Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Fecha
2014-02-26
Categoría
Comunicado
Desmonte de las estructuras narcoparamilitares, criminales y mafiosas entronizadas en el Estado
La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, febrero 26 de 2014
Las FARC-EP presentan seis propuestas mínimas sobre “Política antidrogas centrada en el desmonte de las estructuras narcoparamilitares, criminales y mafiosas entronizadas en el Estado”:
1. Comisión especializada para la identificación del poder narcoparamilitar.
La política antidrogas tendrá uno de sus ejes en la identificación de las estructuras de poder narcoparamilitar, criminal y mafioso entronizadas en el Estado, en consideración a que dichas estructuras constituyen un factor esencial para la persistencia y reproducción de la industria criminal del narcotráfico. Para tal efecto, se conformará una Comisión especializada, de carácter interdisciplinario, con participación de representantes del Gobierno, de las FARC-EP, de la academia, de los partidos políticos y movimientos políticos y sociales, y de las Fuerzas Militares y de Policía, que deberá producir en un término no superior a seis (6) meses un “Informe sobre el influjo del narcoparamilitarismo en el Estado y la sociedad colombiana”. Dicho Informe contendrá, además del diagnóstico, la definición de lineamientos de política para la superación estructural del fenómeno narcoparamilitar en sus diferentes formas y modalidades, incluida la actual denominación eufemística de “bandas criminales” (BACRIM).
2. Depuración de las ramas del Estado y desmonte del influjo narcoparamilitar.
Los resultados del “Informe sobre el influjo del narcoparamilitarismo (…)” servirán de fundamento para la puesta en marcha de una política de depuración del Estado en sus ramas ejecutiva, legislativa y judicial, en sus diferentes niveles nacional, departamental y municipal, así como para el desmonte real y efectivo del poder narcoparamilitar en estos ámbitos. Además de la recuperación de la legitimidad del Estado, la superación de las estructuras narcoparamilitares entronizadas en las mencionadas ramas conlleva la pérdida de su influencia y control sobre los diseños y la implementación de la política pública en los más variados campos de la vida económica, social y cultural del país, así como sobre la política criminal y la administración de justicia. Y de manera especial, sobre configuraciones específicas de la política de seguridad y defensa.
3. Depuración de los órganos de control y de la organización electoral del Estado y desmonte del influjo narcoparamilitar.
El “Informe sobre el influjo del narcoparamilitarismo (…)” deberá conducir igualmente a la depuración de los órganos de control del Estado, en especial de la Procuraduría General de la Nación, así como de la organización electoral, incluidos el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional. La acción efectiva del Ministerio Público, ya depurado, sobre funcionarios públicos de todos los niveles comprometidos con el fenómeno narcoparamilitar representaría una contribución en dirección a la verdadera organización democrática de la sociedad. La depuración de la organización electoral constituye una condición necesaria para avanzar hacia la eliminación del poder político narcoparamilitar, basado en buena medida en la captura del sistema político y de representación.
Por otra parte, el desmonte efectivo del narcoparamilitarismo comprende igualmente la depuración del Notariado y Registro, considerando que la función pública notarial, desempeñada por particulares, se ha constituido en factor importante de la institucionalización de la economía narcoparamilitar, especialmente del despojo de tierra.
4. Depuración de las fuerzas militares y de policía y de los servicios de inteligencia y desmonte del influjo narcoparamilitar.
En atención a múltiples investigaciones y estudios, todos de conocimiento público, que demuestran la articulación y coordinación histórica del narcoparamilitarismo con las fuerzas militares y de policía, y los servicios de inteligencia del Estado, así como a los resultados que arroje el “Informe sobre el influjo del narcoparamilitarismo (…)” se procederá a la depuración de estas fuerzas y servicios. La persistencia de los mencionados nexos estructurales se constituye en barrera insuperable del poder narcoparamilitar en la medida en que propicia un control político, económico y social sobre el territorio basado en el ejercicio de la violencia, el cual es fundamento de la reproducción de la industria criminal del narcotráfico, y del alistamiento de territorios para promover nuevos y lucrativos negocios con la tierra y los recursos naturales, y acceder a los recursos públicos.
5. Identificación y desmonte del poder territorial narcoparamilitar.
Los esfuerzos orientados al desmonte del poder narcoparamilitar entronizado en las estructuras del Estado, de sus ramas y órganos resultarán infructuosos si no se acompañan de medidas y acciones tendientes a la eliminación de su poder territorial. Identificar las estructuras criminales y mafiosas locales, sus modalidades específicas, así como las élites comprometidas y partícipes directas del poder territorial narcoparamilitar representan una condición necesaria pero no suficiente para avanzar hacia la erradicación de tal poder. Para lograrlo se requiere de la voluntad política manifiesta del Estado, así como de medidas y acciones contundentes que, además de su real y efectiva persecución, se acompañen de los diseños correspondientes de política criminal.
6. Medidas y acciones especiales contra la corrupción propiciada por el narcoparamilitarismo.
Las redes criminales y mafiosas, que han conformado empresas de la corrupción infiltradas en el conjunto de la institucionalidad del Estado, tienen como soporte, en gran medida, capitales del narcotráfico utilizados en la financiación de partidos políticos y de campañas electorales, desde los cuales se incide no sólo sobre el poder legislativo en sus diferentes niveles, sino que se accede a posiciones de gobierno. Desde esas posiciones se captura una parte importante de la contratación pública y, por esa vía, de los recursos del presupuesto. Asimismo se legaliza y garantiza la promoción de nuevos negocios surgidos del control territorial. Erradicar el poder narcoparamilitar conlleva, por tanto, la implementación de medidas y acciones específicas para combatir la corrupción originada en los capitales del narcotráfico, incluido el seguimiento a dichos capitales en todo el circuito económico, lo cual constituirá un capítulo especial de la política criminal del Estado.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP
Las FARC-EP presentan seis propuestas mínimas sobre “Política antidrogas centrada en el desmonte de las estructuras narcoparamilitares, criminales y mafiosas entronizadas en el Estado”:
