Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Fecha
2013-12-08
Categoría
Comunicado
Segundo Informe conjunto de la Mesa de Conversaciones de Paz
SEGUNDO INFORME CONJUNTO DE LA MESA DE CONVERSACIONES DE PAZ ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA- EJÉRCITO DEL PUEBLO (FARC-EP), SOBRE EL PUNTO 2 DE LA AGENDA DEL ACUERDO GENERAL DE LA HABANA, “PARTICIPACIÓN POLÍTICA”
El Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, en cumplimiento de lo establecido en el punto 3 del numeral VI del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera del 26 de agosto de 2012, presentan este segundo Informe Conjunto sobre los avances y acuerdos alcanzados entre el 11 de junio y el 6 de noviembre de 2013, sobre el punto 2 de la Agenda “Participación Política”.
Participación Política: Apertura democrática para construir la paz
Como lo informamos públicamente el pasado 6 de noviembre de 2013, hemos llegado a un acuerdo sobre el segundo punto de la Agenda, “Participación Política”, consignado en un documento, Borrador Conjunto.
El Gobierno Nacional y las FARC-EP consideran que la construcción y consolidación de la paz, en el marco del fin del conflicto, requiere de una ampliación democrática que permita que surjan nuevas fuerzas en el escenario político para enriquecer el debate y la deliberación alrededor de los grandes problemas nacionales y, de esa manera, fortalecer el pluralismo y por tanto la representación de las diferentes visiones e intereses de la sociedad, con las debidas garantías para la participación y la inclusión política. Es importante ampliar y cualificar la democracia como condición para lograr bases sólidas para forjar la paz.
La construcción de la paz es asunto de la sociedad en su conjunto que requiere de la participación de todos sin distinción y, por eso, es necesario concitar la participación y decisión de toda la sociedad colombiana en la construcción de tal propósito, que es derecho y deber de obligatorio cumplimiento, como base para encauzar a Colombia por el camino de la paz con justicia social y de la reconciliación, atendiendo el clamor de la población por la paz. Esto incluye el fortalecimiento de las organizaciones y movimientos sociales, y el robustecimiento de los espacios de participación para que ese ejercicio de participación ciudadana tenga incidencia y sea efectivo.
La firma e implementación del Acuerdo Final contribuirá a la ampliación y profundización de la democracia en cuanto implicará la dejación de las armas y la proscripción de la violencia como método de acción política para todos los colombianos, a fin de transitar a un escenario en el que impere la democracia, con garantías plenas para quienes participen en política, y de esa manera abrirá nuevos espacios para la participación.
Para cumplir con estos propósitos, se harán las revisiones y los ajustes institucionales acordados, que conduzcan a una plena participación política y ciudadana de todos los sectores políticos y sociales, y de esa manera, hacer frente a los retos de la construcción de la paz.
*
Sobre derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en general, consideramos que el ejercicio de la política no se limita exclusivamente a la participación en el sistema político y electoral, razón por la cual la generación de espacios para la democracia y el pluralismo en Colombia requiere del reconocimiento tanto de la oposición que ejercen los partidos y movimientos políticos, como de las formas de acción de las organizaciones y los movimientos sociales y populares que pueden llegar a ejercer formas de oposición a políticas del gobierno nacional y de las autoridades departamentales y municipales.
Y que en esa medida, la definición de las garantías para la oposición requiere distinguir entre la oposición política ejercida dentro del sistema político y de representación, y las actividades ejercidas por organizaciones o movimientos sociales y populares que pueden llegar a ejercer formas de oposición.
Acordamos que para los partidos y movimientos políticos que se declaren en oposición las garantías estarán consignadas en un estatuto para su ejercicio, mientras que para las organizaciones y movimientos sociales y populares antes mencionados es necesario, no sólo garantizar el pleno ejercicio de derechos y libertades, incluyendo el de hacer oposición, sino también promover y facilitar los espacios para que tramiten sus demandas.
En cuanto al estatuto de garantías para el ejercicio de la oposición política acordamos que, tras la firma del Acuerdo Final, los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, serán convocados en una Comisión para definir los lineamientos del estatuto de garantías para los partidos y movimientos políticos que se declaren en oposición. Adicionalmente, se convocarán a este escenario de discusión otras agrupaciones políticas representativas de oposición, según lo acuerden las Partes. La Comisión a través de un evento facilitará la participación de voceros de las organizaciones y movimientos sociales más representativos, expertos y académicos, entre otros. Sobre la base de estos lineamientos el Gobierno Nacional elaborará un proyecto de ley con el acompañamiento de delegados de la Comisión de partidos y movimientos políticos.
Por otra parte, acordamos que el Gobierno Nacional establecerá un nuevo Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, como parte de una concepción moderna, cualitativamente nueva de la seguridad que, en el marco del fin del conflicto, se funda en el respeto de la dignidad humana, en la promoción y respeto de los derechos humanos y en la defensa de los valores democráticos, en particular en la protección de los derechos y libertades de quienes ejercen la política, especialmente de quienes luego de la terminación de la confrontación armada se transformen en opositores políticos y que por tanto deben ser reconocidos y tratados como tales. ., el Gobierno Nacional establecerá un nuevo Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política.
El Sistema Integral de Seguridad se concibe en un marco de garantías de los derechos y libertades y busca asegurar la promoción y protección de la persona, el respeto por la vida y la libertad de pensamiento y opinión, para así fortalecer y profundizar la democracia.
Este nuevo Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política debe contribuir a crear y garantizar una cultura de convivencia, tolerancia y solidaridad, que dignifique el ejercicio de la política y brinde garantías para prevenir cualquier forma de estigmatización y persecución de dirigentes por motivo de sus actividades políticas, de libre opinión o de oposición. Se adoptarán previsiones para impedir que se fomenten concepciones de seguridad que, bajo cualquier excusa, vayan en contra de los objetivos del sistema que son la protección de la vida de quienes ejercen la política y su no estigmatización por razón de sus ideas y actividades políticas.
El Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política estará estructurado en consonancia con una concepción de la seguridad que tiene como centro la persona, se basa en los principios de soberanía, no intervención y libre determinación de los pueblos, y que permite articular las medidas de seguridad con las medidas de desarrollo y bienestar individuales y colectivas contempladas en el Acuerdo Final.
Adicionalmente, el Gobierno fortalecerá, concentrará y desplegará su máxima capacidad institucional para prevenir, desarticular y neutralizar, con un enfoque multidimensional, cualquier posible fuente de violencia contra quienes ejercen la política, y tomará todas las medidas necesarias para asegurar que no resurjan grupos de tipo paramilitar.
El Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política contará con los siguientes elementos: 1. Adecuación normativa e institucional, que incluye la creación de una instancia de alto nivel que ponga en marcha un Sistema de Seguridad para el Ejercicio de la Política y que garantice la articulación, funcionamiento y supervisión del mismo. Esta instancia dependerá de la Presidencia de la República y establecerá mecanismos de interlocución permanente con los partidos y movimientos políticos, especialmente los que ejercen la oposición, y el nuevo movimiento que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal. Los mecanismos incluirán, entre otros, un sistema de planeación, información y monitoreo, y una comisión de seguimiento y evaluación; 2. Prevención, que incluye un sistema de alertas tempranas y un despliegue preventivo de seguridad con un sistema de coordinación incluyente y auditable; 3. Protección, que incluye tanto un programa de protección especializada para los miembros del nuevo movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, como protección especializada para las siguientes personas: quienes hayan sido elegidas popularmente, quienes se declaren en oposición política y líderes de partidos y movimientos políticos, con enfoque diferencial y con presencia nacional y regional; 4. Evaluación y seguimiento, que incluye un sistema de planeación, información y monitoreo con carácter interinstitucional y representación de los partidos y movimientos políticos, con acompañamiento permanente de organizaciones humanitarias de tipo internacional, que permita realizar una evaluación de desempeño y de resultados; rendición de cuentas a través de informes públicos del Gobierno; una comisión de seguimiento y evaluación del desempeño del Sistema Integral y de los avances en el desmantelamiento de organizaciones criminales y de todas aquellas que amenacen el ejercicio de la política, con representación de partidos y movimientos políticos; y un comité de impulso a las investigaciones por delitos contra quienes ejercen la política.
También acordamos establecer un sistema similar de garantías de seguridad para líderes de organizaciones y movimientos sociales y defensores de derechos humanos, en situación de riesgo, que incluye adecuación normativa e institucional, prevención, protección y evaluación y seguimiento.
En lo que respecta a las garantías específicas para el nuevo movimiento que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, hemos acordado discutir este tema como parte del punto 3 de la Agenda del Acuerdo General, “Fin del Conflicto”.
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Una sociedad democrática y organizada es una condición necesaria para la construcción de una paz estable y duradera, en particular en el marco de la implementación del Acuerdo Final. Por ello, y en atención al derecho de todas las personas a constituir organizaciones sociales del más variado tipo; a formar parte de ellas y a difundir sus plataformas; a la libertad de expresión y al disenso; al pluralismo y la tolerancia; a la acción política o social a través de la protesta y la movilización; y teniendo en cuenta la necesidad de una cultura política para la resolución pacífica de los conflictos y la obligación del Estado de garantizar el diálogo deliberante y público, acordamos que se adoptarán medidas para garantizar el reconocimiento, fortalecimiento y empoderamiento de todos los movimientos y organizaciones sociales, de acuerdo con sus repertorios y sus plataformas de acción social.
Con ese propósito, el Gobierno Nacional elaborará un proyecto de ley de garantías y promoción de la participación ciudadana y de otras actividades que puedan realizar las organizaciones y movimientos sociales, sobre la base de los siguientes lineamientos, entre otros, que serán discutidos en un espacio de carácter nacional, que contará con la participación de los voceros de las organizaciones y movimientos sociales más representativos: garantizar el derecho al acceso oportuno y libre a la información oficial en el marco de la Constitución y la ley; reglamentación del derecho de réplica y rectificación, en cabeza de las organizaciones y movimientos sociales más representativos, frente a declaraciones falsas o agraviantes por parte del Gobierno Nacional; realizar conjuntamente con las organizaciones y movimientos sociales una caracterización y registro de organizaciones sociales; apoyar, mediante asistencia legal y técnica, la creación y el fortalecimiento de las organizaciones y movimientos sociales; por solicitud de las organizaciones y movimientos sociales, agilizar la sistematización e intercambio de experiencias exitosas de fortalecimiento de los mismos; fortalecer los mecanismos de financiación de iniciativas y proyectos propios de las organizaciones sociales; promover la creación de redes de organizaciones y movimientos sociales que hagan visibles los liderazgos y garanticen su capacidad de plena interlocución con los poderes públicos; acceso a mecanismos de difusión para hacer visible la labor y la opinión de las organizaciones y movimientos sociales; en las instancias de participación ciudadana se ampliará y garantizará la representatividad de las organizaciones y los movimientos sociales; diseñar metodologías que contribuyan a la efectividad e incidencia de las instancias de participación e interlocución; poner en marcha instancias de seguimiento y verificación del cumplimiento por parte de las autoridades de las obligaciones, compromisos y garantías, en cuanto al establecimiento, funcionamiento y eficacia de los espacios de participación ciudadana; crear una herramienta que permita valorar, hacer visible e incentivar la gestión de las autoridades públicas, con respecto a la participación de las organizaciones y movimientos sociales; se garantizará el intercambio de experiencias exitosas de participación ciudadana entre las organizaciones sociales y las autoridades; promover la construcción de agendas de trabajo locales, municipales, departamentales y nacionales, según el caso, que permitan la atención temprana de las peticiones y propuestas de los diferentes sectores que se realicen a través de las organizaciones y movimientos sociales; las autoridades locales deberán atender de manera oportuna las peticiones y propuestas, y canalizarlas según su competencia, con el fin de que sean atendidas de manera pronta y eficaz.
Acordamos también que el Gobierno Nacional considerará y evaluará la viabilidad de propuestas de garantías adicionales que surjan en el marco de ese espacio de participación de carácter nacional, en una Comisión de Diálogo con voceros de las organizaciones y movimientos sociales más representativos, escogidos a través de un mecanismo definido por los organizadores. El mecanismo deberá ser participativo y garantizar una representación pluralista y equilibrada en la Comisión.
El Gobierno Nacional y las FARC-EP acordarán los organizadores, criterios y lineamientos para el desarrollo de ese espacio de participación de carácter nacional, con el fin de garantizar una representación pluralista y equilibrada.
Por otra parte, en el acuerdo se reconoce que la movilización y la protesta, como formas de acción política, son ejercicios legítimos del derecho a la reunión, a la libre circulación, a la libre expresión, a la libertad de conciencia y a la oposición en una democracia; y que en un escenario de fin del conflicto se deben garantizar diferentes espacios para canalizar las demandas ciudadanas, incluyendo garantías plenas para la movilización, la protesta y la convivencia pacífica.
Con el objetivo de garantizar el pleno ejercicio de estos derechos, acordamos que el Gobierno definirá las medidas y ajustes normativos necesarios con base en los criterios que abajo se enuncian, y los demás que se acuerden en el marco de una comisión especial, que contará con la participación de los voceros de la Comisión de Diálogo y representantes de otros sectores interesados. En el marco de la comisión especial se discutirán los insumos que provengan del espacio de participación nacional del que se trata en el punto de garantías para las organizaciones y movimientos sociales y los que propongan los otros sectores. Entre los criterios acordados se destacan: garantías plenas para la movilización y la protesta como parte del derecho constitucional a la libre expresión, a la reunión y a la oposición, privilegiando el diálogo y la civilidad en el tratamiento de este tipo de actividades; garantías a los derechos de los manifestantes y de los demás ciudadanos; garantías necesarias para el ejercicio de la libertad de información durante la movilización y la protesta; revisión y, de ser necesaria, modificación de las normas que se aplican a la movilización y la protesta social; garantías para la aplicación y el respeto de los derechos humanos en general; fortalecimiento de la vigilancia y el control a la acción y los medios utilizados por las autoridades para el tratamiento de este tipo de actividades; garantías para el diálogo frente a la movilización y la protesta y acompañamiento del Ministerio Público como garante del respeto de las libertades democráticas y el fortalecimiento de las instancias de participación ciudadana en la interlocución y construcción de agendas de trabajo que permitan la atención temprana de las peticiones y propuestas de los diferentes sectores y organizaciones sociales.
Adicionalmente, y teniendo en cuenta la importancia de garantizar espacios para canalizar las demandas ciudadanas, se acordó promover la construcción de agendas de trabajo que permitan la atención temprana de las peticiones y propuestas de los diferentes sectores y organizaciones sociales.
Respecto a la participación ciudadana a través de medios de comunicación comunitarios, institucionales y regionales, en lo acordado se reconoce que los medios de comunicación comunitarios, institucionales y regionales, contribuirán a la participación ciudadana y en especial a promover valores cívicos, diferentes identidades étnicas y culturales, la inclusión política y social, la integración nacional y en general el fortalecimiento de la democracia.
Para avanzar en el logro de estos fines acordamos que el Gobierno Nacional: abrirá nuevas convocatorias para la adjudicación de radio comunitaria, con énfasis en las zonas más afectadas por el conflicto y así promover la democratización de la información y del uso del espectro electromagnético disponible; promoverá la capacitación técnica de los trabajadores de los medios comunitarios, y la formación y capacitación de sus comunicadores y operadores; abrirá espacios en las emisoras y canales institucionales y regionales destinados a la divulgación del trabajo de las organizaciones y movimientos sociales, y de las comunidades en general; financiará la producción y divulgación de contenidos orientados a fomentar una cultura de paz con justicia social y reconciliación, por parte de los medios de interés público y comunitarios.
En un escenario de fin del conflicto, todos deben contribuir a avanzar en la construcción de una cultura de reconciliación, convivencia, tolerancia y no estigmatización, especialmente por razón de la acción política y social en el marco de la civilidad.
Con este objetivo acordamos que el Gobierno creará un Consejo Nacional para la Reconciliación y la Convivencia, el cual estará integrado por representantes del Gobierno, el Ministerio Público, los que designen los partidos y movimientos políticos, incluido el que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, organizaciones y movimientos sociales, en particular de mujeres, campesinos, gremios, minorías étnicas, las iglesias, el sector educativo, entre otros.
El Consejo tendrá como función asesorar y acompañar al Gobierno en la puesta en marcha de mecanismos y acciones que incluyen: el diseño y ejecución de un programa de reconciliación, convivencia y prevención de la estigmatización; la promoción del respeto por la diferencia, la crítica y la oposición política; la promoción del respeto por la labor que realizan en pro de la construcción de la paz y la reconciliación diferentes movimientos y organizaciones políticas y sociales, la promoción del respeto por la labor que realizan las organizaciones sociales y de derechos humanos; pedagogía y didáctica del Acuerdo Final y su difusión desde el sistema de educación pública y privada en todos sus niveles y dentro del Estado; la promoción de la reconciliación, la convivencia y la tolerancia, especialmente en las poblaciones más afectadas por el conflicto; y la creación de una cátedra de cultura política para la reconciliación y la paz.
Acordamos también establecer Consejos para la Reconciliación y la Convivencia en los niveles territoriales con el fin de asesorar y acompañar a las autoridades locales.
Adicionalmente y teniendo en cuenta que la participación, la veeduría y el control por parte de los ciudadanos son esenciales para asegurar la transparencia de la gestión pública, el buen uso de los recursos, y para avanzar en la lucha contra la corrupción y contra la penetración de estructuras criminales en las instituciones públicas, especialmente en un escenario de fin del conflicto y construcción de la paz, en el que será necesario hacer grandes inversiones para cumplir con los objetivos del Acuerdo Final, acordamos una serie de medidas para promover y fortalecer el control por parte de los ciudadanos de la gestión pública.
Entre ellas se destacan: establecer un plan de apoyo a la creación y promoción de veedurías ciudadanas y observatorios de transparencia, con especial énfasis en el control por parte de los ciudadanos en la implementación del Acuerdo Final, que se pondrá en marcha con el concurso de organizaciones especializadas e instituciones de educación superior, entre otros, que proveerán acompañamiento y asistencia técnica; apoyo al plan nacional de formación de veedores; la creación de mecanismos de información, con el fin de garantizar la publicidad y transparencia en la implementación; la creación de un mecanismo especial para la atención, trámite y seguimiento de denuncias y alertas de los ciudadanos y las organizaciones y movimientos por posibles hechos de corrupción, con énfasis en lo relacionado con la implementación del Acuerdo Final; la promoción de una masiva campaña institucional de divulgación de los derechos de los ciudadanos y de las obligaciones y deberes de las autoridades en materia de participación y control de la administración pública por parte de los ciudadanos, y de los mecanismos administrativos y judiciales existentes para exigir su efectivo cumplimiento; el fortalecimiento de los mecanismos de rendición de cuentas de todos los servidores públicos; y la vinculación de las universidades públicas a campañas masivas para la promoción de la participación ciudadana y del control por parte de los ciudadanos.
En cuanto a la participación ciudadana en temas de planeación, acordamos una serie de acciones para fortalecer la participación en la elaboración, discusión, seguimiento a la ejecución y evaluación de los procesos de planeación y presupuestación, y promover su incidencia en las decisiones administrativas: revisar las funciones y la conformación de los Consejos Territoriales de Planeación, con el fin de ampliar la participación ciudadana en la formulación de los planes de desarrollo y en el seguimiento a su ejecución y evaluación; fortalecer la participación de las Juntas Administradoras Locales en la elaboración de los planes de desarrollo; promover la articulación entre las distintas instancias formales e informales de planeación participativa; hacer los ajustes normativos necesarios para que los conceptos, pronunciamientos e informes de monitoreo, realizados por las instancias de planeación participativa, sean respondidos por las autoridades públicas en espacios e instancias de diálogo e interlocución.
Adicionalmente, acordamos hacer una revisión integral y participativa del sistema de participación en los procesos de planeación; fortalecer los diseños institucionales y la metodología con el fin de facilitar la participación ciudadana y asegurar su efectividad en la formulación de políticas públicas sociales como salud, educación, lucha contra la pobreza y la desigualdad, medio ambiente y cultura; y fortalecer la construcción de presupuestos participativos en el nivel local.
Con el objetivo de promover el pluralismo político, la igualdad de condiciones y la representatividad del sistema de partidos, y de consolidar la paz en el marco del fin del conflicto, acordamos hacer los cambios necesarios para desligar la obtención y conservación de la personería jurídica de los partidos y movimientos políticos del requisito de la superación de un umbral en las elecciones de Congreso, y en consecuencia redefinir los requisitos para su constitución; y diseñar un sistema de adquisición progresiva de derechos para partidos y movimientos políticos, según su desempeño electoral en los ámbitos municipal, departamental y nacional. Esto permitirá también facilitar el tránsito de organizaciones y movimientos sociales con vocación política hacia su constitución como partidos o movimientos políticos.
El sistema incorporará un régimen de transición, incluyendo financiación y divulgación de programas, para promover y estimular los nuevos partidos y movimientos políticos de alcance nacional que irrumpan por primera vez en el escenario político.
Como complemento de lo anterior, y con el fin de promover una distribución más equitativa de los recursos, acordamos que, por una parte, se incrementará el porcentaje que se distribuye por partes iguales entre los partidos o movimientos políticos con representación en el Congreso y se aumentará el fondo de financiación de partidos y movimientos políticos, y por otra, se ampliarán los espacios de divulgación del programa político de los partidos o movimientos políticos con representación en el Congreso.
