Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Fecha
2014-01-13
Categoría
Comunicado
La esperanza de paz
LA ESPERANZA DE PAZ
La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, enero 13 de 2014
En el ocaso del 2013 habló Juan Manuel Santos en la clausura de los Cursos de Altos Estudios Militares (CAEM) e Integral de Defensa Nacional (CIDENAL), y lo hizo acompañado del jefe de la delegación del Gobierno en la Mesa de Conversaciones de La Habana, el doctor Humberto De La Calle.
En ese escenario el Presidente desnudó de manera sincera ante las Fuerzas Militares, su estrategia de paz aludiendo a ella como un proceso originado en el 2000 cuando el Presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, lanzó en Cartagena el denominado Plan Colombia. Con esta revelación el propio Santos resuelve la sospecha de que no era éste un plan contra el narcotráfico, sino un plan contrainsurgente concebido para derrotar la creciente inconformidad social.
Con aire de autosuficiencia le dio brillo con sus palabras al papel que jugó personalmente desde entonces, como conductor de la estrategia militar, ya como gestor de créditos ante el Banco Mundial; ya como artífice de dos impuestos de guerra que le permitieron al Estado recaudar 16 billones de pesos con el apoyo entusiasta de los empresarios; ya como propiciador de la integración de la inteligencia de las fuerzas, siguiendo el consejo de su amigo, el ex primer ministro británico, Tony Blair; ya como promotor de la modernización del equipo bélico y de estímulos económicos a los militares; ya como inspirador, desde el Ministerio de Defensa y la Presidencia de la República, de los bombardeos de la CIA contra objetivos de alto valor que cobraron las vidas de comandantes como el Negro Acacio, Martín Caballero, Raúl Reyes, Jorge Briceño, y Alfonso Cano…
Mejor dicho, tanto incienso y auto elogio, que algunos militares, casi asfixiados, en medio de ese humo de la vanidad, alcanzaron a creer que estaban frente al hombre de más méritos militares en toda la historia de Colombia. Pero unos días después, cuando The Washington Post develó el plan de la CIA para asesinar a dirigentes de la insurgencia colombiana, pudieron escapar del alelamiento. Para el país quedó claro que el intervencionismo estadounidense es total y que Colombia es un país ocupado con el consentimiento de unas élites apátridas. Lo único que sí es atribuible a Santos es que, personalmente, emitió la orden al ejército de asesinar a Alfonso Cano, cuando ya había caído prisionero, como el Che.
Y siguiendo la disertación sobre sus hazañas militares en la clausura del curso, el Presidente desembocó, sin más ni más, en que gracias a su genialidad, logró el debilitamiento de las fuerzas insurgentes, que hoy se han visto obligadas a acudir a una mesa de conversaciones a firmar su sometimiento a la institucionalidad y a las leyes vigentes. Y explicó que ése es el sentido de su reiterada manifestación de que “la paz es la victoria”. Y preguntó a los militares presentes:“ k¿En manos de quién quedan las armas; quién es el que se desarma, y por consiguiente, quién ganó?” Algo así como: “no contaban con mi astucia”. En nada ayudan esas expresiones en la generación de confianza entre partes contendientes que buscan sacar adelante un proceso de paz.
En esa misma línea argumental, que además desconoce el carácter de partes iguales de los contendientes que estamparon sus rúbricas en el Acuerdo General de La Habana, afirma con énfasis innecesario y áspero, que “no habrá impunidad para los bandidos de las FARC que han maltratado a la ciudadanía durante 50 años”, como si hablara el “santo” jefe de una legión seráfica y no de un Estado terrorista que ha causado muerte, falsos positivos, paramilitarismo, desapariciones, desplazamiento forzoso y asfixia democrática, entre otros desafueros. Pareciera haber olvidado que pocos meses atrás, defendiendo ante la Corte Constitucional un inconsulto marco jurídico para la paz (cuyos términos ha debido consensuar con la guerrilla en la Mesa de La Habana), había reconocido que las víctimas eran víctimas del conflicto; y que el Estado es responsable por acción o por omisión. Valga agregar que ese solo reconocimiento discursivo, no es suficiente para significar el terrible protagonismo del Estado en la generación y permanencia del conflicto; es necesario que la voz del soberano sea escuchada en esta materia.