1. Comisión especializada para la identificación del poder narcoparamilitar.
La política antidrogas tendrá uno de sus ejes en la identificación de las estructuras de poder narcoparamilitar, criminal y mafioso entronizadas en el Estado, en consideración a que dichas estructuras constituyen un factor esencial para la persistencia y reproducción de la industria criminal del narcotráfico. Para tal efecto, se conformará una Comisión especializada, de carácter interdisciplinario, con participación de representantes del Gobierno, de las FARC-EP, de la academia, de los partidos políticos y movimientos políticos y sociales, y de las Fuerzas Militares y de Policía, que deberá producir en un término no superior a seis (6) meses un “Informe sobre el influjo del narcoparamilitarismo en el Estado y la sociedad colombiana”. Dicho Informe contendrá, además del diagnóstico, la definición de lineamientos de política para la superación estructural del fenómeno narcoparamilitar en sus diferentes formas y modalidades, incluida la actual denominación eufemística de “bandas criminales” (BACRIM).
2. Depuración de las ramas del Estado y desmonte del influjo narcoparamilitar.
Los resultados del “Informe sobre el influjo del narcoparamilitarismo (…)” servirán de fundamento para la puesta en marcha de una política de depuración del Estado en sus ramas ejecutiva, legislativa y judicial, en sus diferentes niveles nacional, departamental y municipal, así como para el desmonte real y efectivo del poder narcoparamilitar en estos ámbitos. Además de la recuperación de la legitimidad del Estado, la superación de las estructuras narcoparamilitares entronizadas en las mencionadas ramas conlleva la pérdida de su influencia y control sobre los diseños y la implementación de la política pública en los más variados campos de la vida económica, social y cultural del país, así como sobre la política criminal y la administración de justicia. Y de manera especial, sobre configuraciones específicas de la política de seguridad y defensa.
3. Depuración de los órganos de control y de la organización electoral del Estado y desmonte del influjo narcoparamilitar.
El “Informe sobre el influjo del narcoparamilitarismo (…)” deberá conducir igualmente a la depuración de los órganos de control del Estado, en especial de la Procuraduría General de la Nación, así como de la organización electoral, incluidos el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional. La acción efectiva del Ministerio Público, ya depurado, sobre funcionarios públicos de todos los niveles comprometidos con el fenómeno narcoparamilitar representaría una contribución en dirección a la verdadera organización democrática de la sociedad. La depuración de la organización electoral constituye una condición necesaria para avanzar hacia la eliminación del poder político narcoparamilitar, basado en buena medida en la captura del sistema político y de representación.
Por otra parte, el desmonte efectivo del narcoparamilitarismo comprende igualmente la depuración del Notariado y Registro, considerando que la función pública notarial, desempeñada por particulares, se ha constituido en factor importante de la institucionalización de la economía narcoparamilitar, especialmente del despojo de tierra.
4. Depuración de las fuerzas militares y de policía y de los servicios de inteligencia y desmonte del influjo narcoparamilitar.
En atención a múltiples investigaciones y estudios, todos de conocimiento público, que demuestran la articulación y coordinación histórica del narcoparamilitarismo con las fuerzas militares y de policía, y los servicios de inteligencia del Estado, así como a los resultados que arroje el “Informe sobre el influjo del narcoparamilitarismo (…)” se procederá a la depuración de estas fuerzas y servicios. La persistencia de los mencionados nexos estructurales se constituye en barrera insuperable del poder narcoparamilitar en la medida en que propicia un control político, económico y social sobre el territorio basado en el ejercicio de la violencia, el cual es fundamento de la reproducción de la industria criminal del narcotráfico, y del alistamiento de territorios para promover nuevos y lucrativos negocios con la tierra y los recursos naturales, y acceder a los recursos públicos.
5. Identificación y desmonte del poder territorial narcoparamilitar.
Los esfuerzos orientados al desmonte del poder narcoparamilitar entronizado en las estructuras del Estado, de sus ramas y órganos resultarán infructuosos si no se acompañan de medidas y acciones tendientes a la eliminación de su poder territorial. Identificar las estructuras criminales y mafiosas locales, sus modalidades específicas, así como las élites comprometidas y partícipes directas del poder territorial narcoparamilitar representan una condición necesaria pero no suficiente para avanzar hacia la erradicación de tal poder. Para lograrlo se requiere de la voluntad política manifiesta del Estado, así como de medidas y acciones contundentes que, además de su real y efectiva persecución, se acompañen de los diseños correspondientes de política criminal.
6. Medidas y acciones especiales contra la corrupción propiciada por el narcoparamilitarismo.
Las redes criminales y mafiosas, que han conformado empresas de la corrupción infiltradas en el conjunto de la institucionalidad del Estado, tienen como soporte, en gran medida, capitales del narcotráfico utilizados en la financiación de partidos políticos y de campañas electorales, desde los cuales se incide no sólo sobre el poder legislativo en sus diferentes niveles, sino que se accede a posiciones de gobierno. Desde esas posiciones se captura una parte importante de la contratación pública y, por esa vía, de los recursos del presupuesto. Asimismo se legaliza y garantiza la promoción de nuevos negocios surgidos del control territorial. Erradicar el poder narcoparamilitar conlleva, por tanto, la implementación de medidas y acciones específicas para combatir la corrupción originada en los capitales del narcotráfico, incluido el seguimiento a dichos capitales en todo el circuito económico, lo cual constituirá un capítulo especial de la política criminal del Estado.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP