Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Organización
Fecha
2014-03-20
Categoría
Comunicado
En peligro el proceso de paz
EN PELIGRO EL PROCESO DE PAZ
La destitución del alcalde de Bogotá Gustavo Petro, por parte del presidente Santos, acatando el fallo del procurador, confirma la postura retrógrada de la oligarquía Colombiana y su solidaridad de clase, negando la solicitud vinculante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien solicitó Medidas Cautelares para el alcalde.
Ese giro a la extrema derecha del presidente, demuestra la intolerancia del poder por aceptar en las instituciones, posturas críticas y al servicio de los excluidos, alcanzados por las vías constitucionales; de allí la gran pregunta: ¿si esa es la suerte de un alcalde elegido con el voto popular, qué se espera del respeto y acatamiento a los supuestos acuerdos que se alcancen en una mesa de diálogos con la insurgencia?
La gravedad de todo esto no solamente cruzó las fronteras como noticia de exclusión y jugarretas politiqueras y tramposas contra el alcalde, sino porque desconoce de manera flagrante la juridicidad internacional, a la cual Santos debe someterse, como gobierno compromisario y que en el pasado enero dijo acatar y respetar, si fallaba a favor del alcalde de Bogotá.
Estas volteretas del presidente, le quitan seriedad a su magistratura y ponen en entredicho su disponibilidad y capacidad para cumplir acuerdos, tanto en el ámbito internacional, como interno.
Es inconsecuente el doble rasero del presidente Santos, quien invocó la aplicación de dicha juridicidad internacional, para que el gobierno venezolano la aplicara a sus opositores, pero la niega para los colombianos. Esto desdice de la moral del mandatario, lo cual no se habían atrevido a desconocer ninguno de los gobiernos anteriores.
La arbitraria destitución del alcalde, rompe las reglas del juego institucionales y el que se haya usado contra dos destacados líderes de oposición, como en los casos de Piedad Córdoba y Gustavo Petro, no dejan dudas que las leyes se usan para perseguir a los contradictores políticos.
El presidente Juan Manuel Santos, como candidato a su reelección, le manda un mensaje negativo a los posibles electores y es sencillo deducir, que para las elecciones presidenciales del 25 de mayo, se aumentarán los altísimos porcentajes de abstención y el voto en blanco, porque el pueblo está hastiado de esas farsas.
Con estos actos de prepotencia y exclusión, la oligarquía colombiana está demostrando que no respeta la voluntad popular, que se expresa en las urnas y por tanto, está invalidando las elecciones como un ejercicio de la democracia. Por eso, tiene razón Petro cuando dice que en estos momentos “el voto no vale” y se necesita cambiar las instituciones.
Este cambio institucional, debe ser una obra colectiva y verdaderamente democrática, donde participe la sociedad colombiana en pleno, para debatir sobre los principales problemas que padece el país y se construyan las alternativas que demanda la nueva nación.
Todo este proceso de democracia directa, debe ser refrendado en una Asamblea Nacional Constituyente y los diálogos de la Insurgencia con el gobierno, deben ponerse en función de esa construcción de la patria nueva.
Pero, si la conducta de los poderes actuales es tramposa, ¿qué garantías tienen unos acuerdos entre la insurgencia y el gobierno? Por lo anterior hay que concluir, que el presidente Santos pone en peligro el proceso de paz.
Comando Central
Ejército de Liberación Nacional
Montañas de Colombia
Marzo 20 de 2014
La destitución del alcalde de Bogotá Gustavo Petro, por parte del presidente Santos, acatando el fallo del procurador, confirma la postura retrógrada de la oligarquía Colombiana y su solidaridad de clase, negando la solicitud vinculante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien solicitó Medidas Cautelares para el alcalde.
Ese giro a la extrema derecha del presidente, demuestra la intolerancia del poder por aceptar en las instituciones, posturas críticas y al servicio de los excluidos, alcanzados por las vías constitucionales; de allí la gran pregunta: ¿si esa es la suerte de un alcalde elegido con el voto popular, qué se espera del respeto y acatamiento a los supuestos acuerdos que se alcancen en una mesa de diálogos con la insurgencia?
La gravedad de todo esto no solamente cruzó las fronteras como noticia de exclusión y jugarretas politiqueras y tramposas contra el alcalde, sino porque desconoce de manera flagrante la juridicidad internacional, a la cual Santos debe someterse, como gobierno compromisario y que en el pasado enero dijo acatar y respetar, si fallaba a favor del alcalde de Bogotá.
Estas volteretas del presidente, le quitan seriedad a su magistratura y ponen en entredicho su disponibilidad y capacidad para cumplir acuerdos, tanto en el ámbito internacional, como interno.
Es inconsecuente el doble rasero del presidente Santos, quien invocó la aplicación de dicha juridicidad internacional, para que el gobierno venezolano la aplicara a sus opositores, pero la niega para los colombianos. Esto desdice de la moral del mandatario, lo cual no se habían atrevido a desconocer ninguno de los gobiernos anteriores.
La arbitraria destitución del alcalde, rompe las reglas del juego institucionales y el que se haya usado contra dos destacados líderes de oposición, como en los casos de Piedad Córdoba y Gustavo Petro, no dejan dudas que las leyes se usan para perseguir a los contradictores políticos.
El presidente Juan Manuel Santos, como candidato a su reelección, le manda un mensaje negativo a los posibles electores y es sencillo deducir, que para las elecciones presidenciales del 25 de mayo, se aumentarán los altísimos porcentajes de abstención y el voto en blanco, porque el pueblo está hastiado de esas farsas.
Con estos actos de prepotencia y exclusión, la oligarquía colombiana está demostrando que no respeta la voluntad popular, que se expresa en las urnas y por tanto, está invalidando las elecciones como un ejercicio de la democracia. Por eso, tiene razón Petro cuando dice que en estos momentos “el voto no vale” y se necesita cambiar las instituciones.
Este cambio institucional, debe ser una obra colectiva y verdaderamente democrática, donde participe la sociedad colombiana en pleno, para debatir sobre los principales problemas que padece el país y se construyan las alternativas que demanda la nueva nación.
Todo este proceso de democracia directa, debe ser refrendado en una Asamblea Nacional Constituyente y los diálogos de la Insurgencia con el gobierno, deben ponerse en función de esa construcción de la patria nueva.
Pero, si la conducta de los poderes actuales es tramposa, ¿qué garantías tienen unos acuerdos entre la insurgencia y el gobierno? Por lo anterior hay que concluir, que el presidente Santos pone en peligro el proceso de paz.
Comando Central
Ejército de Liberación Nacional
Montañas de Colombia
Marzo 20 de 2014