Una apertura democrática para construir la paz requiere también de la promoción de una mayor participación electoral. Para ello se acordaron medidas para remover obstáculos y facilitar el ejercicio del derecho al voto, con especial énfasis en las poblaciones más vulnerables y en los territorios más afectados por el conflicto y el abandono, que incluyen: promover campañas de información, capacitación, pedagogía y divulgación, que estimulen la participación electoral; realizar una campaña nacional de cedulación masiva; apoyar la gestión que la organización electoral adelante para estimular la participación electoral, en particular de las poblaciones más vulnerables y más apartadas, facilitando el acceso a los puestos de votación de las comunidades que habitan en zonas alejadas y dispersas.
Por otra parte, para fortalecer las garantías del sistema electoral en la fase de construcción de la paz, se acordaron medidas para promover la transparencia en los procesos electorales que incluyen, entre otras: adelantar campañas de prevención de conductas que atenten contra la transparencia de los procesos electorales; habilitar mecanismos para facilitar las denuncias ciudadanas y crear un sistema para su seguimiento; realizar una auditoría técnica del censo electoral; conformar un tribunal nacional de garantías electorales y tribunales especiales seccionales, en las circunscripciones de mayor riesgo de fraude electoral; fortalecer la capacidad de investigación y sanción de los delitos, las faltas electorales y la infiltración criminal en la actividad política; adoptar medidas para garantizar mayor transparencia de la financiación de las campañas electorales; apoyar la implementación de medios electrónicos en los procesos electorales, con garantías de transparencia; promover la participación de movimientos y organizaciones sociales o cualquier otra organización ciudadana en la vigilancia y control de los procesos electorales; y promover procesos de formación, educación y comunicación política en asuntos públicos.
Como una medida adicional de transparencia y con el fin de que la pauta oficial no sea utilizada con fines electorales, partidistas, de promoción personal o de proyectos políticos, en especial en épocas electorales, acordamos también que el Gobierno promoverá los ajustes necesarios en la normatividad para que la pauta oficial en los niveles nacional, departamental y municipal se asigne de acuerdo con unos criterios transparentes, objetivos y de equidad, teniendo en cuenta también a los medios y espacios de comunicación locales y comunitarios.
Además de estas medidas de efecto inmediato, acordamos que se debe llevar a cabo una reforma del régimen y de la organización electoral, con el objetivo de asegurar una mayor autonomía e independencia de la organización electoral, incluyendo del Consejo Nacional Electoral o la institución que haga sus veces, y modernizar y hacer más transparente el sistema electoral, para de esa manera dar mayores garantías para la participación política en igualdad de condiciones y mejorar la calidad de la democracia.
Para ello, acordamos que tras la firma del Acuerdo Final se creará una misión electoral especial. La misión estará conformada por expertos de alto nivel, que se seleccionarán según el mecanismo que acuerden las Partes, que en un plazo de hasta 6 meses presentará sus recomendaciones con base, entre otros, en las buenas prácticas nacionales e internacionales y en los insumos que reciba de los partidos y movimientos políticos y de las autoridades electorales. Sobre la base de esas recomendaciones, el Gobierno Nacional hará los ajustes normativos e institucionales que sean necesarios.
Con el fin de promover una cultura política democrática y participativa, que fomente el tratamiento de los conflictos a través de los mecanismos que brinda la política, proscribiendo la violencia como método de acción política, acordamos que se pondrán en marcha las siguientes medidas: promoción de los valores democráticos, de la participación política y de sus mecanismos, para garantizar y fomentar su conocimiento y uso efectivo y así fortalecer el ejercicio de los derechos consagrados constitucionalmente, a través de campañas en medios de comunicación y talleres de capacitación; fortalecimiento de los programas de educación para la democracia en los distintos niveles de enseñanza; promoción de programas de liderazgo político y social para miembros de partidos y de organizaciones sociales; y un programa para la promoción de la participación y liderazgo de la mujer en la política.
Como parte de las medidas para promover el pluralismo en el marco del fin del conflicto, y con el objetivo de garantizar una mejor integración de zonas especialmente afectadas por el conflicto, el abandono y la débil presencia institucional, y una mayor inclusión y representación política de estas poblaciones y de sus derechos políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, y también como una medida de reparación y de construcción de la paz, acordamos la creación en esas zonas de Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para la elección de un número por definir de Representantes a la Cámara de Representantes, de manera temporal (están pendiente por definir las zonas, el número total de curules y el número de períodos electorales para estas Circunscripciones).
Estas Circunscripciones serán adicionales a las circunscripciones ordinarias existentes. Contarán con reglas especiales para la inscripción y elección de candidatos. Igualmente, las campañas contarán con financiación especial y acceso a medios regionales. Se establecerán mecanismos especiales de acompañamiento para asegurar la transparencia del proceso electoral y la libertad del voto de los electores.
Se acordó que los candidatos deberán ser personas que habiten regularmente en estos territorios o que hayan sido desplazadas de ellos y estén en proceso de retorno. Estos candidatos podrán ser inscritos por grupos significativos de ciudadanos u organizaciones en el territorio de la Circunscripción, tales como organizaciones de campesinos, víctimas (incluyendo desplazados), mujeres y sectores sociales que trabajen en pro de la construcción de la paz y el mejoramiento de las condiciones sociales en la región, entre otros.
Los candidatos serán elegidos por los ciudadanos de esos mismos territorios, sin perjuicio de su derecho a participar en la elección de candidatos a la Cámara de Representantes en las elecciones ordinarias en sus departamentos. Los partidos que cuentan con representación en el Congreso de la República no podrán inscribir candidatos para estas Circunscripciones.
La organización electoral ejercerá una especial vigilancia sobre el censo electoral y la inscripción de candidatos, garantizando que se cumplan las reglas establecidas.
Como complemento de lo acordado sobre acceso a medios para organizaciones y movimientos sociales y para partidos y movimientos políticos, acordamos que se habilitará un canal institucional de televisión cerrada orientado a los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, para la divulgación de sus plataformas políticas, en el marco del respeto por las ideas y la diferencia. Ese canal también servirá para la divulgación del trabajo de las organizaciones y movimientos sociales, la promoción de una cultura democrática de paz y reconciliación, y la divulgación de los avances en la implementación de los planes y programas que se acuerden en el marco del Acuerdo Final.
Reconociendo el importante papel que desempeñan las mujeres en la prevención y solución de los conflictos y en la consolidación de la paz, y la necesidad de promover y fortalecer su participación en la vida política, aún más en el marco del fin del conflicto, donde su liderazgo y participación en pie de igualdad en los procesos de toma de decisiones públicas, y en la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas gubernamentales son necesarias y esenciales para alcanzar una paz estable y duradera, acordamos que en la implementación de todo lo acordado en el punto 2 se garantizará el enfoque de género, y se diseñarán y adoptarán las medidas afirmativas necesarias para fortalecer la participación y liderazgo de la mujer.
Según el criterio de cada delegación hay temas pendientes, que se discutirán más adelante en la Mesa, siempre teniendo en cuenta el principio que nada está acordado hasta que todo esté acordado.