Más adelante pontifica con el sofisma de que no habrá amnistías ni indultos incondicionales para los guerrilleros, como ocurrió en el pasado con el M-19, porque, según él, la CPI no lo permite; pero luego en tono persuasivo, como apaciguando temores de la oficialidad en torno al espinoso asunto de víctimas y máximos responsables, anunció que lajusticia transicional operará para otorgar beneficios jurídicos a los militares.Al menos queda claro que todas esas volteretas del gobierno en torno al marco jurídico son para favorecer a los militares.
Aunque este asunto se abordará en su debido momento, lo primero que queremos decirle al gobierno, es que no hemos venido a La Habana a negociar impunidades. No. Por eso, hemos propuesto la conformación de una Comisión para el esclarecimiento de la verdad sobre la historia del conflicto interno colombiano, para facilitar la acción jurisdiccional y dar satisfacción a las víctimas, pero el gobierno se ha desentendido a sabiendas de que si no se integra esa comisión, no será posible abordar el tema de víctimas y máximos responsables. Debemos arrancar de raíz esa asimetría jurídica que siempre pesa en contra de los más débiles. El país entiende que la guerrilla no va a permitir que sus dirigentes sean colgados de los postes, estigmatizados como victimarios y únicos responsables. Ya lo aceptó el Presidente: las víctimas, son víctimas del conflicto. Si el entramado jurídico internacional es insoslayable, como afirman, el Estado colombiano que se auto encadenó al Estatuto de Roma, a pesar de estar involucrado en crímenes internacionales y de lesa humanidad, en el fondo debe estar pensando en cómo responder ante la CPI respecto a tan graves e ineludibles imputaciones. Las FARC tienen propuestas para buscarle una salida justa a esta intrincada situación, de tal manera que los combatientes y todos los colombianos salgamos satisfechos.
En la mencionada alocución el presidente también pasó un parte de tranquilidad a los militares en torno a los acuerdos parciales logrados en La Habana: “Lo que se negoció en desarrollo rural –dijo-, no es nada extraordinario, nada que vaya a escandalizar, no habrán sóviets estalinistas”… Y en eso tiene razón, y considerando, como él dice, “que nada está acordado hasta que todo esté acordado”, lo fundamental está en las salvedades que aún están por debatirse. El campesinado colombiano clama porque se acabe con el latifundio, se conforme el fondo de tierras para su distribución, se limite la extranjerización de la tierra, se regule la explotación minero-energética de las trasnacionales, se establezcan las ZRC donde florezca la economía campesina que garantice la soberanía alimentaria del país y se convengan fórmulas para frenar el impacto negativo de los TLC sobre la producción agrícola y la industria nacional.
Y en cuanto a Participación Política, el compromiso, según Juan Manuel Santos, es solo ampliar la democracia, “buscando darle participación a sectores que han estado sometidos por las FARC. Las circunscripciones especiales no son para las FARC”. Al respecto queremos precisar que nuestro empeño en la Mesa de conversaciones es lograr que se le de participación a la ciudadanía y a sus organizaciones en las altas instancias de planeación de políticas que comprometen el futuro y la dignidad de los colombianos, se abran las herrumbrosas puertas que han estado cerradas toda una vida republicana a la democracia verdadera, que no se asesine a nadie por su pensamiento político y visión de país, que se le de participación a las regiones secularmente olvidadas, se proscriba la Doctrina de la Seguridad Nacional y la concepción del enemigo interno, y se erradique definitivamente el paramilitarismo de Estado, para que esto posibilite también el tránsito de movimiento armado a nuevo movimiento político.
Las salvedades del punto dos de la agenda, estrechamente ligadas al anhelo nacional, exigen una reestructuración democrática del Estado y la reforma política en función de la expansión democrática; la reconversión de las Fuerzas Militares hacia la construcción de la paz y la protección de la soberanía nacional; reforma económica; reforma de la rama judicial que libere a la justicia de su politización y corrupción y le devuelva su independencia como rama del poder; la reforma y democratización del sistema político electoral; concreción del postergado ordenamiento territorial; la democratización de la propiedad de los medios de comunicación, entre otros trascendentales aspectos relacionados con la democracia verdadera, la paz con justicia social y la reconciliación nacional.
