los grupos especiales de las fuerzas represivas, creados exprofeso para masacrar al pueblo y sus verdaderos representantes. Estos dos gobiernos y personajes se suman a la larga lista de criminales de Estado contra el pueblo.
Constituye una burda mascarada la simulación de la búsqueda de los asesinos, de parte del ejército federal, PGJ y la “investigación que está en curso”. Los criminales siempre tuvieron campo libre para perpetrar el crimen, desde que se preparó, se ejecutó el asesinato y se cubrió la retirada hasta llegar a reportarse con sus superiores en sus bases de operación. Para esperar su gratificación económica y un nuevo ascenso.
Por décadas gobiernos de toda laya y caciques de horca y cuchillo se han estado ensañando contra familias enteras en Guerrero, que han puesto en alto las banderas de la dignidad y la lucha, la familia Mesino es una de ellas.
El intento de asesinato del luchador social Juan Sosa Maldonado, forma parte de la misma espiral de violencia del terrorismo de Estado contra todo luchador social que dedique su esfuerzo a la defensa de los derechos de los pueblos originarios y la promoción de los derechos humanos. Se nota a leguas la marca de la misma mano criminal, el mismo modus operandi, el mismo escenario táctico operativo para asesinar a luchadores sociales como Rocío Mesino y Heriberto Pasos, dirigente histórico del pueblo Triqui.
En esta lógica criminal el gobierno federal en complicidad con los estatales también se han estado ensañando contra los presos políticos de los Loxicha y sus familiares, acusados los primeros injustamente de militar en nuestras filas, esa garra criminal alcanza a quienes los han estado defendiendo, sus vidas y la de sus familiares penden de un hilo.
El hostigamiento contra defensores de derechos humanos, activistas políticos y líderes comunitarios igualmente proviene de los cuerpos represivos y las instituciones de seguridad del Estado mexicano. El acoso, el hostigamiento y la amenaza velada y abierta contra organismos no gubernamentales de derechos humanos como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y el Comité Cerezo tiene un largo antecedente y todos los hilos del siniestro entramado conducen a los diferentes órganos de inteligencia civil, policiaca y militar del régimen represivo-opresivo que lacera a los mexicanos.
La represión, la amenaza y el hostigamiento contra trabajadores de la educación es parte de la violencia institucionalizada con que se resuelven policiacamente en el país las demandas más sentidas del pueblo, fiel a su esencia criminal la actual junta administrativa adquiere significación represiva al designar al chacal genocida de Aguas Blancas y Acteal, Emilio Chuayffet Chemor, como secretario de educación pública, y desde ésta junto con la Secretaría de Gobernación han orquestado la actual campaña de linchamiento y represión contra el movimiento magisterial-popular llegando a la agresión policiaca y al asesinato de dos sindicalistas en Chiapas.
Oleada represiva y sangrienta que es uno de los resultados del mafioso “Pacto por México”, la cuota de sangre permanente que exige para su cumplimiento diligentemente se está cubriendo ¡Bravo señores de la izquierda “moderna” y legisladores que lo secundan!, ciertamente no han traicionado al pueblo, se asumen como cancerberos del capital y la oligarquía, hoy el pueblo los reconoce como parte de sus verdugos.
Todos estos crímenes con patente de Estado reafirman la existencia de un régimen neoliberal policiaco-militar. La actual junta administrativa solo puede sostenerse “gobernando” a fuerza de terror policiaco-militar y paramilitar.
El dolor de los familiares que han sido víctimas del régimen es nuestro dolor, su pérdida también es nuestra, su exigencia de justicia y castigo a los criminales de Estado es nuestra bandera. También repudiamos estos aborrecibles crímenes.
¡Hermanos, hermanas, camaradas!, a nuestro entrañable pueblo, a todos los agraviados del régimen, a quienes resisten desde la dignidad y la combatividad, a los que se organizan y luchan en los diferentes sectores, a todos los luchadores que impulsan las distintas formas de lucha en el país:
Ante la escalada de la violencia contra el pueblo el principio de la justicia popular es legítimo, necesario e imprescindible; a organizar y generalizar la autodefensa popular, hagamos efectivo el principio de la justicia popular, ningún crimen de Estado debe quedar impune; que la acción política de masas atruene en todo el país y confluya en una acción política conjunta multisectorial a nivel nacional contra el régimen.
Cada quien en su sector y trinchera de lucha, a ubicar a los enemigos del pueblo y a actuar en consecuencia.
A nuestros militantes y combatientes, ¡Atención! Activen todos los mecanismos de autodefensa.
¡A IMPULSAR LA RESISTENCIA POPULAR!
¡A ORGANIZAR Y ESTRUCTURAR LA AUTODEFENSA DEL PUEBLO!
¡PRESENTACIÓN CON VIDA DE TODOS LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS DE AYER Y HOY!
¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
¡LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS Y DE CONCIENCIA DEL PAÍS!
¡JUICIO Y CASTIGO A LOS CRIMINALES DE ESTADO!
¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARA!
COMITÉ CENTRAL
DEL
PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO
(CC-PDPR)
COMANDANCIA GENERAL DEL
EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
(CG-EPR)
AÑO 49
República mexicana, a 21 de octubre de 2013.