El Gobierno Nacional y las FARC-EP agradecen especialmente a los países garantes Cuba y Noruega por su apoyo decidido a este proceso, que ha permitido avanzar en la construcción de este acuerdo en un ambiente de confianza y seriedad. Así como a los países acompañantes Venezuela y Chile por su permanente apoyo.
Este informe no varía lo acordado.
La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, 8 de diciembre de 2013.
El Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, en cumplimiento de lo establecido en el punto 3 del numeral VI del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera del 26 de agosto de 2012, presentan este segundo Informe Conjunto sobre los avances y acuerdos alcanzados entre el 11 de junio y el 6 de noviembre de 2013, sobre el punto 2 de la Agenda “Participación Política”.
Participación Política: Apertura democrática para construir la paz
Como lo informamos públicamente el pasado 6 de noviembre de 2013, hemos llegado a un acuerdo sobre el segundo punto de la Agenda, “Participación Política”, consignado en un documento, Borrador Conjunto.
El Gobierno Nacional y las FARC-EP consideran que la construcción y consolidación de la paz, en el marco del fin del conflicto, requiere de una ampliación democrática que permita que surjan nuevas fuerzas en el escenario político para enriquecer el debate y la deliberación alrededor de los grandes problemas nacionales y, de esa manera, fortalecer el pluralismo y por tanto la representación de las diferentes visiones e intereses de la sociedad, con las debidas garantías para la participación y la inclusión política. Es importante ampliar y cualificar la democracia como condición para lograr bases sólidas para forjar la paz.
La construcción de la paz es asunto de la sociedad en su conjunto que requiere de la participación de todos sin distinción y, por eso, es necesario concitar la participación y decisión de toda la sociedad colombiana en la construcción de tal propósito, que es derecho y deber de obligatorio cumplimiento, como base para encauzar a Colombia por el camino de la paz con justicia social y de la reconciliación, atendiendo el clamor de la población por la paz. Esto incluye el fortalecimiento de las organizaciones y movimientos sociales, y el robustecimiento de los espacios de participación para que ese ejercicio de participación ciudadana tenga incidencia y sea efectivo.
La firma e implementación del Acuerdo Final contribuirá a la ampliación y profundización de la democracia en cuanto implicará la dejación de las armas y la proscripción de la violencia como método de acción política para todos los colombianos, a fin de transitar a un escenario en el que impere la democracia, con garantías plenas para quienes participen en política, y de esa manera abrirá nuevos espacios para la participación.
Para cumplir con estos propósitos, se harán las revisiones y los ajustes institucionales acordados, que conduzcan a una plena participación política y ciudadana de todos los sectores políticos y sociales, y de esa manera, hacer frente a los retos de la construcción de la paz.
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Sobre derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en general, consideramos que el ejercicio de la política no se limita exclusivamente a la participación en el sistema político y electoral, razón por la cual la generación de espacios para la democracia y el pluralismo en Colombia requiere del reconocimiento tanto de la oposición que ejercen los partidos y movimientos políticos, como de las formas de acción de las organizaciones y los movimientos sociales y populares que pueden llegar a ejercer formas de oposición a políticas del gobierno nacional y de las autoridades departamentales y municipales.
Y que en esa medida, la definición de las garantías para la oposición requiere distinguir entre la oposición política ejercida dentro del sistema político y de representación, y las actividades ejercidas por organizaciones o movimientos sociales y populares que pueden llegar a ejercer formas de oposición.
Acordamos que para los partidos y movimientos políticos que se declaren en oposición las garantías estarán consignadas en un estatuto para su ejercicio, mientras que para las organizaciones y movimientos sociales y populares antes mencionados es necesario, no sólo garantizar el pleno ejercicio de derechos y libertades, incluyendo el de hacer oposición, sino también promover y facilitar los espacios para que tramiten sus demandas.
En cuanto al estatuto de garantías para el ejercicio de la oposición política acordamos que, tras la firma del Acuerdo Final, los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, serán convocados en una Comisión para definir los lineamientos del estatuto de garantías para los partidos y movimientos políticos que se declaren en oposición. Adicionalmente, se convocarán a este escenario de discusión otras agrupaciones políticas representativas de oposición, según lo acuerden las Partes. La Comisión a través de un evento facilitará la participación de voceros de las organizaciones y movimientos sociales más representativos, expertos y académicos, entre otros. Sobre la base de estos lineamientos el Gobierno Nacional elaborará un proyecto de ley con el acompañamiento de delegados de la Comisión de partidos y movimientos políticos.
Por otra parte, acordamos que el Gobierno Nacional establecerá un nuevo Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, como parte de una concepción moderna, cualitativamente nueva de la seguridad que, en el marco del fin del conflicto, se funda en el respeto de la dignidad humana, en la promoción y respeto de los derechos humanos y en la defensa de los valores democráticos, en particular en la protección de los derechos y libertades de quienes ejercen la política, especialmente de quienes luego de la terminación de la confrontación armada se transformen en opositores políticos y que por tanto deben ser reconocidos y tratados como tales. ., el Gobierno Nacional establecerá un nuevo Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política.
El Sistema Integral de Seguridad se concibe en un marco de garantías de los derechos y libertades y busca asegurar la promoción y protección de la persona, el respeto por la vida y la libertad de pensamiento y opinión, para así fortalecer y profundizar la democracia.
Este nuevo Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política debe contribuir a crear y garantizar una cultura de convivencia, tolerancia y solidaridad, que dignifique el ejercicio de la política y brinde garantías para prevenir cualquier forma de estigmatización y persecución de dirigentes por motivo de sus actividades políticas, de libre opinión o de oposición. Se adoptarán previsiones para impedir que se fomenten concepciones de seguridad que, bajo cualquier excusa, vayan en contra de los objetivos del sistema que son la protección de la vida de quienes ejercen la política y su no estigmatización por razón de sus ideas y actividades políticas.
El Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política estará estructurado en consonancia con una concepción de la seguridad que tiene como centro la persona, se basa en los principios de soberanía, no intervención y libre determinación de los pueblos, y que permite articular las medidas de seguridad con las medidas de desarrollo y bienestar individuales y colectivas contempladas en el Acuerdo Final.
Adicionalmente, el Gobierno fortalecerá, concentrará y desplegará su máxima capacidad institucional para prevenir, desarticular y neutralizar, con un enfoque multidimensional, cualquier posible fuente de violencia contra quienes ejercen la política, y tomará todas las medidas necesarias para asegurar que no resurjan grupos de tipo paramilitar.
El Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política contará con los siguientes elementos: 1. Adecuación normativa e institucional, que incluye la creación de una instancia de alto nivel que ponga en marcha un Sistema de Seguridad para el Ejercicio de la Política y que garantice la articulación, funcionamiento y supervisión del mismo. Esta instancia dependerá de la Presidencia de la República y establecerá mecanismos de interlocución permanente con los partidos y movimientos políticos, especialmente los que ejercen la oposición, y el nuevo movimiento que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal. Los mecanismos incluirán, entre otros, un sistema de planeación, información y monitoreo, y una comisión de seguimiento y evaluación; 2. Prevención, que incluye un sistema de alertas tempranas y un despliegue preventivo de seguridad con un sistema de coordinación incluyente y auditable; 3. Protección, que incluye tanto un programa de protección especializada para los miembros del nuevo movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, como protección especializada para las siguientes personas: quienes hayan sido elegidas popularmente, quienes se declaren en oposición política y líderes de partidos y movimientos políticos, con enfoque diferencial y con presencia nacional y regional; 4. Evaluación y seguimiento, que incluye un sistema de planeación, información y monitoreo con carácter interinstitucional y representación de los partidos y movimientos políticos, con acompañamiento permanente de organizaciones humanitarias de tipo internacional, que permita realizar una evaluación de desempeño y de resultados; rendición de cuentas a través de informes públicos del Gobierno; una comisión de seguimiento y evaluación del desempeño del Sistema Integral y de los avances en el desmantelamiento de organizaciones criminales y de todas aquellas que amenacen el ejercicio de la política, con representación de partidos y movimientos políticos; y un comité de impulso a las investigaciones por delitos contra quienes ejercen la política.