Considera el Presidente que el tercer punto en discusión, el narcotráfico, es un tema fundamental, y aventura que sin él, posiblemente las FARC y el ELN no estarían hoy donde están.Y nosotros decimos que, sin el narcotráfico que ha necrosado hasta los tuétanos la estructura del Estado colombiano, claro, las FARC y el ELN no estarían donde están, porque sin la gansterización del régimen, sin desigualdad ni tanta miseria no habría alzamiento armado. Pedimos que no se aplaste con el hierro punitivo a los sectores más débiles de la cadena del narcotráfico, que son los campesinos y los consumidores. La sustitución de cultivos debe ser concertada con los campesinos y bajo ninguna circunstancia se erradicarán sin que antes se echen andar planes alternativos. Las fumigaciones con glifosato que han causado males irremediables al medio ambiente, deben ser suspendidas. Tras las rejas, al lado de los capos debieran estar, no los campesinos ni las llamadas “mulas”, expresión de un problema social, sino los banqueros corruptos que con el lavado de activos provenientes de ganancias del narcotráfico, estimulan su existencia. Como diría Bolívar, aquí las leyes solo sirven para enredar a los débiles y de ninguna traba a los fuertes. Pero muy poco se haría para doblegar el fenómeno si no hay una acción internacional concertada entre las naciones, si no se persigue a la mafia de la distribución, si no se da el salto de las políticas prohibicionistas que han agudizado el problema, hacia un protocolo de tolerancia regulada, de persistente educación a la juventud y del tratamiento de la adición como asunto prioritario de salud pública.
Y concluye Santos, afirmando que “no habrá cese al fuego, no bajaremos la guardia en la ofensiva militar”, y que solo habría tregua después de la firma del acuerdo final. En las FARC lamentamos esta contumacia fatal que le niega a la mesa la confianza necesaria para avanzar en la construcción de acuerdos.
Se mantendrá viva la llama de la esperanza de la paz que hoy titila en La Habana, solo si el gobierno está dispuesto a propiciar cambios efectivos que signifiquen democracia y dignidad, y si los colombianos atisban en el horizonte, que por fin, podremos tener patria. Pero fundamentalmente, se mantendrá viva la esperanza de la paz, si las mayorías nacionalesde pobres y excluidos, los campesinos, los trabajadores, los desempleados, la juventud, las mujeres, los indígenas, la población afro y los habitantes de los inmensos cinturones de miseria que rodean las ciudades, se movilizan por ella. Habrá esperanza de paz, si las capas medias que se empobrecen, que se endeudan, que pierden sus viviendas mientras los ricos son cada vez más ricos, hacen suya la bandera de la paz. Habrá reconciliación, si la gente que se indigna por la desaparición de la soberanía y la industria nacional, que mira con rabia cómo las políticas gubernamentales van configurando un país exclusivo de inversionistas y saqueadores, de banqueros lavadores de ganancias criminales a los que, además, hay que hacerles reverencia, opte por la resistencia ciudadana. Si todos cerramos filas contra los corruptos que capturaron el Estado y que como ratas se roban los dineros públicos, habrá esperanza; Si rechazamos esa gelatinosa gobernabilidad edificada sobre“mermelada”, contratos y cargos burocráticos, si todos nos movilizamos, si salimos a la calle, si confrontamos y reclamamos unidos, la flama de la paz no solo no se apagará, sino que sus destellos iluminarán el continente. Allá el presidente si sigue creyendo que solo somos 7.200.
Finalmente, en torno a las elecciones quisiéramos poner término a rumores no exentos de perfidia y maledicencia lanzados al viento por la derecha paramilitar de Colombia: Ninguna candidatura de derecha, mucho menos de extrema derecha, es opción para alcanzar la paz. Por eso convocamos a los colombianos, a sus organizaciones sociales y políticas, a la gente pensante, a buscar alternativas que nos favorezcan como nación, y en ese sentido sugerimos impulsar la Constituyente por la Paz frente a cualquier perspectiva electoral de los mismos de siempre y que pretenden convertir a Colombia en paraíso de las trasnacionales. En la misma dirección, llamamos a los promotores del voto en blanco y de la abstención, a canalizar su inconformidad y fuerza,hacia la exigencia de una Asamblea Nacional Constituyente por la Paz. El proceso constituyente que se ha iniciado con los diálogos de paz de La Habana, debe llenarse de fuerza popular en este 2014 que comienza.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP
La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, enero 13 de 2014
En el ocaso del 2013 habló Juan Manuel Santos en la clausura de los Cursos de Altos Estudios Militares (CAEM) e Integral de Defensa Nacional (CIDENAL), y lo hizo acompañado del jefe de la delegación del Gobierno en la Mesa de Conversaciones de La Habana, el doctor Humberto De La Calle.
