La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, marzo 30 de 2014
Culmina el 22 Ciclo de Conversaciones de Paz en la Habana. Sin duda se ha avanzado y los logros permiten asumir que el camino de la reconciliación se libera de obstáculos en la medida en que se plasmen en los acuerdos las reivindicaciones más sentidas de las pobrerías, sus derechos fundamentales, la determinación de concretar una Reforma Rural Integral que de verdad le de acceso a la tierra a las comunidades del campo, derecho al territorio, a la participación política sin más persecuciones, represión y muerte, en condiciones de dignidad y democracia, superando las causas estructurales de la miseria y de la desigualdad que subyacen como causas de la confrontación política, social y armada.
Es un hecho que los logros nos dan optimismo, siempre poniendo los pies sobre bases de realismo, pero con la determinación de hacer hasta lo imposible por alccanzar el alto propósito que nos hemos trazado.
El debate y las coincidencias en torno al tercer punto en discusión referido al problema de las Drogas de Uso Ilícito han ido desembocando sobre varias cuartillas de acuerdo que destacan, entre otros asuntos, conclusiones sobre sustitución de cultivos de uso ilícito que deberán colocar en primer plano el protagonismo de los campesinos, las comunidades indígenas y afro, vinculadas al cultivo, como víctimas de un fenómeno respecto al que sin duda la lucha fundamental hay que librarla contra la comercialización, escenario en el que el capital finaciero juega un papel de primer orden.
Definitivamente campesinos y demás comunidades rurales cultivadoras, consumidores y segmentos inferiores de los mercados ilegales entre los que se cuentan correos y pequeños vendedores, no son más que víctimas sobre las que debe cesar la criminalización y el tratamiento represivo y punitivo. Una nueva política debe conjugarse, porque “La guerra global a las drogas ha fracasado, con consecuencias devastadoras para individuos y sociedades alrededor del mundo” según se expresa en diversos informes sobre las drogas elaborados a instancias de Naciones Unidas y otros entes internacionales, agregando que se necesitan urgentes reformas fundamentales en las políticas de control de drogas nacionales y mundiales.
Sobre este rumbo es que hemos andado el camino de los acuerdos, admitiendo, incluso, que es hora de comenzar con la transformación del régimen mundial de prohibición de drogas, hora de reemplazar las políticas y las estrategias de drogas orientadas por la ideología y la conveniencia política; superarlas con políticas económicas responsables y estrategias basadas en la ciencia, la salud, la seguridad y el respeto a los derechos humanos, adoptando criterios de evaluación apropiados, acudiendo sin restricciones no solamente a la interpretación sino también a la revisión de las convenciones internacionales para adaptarlas a una sólida experimentación con la reducción de daños, la descriminalización y las políticas de regulación legal.
Pero tal camino requiere el ejercicio de la soberanía, pensando en la verdadera paz, la de la justicia social y no la de los sepulcros que sueñan aquellos que admiten sin ruborizarse el intervencionismo disfrazado de “apoyo” que brinda el Comando Sur, o creyendo que es “contundencia” y “vitalidad” de fuerza desbocar el militarismo frente a los humildes, mientras se expresa orgullo por esa relación de subordinación genuflexa que ahora llaman “relación de tú a tú”.
Para el caso de Colombia, sobre todo, es la hora de escuchar a las comunidades, de quienes las FARC, para la elaboración de sus propuestas mínimas recogieron las más trascendentales iniciativas, que ahora vemos reiteradas en las importantes conclusiones del pliego de la Cumbre agraria, campesina, étnica y popular, coincidiendo con estas posiciones de los sectores más avanzados de la comunidad académica y científica dedicada al estudio de la lucha contra las drogas ilícitas y el narcotráfico.
Atender estas exigencias que hoy ponen ejemplo de interés patriótico en lo que debe ser el futuro del país y de la construcción de una sociedad más justa, es abrirle paso a la verdadera democracia y a la paz como derecho síntesis de la convivencia en condiciones de dignidad y libertad. Por eso, las FARC-EP saludan el protagonismo creciente del Movimiento Popular en la definición de los destinos del Colombia, exaltan sus reivindicaciónes y asumen con determinación su llamado a recuperar la memoria colectiva, a establecer una Comisión de la verdad de la historia del conflicto y sus responsables, a resarcir a las víctimas construyendo el compromiso de la justicia, la reparación, la obligación de la no repetición y a adelantar un proceso constituyente que con el concurso de todos y todas junte la argamasa con la que se modelará el anhelado Tratado de Paz estable y duradero que necesita el país.
Como corolario de estas reflexiones esperanzadas en que esta oportunidad de diálogo que ahora transitamos no se diluya en otra frustración o en una frustración más, y con toda la fe en las potencialidades del pueblo para lograr las transformaciones que necesita el país, queremos dar lectura a la siguiente carta pública dirigida al ex presidente Ernesto Samper Pizano:
Señor ex presidente
ERNESTO SAMPER PIZANO
Bogotá
Nos hemos enterado, aquí en La Habana, de su solicitud para que en la lista de presos que eventualmente el gobierno de los Estados Unidos envíe a Colombia, se incluyan los nombres de Simón Trinidad y de Sonia, guerrilleros de las FARC, privados de su libertad, por razones políticas, en cárceles estadounidenses.
Permítanos, señor ex presidente, hacer un reconocimiento a su generosidad, su conciencia humanitaria y compromiso coherente con la paz de Colombia. Usted siempre sostuvo en el pasado una posición firme y resuelta, argumentada en principios humanitarios y costumbres civilizadas, en favor del intercambio de prisioneros por motivos del conflicto.
Abrigamos la esperanza que su petición exteriorizada en un foro sobre derechos humanos, despierte en el gobierno de Colombia la misma sensibilidad que lo ha llevado a usted a emprender esta iniciativa, que sin duda redundará en beneficio de la paz que anhela el pueblo colombiano.
Desde la instalación de los diálogos de paz, hemos pedido, todos los días, que los gobiernos que tienen en sus manos esta decisión, permitan la presencia de Simón Trinidad en La Habana, designado por las FARC como uno de sus plenipotenciarios de paz, para que contribuya con su reconocida sabiduría y sindéresis, a la construcción del acuerdo que ha de poner fin al prolongado conflicto colombiano.
No dudamos que las autoridades norteamericanas, comprenden que la concreción de esta petición, inspirada en su decisión de liberar a decenas de prisioneros de Guantánamo, constituirá un extraordinario y esperado gesto del gobierno de los Estados Unidos hacia la paz en Colombia.