También acordamos establecer un sistema similar de garantías de seguridad para líderes de organizaciones y movimientos sociales y defensores de derechos humanos, en situación de riesgo, que incluye adecuación normativa e institucional, prevención, protección y evaluación y seguimiento.
En lo que respecta a las garantías específicas para el nuevo movimiento que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, hemos acordado discutir este tema como parte del punto 3 de la Agenda del Acuerdo General, “Fin del Conflicto”.
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Una sociedad democrática y organizada es una condición necesaria para la construcción de una paz estable y duradera, en particular en el marco de la implementación del Acuerdo Final. Por ello, y en atención al derecho de todas las personas a constituir organizaciones sociales del más variado tipo; a formar parte de ellas y a difundir sus plataformas; a la libertad de expresión y al disenso; al pluralismo y la tolerancia; a la acción política o social a través de la protesta y la movilización; y teniendo en cuenta la necesidad de una cultura política para la resolución pacífica de los conflictos y la obligación del Estado de garantizar el diálogo deliberante y público, acordamos que se adoptarán medidas para garantizar el reconocimiento, fortalecimiento y empoderamiento de todos los movimientos y organizaciones sociales, de acuerdo con sus repertorios y sus plataformas de acción social.
Con ese propósito, el Gobierno Nacional elaborará un proyecto de ley de garantías y promoción de la participación ciudadana y de otras actividades que puedan realizar las organizaciones y movimientos sociales, sobre la base de los siguientes lineamientos, entre otros, que serán discutidos en un espacio de carácter nacional, que contará con la participación de los voceros de las organizaciones y movimientos sociales más representativos: garantizar el derecho al acceso oportuno y libre a la información oficial en el marco de la Constitución y la ley; reglamentación del derecho de réplica y rectificación, en cabeza de las organizaciones y movimientos sociales más representativos, frente a declaraciones falsas o agraviantes por parte del Gobierno Nacional; realizar conjuntamente con las organizaciones y movimientos sociales una caracterización y registro de organizaciones sociales; apoyar, mediante asistencia legal y técnica, la creación y el fortalecimiento de las organizaciones y movimientos sociales; por solicitud de las organizaciones y movimientos sociales, agilizar la sistematización e intercambio de experiencias exitosas de fortalecimiento de los mismos; fortalecer los mecanismos de financiación de iniciativas y proyectos propios de las organizaciones sociales; promover la creación de redes de organizaciones y movimientos sociales que hagan visibles los liderazgos y garanticen su capacidad de plena interlocución con los poderes públicos; acceso a mecanismos de difusión para hacer visible la labor y la opinión de las organizaciones y movimientos sociales; en las instancias de participación ciudadana se ampliará y garantizará la representatividad de las organizaciones y los movimientos sociales; diseñar metodologías que contribuyan a la efectividad e incidencia de las instancias de participación e interlocución; poner en marcha instancias de seguimiento y verificación del cumplimiento por parte de las autoridades de las obligaciones, compromisos y garantías, en cuanto al establecimiento, funcionamiento y eficacia de los espacios de participación ciudadana; crear una herramienta que permita valorar, hacer visible e incentivar la gestión de las autoridades públicas, con respecto a la participación de las organizaciones y movimientos sociales; se garantizará el intercambio de experiencias exitosas de participación ciudadana entre las organizaciones sociales y las autoridades; promover la construcción de agendas de trabajo locales, municipales, departamentales y nacionales, según el caso, que permitan la atención temprana de las peticiones y propuestas de los diferentes sectores que se realicen a través de las organizaciones y movimientos sociales; las autoridades locales deberán atender de manera oportuna las peticiones y propuestas, y canalizarlas según su competencia, con el fin de que sean atendidas de manera pronta y eficaz.
Acordamos también que el Gobierno Nacional considerará y evaluará la viabilidad de propuestas de garantías adicionales que surjan en el marco de ese espacio de participación de carácter nacional, en una Comisión de Diálogo con voceros de las organizaciones y movimientos sociales más representativos, escogidos a través de un mecanismo definido por los organizadores. El mecanismo deberá ser participativo y garantizar una representación pluralista y equilibrada en la Comisión.
El Gobierno Nacional y las FARC-EP acordarán los organizadores, criterios y lineamientos para el desarrollo de ese espacio de participación de carácter nacional, con el fin de garantizar una representación pluralista y equilibrada.
Por otra parte, en el acuerdo se reconoce que la movilización y la protesta, como formas de acción política, son ejercicios legítimos del derecho a la reunión, a la libre circulación, a la libre expresión, a la libertad de conciencia y a la oposición en una democracia; y que en un escenario de fin del conflicto se deben garantizar diferentes espacios para canalizar las demandas ciudadanas, incluyendo garantías plenas para la movilización, la protesta y la convivencia pacífica.
Con el objetivo de garantizar el pleno ejercicio de estos derechos, acordamos que el Gobierno definirá las medidas y ajustes normativos necesarios con base en los criterios que abajo se enuncian, y los demás que se acuerden en el marco de una comisión especial, que contará con la participación de los voceros de la Comisión de Diálogo y representantes de otros sectores interesados. En el marco de la comisión especial se discutirán los insumos que provengan del espacio de participación nacional del que se trata en el punto de garantías para las organizaciones y movimientos sociales y los que propongan los otros sectores. Entre los criterios acordados se destacan: garantías plenas para la movilización y la protesta como parte del derecho constitucional a la libre expresión, a la reunión y a la oposición, privilegiando el diálogo y la civilidad en el tratamiento de este tipo de actividades; garantías a los derechos de los manifestantes y de los demás ciudadanos; garantías necesarias para el ejercicio de la libertad de información durante la movilización y la protesta; revisión y, de ser necesaria, modificación de las normas que se aplican a la movilización y la protesta social; garantías para la aplicación y el respeto de los derechos humanos en general; fortalecimiento de la vigilancia y el control a la acción y los medios utilizados por las autoridades para el tratamiento de este tipo de actividades; garantías para el diálogo frente a la movilización y la protesta y acompañamiento del Ministerio Público como garante del respeto de las libertades democráticas y el fortalecimiento de las instancias de participación ciudadana en la interlocución y construcción de agendas de trabajo que permitan la atención temprana de las peticiones y propuestas de los diferentes sectores y organizaciones sociales.
Adicionalmente, y teniendo en cuenta la importancia de garantizar espacios para canalizar las demandas ciudadanas, se acordó promover la construcción de agendas de trabajo que permitan la atención temprana de las peticiones y propuestas de los diferentes sectores y organizaciones sociales.
Respecto a la participación ciudadana a través de medios de comunicación comunitarios, institucionales y regionales, en lo acordado se reconoce que los medios de comunicación comunitarios, institucionales y regionales, contribuirán a la participación ciudadana y en especial a promover valores cívicos, diferentes identidades étnicas y culturales, la inclusión política y social, la integración nacional y en general el fortalecimiento de la democracia.
Para avanzar en el logro de estos fines acordamos que el Gobierno Nacional: abrirá nuevas convocatorias para la adjudicación de radio comunitaria, con énfasis en las zonas más afectadas por el conflicto y así promover la democratización de la información y del uso del espectro electromagnético disponible; promoverá la capacitación técnica de los trabajadores de los medios comunitarios, y la formación y capacitación de sus comunicadores y operadores; abrirá espacios en las emisoras y canales institucionales y regionales destinados a la divulgación del trabajo de las organizaciones y movimientos sociales, y de las comunidades en general; financiará la producción y divulgación de contenidos orientados a fomentar una cultura de paz con justicia social y reconciliación, por parte de los medios de interés público y comunitarios.
En un escenario de fin del conflicto, todos deben contribuir a avanzar en la construcción de una cultura de reconciliación, convivencia, tolerancia y no estigmatización, especialmente por razón de la acción política y social en el marco de la civilidad.
Con este objetivo acordamos que el Gobierno creará un Consejo Nacional para la Reconciliación y la Convivencia, el cual estará integrado por representantes del Gobierno, el Ministerio Público, los que designen los partidos y movimientos políticos, incluido el que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, organizaciones y movimientos sociales, en particular de mujeres, campesinos, gremios, minorías étnicas, las iglesias, el sector educativo, entre otros.
El Consejo tendrá como función asesorar y acompañar al Gobierno en la puesta en marcha de mecanismos y acciones que incluyen: el diseño y ejecución de un programa de reconciliación, convivencia y prevención de la estigmatización; la promoción del respeto por la diferencia, la crítica y la oposición política; la promoción del respeto por la labor que realizan en pro de la construcción de la paz y la reconciliación diferentes movimientos y organizaciones políticas y sociales, la promoción del respeto por la labor que realizan las organizaciones sociales y de derechos humanos; pedagogía y didáctica del Acuerdo Final y su difusión desde el sistema de educación pública y privada en todos sus niveles y dentro del Estado; la promoción de la reconciliación, la convivencia y la tolerancia, especialmente en las poblaciones más afectadas por el conflicto; y la creación de una cátedra de cultura política para la reconciliación y la paz.
Acordamos también establecer Consejos para la Reconciliación y la Convivencia en los niveles territoriales con el fin de asesorar y acompañar a las autoridades locales.
Adicionalmente y teniendo en cuenta que la participación, la veeduría y el control por parte de los ciudadanos son esenciales para asegurar la transparencia de la gestión pública, el buen uso de los recursos, y para avanzar en la lucha contra la corrupción y contra la penetración de estructuras criminales en las instituciones públicas, especialmente en un escenario de fin del conflicto y construcción de la paz, en el que será necesario hacer grandes inversiones para cumplir con los objetivos del Acuerdo Final, acordamos una serie de medidas para promover y fortalecer el control por parte de los ciudadanos de la gestión pública.
Entre ellas se destacan: establecer un plan de apoyo a la creación y promoción de veedurías ciudadanas y observatorios de transparencia, con especial énfasis en el control por parte de los ciudadanos en la implementación del Acuerdo Final, que se pondrá en marcha con el concurso de organizaciones especializadas e instituciones de educación superior, entre otros, que proveerán acompañamiento y asistencia técnica; apoyo al plan nacional de formación de veedores; la creación de mecanismos de información, con el fin de garantizar la publicidad y transparencia en la implementación; la creación de un mecanismo especial para la atención, trámite y seguimiento de denuncias y alertas de los ciudadanos y las organizaciones y movimientos por posibles hechos de corrupción, con énfasis en lo relacionado con la implementación del Acuerdo Final; la promoción de una masiva campaña institucional de divulgación de los derechos de los ciudadanos y de las obligaciones y deberes de las autoridades en materia de participación y control de la administración pública por parte de los ciudadanos, y de los mecanismos administrativos y judiciales existentes para exigir su efectivo cumplimiento; el fortalecimiento de los mecanismos de rendición de cuentas de todos los servidores públicos; y la vinculación de las universidades públicas a campañas masivas para la promoción de la participación ciudadana y del control por parte de los ciudadanos.
En cuanto a la participación ciudadana en temas de planeación, acordamos una serie de acciones para fortalecer la participación en la elaboración, discusión, seguimiento a la ejecución y evaluación de los procesos de planeación y presupuestación, y promover su incidencia en las decisiones administrativas: revisar las funciones y la conformación de los Consejos Territoriales de Planeación, con el fin de ampliar la participación ciudadana en la formulación de los planes de desarrollo y en el seguimiento a su ejecución y evaluación; fortalecer la participación de las Juntas Administradoras Locales en la elaboración de los planes de desarrollo; promover la articulación entre las distintas instancias formales e informales de planeación participativa; hacer los ajustes normativos necesarios para que los conceptos, pronunciamientos e informes de monitoreo, realizados por las instancias de planeación participativa, sean respondidos por las autoridades públicas en espacios e instancias de diálogo e interlocución.
Adicionalmente, acordamos hacer una revisión integral y participativa del sistema de participación en los procesos de planeación; fortalecer los diseños institucionales y la metodología con el fin de facilitar la participación ciudadana y asegurar su efectividad en la formulación de políticas públicas sociales como salud, educación, lucha contra la pobreza y la desigualdad, medio ambiente y cultura; y fortalecer la construcción de presupuestos participativos en el nivel local.
Con el objetivo de promover el pluralismo político, la igualdad de condiciones y la representatividad del sistema de partidos, y de consolidar la paz en el marco del fin del conflicto, acordamos hacer los cambios necesarios para desligar la obtención y conservación de la personería jurídica de los partidos y movimientos políticos del requisito de la superación de un umbral en las elecciones de Congreso, y en consecuencia redefinir los requisitos para su constitución; y diseñar un sistema de adquisición progresiva de derechos para partidos y movimientos políticos, según su desempeño electoral en los ámbitos municipal, departamental y nacional. Esto permitirá también facilitar el tránsito de organizaciones y movimientos sociales con vocación política hacia su constitución como partidos o movimientos políticos.
El sistema incorporará un régimen de transición, incluyendo financiación y divulgación de programas, para promover y estimular los nuevos partidos y movimientos políticos de alcance nacional que irrumpan por primera vez en el escenario político.
Como complemento de lo anterior, y con el fin de promover una distribución más equitativa de los recursos, acordamos que, por una parte, se incrementará el porcentaje que se distribuye por partes iguales entre los partidos o movimientos políticos con representación en el Congreso y se aumentará el fondo de financiación de partidos y movimientos políticos, y por otra, se ampliarán los espacios de divulgación del programa político de los partidos o movimientos políticos con representación en el Congreso.