En ese escenario el Presidente desnudó de manera sincera ante las Fuerzas Militares, su estrategia de paz aludiendo a ella como un proceso originado en el 2000 cuando el Presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, lanzó en Cartagena el denominado Plan Colombia. Con esta revelación el propio Santos resuelve la sospecha de que no era éste un plan contra el narcotráfico, sino un plan contrainsurgente concebido para derrotar la creciente inconformidad social.
Con aire de autosuficiencia le dio brillo con sus palabras al papel que jugó personalmente desde entonces, como conductor de la estrategia militar, ya como gestor de créditos ante el Banco Mundial; ya como artífice de dos impuestos de guerra que le permitieron al Estado recaudar 16 billones de pesos con el apoyo entusiasta de los empresarios; ya como propiciador de la integración de la inteligencia de las fuerzas, siguiendo el consejo de su amigo, el ex primer ministro británico, Tony Blair; ya como promotor de la modernización del equipo bélico y de estímulos económicos a los militares; ya como inspirador, desde el Ministerio de Defensa y la Presidencia de la República, de los bombardeos de la CIA contra objetivos de alto valor que cobraron las vidas de comandantes como el Negro Acacio, Martín Caballero, Raúl Reyes, Jorge Briceño, y Alfonso Cano…
Mejor dicho, tanto incienso y auto elogio, que algunos militares, casi asfixiados, en medio de ese humo de la vanidad, alcanzaron a creer que estaban frente al hombre de más méritos militares en toda la historia de Colombia. Pero unos días después, cuando The Washington Post develó el plan de la CIA para asesinar a dirigentes de la insurgencia colombiana, pudieron escapar del alelamiento. Para el país quedó claro que el intervencionismo estadounidense es total y que Colombia es un país ocupado con el consentimiento de unas élites apátridas. Lo único que sí es atribuible a Santos es que, personalmente, emitió la orden al ejército de asesinar a Alfonso Cano, cuando ya había caído prisionero, como el Che.
Y siguiendo la disertación sobre sus hazañas militares en la clausura del curso, el Presidente desembocó, sin más ni más, en que gracias a su genialidad, logró el debilitamiento de las fuerzas insurgentes, que hoy se han visto obligadas a acudir a una mesa de conversaciones a firmar su sometimiento a la institucionalidad y a las leyes vigentes. Y explicó que ése es el sentido de su reiterada manifestación de que “la paz es la victoria”. Y preguntó a los militares presentes:“ k¿En manos de quién quedan las armas; quién es el que se desarma, y por consiguiente, quién ganó?” Algo así como: “no contaban con mi astucia”. En nada ayudan esas expresiones en la generación de confianza entre partes contendientes que buscan sacar adelante un proceso de paz.
En esa misma línea argumental, que además desconoce el carácter de partes iguales de los contendientes que estamparon sus rúbricas en el Acuerdo General de La Habana, afirma con énfasis innecesario y áspero, que “no habrá impunidad para los bandidos de las FARC que han maltratado a la ciudadanía durante 50 años”, como si hablara el “santo” jefe de una legión seráfica y no de un Estado terrorista que ha causado muerte, falsos positivos, paramilitarismo, desapariciones, desplazamiento forzoso y asfixia democrática, entre otros desafueros. Pareciera haber olvidado que pocos meses atrás, defendiendo ante la Corte Constitucional un inconsulto marco jurídico para la paz (cuyos términos ha debido consensuar con la guerrilla en la Mesa de La Habana), había reconocido que las víctimas eran víctimas del conflicto; y que el Estado es responsable por acción o por omisión. Valga agregar que ese solo reconocimiento discursivo, no es suficiente para significar el terrible protagonismo del Estado en la generación y permanencia del conflicto; es necesario que la voz del soberano sea escuchada en esta materia.
Más adelante pontifica con el sofisma de que no habrá amnistías ni indultos incondicionales para los guerrilleros, como ocurrió en el pasado con el M-19, porque, según él, la CPI no lo permite; pero luego en tono persuasivo, como apaciguando temores de la oficialidad en torno al espinoso asunto de víctimas y máximos responsables, anunció que lajusticia transicional operará para otorgar beneficios jurídicos a los militares.Al menos queda claro que todas esas volteretas del gobierno en torno al marco jurídico son para favorecer a los militares.
Aunque este asunto se abordará en su debido momento, lo primero que queremos decirle al gobierno, es que no hemos venido a La Habana a negociar impunidades. No. Por eso, hemos propuesto la conformación de una Comisión para el esclarecimiento de la verdad sobre la historia del conflicto interno colombiano, para facilitar la acción jurisdiccional y dar satisfacción a las víctimas, pero el gobierno se ha desentendido a sabiendas de que si no se integra esa comisión, no será posible abordar el tema de víctimas y máximos responsables. Debemos arrancar de raíz esa asimetría jurídica que siempre pesa en contra de los más débiles. El país entiende que la guerrilla no va a permitir que sus dirigentes sean colgados de los postes, estigmatizados como victimarios y únicos responsables. Ya lo aceptó el Presidente: las víctimas, son víctimas del conflicto. Si el entramado jurídico internacional es insoslayable, como afirman, el Estado colombiano que se auto encadenó al Estatuto de Roma, a pesar de estar involucrado en crímenes internacionales y de lesa humanidad, en el fondo debe estar pensando en cómo responder ante la CPI respecto a tan graves e ineludibles imputaciones. Las FARC tienen propuestas para buscarle una salida justa a esta intrincada situación, de tal manera que los combatientes y todos los colombianos salgamos satisfechos.
En la mencionada alocución el presidente también pasó un parte de tranquilidad a los militares en torno a los acuerdos parciales logrados en La Habana: “Lo que se negoció en desarrollo rural –dijo-, no es nada extraordinario, nada que vaya a escandalizar, no habrán sóviets estalinistas”… Y en eso tiene razón, y considerando, como él dice, “que nada está acordado hasta que todo esté acordado”, lo fundamental está en las salvedades que aún están por debatirse. El campesinado colombiano clama porque se acabe con el latifundio, se conforme el fondo de tierras para su distribución, se limite la extranjerización de la tierra, se regule la explotación minero-energética de las trasnacionales, se establezcan las ZRC donde florezca la economía campesina que garantice la soberanía alimentaria del país y se convengan fórmulas para frenar el impacto negativo de los TLC sobre la producción agrícola y la industria nacional.
Y en cuanto a Participación Política, el compromiso, según Juan Manuel Santos, es solo ampliar la democracia, “buscando darle participación a sectores que han estado sometidos por las FARC. Las circunscripciones especiales no son para las FARC”. Al respecto queremos precisar que nuestro empeño en la Mesa de conversaciones es lograr que se le de participación a la ciudadanía y a sus organizaciones en las altas instancias de planeación de políticas que comprometen el futuro y la dignidad de los colombianos, se abran las herrumbrosas puertas que han estado cerradas toda una vida republicana a la democracia verdadera, que no se asesine a nadie por su pensamiento político y visión de país, que se le de participación a las regiones secularmente olvidadas, se proscriba la Doctrina de la Seguridad Nacional y la concepción del enemigo interno, y se erradique definitivamente el paramilitarismo de Estado, para que esto posibilite también el tránsito de movimiento armado a nuevo movimiento político.
Las salvedades del punto dos de la agenda, estrechamente ligadas al anhelo nacional, exigen una reestructuración democrática del Estado y la reforma política en función de la expansión democrática; la reconversión de las Fuerzas Militares hacia la construcción de la paz y la protección de la soberanía nacional; reforma económica; reforma de la rama judicial que libere a la justicia de su politización y corrupción y le devuelva su independencia como rama del poder; la reforma y democratización del sistema político electoral; concreción del postergado ordenamiento territorial; la democratización de la propiedad de los medios de comunicación, entre otros trascendentales aspectos relacionados con la democracia verdadera, la paz con justicia social y la reconciliación nacional.