Una apertura democrática para construir la paz requiere también de la promoción de una mayor participación electoral. Para ello se acordaron medidas para remover obstáculos y facilitar el ejercicio del derecho al voto, con especial énfasis en las poblaciones más vulnerables y en los territorios más afectados por el conflicto y el abandono, que incluyen: promover campañas de información, capacitación, pedagogía y divulgación, que estimulen la participación electoral; realizar una campaña nacional de cedulación masiva; apoyar la gestión que la organización electoral adelante para estimular la participación electoral, en particular de las poblaciones más vulnerables y más apartadas, facilitando el acceso a los puestos de votación de las comunidades que habitan en zonas alejadas y dispersas.
Por otra parte, para fortalecer las garantías del sistema electoral en la fase de construcción de la paz, se acordaron medidas para promover la transparencia en los procesos electorales que incluyen, entre otras: adelantar campañas de prevención de conductas que atenten contra la transparencia de los procesos electorales; habilitar mecanismos para facilitar las denuncias ciudadanas y crear un sistema para su seguimiento; realizar una auditoría técnica del censo electoral; conformar un tribunal nacional de garantías electorales y tribunales especiales seccionales, en las circunscripciones de mayor riesgo de fraude electoral; fortalecer la capacidad de investigación y sanción de los delitos, las faltas electorales y la infiltración criminal en la actividad política; adoptar medidas para garantizar mayor transparencia de la financiación de las campañas electorales; apoyar la implementación de medios electrónicos en los procesos electorales, con garantías de transparencia; promover la participación de movimientos y organizaciones sociales o cualquier otra organización ciudadana en la vigilancia y control de los procesos electorales; y promover procesos de formación, educación y comunicación política en asuntos públicos.
Como una medida adicional de transparencia y con el fin de que la pauta oficial no sea utilizada con fines electorales, partidistas, de promoción personal o de proyectos políticos, en especial en épocas electorales, acordamos también que el Gobierno promoverá los ajustes necesarios en la normatividad para que la pauta oficial en los niveles nacional, departamental y municipal se asigne de acuerdo con unos criterios transparentes, objetivos y de equidad, teniendo en cuenta también a los medios y espacios de comunicación locales y comunitarios.
Además de estas medidas de efecto inmediato, acordamos que se debe llevar a cabo una reforma del régimen y de la organización electoral, con el objetivo de asegurar una mayor autonomía e independencia de la organización electoral, incluyendo del Consejo Nacional Electoral o la institución que haga sus veces, y modernizar y hacer más transparente el sistema electoral, para de esa manera dar mayores garantías para la participación política en igualdad de condiciones y mejorar la calidad de la democracia.
Para ello, acordamos que tras la firma del Acuerdo Final se creará una misión electoral especial. La misión estará conformada por expertos de alto nivel, que se seleccionarán según el mecanismo que acuerden las Partes, que en un plazo de hasta 6 meses presentará sus recomendaciones con base, entre otros, en las buenas prácticas nacionales e internacionales y en los insumos que reciba de los partidos y movimientos políticos y de las autoridades electorales. Sobre la base de esas recomendaciones, el Gobierno Nacional hará los ajustes normativos e institucionales que sean necesarios.
Con el fin de promover una cultura política democrática y participativa, que fomente el tratamiento de los conflictos a través de los mecanismos que brinda la política, proscribiendo la violencia como método de acción política, acordamos que se pondrán en marcha las siguientes medidas: promoción de los valores democráticos, de la participación política y de sus mecanismos, para garantizar y fomentar su conocimiento y uso efectivo y así fortalecer el ejercicio de los derechos consagrados constitucionalmente, a través de campañas en medios de comunicación y talleres de capacitación; fortalecimiento de los programas de educación para la democracia en los distintos niveles de enseñanza; promoción de programas de liderazgo político y social para miembros de partidos y de organizaciones sociales; y un programa para la promoción de la participación y liderazgo de la mujer en la política.
Como parte de las medidas para promover el pluralismo en el marco del fin del conflicto, y con el objetivo de garantizar una mejor integración de zonas especialmente afectadas por el conflicto, el abandono y la débil presencia institucional, y una mayor inclusión y representación política de estas poblaciones y de sus derechos políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, y también como una medida de reparación y de construcción de la paz, acordamos la creación en esas zonas de Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para la elección de un número por definir de Representantes a la Cámara de Representantes, de manera temporal (están pendiente por definir las zonas, el número total de curules y el número de períodos electorales para estas Circunscripciones).
Estas Circunscripciones serán adicionales a las circunscripciones ordinarias existentes. Contarán con reglas especiales para la inscripción y elección de candidatos. Igualmente, las campañas contarán con financiación especial y acceso a medios regionales. Se establecerán mecanismos especiales de acompañamiento para asegurar la transparencia del proceso electoral y la libertad del voto de los electores.
Se acordó que los candidatos deberán ser personas que habiten regularmente en estos territorios o que hayan sido desplazadas de ellos y estén en proceso de retorno. Estos candidatos podrán ser inscritos por grupos significativos de ciudadanos u organizaciones en el territorio de la Circunscripción, tales como organizaciones de campesinos, víctimas (incluyendo desplazados), mujeres y sectores sociales que trabajen en pro de la construcción de la paz y el mejoramiento de las condiciones sociales en la región, entre otros.
Los candidatos serán elegidos por los ciudadanos de esos mismos territorios, sin perjuicio de su derecho a participar en la elección de candidatos a la Cámara de Representantes en las elecciones ordinarias en sus departamentos. Los partidos que cuentan con representación en el Congreso de la República no podrán inscribir candidatos para estas Circunscripciones.
La organización electoral ejercerá una especial vigilancia sobre el censo electoral y la inscripción de candidatos, garantizando que se cumplan las reglas establecidas.
Como complemento de lo acordado sobre acceso a medios para organizaciones y movimientos sociales y para partidos y movimientos políticos, acordamos que se habilitará un canal institucional de televisión cerrada orientado a los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, para la divulgación de sus plataformas políticas, en el marco del respeto por las ideas y la diferencia. Ese canal también servirá para la divulgación del trabajo de las organizaciones y movimientos sociales, la promoción de una cultura democrática de paz y reconciliación, y la divulgación de los avances en la implementación de los planes y programas que se acuerden en el marco del Acuerdo Final.
Reconociendo el importante papel que desempeñan las mujeres en la prevención y solución de los conflictos y en la consolidación de la paz, y la necesidad de promover y fortalecer su participación en la vida política, aún más en el marco del fin del conflicto, donde su liderazgo y participación en pie de igualdad en los procesos de toma de decisiones públicas, y en la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas gubernamentales son necesarias y esenciales para alcanzar una paz estable y duradera, acordamos que en la implementación de todo lo acordado en el punto 2 se garantizará el enfoque de género, y se diseñarán y adoptarán las medidas afirmativas necesarias para fortalecer la participación y liderazgo de la mujer.
Según el criterio de cada delegación hay temas pendientes, que se discutirán más adelante en la Mesa, siempre teniendo en cuenta el principio que nada está acordado hasta que todo esté acordado.
El Gobierno Nacional y las FARC-EP agradecen especialmente a los países garantes Cuba y Noruega por su apoyo decidido a este proceso, que ha permitido avanzar en la construcción de este acuerdo en un ambiente de confianza y seriedad. Así como a los países acompañantes Venezuela y Chile por su permanente apoyo.
Este informe no varía lo acordado.
La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, 8 de diciembre de 2013.