Considera el Presidente que el tercer punto en discusión, el narcotráfico, es un tema fundamental, y aventura que sin él, posiblemente las FARC y el ELN no estarían hoy donde están.Y nosotros decimos que, sin el narcotráfico que ha necrosado hasta los tuétanos la estructura del Estado colombiano, claro, las FARC y el ELN no estarían donde están, porque sin la gansterización del régimen, sin desigualdad ni tanta miseria no habría alzamiento armado. Pedimos que no se aplaste con el hierro punitivo a los sectores más débiles de la cadena del narcotráfico, que son los campesinos y los consumidores. La sustitución de cultivos debe ser concertada con los campesinos y bajo ninguna circunstancia se erradicarán sin que antes se echen andar planes alternativos. Las fumigaciones con glifosato que han causado males irremediables al medio ambiente, deben ser suspendidas. Tras las rejas, al lado de los capos debieran estar, no los campesinos ni las llamadas “mulas”, expresión de un problema social, sino los banqueros corruptos que con el lavado de activos provenientes de ganancias del narcotráfico, estimulan su existencia. Como diría Bolívar, aquí las leyes solo sirven para enredar a los débiles y de ninguna traba a los fuertes. Pero muy poco se haría para doblegar el fenómeno si no hay una acción internacional concertada entre las naciones, si no se persigue a la mafia de la distribución, si no se da el salto de las políticas prohibicionistas que han agudizado el problema, hacia un protocolo de tolerancia regulada, de persistente educación a la juventud y del tratamiento de la adición como asunto prioritario de salud pública.
Y concluye Santos, afirmando que “no habrá cese al fuego, no bajaremos la guardia en la ofensiva militar”, y que solo habría tregua después de la firma del acuerdo final. En las FARC lamentamos esta contumacia fatal que le niega a la mesa la confianza necesaria para avanzar en la construcción de acuerdos.
Se mantendrá viva la llama de la esperanza de la paz que hoy titila en La Habana, solo si el gobierno está dispuesto a propiciar cambios efectivos que signifiquen democracia y dignidad, y si los colombianos atisban en el horizonte, que por fin, podremos tener patria. Pero fundamentalmente, se mantendrá viva la esperanza de la paz, si las mayorías nacionalesde pobres y excluidos, los campesinos, los trabajadores, los desempleados, la juventud, las mujeres, los indígenas, la población afro y los habitantes de los inmensos cinturones de miseria que rodean las ciudades, se movilizan por ella. Habrá esperanza de paz, si las capas medias que se empobrecen, que se endeudan, que pierden sus viviendas mientras los ricos son cada vez más ricos, hacen suya la bandera de la paz. Habrá reconciliación, si la gente que se indigna por la desaparición de la soberanía y la industria nacional, que mira con rabia cómo las políticas gubernamentales van configurando un país exclusivo de inversionistas y saqueadores, de banqueros lavadores de ganancias criminales a los que, además, hay que hacerles reverencia, opte por la resistencia ciudadana. Si todos cerramos filas contra los corruptos que capturaron el Estado y que como ratas se roban los dineros públicos, habrá esperanza; Si rechazamos esa gelatinosa gobernabilidad edificada sobre“mermelada”, contratos y cargos burocráticos, si todos nos movilizamos, si salimos a la calle, si confrontamos y reclamamos unidos, la flama de la paz no solo no se apagará, sino que sus destellos iluminarán el continente. Allá el presidente si sigue creyendo que solo somos 7.200.
Finalmente, en torno a las elecciones quisiéramos poner término a rumores no exentos de perfidia y maledicencia lanzados al viento por la derecha paramilitar de Colombia: Ninguna candidatura de derecha, mucho menos de extrema derecha, es opción para alcanzar la paz. Por eso convocamos a los colombianos, a sus organizaciones sociales y políticas, a la gente pensante, a buscar alternativas que nos favorezcan como nación, y en ese sentido sugerimos impulsar la Constituyente por la Paz frente a cualquier perspectiva electoral de los mismos de siempre y que pretenden convertir a Colombia en paraíso de las trasnacionales. En la misma dirección, llamamos a los promotores del voto en blanco y de la abstención, a canalizar su inconformidad y fuerza,hacia la exigencia de una Asamblea Nacional Constituyente por la Paz. El proceso constituyente que se ha iniciado con los diálogos de paz de La Habana, debe llenarse de fuerza popular en este 2014 que comienza.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP